La Cruzada Nacional contra el Hambre, la inflada “estrategia social” compuesta por 70 programas que se aplicarían en 400 municipios para combatir la pobreza extrema y la alimentaria, se halla entrampada en la demagogia, el caos y la parálisis, motivos por los cuales se redujo en su etapa inicial a sólo 80 demarcaciones en 20 estados. La razón oficial: problemas técnicos y de coordinación. La verdadera: sólo concentrándose en un puñado de poblaciones el gobierno federal podrá ofrecer algunos resultados para engrosar el primer informe del presidente Peña Nieto.
La Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) se fijó una ruta crítica llena de atajos para tener algo que presumir sobre la Cruzada Nacional contra el Hambre el 1 de septiembre, día del informe presidencial, ya que dicha estrategia sigue en la fase de diseño y experimentación.
Como primera maniobra, el número de municipios que se atenderá en la primera fase se redujo de 400 a 80, la mayoría pequeños y rurales, donde se instalarán tiendas Diconsa, lecherías Liconsa y comedores escolares, además de entregar suplementos alimenticios de la Secretaría de Salud para obtener resultados rápidos.
Las acciones en los 80 municipios elegidos como “prioritarios” con miras al informe de Enrique Peña Nieto impactarán en las condiciones de vida de 364 mil 901 personas que viven en pobreza extrema y padecen hambre, una cifra muy alejada de los 7.4 millones de personas que eran la meta inicial para esa etapa.
A seis meses de iniciado el gobierno federal priista, la polémica cruzada, también conocida como Sin Hambre, ha sido más mediática que real, debido a su ambiciosa estrategia publicitaria, los escándalos electorales en que se ha involucrado y la inclusión de compañías trasnacionales. Sin embargo, todavía no tiene efecto entre los mexicanos más pobres, pues sólo ha sido aplicada en dos puntos del estado de Guerrero: la colonia Simón Bolívar de Acapulco y el municipio Mártir de Cuilapan, elegidos para la prueba piloto.
Ni siquiera en las demarcaciones donde la titular de la secretaría, Rosario Robles, ha organizado eventos de la Cruzada Nacional contra el Hambre ha comenzado a paliarse la desnutrición. Por ejemplo, el secretario municipal de Amatenango del Valle, Chiapas, Juan Gómez Díaz, informa en entrevista telefónica: “Acá todavía los promotores van a empezar a hacer los censos (de beneficiarios). A lo mucho Liconsa puso tienda y están entregando tarjetas para que la gente del programa pueda comprar leche”.
El comité ciudadano que planearía junto al gobierno las obras aún no existe.
Desde Mezquitic, en la zona wixárika de Jalisco, Misael Marcos López, secretario particular del alcalde, informa que la semana pasada firmaron un convenio con la titular de Sedesol y dos semanas antes habían firmado un preconvenio “de avanzada” con la delegada. Todavía no crean comité alguno.
“Diconsa y Liconsa están creando el padrón para que los habitantes tengan derecho a la leche. (…) Ya se va a abrir una estancia infantil en una casa que se acondicionó hace como un mes”, indica López a Proceso.
Tanto los funcionarios enviados por Robles a los estados como los documentos de la Sedesol se limitan a mencionar acciones en los 80 municipios seleccionados en 20 entidades, entre ellas Coahuila y Guanajuato. Tres son urbanos: Cuernavaca, Aguascalientes y Tecomán, cuyos niveles de miseria no son tan altos como para estar entre los prioritarios.
Un municipio elegido para la primera etapa, Santa Ana Ateixtlahuaca, en Oaxaca, cuenta con un censo de 156 personas en pobreza extrema y desnutrición; en Cuernavaca hay 8 mil 55.
El 17 de mayo pasado el portal de noticias nortedigital publicó que en Chihuahua, donde se dará prioridad a los municipios de Guadalupe y Calvo y Morelos entre los seis primeros del programa, la directora nacional del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (Fonart), Liliana Romero, explicó en una reunión privada:
“La meta es que en el próximo mes de septiembre el presidente Peña Nieto pueda decir ante el Congreso de la Unión que (en los 80 municipios iniciales) se han generado las condiciones para que en determinado tiempo cambien los indicadores que hoy se atacan”,
“Problemas técnicos”
Funcionarios de la Sedesol admiten que será hasta el próximo año cuando empiece a perfilarse la cruzada con programas a la medida, padrones establecidos, comités comunitarios organizados y presupuesto etiquetado, pues este año está en una fase que denominan “reforma institucional de la política social”.
Explican que los beneficiarios de la Cruzada Nacional contra el Hambre, a estas alturas del año, deben recibir los programas inerciales como Oportunidades, así como el abasto de Liconsa y Diconsa, más los suplementos alimenticios. Los programas productivos aún tienen abiertas sus convocatorias para quienes quieran concursarlos y las obras están en fase de diseño.
Durante estos seis meses la estrategia ha enfrentado problemas técnicos que han puesto a prueba su diseño. Se topó con que los 70 programas seleccionados para operar en los 400 municipios no tenían presupuesto adicional para su nueva misión, mantenían reglas de operación muchas veces incompatibles con la cruzada y sus mismos padrones. Sólo Liconsa y 65 y Más pudieron ampliar su base de beneficiarios.
“A partir de junio tendremos conformadas todas las instancias (porque además hay comités intersecretariales, municipales y estatales), o sea, la nueva institucionalidad estará en junio, los programas con reformas ya los estamos aplicando y los nuevos programas ya vendrán en el presupuesto que viene”, señala Omar Garfias, secretario técnico de la Cruzada Nacional contra el Hambre.
En entrevista menciona que durante estos meses se han dedicado a crear la “institucionalidad adecuada” para coordinar los 70 programas y crear una estructura federalista que se coordine con los estados, un comité de expertos, así como un consejo nacional de organizaciones sociales, mecanismos de evaluación y esquemas de participación comunitaria.
“Encontramos programas dispersos, sin estrategia, sin acudir a campo. No se llegaba a quienes debía llegarse ni se atendía toda la problemática integral; había duplicidad de beneficiarios y beneficiarios profesionales que recibían siempre”, justifica el funcionario, quien trabajó en Sedesol en el sexenio de Ernesto Zedillo, bajo el mando del priista Carlos Jarque, y posteriormente en secretarías de Sinaloa y Oaxaca.
Cuando se le cuestiona sobre la preselección de 80 municipios, niega que las acciones sólo cubran a éstos y explica que si los cuentan por separado es porque “son los que más van avanzando”. Estima que 170 municipios deben tener acciones reportadas.
Y al preguntarle si hubo un retraso dice que la cruzada tiene trazadas sus metas y seguir indicadores, pero no es “una estructura autoritaria, centralista y monolítica” que determine desde un escritorio del Distrito Federal la vida de los municipios, por lo que está en interacción con la gente, en fase de construcción de soluciones para cada municipio. “Las circunstancias especiales modifican los calendarios”, resume.
“El 23 de mayo entramos en un impasse por la veda electoral porque en 14 estados no podemos hacer ningún trabajo de acercamiento a la comunidad; hasta julio no habrá acciones”, agrega.
Según diversas fuentes consultadas, el dinero que la Secretaría de Hacienda destina a estados y municipios tampoco ha bajado de las cuentas concentradoras. Esto significa que la economía que depende del gobierno federal está paralizada.
“A estas fechas, en otros años, Conafor ya habría acabado su ejercicio y Sedesol tendría la mitad de su gasto ejercido, con excepción de Oportunidades. Actualmente no lleva ni 10%, ni han entregado resultados de Opciones Productivas ni de Coinversión Social, y lo mismo está ocurriendo en Semarnat, Sagarpa y Sedatu”, comenta extraoficialmente un funcionario.
Con miras al informe
Un documento interno de la Sedesol titulado “Criterios para definir la condición de bandera blanca en los 80 municipios prioritarios. Ruta crítica”, ubicado en el portal de la dependencia, establece que el reto de ésta es legitimar ante la opinión pública los resultados de la cruzada.
En los cuadros sinópticos que detallan la ruta se contemplan acciones a partir de mayo. Las indicaciones cortan en septiembre, donde se lee: “Informe presidencial reportando resultados en los 80 municipios”. No se proyectan obras para después.
Del documento se desprende que, de mayo a agosto, la meta de Sedesol es abrir 30 tiendas Diconsa y 100 nuevas lecherías Liconsa, proveer 18 mil 582 desayunos escolares en primarias focalizadas, medir talla y peso a 66 mil 756 menores de 11 años, dar suplementos alimenticios a 30 mil 511 infantes y a un número desconocido de madres lactantes y de mujeres embarazadas, así como impartir orientación nutricional a 100 mil familias.
El término “bandera blanca” fue acuñado en la Sedesol en tiempos de Josefina Vázquez Mota para señalar que se completó la meta por la suma de varias acciones.
En otro documento (“Guía de acciones que se desarrollarán para la implementación de la cruzada”) se admite que una de las “instrucciones presidenciales de la reunión de gabinete celebrada el 21 de marzo” fue “hacer levantamiento de banderas blancas en un mínimo de 80 municipios en este año, incluyendo aquéllos más emblemáticos que siempre han estado relacionados con la pobreza”.
De hecho, la suspensión de la cruzada en el Distrito Federal por las acusaciones de los delegados de que era usada electoralmente, descargó a la Sedesol de la presión de hacer un barrido calle por calle, casa por casa, para ubicar y empadronar en las cuatro delegaciones seleccionadas a las 100 mil personas que las estadísticas mencionan dentro de la pobreza extrema y que padecen hambre.
Peña Nieto lanzó su estrategia social con un dato engañoso: la muerte por hambre de 11 mil personas en México en 2011.
Proceso solicitó conocer el origen de esa información, a través de la ley de transparencia. En su respuesta, la Sedesol dijo desconocerlo y la Presidencia de la República remitió a un documento del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), que no incluye esa cifra, y a otro del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el cual establece que en 2011murieron 8 mil personas por deficiencias nutricionales; 3 mil menos de las indicadas por Peña Nieto.
“La mayoría de estas 11 mil muertes son de ancianos que por su condición fisiológica o por patologías agregadas se desnutren, no tanto por falta de comida. Pero hay un número muy grande que estimamos matemáticamente como de 10 mil niños que mueren, la mayoría en zonas rurales indígenas pobres que ni siquiera aparecen en el Registro Civil, que no las podemos contar pero ocurren”, dice a Proceso el investigador del Instituto Nacional de Nutrición Abelardo Ávila.
Sin embargo, al ser consultado Omar Garfias sobre este dato muestra una ficha que le envió el Instituto Nacional de Salud Pública. En ella se le informa que las muertes por deficiencias nutricionales en 2011 fueron menos de 6 mil. Admite que la mayoría eran ancianos y no precisamente carentes de alimentos.
En poco tiempo, la estrategia contra el hambre enfrentó cuestionamientos después de que el PAN presentó las pruebas del desvío de recursos sociales en Boca del Río, Veracruz, en el que estuvieron involucrados funcionarios de la Sedesol.
Posteriormente el presidente del PRD, Jesús Zambrano, señaló que 25 delegados de la dependencia han sido operadores electorales priistas y el senador Alejandro Encinas, del mismo partido, denunció en un documento que varios municipios elegidos para aplicar Sin Hambre son botines electorales, por lo que rebautizó la estrategia como la “cruzada por los votos”.
Al mismo tiempo estalló el escándalo por la firma de convenios de colaboración con trasnacionales como PepsiCo y Nestlé, acusadas por organizaciones como El Poder del Consumidor de ser responsables de los altos índices de obesidad y la mala nutrición de los mexicanos.
Robles defendió la participación de esos corporativos explicando que el primero iba a desarrollar una galleta de avena que ayudaría a “solucionar las necesidades nutricionales” y la segunda impartiría capacitación a 15 mil mujeres para que se conviertan en microempresarias culinarias y que ayudaría a empoderar a productores.
Sin embargo, los convenios firmados reflejan otras aristas; por ejemplo, que ambas firmas recibirán “subsidios federales” por sus aportaciones.
El acuerdo es que Nestlé imparta cursos a mujeres para que se conviertan en vendedoras de postres (como brownies o helados de chocolate), a quienes regalará paquetes con productos de la empresa.
Además, realizará un proyecto productivo en San Luis Acatlán, Guerrero, justamente una comunidad que –según reportó el 7 de mayo Matilde Pérez en La Jornada– recibe la producción de 10 mil 500 cafeticultores de la región guerrerense de La Montaña, quienes al estar en desventaja por los bajos precios con que Nestlé compra su grano ahora dependen de la trasnacional.
“El comprador de Nestlé en Guerrero paga 80 dólares o menos por 100 libras (unos 45.3 kilogramos) de café natural, mientras en el mercado internacional el precio es de 135 dólares”, publicó el diario.
Tras el escándalo, la secretaria no mencionó más el convenio que se iba a firmar o se firmó con Walmart.
El pasado 19 de abril, en Chiapas, Robles dijo en su discurso frente a Peña Nieto y el expresidente brasileño Lula Da Silva que ya había iniciado el proceso de capacitación de 500 mil mujeres y el trabajo en los 400 municipios.
Presidentes municipales como Andrés Balleza, de Guachochi, Chihuahua, dicen lo contrario: “No ha llegado nada todavía de los programas federales; el comentario es que habría que esperar hasta que se resuelva lo de las elecciones de julio y seguimos sin nada”.
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