domingo, 15 de junio de 2014

Ciberactivismo: ¿La tumba de las marchas?


13 DE JUNIO DE 2014 
ANÁLISIS

Un joven con la máscara de Anonymous protesta contra la censura en Internet. Foto: Miguel Dimayuga
Un joven con la máscara de Anonymous protesta contra la censura en Internet.
Foto: Miguel Dimayuga
MÉXICO, D.F. (proceso.com.mx).- Durante siete años, Gilberto Romero solicitó a distintas instancias de gobierno que instalaran bebederos en el circuito “El Sope”, ubicado en la segunda sección del Bosque de Chapultepec. Como es común, las autoridades ignoraron la petición de un ciudadano solitario y “sin influencias”. Fue hasta que 5 mil 671 personas se unieron a su causa que en febrero pasado fue colocado un dispensador con dos llaves y una toma para llenar botellas de agua.
Se ha vuelto habitual que gracias a la difusión masiva de una fotografía, un video o un testimonio en redes sociales, las autoridades tomen medidas para resarcir una deficiencia o castigar una injusticia. Las marchas y manifestaciones tradicionales han perdido fuerza (incluso son desaprobadas por un sector de la población) y, al mismo tiempo, el denominado “ciberactivismo” comienza a ganar batallas reales.
Estamos en una era difícil de comprender. Jamás se había escrito tanto sobre lo contemporáneo, destaca Mario Vargas Llosa en su obra “La civilización del espectáculo”. El fenómeno de la era de la información es parte esencial de esta realidad. Internet ha contribuido desde a derrocar gobiernos hasta terminar con miles de matrimonios. Es en ese contexto que la simple acción de escribir un correo electrónico en una petición colectiva ha dado resultados extraordinarios que, de otra forma, serían difíciles de concretar.
Fundado en 2006 por dos estudiantes de la Universidad de Stanford, el sitio Change.org se convirtió en la plataforma de peticiones más grande del mundo, con 72 millones de usuarios en 196 países. En México cuenta con poco más de un millón y medio de adherentes; ha ganado 124 solicitudes, entre las que se destacan el retiro de la campaña discriminatoria “Es fácil ser hombre”, auspiciada por la cervecería Cuauhtémoc Moctezuma y que la justicia federal ordenara al gobierno de Guanajuato hacer justicia para “Lucero”, una joven de 18 años que sufrió un intento de asesinato por parte de Miguel Ángel Jasso debido a que se negó a tener relaciones sexuales con él.
“El objetivo de Change es reducir la brecha que hay entre los tomadores de decisiones y las personas en general. Partimos del supuesto que hay brechas gigantescas que no favorecen al desarrollo democrático, las peticiones lo que permiten es echar luz sobre esos temas”, me explica en una entrevista Alberto Herrera Aragón, director de campañas de la organización.
Los directivos de Change no escriben las peticiones, sino los ciudadanos. El mecanismo es sencillo: un cibernauta redacta una solicitud, plantea una historia y la organización ayuda a optimizar la demanda y contribuir a su difusión. Quienes simpatizan con la exigencia se adhieren mediante el registro de sus datos y su correo electrónico.
El sencillo y eficaz modelo de Change contribuyó a que después de 13 meses, 124 campañas y más de 1.8 millones de firmas, la asociación “Boy Scouts of America” admitiera la afiliación de personas homosexuales en sus filas.
El camino no ha sido llano para Change. Herrera Aragón señala que los problemas de penetración y conectividad de Internet en México representan fuertes obstáculos. Algunos usuarios tampoco han comprendido con claridad el funcionamiento de la plataforma, pues muchos escriben solicitudes vagas y poco claras, añade Ana Laura Lozano, coordinadora de campaña de Change.
Este no es el único modelo de “ciberactivismo”. Alrededor del mundo existen plataformas no menos populares, como Avaaz, CitizenGo y Walk Free. Incluso asociaciones que iniciaron en el activismo común, como Greenpeace o Amnistía Internacional, publican en sus sitios oficiales campañas y manuales para que sus simpatizantes practiquen “ciberactivismo”.
En el libro “Ciberactivismo. Las nuevas revoluciones de las multitudes conectadas”, Mario Tascón y Yolanda Quintana hacen un recuento de los movimientos sociales más importantes detonados vía Internet. Entre ellos, mencionan el caso de Wikileaks, el colectivo Anonymous, el movimiento 15 M en España, Occupy en Estados Unidos y Yosoy132 en México.
Como el activismo común, su complemento cibernético no ha estado exento de las agresiones del poder. En enero del año pasado, Aaron Swartz, ciberactivista y genio informático de 26 años de edad, creador de la tecnología RSS, fue encontrado muerto en su departamento de Nueva York. Era juzgado por supuestos delitos de piratería informática; su familia responsabilizó al sistema judicial estadounidense de su muerte por “su intimidación y persecución”.
En México, en septiembre de 2011 fue decapitada en Nuevo Laredo, Tamaulipas, María Elizabeth Macías “La Nena de Laredo”, una periodista que publicaba en redes sociales información vinculada con las actividades del crimen organizado. Los creadores de la página de Facebook “Valor por Tamaulipas” también han denunciado en reiteradas ocasiones que han sufrido presiones y amenazas de muerte por difundir noticias ligadas al narcotráfico.
El crimen organizado, la represión de quienes ejercen el poder y la precaria infraestructura tecnológica del país inciden negativamente en la práctica del “ciberactivismo”. Además, no hay que olvidar que el gobierno federal no ha cesado en su intento de controlar Internet. En su más reciente edición, la revista Proceso publica un reportaje del periodista Jenaro Villamil que destaca una negociación opaca del PRD con Los Pinos en materia de telecomunicaciones “a cambio de migajas”. Advierte el texto:
“El rubro de Internet también presenta avances insuficientes. El PRD expone que es preciso suprimir una medida de bloqueo de señales en el segundo párrafo de la fracción VII del artículo 90, amén de ‘eliminar’ el artículo 146, ya que por interpretación se podría permitir a los proveedores cobrar por servicios que presten terceros en materia de neutralidad de la red”.
Si bien el “ciberactivismo” ha demostrado su efectividad en México, el arraigado cinismo de las autoridades ha encontrado un camino para tomar medidas cosméticas frente a las demandas populares. El caso “Lady Pofeco” es un ejemplo evidente de esta práctica. El 16 de mayo del año pasado, la Secretaría de Gobernación destituyó a Humberto Benítez Treviño como titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, debido a que previamente se difundió en redes sociales que su hija, Andrea Benítez, ordenó a inspectores del organismo clausurar un restaurante en la colonia Roma, del Distrito Federal, pues los meseros no le asignaron la mesa que deseaba. El miércoles pasado, más de un año después, el gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, tomó protesta a Humberto Benítez Treviño como presidente de El Colegio Mexiquense.
Es inobjetable que “el ciberactivismo” ha nutrido la participación de los ciudadanos en el ejercicio de la democracia. No obstante, este aún poco explorado fenómeno se enfrenta a los mismos retos y amenazas de quienes se atreven a cuestionar al poder, y también, a los mismos vicios de quienes lo ejercen.
Twitter: @juanpabloproal

Emilio Gamboa Patrón, El Broker (Primera Parte)


Escrito por  el 13 junio 2014 a las 7:39 pm en Sociedad

En estos días que se discuten las reformas energética y de telecomunicaciones, compartimos el perfil del principal operador de ambas, publicado originalmente en junio de 2010.
Emilio Gamboa Patrón
Durante el sexenio de Zedillo, en mayo de 1995, la figura de Gamboa Patrón se vio envuelta en el mayor escándalo que hasta ese momento vinculara públicamente su figura.
El 14 de mayo de ese año, el suplemento Enfoque del periódico Reforma publicó una serie de llamadas entre el ex poderoso jefe de la oficina de la Presidencia, José Córdoba Montoya, y Marcela Bodenstedt, ex locutora de Televisa y ex agente de la Policía Judicial Federal.
La pista de Bodenstedt condujo pronto a la de Emilio Gamboa Patrón. Según la denuncia de Eduardo Valle, ex asesor del procurador Jorge Carpizo, tanto Bodenstedt como su pareja sentimental, el ex policía Marcelino Guerrero Cano, trabajaban como presuntos lavadores del capo del cártel del Golfo, Juan García Abrego. Marcelino Guerrero fue vinculado también con Jorge Hank Rohn, entonces dueño del hipódromo de Agua Caliente en Tijuana (Proceso, No. 937).
La revista Proceso reprodujo una carta de Valle, dirigida a Salinas de Gortari, en la que señala que Gamboa Patrón, como titular de Comunicaciones y Transportes, sostuvo un encuentro el 8 de noviembre de 1993 con Marcela Rosaura Bodenstedt Perlick.
“No sé lo tratado y acordado”, escribió Valle, conocido como El Búho. “Además, me enteré mucho después, cuando preparaba un cateo a una de las casas de Marcela en las calles de Tajín. En esa misma calle habíamos cateado la casa del Charro Blanco, para conocer reacciones. Lo cierto es que Marcela había presionado a su amigo (y quizá socio) Arturo Morales Portas –oficial mayor de la SCT- para conseguir la entrevista (con Gamboa). La SCT es una pieza estratégica y esencial, lo sabe usted mejor que nadie, para la seguridad del Estado. Tan lo sabe, ciudadano presidente, que ha colocado a su hombre de más confianza por muchos años en esa posición. Controla carreteras, puertos, aviones, telecomunicaciones, telefonía celular, espacios aéreos, radares, pilotos, compañías de trasporte (de carga o de personas). Y a la Policía Federal de Caminos y Puertos”.
La periodista Dianne Solís publicó en The Wall Street Journal que tanto Eduardo Valle como la DEA coincidieron en vincular a Bodenstedt con García Abrego y con Gamboa Patrón.
Al detonarse el escándalo, Gamboa Patrón reconoció que sí conoció a Bodenstedt, pero que sólo sostuvo un encuentro con ella para “comprarle unas pinturas”.
Para Eduardo Valle, “lo de menos que debió hacer la PGR con esta relación sospechosa de Marcela Bodenstedt y Emilio Gamboa Patrón era esclarecer cómo una supuesta vendedora de cuadros pudo tener acceso al secretario. O qué, ¿cualquiera puede llamar a un secretario de Estado para venderle algo? Que no se burlen del sentido común” (Proceso, No. 933).
El periodista Raymundo Rivapalacio reveló que Emilio Gamboa presentó a Marcela, a principios del sexenio, con José Córdoba Montoya, el poderoso jefe de la Oficina de la Presidencia, y con quien sostuvo un presunto romance (Reforma,29 de agosto 1994).
De este escándalo, Gamboa se salvó con “explicaciones” y contradicciones muy similares a las que reprodujo 11 años después, tras conocerse una conversación telefónica con Kamel Nacif.
No pocos analistas especularon que se trataba de un ajuste de cuentas entre Salinas de Gortari y su sucesor, Ernesto Zedillo y, de paso, con el propio ex secretario de Comunicaciones y Transportes que ya despachaba como titular de la Lotería Nacional.
En 1998, Gamboa Patrón volvió a los centros neurálgicos del poder, tras su paso por Fonatur y la Lotería Nacional. Francisco Labastida Ochoa, recién designado titular de Gobernación, lo nombró subsecretario de Comunicación, dada su añeja relación con los concesionarios de radio y televisión, a quienes ha beneficiado y protegido invariablemente desde 1993 a la fecha.
En octubre de ese año su nombre volvió a aparecer en uno de los escándalos más sonados de la justicia internacional. En su informe presentado ante la prensa internacional sobre “los nexos de Raúl Salinas de Gortari con el narcotráfico”, la fiscal suiza Carla del Ponte, involucró al propio Emilio Gamboa Patrón junto con otros prominentes empresarios, políticos y militares en las actividades presuntamente vinculadas con delitos contra la salud.
El informe de Del Ponte se basaba en testimonios de narcotraficantes presos en Estados Unidos y de testigos protegidos. En específico, el nombre de Gamboa Patrón fue mencionado por un narcotraficante colombiano identificado como El Brujo y por otro de origen chileno, Jorge Pallomaris, presunto contacto de Amado Carillo Fuentes, jefe del cártel de Juárez.
Este último relató reuniones en el rancho de Las Mendocinas, en 1990, y en Monterrey, donde estuvieron presentes varios integrantes del círculo político y empresarial del salinismo. En el expediente VI del informe de Carla del Ponte, otra fuente, Enrique Torres, relató el siguiente encuentro en la capital neoleonesa:
“Yo recuerdo una reunión en Monterrey, previamente convocada por Carlos Salinas para contribuir con dinero a la campaña presidencial. Juan García Abrego (jefe del cártel del Golfo) estuvo presente. Gilberto Rodríguez Orejuela estuvo presente. No recuerdo en este momento a toda la gente. Lorenzo Zambrano, Emilio Gamboa Patrón, Domiro García Reyes, José Córdoba Montoya, una persona con nombre Mancera que no creo que fuera traficante de drogas. También estaban presentes Raúl Salinas, Carlos Salinas y su padre” (La Jornada, 21 octubre 1998).
La publicación de partes del expediente de la fiscal suiza cimbró las estructuras políticas. El entonces vocero de la Secretaría de Gobernación mantuvo un silencio sepulcral. Del Ponte resolvió que estos expedientes justificaban la confiscación de 114 millones de dólares depositados por Raúl Salinas de Gortari en la banca suiza, por tener un presunto origen ilícito.
El 3 de julio de 2000, Raúl Salinas se defendió ante las investigaciones de la justicia suiza. Afirmó que Carla del Ponte se basó en declaraciones “fabricadas”, de testigos protegidos y narcotraficantes. Un año después, el 22 de julio de 2001, el juez Raul Perraudin, sucesor de Del Ponte, ratificó la acusación en contra de Salinas de Gortari y realizó varias diligencias en México. Uno de los citados a declarar ante Perraudin fue Emilio Gamboa Patrón, senador de la República. Nunca trascendió el contenido de estas declaraciones. La justicia suiza delegó en las autoridades ministeriales mexicanas la investigación sobre presunto origen ilícito de esos recursos.
Salinas de Gortari cumplió su condena de 10 años y fue exonerado de la autoría intelectual del crimen contra Ruiz Massieu, por las autoridades foxistas. El 10 de julio de 2007, doce años después de confiscados, Suiza decidió liberar 105 millones de dólares asegurados al hermano presidencial, pero 74 millones de dólares fueron devueltos a la Tesorería de la Federación y sólo el empresario Carlos Peralta Quintero, quien acreditó la propiedad de parte de esos fondos, recuperó poco más de 74 millones de dólares.
Los polémicos expedientes de Carla del Ponte y las declaraciones de los implicados no volvieron a aparecer en la prensa mexicana. Gamboa Patrón, como casi todos los implicados, mantienen un silencio sepulcral en torno a este escándalo.
Otro expediente polémico volvió a vincular a Gamboa Patrón con manejo irregular de fondos públicos. En enero de 2001, al inicio del sexenio foxista, la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam) investigó a Emilio Gamboa Patrón por el probable delito de daño patrimonial por 57 millones de pesos en perjuicio de la Secretaría de Gobernación, para beneficiar a Televisa, empresa con la que contrató la transmisión del Plan Nacional contra la Delincuencia bajo la figura de “dación de pago”, sin contar con la suficiencia presupuestal autorizada.
La Secodam, en ese momento encabezada por Francisco Barrio, indicó que el senador priista también había beneficiado a la empresa de la familia Azcárraga con el contrato de la transmisión de cobertura nacional de la sesión ordinaria del Congreso de la Unión, durante el informe presidencial de Ernesto Zedillo, el 1 de septiembre de 1998.
De nueva cuenta, Gamboa Patrón fue exonerado de toda responsabilidad. Funcionarios de menor rango como Jorge Cárdenas, ex oficial mayor de la Secretaría de Gobernación, y Alfonso Bretón Figueroa, fueron sancionados por la Contraloría que se quedó sin ningún “pez gordo” de los que prometió atrapar al inicio del “gobierno del cambio”.
Gamboa Patrón aclaró que “sólo cumplió órdenes del entonces secretario Francisco Labastida Ochoa, quien le asignó la función de planear, negociar y ejecutar la transmisión de programas televisivos oficiales con la empresa Televisa”, según la investigación del periodista Miguel Badillo (El Universal, 11 de marzo 2002).
En el 2006, Gamboa Patrón volvió a tener un papel estelar por partida doble: como promotor de la candidatura priista de Enrique Jackson, jefe de los senadores del tricolor, y como defensor de la polémica Ley Televisa, que se aprobó el 31 de marzo, en medio del más fuerte escándalo generado en la opinión pública nacional, por el sometimiento del Congreso a los intereses de las televisoras.
Gamboa Patrón no ocultó su proclividad a los intereses de Televisa. En una reunión a la que asistieron los 60 senadores del PRI, en vísperas de la aprobación de la iniciativa proveniente de la Cámara de Diputados, Gamboa Patrón le dio “línea” al senador Gil Elorduy, quien le advirtió a sus correligionarios: “sólo el que quiera que pierda Roberto Madrazo puede estar en contra de la ley”. En abril, Gil Elorduy fue impulsado por Gamboa Patrón, en alianza con Televisa, para integrar la Comisión Federal de Telecomunicaciones, a pesar de su nula experiencia en la materia (ver Proceso, 1559, 17 de septiembre 2006).
El equipo de Roberto Madrazo, al igual que el de Felipe Calderón, habían pactado el apoyo con Televisa en spots y cobertura para su campaña, a cambio de que el PRI y el PAN respaldaran la iniciativa en el Congreso. Gamboa Patrón había cambiado una vez más de bando: de su apoyo inicial hacia Jackson se transformó en un “operador político” esencial para Madrazo y en elemento clave para convencer a los senadores panistas y vencer el bloque opositor encabezado por Javier Corral. Para ello contó con los buenos oficios del coordinador de la fracción Héctor Larios, coordinador ahora de los diputados del PAN, de Diego Fernández de Cevallos y de Jorge Zermeño Infante, el efímero presidente de la Cámara de Diputados en esta legislatura.
Todavía en junio de 2007, cuando la Suprema Corte de Justicia debía resolver la acción de anticonstitucionalidad interpuesta por 41 senadores que se opusieron a la Ley Televisa, Gamboa Patrón se presentó ante varios ministros para cabildear y explicar “la importancia de la convergencia” y del desarrollo tecnológico.
Lo mismo sucedería cinco meses después, en noviembre de 2007 cuando los ministros de la Suprema Corte debían resolver la responsabilidad política de Mario Marín en la detención arbitraria de la periodista Lydia Cacho. Gamboa Patrón tenía un interés especial para que los ministros no abrieran la caja de Pandora. No fue el único que se reunió con varios de los integrantes de la Sala Superior. También su colega y homólogo en el Senado, Manlio Fabio Beltrones, sostuvieron encuentros con los ministros.
A diferencia del caso de la Ley Televisa, el cabildeo de Gamboa Patrón sí prosperó ante varios integrantes de la Suprema Corte.
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Morena: legalidad o faccionalismo

A
medida que se aproxima la fecha límite para que el Instituto Nacional Electoral (INE) se pronuncie sobre el registro de nuevos partidos políticos surgen versiones encontradas sobre la respuesta que ese organismo dará a la solicitud del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) para incorporarse formalmente al sistema de partidos del país.
Ayer la consejera Pamela San Martín, del INE, negó que exista alguna línea política para negar el registro como partido al Morena y dijo que Lo que determinará si se le da o no la inscripción es el cumplimiento de los requisitos. No obstante, en el seno de la organización encabezada por Andrés Manuel López Obrador se ha insistido que el INE busca pretextos para rechazar la solicitud de dicha corriente, pese a que ésta ha cumplido con todos los requisitos establecidos por la ley. Lo cierto es que este choque de posturas converge en el panorama con obstáculos y golpes bajos al proceso de conversión de Morena en partido político, como ocurrió el del pasado viernes en Motul, Yucatán, donde el alcalde Julián Pech Aguilar ordenó el decomiso del transporte y el equipo de sonido empleado en un mitin de Andrés Manuel López Obrador.
En un entorno de plena legalidad, normalidad y solidez institucional, el registro de un partido político tendría que ser un proceso ajustado en reglas claras, definidas y aplicadas de manera imparcial y transparente por las autoridades competentes. En el México contemporáneo, por desgracia, la aplicación de la ley, y de las normas electorales en particular, suele estar a merced de intereses políticos muchas veces inconfesables, y está sometida a un margen de discrecionalidad y opacidad que provoca que las determinaciones de las autoridades se vuelvan, con frecuencia, objeto de escepticismo y sospecha. Así ocurrió, por ejemplo, con los procesos de validación y calificación de la elección presidencial realizada el año antepasado, en el que la institucionalidad electoral decidió soslayar numerosas irregularidades cometidas por el candidato ganador.
Con esos precedentes, no parece inverosímil la afirmación de los dirigentes de Morena de que hay consigna para impedir que esa organización pueda presentarse en la competencia electoral por cargos de representación popular.
Esa óptica sería indeseable en cualquier momento, pero en el actual, por añadidura, empata además con un grave desdibujamiento de la izquierda partidista derivado de sus sempiternas pugnas intestinas y de su participación en el Pacto por México, que la colocó como aliada del gobierno en el aval de reformas como la fiscal y la educativa.
Esas circunstancias han colocado a las fuerzas políticas progresistas con representación en el Congreso en una posición de debilidad, e incluso de nulidad, frente al debate actual sobre la reforma energética; frente a la acuciosa necesidad de emprender un viraje en el modelo económico recesivo que se mantiene vigente en el país, y frente a la perspectiva, no menos urgente, de emprender la renovación moral de las instituciones. Semejante desgaste hace pertinente y necesario el surgimiento y reconocimiento formal de una organización como Morena, que apuesta por el despeje de las ambigüedades en torno a cuestiones como las referidas.
La existencia de fuerzas políticas con registro que cubran el déficit de representatividad del actual sistema político debiera ser vista como una prioridad por el recientemente creado órgano electoral. Obstaculizar su surgimiento por razones meramente políticas, en cambio, colocaría al INE como heredero del descrédito y el extravío de su antecesor.

Leyes secundarias-Hernández

Juan José Esparragoza, “El Azul”: vivo o muerto, en el misterio

PROCESO 1963


Si se confirman las versiones periodísticas, envueltas en la bruma, de que Juan José Esparragoza murió de un infarto, el capo apodado El Azul  habría muerto como vivió y operó en su calidad de uno de los líderes del Cártel de Sinaloa: ajeno a los reflectores, entre las sombras, en el misterio. Al respecto, el gobierno mexicano admite que está desinformado, mientras que las agencias estadunidenses afirman estar obligadas al silencio. Una fuente policiaca mexicana revela que antes de 2012, cuando emitió medidas contra la familia del Azul, el gobierno de Estados Unidos trató de negociar su entrega en algún punto de la frontera, para evitar que las autoridades de México lo asesinaran…
La supuesta muerte de Juan José Esparragoza Moreno, El Azul, por un paro cardiaco abona a la leyenda del considerado “padrino de padrinos” del narcotráfico en México ante el declarado desconocimiento del gobierno de Enrique Peña Nieto.
La tarde del pasado domingo 8, el semanario Ríodoce, de Culiacán, Sinaloa, informó del presunto deceso del narcotraficante cuando convalecía de un accidente automovilístico. El medio citó “fuentes policiacas extraoficiales y personas cercanas a la familia del narcotraficante”.
Horas después, el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, dijo no saber nada de nada. “No tenemos confirmado nada, yo no tengo información”, declaró escueto a la prensa cuando fue interrogado en Madrid, donde se encontraba como parte de la visita de Estado del presidente Enrique Peña Nieto a España.
Poco más tarde, en Ciudad Victoria, Tamaulipas, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, reiteró la posición oficial durante una conferencia de prensa: “El día de ayer corrió esta versión de este delincuente y lo que puedo decirles es que, como lo hemos hecho en el gobierno de la República, y en el gabinete de seguridad en lo particular, es que no damos ninguna información hasta que no estemos completamente seguros de que ésta sea cierta, hasta que no tengamos los elementos.
“Entonces hoy no tenemos mayor información. Hoy solamente ha sido a partir de las redes sociales, a partir de algunos medios que han dicho, han hecho comentarios al respecto, pero no tenemos información que dé sustento a este supuesto fallecimiento de este presunto delincuente. En cuanto se tenga alguna información correcta y que tenga el sustento correspondiente lo daremos a conocer.”
Pero en Culiacán se mantuvo la versión del fallecimiento. El martes, el miércoles y el jueves se realizaron misas en memoria del señor “José Moreno” en la parroquia Espíritu Santo, en la colonia Las Quintas. Se trata del mismo barrio donde abundan casas atribuidas a narcotraficantes.
Según reportó Ríodoce, los tres servicios religiosos tuvieron lugar a las 19:15 horas y en todos ellos se mencionó el nombre de José Moreno. “A las misas asistieron familiares y amigos de Esparragoza Moreno”, quienes confirmaron que sus restos fueron cremados. El semanario corroboró que en el libro de registro de la parroquia aparece el nombre de José Moreno.
El gobierno de Estados Unidos también guardó silencio. A pesar de ser uno de sus principales objetivos entre “los más buscados” y que ofrece una recompensa de 5 millones de dólares para quien proporcione datos útiles en su captura, ninguna agencia encargada de su persecución declaró nada oficialmente.
En una clara presión contra el histórico jefe del narcotráfico mexicano, Estados Unidos incluyó en 2012 y 2013 a sus hijas y yernos en la lista de personas con las que prohíbe hacer negocios y a las que congela sus activos en ese país.
Con base en la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico, la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro sumó en esa lista a Brenda Guadalupe Esparragoza Gastélum y Nadia Patricia Esparragoza Gastélum, así como a sus esposos Luis Francisco Vallarta Escalante y Álvaro Padró Pastor, éste ciudadano español de origen catalán.
Las acciones pretendían presionar a Esparragoza Moreno por su lado débil: la familia. Incluso, antes de que los yernos fueran incluidos en la lista, el gobierno estadunidense pretendió negociar con el capo para que se entregara en algún punto de la frontera. Lo quería en su territorio antes de que apareciera muerto a manos del gobierno mexicano, confió a Proceso un investigador policial que por razones de seguridad pidió no publicar su nombre.
Nadia Patricia Esparragoza atrajo los reflectores en la década de los noventa.
Este semanario publicó testimonios sobre la operación del Azul en el estado de Morelos, donde tenía una casa cerca de la residencia del entonces gobernador, el panista Sergio Estrada Cajigal (Proceso 1433). Junto con Amado Carrillo, El Señor de los Cielos, Esparragoza Moreno tejió vínculos con autoridades estatales como Antonio Salgado, jefe de la Unidad Antisecuestros de la Policía Judicial del estado.
Una de las fuentes de esa información fue el exdirector de la Policía Judicial Federal Adrián Carrera Fuentes –detenido después por sus nexos con Carrillo–, quien describió la fiesta por las bodas de plata de Esparragoza con María Guadalupe Gastélum Payán en 1997, en el hotel La Hacienda, en la carretera Cuernavaca-Tepoztlán.
El festejo contó con protección policiaca y duró hasta el siguiente día. “Desde esa fecha ya no se pudo ocultar la referencia, posteriormente acreditada por la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, de que Nadia Patricia Esparragoza Gastélum… tenía vínculos sentimentales con Estrada Cajigal, el gobernador de Morelos”, se asienta en otro reportaje, publicado por la agencia Apro el 20 de mayo de 2009.
Peso histórico
Por su asociación anterior, apenas se conoció la versión de la muerte de Esparragoza Moreno, en la garita de San Isidro, California, fue colocado un espectacular en el cual el gobierno estadunidense ofrece una recompensa de 5 millones de dólares a quien aporte información para detener a Caro Quintero, a quien pretende juzgar por el asesinato del agente antinarcóticos Enrique Camarena.
El exlíder del Cártel de Guadalajara purgó 28 años de prisión en México, pero en agosto pasado un tribunal federal ordenó su libertad. Ante la presión estadunidense, la Suprema Corte de Justicia de la Nación revocó su liberación y lo colocó en condición de prófugo.
El alegado desconocimiento del gobierno de Peña Nieto sobre la muerte de Esparragoza Moreno ahonda la especu­lación sobre el destino del capo, uno de los vértices que por años sostuvo al Cártel de Sinaloa, junto con el ahora detenido Joaquín El Chapo Guzmán e Ismael El Mayo Zambada, quien con la supuesta muerte del Azul quedaría como el principal jefe de la poderosa organización delictiva.
Por más de 30 años el nombre de Juan José Esparragoza Moreno ha sido parte de la historia del narcotráfico en México. Pero a diferencia de otros jefes históricos, como Rafael Caro Quintero y el propio Chapo Guzmán, ha estado consistentemente en segundo plano. Y también a diferencia de Guzmán Loera, quien comenzó en la organización como pistolero, El Azul ingresó al negocio de las drogas como financiador para el cultivo de mariguana.
En las investigaciones del asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena, ocurrido en Guadalajara en 1985, El Azul ya era mencionado –junto con Manuel Salcido Azueta, El Cochiloco; Miguel Ángel Félix Gallardo; Caro Quintero, y Ernesto Fonseca Carrillo, Don Neto– como uno de los jefes del tráfico internacional de droga.
Su papel ha sido clave en el desarrollo de los narcotraficantes sinaloenses y en especial del fortalecimiento del Cártel de Sinaloa. Además de su liderazgo en éste, ha sido vinculado al Cártel de Guadalajara, de Caro Quintero, y al Cártel de Juárez, de Amado Carrillo Fuentes, sus paisanos.
“Su consejo ha sido buscado no sólo dentro de su organización, sino por otros cárteles –dice el investigador policial–; lo consideran un caballero que cumple su palabra y es promotor de acuerdos, convencido de que, contrario a lo que se piensa, plomo y droga no se llevan”.
Lo describe como “un barón de la droga” y “el padrino de padrinos”. Cuando había problemas con las autoridades o con otros cárteles, él intervenía. Ha sido un negociador permanente, asegura.
De ahí que se le atribuya el surgimiento de la Federación Sinaloense, la congregación de grupos del narcotráfico originarios de Sinaloa que fracasó en 2008 con la detención de Alfredo Beltrán Leyva, El Mochomo, por una supuesta delación del Chapo Guzmán.
Desde entonces, esas facciones se embarcaron en una confrontación que no acaba, pese al acribillamiento, en 2009, de Arturo Beltrán Leyva, El Barbas, a manos de marinos, y la detención, el 22 de febrero pasado, del Chapo Guzmán.
Esparragoza Moreno quedó en medio de esa guerra, entre sus lealtades a la organización y su relación familiar con los Beltrán Leyva. Su hijo mayor, Juan José, que habría sido asesinado, se casó con una hermana de los Beltrán, clan originario de la comunidad de La Palma, también en el municipio sinaloense de Badiraguato.
Pese a la cercanía manifiesta del Chapo con El Mayo Zambada, avalada por éste en el encuentro que tuvo con el periodista Julio Scherer García, fundador de Proceso (edición 1744), Juan José Esparragoza no fue ajeno a la huida de Guzmán Loera del penal federal de Puente Grande en enero de 2001, al principio del gobierno de Vicente Fox. “Le dio 5 millones de dólares para esconderse”, dice la fuente.
Y afirma que El Azul se desplazaba en varias ciudades del Pacífico, entre Ensenada, La Paz, Culiacán y Guadalajara. La versión periodística de su muerte dice que ocurrió en un hospital de Guadalajara o del Distrito Federal.
En sus perfiles publicados a lo largo de los años por la prensa mexicana el lugar común lo señala como el encargado de las relaciones con los mandos políticos, policiales y militares, entre los que se menciona el nombre del general Mario Arturo Acosta Chaparro, preso durante siete años por narcotráfico –cargo del que fue absuelto– y asesinado en abril de 2012 en la capital del país.
El gobierno de Peña Nieto prefiere pasar por desinformado antes que decir cualquier cosa sobre el capo, a pesar de su largo historial delictivo. Entre la información oficial que existe sobre él está su ingreso a prisión en 1986, un año después de que fuera desarticulado el Cártel de Guadalajara tras el asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena. Esparragoza Moreno fue detenido y encarcelado por cargos de narcotráfico y portación ilegal de arma.
En la consignación de entonces, la PGR asentó que el acusado se asoció con Caro Quintero para sembrar, cultivar, cosechar, elaborar, acondicionar, poseer y traficar mariguana a gran escala. Según el proceso penal 20/86 del Juzgado Décimo de Distrito en Materia Penal del Distrito Federal, Esparragoza Moreno le hizo un millonario préstamo a Caro Quintero para esas actividades.
En su primera declaración ministerial, el 8 de marzo de 1986, El Azul dijo que tenía unos 15 años de dedicarse a actividades inherentes al tráfico de mariguana y que en reiteradas ocasiones las llevó a cabo con Ernesto Rafael Fonseca Carrillo, Don Neto, y con Rafael Caro Quintero.
Formó su primera sociedad en 1981 para sembrar mariguana en la ciudad de Fresnillo, Zacatecas. Dijo que obtuvieron una cosecha de alrededor de 20 toneladas de la hierba para traficarla a Estados Unidos por la vía aérea. Precisó que Caro Quintero consiguió los compradores y la semilla fue conseguida por Don Neto, además de que cada socio aportó 4 millones de los viejos pesos y cada uno obtuvo una ganancia de medio millón de dólares.
Al siguiente año cultivaron droga en los ranchos La Ciénega y Los Llanitos, en la ciudad de Caborca, Sonora. Obtuvieron más de 13 toneladas de mariguana por temporada durante dos ciclos de siembra. Cada tonelada la vendieron en 300 mil dólares. Un año después hicieron lo mismo en el estado de Chihuahua.
Pero el 21 de marzo siguiente, al ampliar su declaración, negó que hubiera hecho negocios con los capos mencionados, a quienes sólo conocía. Todos los implicados negaron la asociación. La defensa del Azul presentó un incidente de desvanecimiento de datos porque en el Registro Público de la Propiedad de Sonora no se comprobó la existencia de los dos predios en Caborca. El juez dio por válido el alegato y condenó a Esparragoza Moreno sólo por portación ilegal de armas. Pasó siete años en prisión.
Purgó la pena en el Reclusorio Sur, la penitenciaría de Santa Martha y el penal de máxima seguridad de Almoloya, en el Estado de México, donde las crónicas periodísticas aseguran que disfrutaba de comodidades. El mismo argumento de desvanecimiento de datos libró a Caro Quintero de uno de los cargos de narcotráfico, lo que facilitó su liberación en agosto de 2013.
Las últimas imágenes
Otro registro del Azul en manos del gobierno es la credencial que le expidió la Dirección Federal de Seguridad (DFS), la policía secreta del régimen del PRI que acabó infiltrada por el narcotráfico y al servicio de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos.
Al parecer, una de las pocas fotos que se conocen de él es la credencial de metal, conocida como charola, que le dio la DFS. En la imagen tamaño credencial se ve un hombre joven, con saco y corbata, de cara redonda, bigote abundante y negro cabello quebrado.
Su apariencia varió por la edad, pero no por un cambio deliberado de imagen, como lo hacen muchos narcotraficantes, incluido su exsocio en el Cártel de Juárez, Amado Carrillo Fuentes, El Señor de los Cielos, quien de acuerdo con la versión oficial murió en 1997, durante una cirugía estética.
En los registros de la DEA y del FBI sobre Esparragoza Moreno aparece el mismo hombre con bigote, cejas pobladas y cabello oscuro, sólo que con más edad. Enfundado en un traje, parece posar para otra fotografía oficial. Tal vez para su placa de agente de la Policía Judicial Federal, la desaparecida corporación de la PGR.
Su ficha policial estadunidense dice que nació el 3 de febrero de 1949, en Chuliopa (en lugar de Huixipoa), comunidad del municipio de Badiraguato, en Sinaloa. Lo describe como un hombre de 1.77 metros y 90 kilos, de cabello negro, ojos cafés y sin marcas o cicatrices conocidas. No hace mención a su color de piel, que le mereció el mote de El Azul.
Hay otras imágenes que se conocen públicamente de él, sacadas de los álbumes familiares. En una aparece saludando a jefes de la Iglesia católica, vestido de traje claro y botas. En otra foto está cargando a un niño; aparece despeinado, desenfadado, con el cabello crecido y su permanente bigote.
En otra foto posa para la cámara, sonriente. Está afuera de una habitación, de pie, con la mano izquierda en el bolsillo de su pantalón claro. Su camisa blanca está bien fajada con su cinto de cuero, que junto con las botas reivindica su origen de la sierra sinaloense. En una tercera foto aparece sentado, junto a su paisano y entonces campeón mundial de boxeo Julio César Chávez. De pie está El Señor de los Cielos.
Por años no se conocieron más imágenes suyas y el gobierno estadunidense mantiene esas como identificación para su captura. Proceso obtuvo dos imágenes que se atribuyen al narcotraficante. Son relativamente recientes y datan de una fiesta familiar de fin de año. Aparece de cuclillas, en un extremo, a la cabeza de una familia numerosa. Tiene una vela en la mano, y en la otra un refresco de dieta, por su aparente condición de diabético. Es una fotografía cuidada. Sólo aparecen mujeres y menores.
En otra foto hay un hombre joven al fondo, pero apenas se distingue su cara. En la otra foto no está. En ninguna de las imágenes aparecen ni las hijas ni los yernos de Esparragoza Moreno, quienes figuran en la lista de los narcotraficantes con los que está prohibido hacer negocios en Estados Unidos.
Aunque la discreción ha sido una de las ventajas del Azul en el mundo del narcotráfico, la tecnología pudo haberlo rebasado y alguno de sus familiares jóvenes habría subido las imágenes en internet, con lo que dejó ver al jefe del clan en una casa de Culiacán. Está enfundado en un suéter negro y gris, como su cabello. Conserva su bigote y tiene el aspecto de quien está entrando en la tercera edad. Cuando se publicó su supuesta muerte, Esparragoza tenía 65 años.
Según Ríodoce, murió cuando convalecía de un accidente automovilístico ocurrido hace unas dos semanas y en el que se lesionó la columna vertebral. “Quiso levantarse de su cama y fue en ese momento que sufrió un infarto”, publicó el semanario, que ubica el deceso en el Distrito Federal o en Guadalajara.

Traidores, gobierno y legisladores; usan la expropiación para despojar: Morena

Es una figura sólo válida para garantizar el interés público, destaca Martí Batres

El dictamen avalado por senadores señala que se enajenarán bienes requeridos para proyectos de energía
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Se debe buscar que los mexicanos con terrenos donde haya yacimientos sean partícipes de las ganancias, señala experto. La imagen, en el Golfo de MéxicoFoto José Carlo González
Alma E. Muñoz
 
Periódico La Jornada
Domingo 15 de junio de 2014, p. 5
El presidente del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Martí Batres, aseguró que gobierno y legisladores son traidores por pretender convertir el instrumento de la expropiación, que hasta el momento ha servido para garantizar el interés público, en herramienta para despojar de tierras a los campesinos y entregarlas a las compañías extranjeras. ¡No tienen madre!, apuntó.
¿Hasta dónde van a llegar la indignidad, la impudicia e inmundicia de gobierno y legisladores? ¿Es que no reparan en las consecuencias de sus actos? Esto es el mundo al revés, escribió en redes sociales.
Lo anterior, después de que el dictamen de las nuevas leyes de hidrocarburos y de la industria eléctrica, avaladas en comisiones del Senado, señala que el gobierno decretará la expropiación de terrenos y propiedades requeridos por empresas nacionales y extranjeras que tengan contrato para explotar petróleo, así como generar y comercializar electricidad, en caso de que no hayan llegado a un acuerdo sobre la indemnización respectiva.
Batres ha expresado en diversas ocasiones el rechazo de Morena a la reforma energética, y que el procedimiento acelerado de PRI y PAN para aprobar sus leyes secundarias durante el Mundial de futbol, además de irresponsable, carece de certeza.
Como si ignoraran la consulta popular
“Despierta suspicacias que los legisladores actúen como si ignoraran que hay una consulta popular (sobre la reforma energética) en proceso –para lo cual se recaban firmas a fin de que se realice durante las elecciones del 5 de julio del año entrante– y que pretendan engañar a inversionistas nacionales y extranjeros ofreciendo leyes que tienen un futuro incierto”, señaló.
También, que la actitud de los senadores mostrada en estos días ratifica su intención de legislar de espaldas a la ciudadanía, sin debate y atropellando las reglas básicas de la democracia.

Aprueban en el Senado despojo de agua y tierra


En 55 minutos debaten leyes sobre CFE y geotermia
PRI, PAN y PVEM, sin el PRD, agotan segundo dictamen de la reforma energética
Vergüenza, que los ejidatarios pasen de propietarios a peones de extranjeros: Encinas
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Sesión de las comisiones unidas de Energía y Estudios Legislativos Primera del Senado, donde en menos de una hora los legisladores de PRI, PAN y PVEM agotaron la discusión del segundo dictamen sobre las leyes secundarias de la reforma energéticaFoto José Antonio López
Andrea Becerril
 
Periódico La Jornada
Domingo 15 de junio de 2014, p. 2
En menos de una hora –sin la presencia de los senadores del PRD– la mayoría de PRI, PAN y PVEM concluyó la discusión en lo general y lo particular del segundo dictamen de legislación reglamentaria de la reforma energética, con la aprobación de tres leyes que permitirán no sólo avanzar en el desmembramiento de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el despojo de terrenos y bienes en favor de las corporaciones extranjeras, sino en la privatización del agua, para beneficiar a las empresas de geotermia.
A las comisiones de Energía y de Estudios Legislativos Primera, que presiden el priísta David Penchyna y el panista Raúl Gracia, les bastaron 55 minutos para avalar las leyes de la industria eléctrica, de energía geotérmica, las dos de nueva creación y modificar la de Aguas Nacionales, que no se votaron, ya que eso quedó pendiente para el final, cuando se concluya el análisis de los cuatro dictámenes de la legislación reglamentaria en materia energética.
Es una vergüenza que el Senado avalara que a ejidatarios y comuneros se les obligue a entregar sus tierras a empresas extranjeras, con la amenaza de que de lo contrario se las expropiarán con gran celeridad, y encima que se abra la posibilidad de que les puedan pagar en especie o contratándolos. De propietarios pasarán a ser peones encasillados de las trasnacionales eléctricas y petroleras, declaró el legislador perredista Alejandro Encinas.
Destacó que es también muy grave que en la ley de energía geotérmica se haya declarado esta actividad como deutilidad pública, toda vez tendrán preferencia para la explotación del agua, que también se les va a concesionar.
Eso puede llevar, advirtió en entrevista, en que el agua que se destina a cultivos deberá canalizarse a proyectos de generación de electricidad.
El artículo 4 de dicha norma señala que las actividades de energía geotérmicason de utilidad pública, preferente sobre cualquier uso o aprovechamiento del subsuelo de los terrenos, y procederá la ocupación o afectación superficial, ya sea total, parcial, la simple limitación de los derechos de dominio o la expropiación, previa declaración de utilidad pública. Nada de ello se discutió en la reunión de comisiones dictaminadoras.
Al igual que un día antes, cuando se votó la ley de hidrocarburos, el panista Salvador Vega Casillas se reservó todo el articulado de las tres legislaciones ayer analizadas, ya que de lo contrario no podrían formular ningún cambio durante la discusión ante el pleno.
No hubo debate, sólo presentación de posturas de los grupos parlamentarios, en la que destacaron que no se privatizará la CFE y que la intención es modernizar el sector y ampliar las redes de transmisión. La senadora Ninfa Salinas, del PVEM, sostuvo que la intención es bajar los costos de la energía eléctrica.
En nombre del PRI, Héctor Yunes Landa expuso que se requiere la inversión privada, ya que con el esquema actual “la energía que utilizan millones de familias será impagable y se llegará a un escenario de tarifas más altas y presupuestos federales que no alcanzarán para subsidiar los recibos.
En tanto, el panista José Luis Lavalle planteó que se requieren más modificaciones, a fin de incrementar el mercado para los generadores privados de energía eléctrica –que son sólo para los de alto consumo–, ante lo que expuso la necesidad de que la Secretaría de Hacienda revise los subsidios cruzados que ahora se otorgan al consumo de electricidad.
De las afectaciones y expropiaciones de tierra nada dijeron, aunque en conferencia de prensa Vega Casillas dijo que harán cambios en ese rubro cuando la discusión se dé en el pleno, y el priísta Ascensión Orihuela comentó que su partido no dejará sin protección a los campesinos.
Los perredistas dieron a conocer un análisis de las leyes ayer discutidas, por el que concluyen que no se garantiza un suministro energético suficiente ni la disminución de los precios de la electricidad, como el gobierno ha sostenido en sus campañas publicitarias sobre la reforma energética.
Destacan que aunque la propaganda oficial sostiene que la CFE se fortalece, la realidad es que se avanza a su debilitamiento, toda vez que se deja solos a los usuarios domésticos, y por medio del cuarto transitorio de la Ley de la Industria Eléctrica se ahonda en el desmembramiento, al ordenar que se separará horizontalmente, con los criterios que determine la Secretaría de Energía.
En el artículo 115 se enuncia la obligación de dicha dependencia de informar a los interesados en los proyectos de infraestructura eléctrica sobre la presencia de grupos vulnerables en el área donde llevarán a cabo sus negocios, con el fin de poner en práctica acciones necesarias para salvaguardar sus derechos.
Sin embargo, en el artículo 117 se permite que las empresas puedan presentar sus propios proyectos de evaluación del impacto social que tendrían sus actividades, “lo que sólo va a crear estudios a modo” de las contratistas.

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