13 DE JUNIO DE 2014
ANÁLISIS
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| Un joven con la máscara de Anonymous protesta contra la censura en Internet. Foto: Miguel Dimayuga |
MÉXICO, D.F. (proceso.com.mx).- Durante siete años, Gilberto Romero solicitó a distintas instancias de gobierno que instalaran bebederos en el circuito “El Sope”, ubicado en la segunda sección del Bosque de Chapultepec. Como es común, las autoridades ignoraron la petición de un ciudadano solitario y “sin influencias”. Fue hasta que 5 mil 671 personas se unieron a su causa que en febrero pasado fue colocado un dispensador con dos llaves y una toma para llenar botellas de agua.
Se ha vuelto habitual que gracias a la difusión masiva de una fotografía, un video o un testimonio en redes sociales, las autoridades tomen medidas para resarcir una deficiencia o castigar una injusticia. Las marchas y manifestaciones tradicionales han perdido fuerza (incluso son desaprobadas por un sector de la población) y, al mismo tiempo, el denominado “ciberactivismo” comienza a ganar batallas reales.
Estamos en una era difícil de comprender. Jamás se había escrito tanto sobre lo contemporáneo, destaca Mario Vargas Llosa en su obra “La civilización del espectáculo”. El fenómeno de la era de la información es parte esencial de esta realidad. Internet ha contribuido desde a derrocar gobiernos hasta terminar con miles de matrimonios. Es en ese contexto que la simple acción de escribir un correo electrónico en una petición colectiva ha dado resultados extraordinarios que, de otra forma, serían difíciles de concretar.
Fundado en 2006 por dos estudiantes de la Universidad de Stanford, el sitio Change.org se convirtió en la plataforma de peticiones más grande del mundo, con 72 millones de usuarios en 196 países. En México cuenta con poco más de un millón y medio de adherentes; ha ganado 124 solicitudes, entre las que se destacan el retiro de la campaña discriminatoria “Es fácil ser hombre”, auspiciada por la cervecería Cuauhtémoc Moctezuma y que la justicia federal ordenara al gobierno de Guanajuato hacer justicia para “Lucero”, una joven de 18 años que sufrió un intento de asesinato por parte de Miguel Ángel Jasso debido a que se negó a tener relaciones sexuales con él.
“El objetivo de Change es reducir la brecha que hay entre los tomadores de decisiones y las personas en general. Partimos del supuesto que hay brechas gigantescas que no favorecen al desarrollo democrático, las peticiones lo que permiten es echar luz sobre esos temas”, me explica en una entrevista Alberto Herrera Aragón, director de campañas de la organización.
Los directivos de Change no escriben las peticiones, sino los ciudadanos. El mecanismo es sencillo: un cibernauta redacta una solicitud, plantea una historia y la organización ayuda a optimizar la demanda y contribuir a su difusión. Quienes simpatizan con la exigencia se adhieren mediante el registro de sus datos y su correo electrónico.
El sencillo y eficaz modelo de Change contribuyó a que después de 13 meses, 124 campañas y más de 1.8 millones de firmas, la asociación “Boy Scouts of America” admitiera la afiliación de personas homosexuales en sus filas.
El camino no ha sido llano para Change. Herrera Aragón señala que los problemas de penetración y conectividad de Internet en México representan fuertes obstáculos. Algunos usuarios tampoco han comprendido con claridad el funcionamiento de la plataforma, pues muchos escriben solicitudes vagas y poco claras, añade Ana Laura Lozano, coordinadora de campaña de Change.
Este no es el único modelo de “ciberactivismo”. Alrededor del mundo existen plataformas no menos populares, como Avaaz, CitizenGo y Walk Free. Incluso asociaciones que iniciaron en el activismo común, como Greenpeace o Amnistía Internacional, publican en sus sitios oficiales campañas y manuales para que sus simpatizantes practiquen “ciberactivismo”.
En el libro “Ciberactivismo. Las nuevas revoluciones de las multitudes conectadas”, Mario Tascón y Yolanda Quintana hacen un recuento de los movimientos sociales más importantes detonados vía Internet. Entre ellos, mencionan el caso de Wikileaks, el colectivo Anonymous, el movimiento 15 M en España, Occupy en Estados Unidos y Yosoy132 en México.
Como el activismo común, su complemento cibernético no ha estado exento de las agresiones del poder. En enero del año pasado, Aaron Swartz, ciberactivista y genio informático de 26 años de edad, creador de la tecnología RSS, fue encontrado muerto en su departamento de Nueva York. Era juzgado por supuestos delitos de piratería informática; su familia responsabilizó al sistema judicial estadounidense de su muerte por “su intimidación y persecución”.
En México, en septiembre de 2011 fue decapitada en Nuevo Laredo, Tamaulipas, María Elizabeth Macías “La Nena de Laredo”, una periodista que publicaba en redes sociales información vinculada con las actividades del crimen organizado. Los creadores de la página de Facebook “Valor por Tamaulipas” también han denunciado en reiteradas ocasiones que han sufrido presiones y amenazas de muerte por difundir noticias ligadas al narcotráfico.
El crimen organizado, la represión de quienes ejercen el poder y la precaria infraestructura tecnológica del país inciden negativamente en la práctica del “ciberactivismo”. Además, no hay que olvidar que el gobierno federal no ha cesado en su intento de controlar Internet. En su más reciente edición, la revista Proceso publica un reportaje del periodista Jenaro Villamil que destaca una negociación opaca del PRD con Los Pinos en materia de telecomunicaciones “a cambio de migajas”. Advierte el texto:
“El rubro de Internet también presenta avances insuficientes. El PRD expone que es preciso suprimir una medida de bloqueo de señales en el segundo párrafo de la fracción VII del artículo 90, amén de ‘eliminar’ el artículo 146, ya que por interpretación se podría permitir a los proveedores cobrar por servicios que presten terceros en materia de neutralidad de la red”.
Si bien el “ciberactivismo” ha demostrado su efectividad en México, el arraigado cinismo de las autoridades ha encontrado un camino para tomar medidas cosméticas frente a las demandas populares. El caso “Lady Pofeco” es un ejemplo evidente de esta práctica. El 16 de mayo del año pasado, la Secretaría de Gobernación destituyó a Humberto Benítez Treviño como titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, debido a que previamente se difundió en redes sociales que su hija, Andrea Benítez, ordenó a inspectores del organismo clausurar un restaurante en la colonia Roma, del Distrito Federal, pues los meseros no le asignaron la mesa que deseaba. El miércoles pasado, más de un año después, el gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, tomó protesta a Humberto Benítez Treviño como presidente de El Colegio Mexiquense.
Es inobjetable que “el ciberactivismo” ha nutrido la participación de los ciudadanos en el ejercicio de la democracia. No obstante, este aún poco explorado fenómeno se enfrenta a los mismos retos y amenazas de quienes se atreven a cuestionar al poder, y también, a los mismos vicios de quienes lo ejercen.
Twitter: @juanpabloproal
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