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| Maude Versini con dos de sus hijos. Foto: Tomada de Twitter |
MÉXICO, D.F. (Proceso).- El caso Versini pudo ser una inmejorable oportunidad para el presidente Peña Nieto de revelar al país su voluntad de colocar el respeto al estado de derecho por encima de sus lazos personales y políticos con el exgobernador del Estado de México Arturo Montiel Rojas. No ser cómplice de la estrategia de Montiel para quebrantar leyes o negociar su incumplimiento hubiese sido clara señal de que un nuevo PRI llegaba al poder a fortalecer los valores republicanos, a combatir la corrupción y a conducir al país a la modernidad.
Lamentablemente, las viejas prácticas políticas han prevalecido en perjuicio de la imagen e, incluso, de las perspectivas económicas de México, que se ven enrarecidas por la debilidad institucional.
Arturo Montiel se atrevió a llevar adelante un secuestro internacional de menores, desconociendo la custodia legal de la madre y dos sentencias judiciales que ordenaban la restitución inmediata de los menores (en tiempos del gobierno del PAN), y lo hizo porque sabe que a él no se le aplica la ley, que puede desacatar decisiones judiciales y manipular a los jueces del estado del que fue gobernador para que modifiquen sus propias decisiones y dicten una nueva resolución rechazando la restitución de los menores y negando la visita de la madre a sus hijos.
Que una madre no pueda ver a sus hijos secuestrados desde hace más de dos años, y que la línea de defensa del gobierno sea que “es un caso privado que está en manos de la justicia”, es algo ruin. Los ciudadanos mexicanos saben que los jueces en Lerma jamás podrán fallar en contra del poderoso exgobernador de esa entidad; tampoco podrían hacerlo los psicólogos o trabajadores sociales que emiten los certificados que utiliza Montiel para justificar el secuestro.
Pretender que la justicia mexiquense resuelva imparcialmente este caso es un engaño que ofende al sentido común de la opinión pública. Como decía Hanna Arendt, “abolir las modestas verdades de los hechos es una de las señas de identidad de un poder sin control”, donde es posible destruir la verdad y el significado de las palabras. No otra cosa es llamar “asunto privado” a un delito internacional sancionado por las leyes mexicanas y por el Convenio de La Haya sobre la Sustracción Internacional de Menores, de 1980, del cual México es Estado parte. En cualquier Estado del mundo donde existan jueces independientes este caso se hubiese resuelto en pocas semanas y el secuestrador hubiese sido procesado. Eso no es posible en México.
La realidad es que Maude Versini no puede ver a sus hijos, profundamente afectados por el síndrome de alienación parental, desde hace dos años. Está desesperada, impotente ante la imposibilidad de encontrar justicia en los tribunales, y sólo le queda acudir a la justicia internacional (Comisión Interamericana de Derechos Humanos). Ha recibido el apoyo de más de 30 senadores mexicanos, quienes han entregado una carta al presidente de Francia en la que expresan que “es injustificable que por influencias políticas una madre sea privada de su derecho de amar y abrazar a sus pequeños”. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha adoptado una resolución instando a los jueces a tomar medidas para que permitan el acceso de la madre a los hijos; los más prestigiosos periodistas mexicanos han apoyado su causa. Nada de esto ha podido franquear la influencia política de Arturo Montiel.
Es más, el gobierno, en lugar de aplacar los excesos de Montiel, ha decidido movilizar a su burocracia en su defensa ante la CIDH, cubriendo el tema bajo el argumento tramposo de que el caso está “en manos de la justicia”. Este encubrimiento de las autoridades y la presión que pone México, uno de los países más influyentes en la OEA, a la CIDH, así como el hecho de que el Estado no ha cumplido con el plazo de seis semanas establecido por el Convenio de La Haya (artículo 11) para resolver este tipo de casos, son pruebas fehacientes de la confabulación de las autoridades con Montiel.
La última esperanza de Maude Versini es que la CIDH se pronuncie frente a esta injusticia y, a pesar de la influencia del gobierno mexicano, apruebe una medida cautelar que evite un daño irreparable contra tres niños impedidos de ver a su madre y que son las verdaderas víctimas de este caso.
El retrato de Montiel Rojas sólo sería una caricatura del pasado del PRI en tiempos de su mayor decadencia moral, si no fuera porque hoy sigue presente, poderoso e impune. Basta entrar a Google para ver la infinidad de denuncias sobre corrupción y abuso de poder de un político que pretendió ser candidato a la Presidencia de México. Parece que nada ha cambiado en el PRI, y como decía Luis Buñuel en épocas de Díaz Ordaz y Echeverría: En México persiste “un fascismo sólo suavizado por la corrupción”. Maude Versini lo ha constatado en su propia piel, y ahora su lucha no es sólo contra el secuestrador, sino también contra la complicidad del gobierno.
@JaimeAparicioOt
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