Nuevo aeropuerto del peñismo, las seis pistas de la corrupción

JENARO VILLAMIL

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El 3 de septiembre de 2014, después de su Segundo Informe de Gobierno, el presidente Enrique Peña Nieto anunció en el Salón Adolfo López Mateos de Los Pinos la “gran obra de su sexenio”: el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), en el terreno lacustre del viejo Lago de Texcoco. Se anunciaron 169 mil millones de pesos como costo inicial en tres etapas de construcción.

Durante los 20 meses previos al anuncio, el proyecto se negoció en el más absoluto sigilo. Ni en el Plan Nacional de Infraestructura del sexenio ni en los anuncios de inversiones multimillonarias para la construcción de carreteras o trenes de pasajeros se incluyó la posibilidad de una nueva terminal área.

El sigilo es la esencia de la opacidad de este faraónico proyecto. No es para menos. Desde el sexenio de Vicente Fox, el grupo Atlacomulco, comandado entonces por Arturo Montiel, invirtió millones de pesos para publicitar el nuevo aeropuerto internacional en Texcoco. El gobierno de Fox expropió 5 mil 400 hectáreas a 4 mil familias.

Los comuneros de San Salvador Atenco crearon el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) para expresar su oposición al proyecto. Fueron reprimidos y estigmatizados mediáticamente con brutalidad. “Los macheteros” de Atenco, les dijeron los mismos comentaristas que hoy defienden la inamovilidad del proyecto.

El sigilo y la opacidad tienen como contracara la represión. El proyecto de poder de Peña Nieto está estrechamente ligado a un acto de brutalidad policiaca y gubernamental cometido en mayo de 2006, cuando fueron reprimidos de manera violenta los comuneros de San Salvador Atenco. El saldo fue de dos jóvenes muertos, más de 30 mujeres abusadas sexualmente, cuyo caso llegó a los tribunales internacionales, y 200 detenidos. Ahí quedó sellado el estilo personal de reprimir de Peña Nieto y la importancia del NAICM.

Durante el sexenio de Felipe Calderón se “congeló” el proyecto de su antecesor, pero el director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), José Luis Luege Tamargo, se convirtió en uno de los más firmes opositores al nuevo aeropuerto en el exlago de Texcoco, porque será más costoso y de alto riesgo en materia de seguridad hídrica.

La Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad (UCCS) dijo que un nuevo aeropuerto en esta zona afectará al colindante lago Nabor Carrillo, ejemplo de restauración ecológica y hogar de más de 120 mil aves migratorias, incluido el pato canadiense, en peligro de extinción.

Todas estas críticas y cuestionamientos quedaron sepultados cuando Peña Nieto anunció que se eligió el proyecto de diseño del célebre arquitecto británico Norman Foster, junto con el arquitecto mexicano Fernando Romero. El aeropuerto en Texcoco iba y con todo: seis pistas construidas en 4 mil 430 hectáreas, con 94 puertas de contacto, que transportará a “cerca de 120 millones de pasajeros al año”, que será “uno de los 3 más grandes del mundo” y se convertirá en “referencia global de sustentabilidad”.

Su costo mínimo era de 169 mil millones de pesos, de los cuales 120 mil millones se destinarían a la construcción de la infraestructura aeroportuaria (terminal, torre de control, pistas e instalaciones auxiliares), 20 mil 500 millones de pesos al diseñador, a la ingeniería y a la gestión de proyectos, y 16 mil 400 millones a las obras hidráulicas. De aquel monto original, 98 mil millones de pesos serán aportados por recursos fiscales multianuales y 71 mil millones de pesos por el sector privado, a través de créditos bancarios y emisiones de bonos como las famosas Fibras E (Fideicomiso de inversión en infraestructura o energía).

Hoy sabemos que 45% de los 30 mil millones de pesos que se captaron a través de las Fibras E para el nuevo aeropuerto provienen de las Afores de los trabajadores, 54% de los fondos de inversión y sólo 1% de fondos internacionales, según la información del propio Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM).

La danza de las cifras y de los contratos comenzó entre 2015 y 2017, convirtiendo a la obra estelar del sexenio peñista en un modelo para armar de opacidad y de corrupción.

Las seis pistas

El escándalo generado por el candidato presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador, por su disposición de revisar los contratos del NAICM y de replantear este proyecto, junto con un comité técnico de 15 especialistas, tiene como precedente las siguientes “pistas” del aeropuerto:

1. Desde septiembre de 2017, la organización México Evalúa cuestionó que el proyecto del NAICM hubiera ascendido de 169 mil a 180 mil millones de pesos (y ahora se habla de un costo de 210 mil millones de pesos) sin que existan los elementos presupuestales y evaluaciones claras para sustentar este sobrecosto.

2. El diputado Rafael Hernández Soriano, del PRD, presidente de la Comisión de Seguimiento del proyecto del aeropuerto, denunció el sobrecosto de 50 mil millones de pesos y puso como ejemplo de la opacidad y la presunta corrupción en el proyecto que el 70% de los contratos fueron adjudicados de manera directa, sin licitación.

3. Un claro ejemplo de este sobrecosto lo difundió el 26 de marzo el portal digital Aristegui Noticias. La investigación de este sitio informativo logró documentar que existe un sobrecosto de la barda perimetral y que ésta se levantó sin tener un proyecto ejecutivo (como en el Paso Exprés de Cuernavaca). La barda, construida por la Sedena y empresas fantasmas involucradas, tuvo un costo 89% mayor (como en los casos de la Estafa Maestra).

4. Otro ejemplo claro fue la denuncia interpuesta por la compañía portuguesa Mota Engil, encabezada por el portugués Antonio Mota, que se inconformó ante la Secretaría de la Función Pública en contra de las licitaciones que suman 160 mil millones de pesos. Su denuncia obligó al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México a publicar por primera y única vez la segunda licitación del techo de la terminal por 3 mil 876 millones de pesos.

La compañía portuguesa tiene un largo historial de rezago en sus contratos, pero su litigio ayudó a abrir las compuertas de irregularidades que no se conocían. Incluso, varias de las compañías involucradas en el NAICM consideran que la techumbre de la nueva terminal es uno de los casos más delicados.

5. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades por más de 1 mil millones de pesos en su revisión de la cuenta pública de 2016. La ASF realizó seis auditorías al GACM, la empresa de participación estatal responsable de la administración del proyecto, y encontró que se han cometido irregularidades en pagos a contratistas, gastos innecesarios en comunicación social (¿cuánto chayote se ha cultivado en estos meses de infomerciales en noticieros y comentaristas a favor del inamovible NAICM?), servicios que no se comprobaron con documentación y pagos por materiales de obra a precios fuera de mercado.

6. La nuez de la opacidad y la corrupción es la conformación del propio GACM. El presidente del Consejo de Administración de esta “empresa estatal” es el propio titular de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, el “esteta de la corrupción” de este sexenio, como lo calificó Pablo Díez Gargari, el abogado de Infraiber. Ruiz Esparza es el “responsable del financiamiento y la construcción de la nueva terminal área de la Ciudad de México”. Ahí está la principal pista que puede descarrilar todo el proyecto faraónico del Grupo Atlacomulco.

Nuevo Aeropuerto es “vulnerable a la corrupción”, alerta OCDE

La maqueta del nuevo aeropuerto para el DF.

MÉXICO, DF (apro).- El proyecto del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (NAICM), impulsado por el gobierno de Enrique Peña Nieto, es vulnerable a la corrupción, por lo se pone en riesgo su credibilidad y eficacia, advirtió la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Al dar a conocer el estudio Desarrollo efectivo de mega-proyectos de infraestructura: El caso del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el organismo encabezado por José Ángel Gurría alertó:

“La experiencia mundial indica que los proyectos de infraestructura son especialmente vulnerables a la corrupción. La construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México no está exenta de ese riesgo. Es fundamental poner en marcha una estrategia integral para evitar la corrupción y la gestión deficiente durante las distintas etapas del proyecto”.

Es más, la OCDE señaló que pese a las medidas que instituyó el gobierno mexicano a principios de año para reforzar la lucha contra la corrupción, quedan pendientes que, de no atenderse, colocan “en riesgo la credibilidad y la eficacia del proyecto”.

El documento elaborado por el organismo precisó que el modelo de gobierno del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) es el de una institución pública, contrario a una estructura de corte corporativo que le permitiría mejorar su eficiencia y sus ventajas operativas.

Es decir, la estructura orgánica del GACM se diseñó conforme a los principios de austeridad y disciplina en el gasto público.

Sin embargo, acotó, afronta fuertes limitaciones de recursos humanos y de capacidades, lo que es evidente al evaluarlo en comparación con otros proyectos aeroportuarios.

“Un proyecto de esta magnitud exige un trabajo coordinado entre diferentes instituciones públicas y varios niveles de gobierno. Además, una buena gobernanza del nuevo aeropuerto requiere la participación sistemática de los actores interesados. Por ejemplo, la evaluación y gestión de riesgos deberá incluir a la sociedad civil y beneficiarse de su experiencia”, precisó.

En la opacidad, el modelo de negocios

Aunque la contratación pública en proyectos de infraestructura ofrece ventajas, consideró la OCDE, es una actividad muy delicada por la cantidad de recursos involucrados y por la estrecha interacción entre los ámbitos público y privado.

Según el organismo, esta práctica limita el riesgo de relaciones inviables de largo plazo con agentes económicos, sin embargo, también reduce el compromiso de los proveedores con el proyecto, lo que podría moderarse mediante una gestión contractual eficaz.

En una segunda decisión estratégica, según el organismo que representa a los países más ricos del mundo, el GACM decidió sincronizar las principales actividades de construcción en un conjunto de 21 paquetes de contratación pública “para cumplir con un cronograma muy ambicioso”.

En el ojo del huracán

El proyecto del NAICM ha generado controversia política luego de que el líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, ha reiterado que esta obra sólo beneficiará a los contratistas cercanos al gobierno federal.

El excandidato presidencial presentó su propuesta para un aeropuerto alterno que significaría un ahorro de 100 mil millones de pesos, en comparación con el plan original que costará 169 mil millones.

En medio de este debate, el director del Instituto Mexicano para la Competitividad, Juan Pardinas, señaló en un artículo que “el presidente Peña Nieto debería hacer algo que no ha hecho: reconocer que su gobierno está marcado por hechos y escándalos de corrupción”.

Y citó a México Evalúa:

De los primeros 5 mil millones de pesos invertidos en el nuevo aeropuerto, 79% de estos recursos se asignó por adjudicación directa, el 20% fue por invitación restringida a tres proveedores y sólo 1% se asignó por vía de licitación pública.

“Con el argumento de que se pone en riesgo la seguridad nacional, el gobierno justificó las asignaciones directas y la cancelación del uso de Compranet para difundir la información de estos contratos”, acotó.

Sin embargo, México Evalúa revisó estudios sobre la construcción de 4 mil proyectos aeroportuarios en Estados Unidos, en los que “en ningún caso se usó el argumento de la seguridad nacional para otorgar una adjudicación directa”, aseguró Pardinas.

En este sentido, la OCDE dejó en claro que el nuevo aeropuerto constituye el núcleo del plan de infraestructura de la administración actual (2012-2018), y la opinión pública respalda el proyecto.

Eso sí, señaló que los elementos fundamentales de los megaproyectos exitosos los constituyen un modelo adecuado de gobernanza, la gestión eficaz y eficiente de la contratación pública, las garantías de integridad para reducir las oportunidades de corrupción, así como una estrategia de comunicaciones integral.

“No cumplir con los compromisos del proyecto en materia de tiempo y presupuesto implicaría enormes costos para el país”, alertó el organismo internacional.

Es la corrupción, estúpido .- JORGE ZEPEDA PATTERSON

Un caso tras otro es la reiteración semanal del desencanto y la exasperación en México

http://internacional.elpais.com/internacional/2015/09/16/actualidad/1442434139_755597.html

No, no es la economía lo que causa el desamor de los mexicanos por el Gobierno de Enrique Peña Nieto, como sentenciaba para Estados Unidos la famosa frase de Bill Clinton (It’s the economy, stupid). Es la corrupción. Los niveles de aprobación son los más bajos que un presidente mexicano haya tenido en décadas y siguen desplomándose no porque las tasas de economía sean más bajas que las esperadas, sino porque un caso de corrupción tras otro ha terminado por convertirse en la reiteración semanal del desencanto y la exasperación.

Las infamias de esta semana son como para comenzar a ver a Guatemala con admiración, luego de que la indignación popular terminó por echar al presidente de palacio en aquel país. Véase si no.

Las infamias de esta semana son como para comenzar a ver a Guatemala con admiración

Hace dos días pudimos ver el vídeo en el que un policía siembra un arma en el auto de Paulo Díez, el abogado de la empresa Infraiber, con el objeto de fincarle cargos con el obvio propósito de castigarle. Infraiber es la empresa que demandó ante los tribunales a la constructora OHL por sus escandalosos y cuantiosos arreglos con el Gobierno federal y el Gobierno del Estado de México. Lejos de proceder en contra de los funcionarios que han sido captados en audios ofreciendo apoyo ilegal para que la constructora se haga de licitaciones ventajosas o amplíe sus márgenes de ganancia, la justicia se ceba en contra de los que se han atrevido a denunciar la corrupción. Días antes, los mexicanos pudieron observar a Juan Armando Hinojosa, dueño del grupo Higa, entre las filas de invitados especiales al informe del presidente; se trata de la empresa que construyó las casas obtenidas por la primera dama y por el secretario de Hacienda en condiciones sospechosas, por decir lo menos. El planteamiento del presidente fue claro: “Es mi amigo, y qué”. Acosar al abogado de Infraiber o exhibir la amistad con el empresario cuestionado por conflicto de intereses parecerían actos destinados a enviar un mensaje.

De otra manera, no podría entenderse la designación de Arturo Escobar como subsecretario de Prevención del Delito en la secretaría de Gobernación hace unos días. Poco menos que colocar al borracho a cargo del bar. No sólo porque su perfil no tiene nada que ver con el puesto, salvo que cometer delitos ayude a prevenirlos. Escobar, exsenador y alto dirigente del Partido Verde, ha estado envuelto en varios escándalos de lavado de dinero: uno, por un maletín con más de un millón de pesos que portaba en condiciones oscuras el día previo a una jornada electoral; otro, por la subcontratación de empresas familiares con dinero del partido. Pero sobre todo, Escobar ha sido operador de algunas de las triquiñuelas orquestadas por el Verde para violentar las leyes electorales. Por lo demás, la subsecretaría ahora a su cargo fue creada, entre otras razones, para establecer un puente con la sociedad civil capaz de construir condiciones para que los jóvenes tengan otras alternativas distintas a la delincuencia. Esto implica trabajar con ONGs, activistas, líderes de barrio, autoridades locales; es decir, un universo de actores que cuestiona las prácticas fraudulentas del Verde para distorsionar el voto popular.

Están tan inmersos en la corrupción que simplemente han dejado de verla; respiran en ella, se nutren de ella; y como el aire, se ha vuelto invisible

¿Qué está detrás de la persecución del abogado de Infraiber, o de la designación inexplicable de Escobar en la subsecretaría destinada a prevenir el delito, o de la invitación especial al empresario acusado de ser protegido por el gobierno? La primera impresión es que se trata de una acumulación de errores: torpeza, indiferencia, desaseo. Pero es tal la reincidencia y son tan inexplicables algunas de ellas, que llevan a pensar que se trata de otra cosa. ¿Una provocación? ¿Una burla? ¿Un mensaje? O quizá obedezca a que están tan inmersos en la corrupción que simplemente han dejado de verla; respiran en ella, se nutren de ella; y como el aire, se ha vuelto invisible. Salvo para el resto de los mexicanos, claro.

@jorgezepedap

¿Cuánto gana OHL con el Circuito Exterior Mexiquense?

Infraiber propone que el Congreso y el sistema anticorrupción intervengan en el caso OHL.

El Circuito Exterior Mexiquense es una de las concesiones que tiene OHL en el Estado de México.

Esa vía corre a lo largo de 113 kilómetros y tuvo una inversión de 24 mil 775 millones de pesos al cierre de 2014, de acuerdo con el reporte anual de OHL México, lo que la convierte en la obra más cara en el estado, inaugurada en 2011, por el entonces gobernador y hoy presidente Enrique Peña Nieto, junto con Gerardo Ruiz Esparza, entonces secretario de Comunicaciones de la entidad, quien hoy encabeza la misma dependencia pero a nivel federal.

Pero la recuperación, para la empresa, será mucho mayor.

OPCEM, filial de OHL, es la responsable de la Concesionaria Mexiquense (Conmex), que opera el circuito.

La megaobra fue concesionada de febrero de 2003 a diciembre de 2051. 

La empresa Infraiber era la encargada de instalar y operar un Sistema Independiente de Verificación de Aforo Vehicular, Ingresos y Nivel de Servicio (“SIVA”) en el Circuito Exterior Mexiquense. Sin embargo, su contrato fue revocado en mayo de este año. Sin ello no se podrá medir de forma independiente el flujo real de autos en el circuito, calcular la ganancia que obtiene OHL por el peaje y definir el momento en que OHL ya recuperó su inversión junto con su rentabilidad, por lo que debería devolver la concesión de esa vía al gobierno del estado.

“En INFRAIBER estamos absolutamente convencidos del enorme (sí, enorme) beneficio social que deriva de la instalación y operación de nuestro Sistema Independiente de Verificación de Aforo Vehicular, Ingresos y Nivel de Servicio (“SIVA”) en el Circuito Exterior Mexiquense”, sostuvo la empresa en un comunicado, aunque reconoció que también lo consideran “un buen negocio”.

De acuerdo con Infraiber, “un solo año de concesión en el Circuito Exterior Mexiquense representa un ingreso por cuotas de peaje mayor a los $2,350 millones de pesos”. 

Es decir, no tendría que llegar el 2051 para que OHL recupere su inversión.

Si ésta se revirtiera un año antes de lo previsto, el estado recuperaría esos 2 mil 350 millones de pesos, apuntó Infraiber.

Más aún: si se revierte 10 años antes, “el estado recibiría ingresos superiores a los $23,500 millones de pesos”. 

Por ello, Infraiber defiende que su sistema de verificación sea instalado; sostuvo que el plazo de su contrato no es de 20 años, sino que termina cuando recupera su inversión más el rendimiento.

Ante el conflicto que se vive tras la revocación de su contrato, Infraiber propone que el presidente Enrique Peña Nieto someta a consideración del Congreso de la Unión “la no instalación y operación del SIVA en el Circuito Exterior Mexiquense, manifestando las razones que sustentan su propuesta”, y “si la propuesta del Ejecutivo es aprobada por la mayoría de los diputados y senadores… aceptaría terminar voluntariamente de manera anticipada el contrato del SIVA (cuya supuesta terminación no ha sido notificada a INFRAIBER hasta la fecha) y ser indemnizado en términos de lo establecido en el contrato y la legislación aplicable”.

En cambio,  ”si la propuesta del Ejecutivo no es aprobada por la mayoría referida, INFRAIBER continuará defendiendo con firmeza sus derechos ante todas las instancias competentes, tanto en México como en el extranjero, con lo que estará defendiendo al mismo tiempo el interés general de los mexiquenses, de los mexicanos y de los usuarios del Circuito Exterior Mexiquense”.

En su comunicado, la empresa sentenció que el Circuito Mexiquense es “la primera estación del tren llamado Sistema Nacional Anticorrupción”, y que “no debemos perder de vista que el Circuito Exterior Mexiquense es un proyecto realizado parcialmente con cargo a fondos federales”.

El pasado 7 de septiembre, al abogado de Infraiber, Paulo Díez, le fue sembrada una pistola por parte de agentes de la PGR -dependencia del gobierno de EPN- mientras era detenido por una orden de presentación girada en su contra. Esta semana, la empresa advirtió que pese a ese hecho, que pudo ser comprobado gracias a una cámara de seguridad, “seguirá adelante con sus numerosas denuncias presentadas ante las autoridades financieras mexicanas y españolas, por la presunta manipulación contable que lleva a cabo la subsidiaria de OHL que es titular de la concesión para construir, operar y mantener el Circuito Exterior Mexiquense. Asimismo informa que seguirá adelante con los procedimientos legales tendientes a anular la ampliación del plazo de esa concesión y de los incrementos extraordinarios a la tarifa, autorizados en 2012, así como con los procedimientos legales en los que se acredita que OHL ya recuperó su inversión en el Circuito Exterior Mexiquense y que, por lo mismo, la concesión debe revertir al Estado”.

OHL, por su parte interpuso, una denuncia acusando a Infraiber de presunta extorsión.

Organiza Peña fiestón loco con “gabinete” en su casa de Ixtapan usando recursos públicos

México, 14 de septiembre 2015 (NOTIGODÍNEZ).- Tras anunciar que cancelaría la “cena de gala” en Palacio Nacional este 15 de septiembre, el asesino de Atenco y actual usurpador Enrique Peña Nieto, no se quedó con las ganas de celebrar en grande que ha cumplido todas y cada una de las órdenes de los oligarcas criminales que lo impusieron donde está.

De acuerdo con el diario Reforma en su columna Templo Mayor, Peña Nieto organizó una “noche mexicana” el pasado fin de semana, apenas horas después de que anunciara la cancelación de la cena de independencia con miembros de su gabinete “por razones de austeridad”, misma que tradicionalmente se lleva a cabo luego de la arenga desde el balcón de Palacio Nacional.

Según el columnista de Reforma, el fiestón loco de Peña Nieto tuvo lugar en la lujosa casa de Ixtapan de la Sal que el empresario Roberto San Román entregó a Peña a cambio de contratos de obra pública.

Templo Mayor citó testimonios de los residentes del Club de Golf “Gran Reserva”, donde se ubica la mansión de Peña, quienes confirmaron que el fin de semana “hubo una gran fiesta a la que acudió un importante número de funcionarios del gobierno”.

De hecho, los vecinos del lujoso fraccionamiento señalaron que elementos del Estado Mayor Presidencial (EMP) “tomaron desde la primera hora del sábado el control de la seguridad del fraccionamiento e instrumentaron protocolos de revisión”.

También se denunció que los vecinos expresaron su molestia por el operativo, ya que fueron “sometidos a una minuciosa revisión cada vez que entraban o salían. Y esto, por supuesto, no los tenía nada contentos”.

“EN ESTOS tiempos de austeridad, sería bueno saber quién pagó la fiestecita”, agregó con ironía el columnista del diario Reforma.

Según el citado medio, el régimen usurpador de Peña Nieto no ha desmentido que la fiesta haya sido realizada y menos ha informado qué recursos utilizó para organizarla. Sin embargo, de entrada se sobreentiende que los operativos del EMP son financiados con recursos públicos, esto es, dinero de todos los mexicanos.

La propia “casita” del usurpador en ese costoso fraccionamiento, también habría sido pagada con dinero del pueblo, ya que fue entregada a cambio de contratos millonarios que igualmente son financiados con los erarios estatales y federales, en beneficio para las empresas de la familia San Román en este caso particular.

Mientras tanto, el Zócalo capitalino ya se encuentra blindado con cientos de elementos militares, policías federales, locales y hasta francotiradores que serán dispersados en los edificios circundantes a la plancha del Zócalo. Veinte puntos de revisión han sido instalados en inmediaciones de la Plaza de la Constitución, incluyendo arcos detectores de metales, perros olfateadores y gendarmería para revisar a “peligrosas” niñas, niños y bebés en carreolas.

Con información de Reforma

PGR siembra pistola a abogado de Infraiber en disputa con OHL (video)

En un video de una cámara de seguridad, al que tuvo acceso Aristegui Noticias, se observan los hechos ocurridos el pasado 7 de septiembre al Sur de la Ciudad de México, donde fue detenido el abogado de Infraiber, Paulo Díez Gargari.

Un agente de la Procuraduría General de la República (PGR) sembró una pistola dentro del automóvil de Paulo Díez, abogado de la compañía Infraiber,  al momento de su detención concretada el pasado lunes 7 de septiembre, de acuerdo con un video presentado ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y al cual tuvo acceso Aristegui Noticias.

En el video de casi 14 minutos, apareció un hombre vestido de mezclilla, con chamarra y una gorra negra  –acompañado de otros policías- a quien se le notó la empuñadura de una pistola saliéndole de entre el pantalón.

A lo largo del video se observó cómo  este hombre caminó alrededor y entre las cuatro camionetas utilizadas por los policías hasta que, justamente en el minuto 2:15,  se metió al automóvil BMW del litigante.

En ese momento, Paulo Díez estuvo rodeado de siete policías vestidos de corbatas y camisas de manga larga quienes le impidieron ver lo que sucedió dentro de su auto.

Segundos más tarde, en el minuto 2:32,  se vio al mismo hombre apartarse, sigilosamente, del lugar de la detención sin que se observara más la empuñadora de la pistola.

A partir de ese momento, los policías revisaron al litigante y luego le pidieron abrir la cajuela de su auto y las portezuelas; primero una de las traseras y luego la del conductor.

En ese momento -según lo dijo Paulo Díez durante una entrevista en Aristegui CNN- uno de los agentes le comentó a boca jarro: “¿y esa pistola?”

”Le dije eso no es mío alguien de ustedes lo puso ahí y me parece una barbaridad. Entonces me respondieron: su situación ya cambió, ahora ya no es testigo sino inculpado, nos va tener que acompañar y su vehículo queda retenido”, comentó el abogado en la entrevista con Aristegui CNN realizada el pasado miércoles 9 de septiembre, unas horas después de ser liberado.

Una mujer policía, vestida de negro, quien había grabado parte del operativo con su teléfono móvil, fue la encargada de sacar el arma del auto.

Los agentes le habían mostrado al litigante una orden de localización y presentación como testigo, sin explicarle de qué investigación se trataba.

Este lunes OHL México publicó un desplegado en diarios editados en la ciudad de México en el cual reconocieron haber presentado una denuncia penal contra la firma Infraiber ante la PGR por la difusión de desplegados, comunicados y “grabaciones ilícitas y manipuladas en las cuales se pretende extorsionar a la compañía”.

La última de ellas apareció en la red social Youtube la noche del lunes 7 de septiembre mientras Paulo Díez estaba detenido.

En ella sus autores presumieron que el presidente Enrique Peña Nieto habría recibido el pasado 6 de abril a directivos de OHL y éstos le hablaron del sistema de verificación de aforos que Infraiber pretendía instalar en carreteras operadas por la primera.

Los directivos de OHL le habrían solicitado ayuda para que Infraiber no auditara el tráfico de obras, según una nota que acompaña al audio.

Un mes después, coincidentemente, el gobierno del Estado de México encabezado porEruviel Ávila, canceló en definitiva el contrato con Infraiber.

Por separado, el secretario de Comunicaciones y Transportes,  Gerardo Ruiz Esparza, reconoció que su voz apareció en esos audios pero editada, según el diario Reforma.

El video fue grabado por una cámara de seguridad perteneciente a uno de los negocios ubicados la calle Canoa, cerca de Periférico Sur,  sitio de la aprehensión.

En ese operativo, tanto el sujeto vestido de chamarra y gorra negras como otros agentes bajan de una camioneta blanca sin placas con vidrios polarizados.

El pasado viernes 11 de septiembre, la PGR cateó las oficinas de de la empresa Infraiberubicadas en Campos Elíseos 223 piso 9 durante más de siete horas, como parte de la denuncia referida presentada por OHL México.

Algunos de los agentes llegaron a bordo de una camioneta blanca, sin placas, con vidrios polarizados, de similares características a la utilizada en la detención de Paulo Díez –cuatro días antes- .

Aquí una comparación entre ambos vehículos: a la izquierda, la usada durante la aprehensión – de ahí bajó el sujeto que sembró el arma- y  a la derecha, la empleada durante el cateo.

Al tratarse de una pistola calibre 38 super, la PGR liberó a Paulo Díez bajo una fianza de 60 mil pesos. El abogado aseguró que la PGR nunca le notificó de esa orden de presentación antes de su captura, como marca la ley.

En Infraiber ni en el despacho del abogado hay información de que, previamente, las autoridades buscaran al litigante.

Aquí el video completo:

El columnista Raymundo Riva Palacio publicó este lunes en El Financiero que la detención del abogado de Infraiber pudo ser un acuerdo entre directivos de OHL y el presidente Enrique Peña Nieto.

El periodista escribió lo siguiente:

“Fuentes con acceso a esos niveles de información dijeron que lo que soltaron los ejecutivos de la empresa constructora fue que la PGR detendría al abogado Díez Gargari para “asustarlo” e inhibirlo. El abogado es la cara de Infraiber, propiedad del empresario tapatío Luis Topete, y ha sido tenaz en denunciar irregularidades en la relación de OHL con las autoridades en perjuicio de su cliente. El hecho de sugerir una complicidad con funcionarios del gobierno federal capaces de detonar una acción judicial en sí mismo es grave, pero más lo que agregaron en su indiscreción: que el plan lo platicaron con el presidente Enrique Peña Nieto, Juan Miguel Villar, presidente de la empresa, y José Andrés de Oteyza, presidente de OHL en México. De haber sido así, tendrían que haber tomado en cuenta que de lo que hablaron es de un delito.

“Esta reunión no es la que se reveló hace unos días sobre un encuentro en Los Pinos con el presidente Peña Nieto el 6 de abril, donde hablaron del sistema de verificación de aforos carreteros de Infraiber, cuya cancelación de un contrato otorgado por el Sistema de Autopistas, Aeropuertos y Servicios Auxiliares durante el gobierno de Peña Nieto en el Estado de México, detonó la indignación de la empresa, y la petición de Villar y Oteyza para seguir bloqueándola. La reunión a la que aludieron los ejecutivos de OHL se dio a finales de agosto, días antes del Tercer Informe de Gobierno, al cual fueron invitados por Peña Nieto”.

“OHL, amigos del Presidente”, escribe Riva Palacio

¿Qué hizo OHL para que la protección sea tan grande?, se pregunta el periodista en su columna.

El periodista Raymundo Riva Palacio escribe este lunes en El Financiero sobre la relación que tiene OHL con el gobierno federal y del Estado de México.

Expone que “las acusaciones de conflictos de interés y las muestras de amiguismo, escalaron desde el secretario de Comunicaciones mexiquense hasta el Presidente de la República. Los audios que los exhiben, han abierto una alameda de suspicacia sobre qué tanto le deben los dos gobiernos a OHL y hasta dónde va a llegar todo”.

Refiere que el caso “tiene como origen, una vez más, la frivolidad con la que los ejecutivos de OHL México manejan información delicada, reflejo de la sensación de impunidad que acicala permanentemente Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones y Transportes, que invariablemente los defiende. La última indiscreción cometida por los ejecutivos fue comentar que la captura el lunes de la semana pasada de Paulo Díez Gargari, abogado de la empresa Infraiber, a la que señalan como autora de los audios y responsable de su distribución mediática, fue pactada en Los Pinos“.

Y señala que ejecutivos de la empresa constructora anticiparon que la PGR detendría a Paulo Díez para “asustarlo” e inhibirlo en sus acusaciones contra OHL, lo cual ocurrió la semana pasada.

“El hecho de sugerir una complicidad con funcionarios del gobierno federal capaces de detonar una acción judicial en sí mismo es grave, pero más lo que agregaron en su indiscreción: que el plan lo platicaron con el presidente Enrique Peña Nieto, Juan Miguel Villar, presidente de la empresa, y José Andrés de Oteyza, presidente de OHL en México. De haber sido así, tendrían que haber tomado en cuenta, de lo que hablaron es de un delito”, señaló RivaPalacio.

No obstante, apunta que dicha reunión no es la que se refiere en unos audios difundidos recientemente, donde hablaron del sistema de verificación de aforos carreteros de Infraiber, sino que es una ocurrida en agosto pasado.

El periodista recordó que Díez Gargari fue detenido la semana pasada para que declarara en calidad de testigo sobre la investigación de los audios grabados en forma clandestina, pero cuando terminó su diligencia, no recuperó la libertad, porque la PGR lo acusó de portación de una arma de fuego sin tener el permiso para ello.

“La influencia de OHL en el gobierno es tan evidente, que sólo así se explica el cinismo con el cual sus ejecutivos hablan cándidamente sobre sus acciones. ¿Qué hizo OHL para que la protección sea tan grande? Aún no se revela esa bala de plata, en caso de existir. Pero las revelaciones sobre su extraña relación van subiendo de grado y de funcionarios salpicados. Por lo pronto, el presidente tendría que modificar su relación con OHL y aclarar si existió o no la reunión que presumen sus ejecutivos. Ya no se trataría de un conflicto de interés, sino de un acto ilegal”, concluyó el columnista de El Financiero.

Caso OHL, la “corrupción más grave de la historia reciente”

¿Cuánto se le debe a OHL por el Circuito Exterior Mexiquense?, es la pregunta que el gobierno del Estado de México no ha podido contestar, señaló Paulo Diez Gargari, entrevistado por Carmen Aristegui en CNN, horas después de ser liberado, tras su sorpresiva detención por parte de la PGR. OHL aumentó 1,000% los costos del proyecto de infraestructura sin justificación y no ha terminado

Aristegui Noticias

Regeneración 13 de septiembre de 2o15. Paulo Diez Gargari, representante legal de Infrabier, explicó que el de OHL “es un proyecto de infraestructura carretera en el Estado de México que se licitó en 2003, de 155 kilómetros, con un costo de 5 mil 500 millones de pesos, hoy tenemos sólo 110 kilómetros construidos y según OHL una inversión de más de 50 mil millones de pesos. Aquí hay algo mal, no hace falta ser un experto para saber que hay algo mal. No sólo se queda ahí el tema, sino que los 52 mil millones de pesos que tienen registrados, pretenden tener una cuenta por cobrar en contra del gobierno del Estado de México por esa cantidad”.

En entrevista para Aristegui CNN, unas horas después de ser liberado tras una sorpresiva detención, Diez Gargari recordó: “Nosotros representamos a una empresa (Infrabier) que tiene un contrato celebrado con el gobierno del Estado de México para auditar de manera independiente los aforos vehiculares, el nivel de servicio, los ingresos… es un sistema que permite al gobierno darle un seguimiento y objetivo de cómo recuperan los concesionarios su inversión”.

“Es un tema fundamental, no me opongo a que los concesionarios ganen dinero, deben ganar dinero y mucho dinero porque es un proyecto de riesgo, pero la entidad que otorga las concesiones debe saber cuánto le debe“, dijo.

Aseveró que “hay una pregunta que le hemos hecho reiteradamente al gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, y no contesta: ¿Cuánto se le debe a OHL en el Circuito Mexiquense?, llevamos seis meses preguntando, y yo digo: ¿es muy difícil?, ¿no podemos saber los mexicanos cuánto se le debe a un concesionario?”.

Peña Nieto con José Andrés de Oteyza, presidente de OHL México

La grabación que involucra a EPN

Una grabación reciente de una llamada telefónica revela la plática entre el representante de OHL México, Pablo Wallentin, con José Andrés de Oteyza, presidente de OHL México, sobre un encuentro que tuvo este último, junto con el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, con el presidente Enrique Peña Nieto, del cual le comenta: “yo sí percibí muy inquieto al principal… como que se desencajó un poquito”. Oteyza agregó: “esto o se resuelve o nos va a crear un problema mayúsculo… esto hay que resolverlo, esto nos está haciendo mucho daño y no sólo a nosotros, a todos nosotros, porque lo que están diciendo es que hay un contubernio entre el gobierno y la empresa (OHL)”.

Al respecto, Diez Gargari comentó: ”Me parece que el tema de las grabaciones -como la que involucra al presidente Enrique Peña Nieto en una reunión con el secretario de Comunicaciones y Transportes y el representante de OHL en México- son un distractor, no me parecería raro que el propio OHL estuviera filtrando esto, la razón es muy sencilla, porque si el asunto se queda ahí, OHL  se queda con la suya, porque el tema fundamental es el que estamos cuestionando y que he denunciado una y otra vez ante la secretaría de Hacienda, que es la manipulación contable“.

Infraiber es la empresa que contrató el gobierno del Estado de México para instalar un Sistema Independiente de Verificación de Aforos (SIVA) en todas las autopistas estatales concesionadas. Las grabaciones telefónicas difundidas presumen que el presidente Enrique Peña habría recibido en abril a directivos de OHL y éstos le habrían hablado del sistema de verificación de aforos de Infraiber, para que la empresa no auditara el tráfico por estas obras. Un mes después el gobierno mexiquense canceló el contrato.

Sobre las grabaciones, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, encabezada por Ruiz Esparza, manifestó que son “ilegales, editadas y manipuladas que pretenden desorientar a la opinión pública”.

“Los audios ilegales y manipulados dan a conocer un convenio que se le adjudicó de manera directa por parte del “SAASCAEM” (Organismo Público Descentralizado del Estado de México) a la empresa Infraiber, con el propósito de que midiera los aforos de todas las autopistas concesionadas del Estado de México. Se sabe que el convenio marco establecía un plazo de hasta por veinte años y un valor de varios cientos de millones de pesos. Se sabe que ninguna empresa concesionaria quiso firmar contrato alguno con Infraiber, requisito indispensable para que el convenio tuviera vigencia, situación que generó molestia e inició diversas confrontaciones. Se sabe que la razón principal del rechazo y por lo tanto de la no suscripción del contrato, era el cobro de hasta 50 centavos por cruce vehicular, costo fuera de mercado, sin justificación alguna, que hubiera tenido que ser pagado por los usuarios de las autopistas”, apuntó la dependencia gubernamental.

“¿Cuánto le deben a OHL?”

El abogado Paulo Diez Gargari refiere que ”OHL no ha dado un sólo argumento en el que nos diga por qué hace lo que hace (presunta manipulación contable), su único argumento es ‘yo soy bueno, cotizo en bolsa, me audita Deloitte’ y no tienen qué cuestionarme. Es como si el padre Maciel nos hubiera dicho, como lo dijo tantas veces: yo no soy violador de niños, porque soy el fundador de los Legionarios, esas razones no son razones para nosotros”, comparó.

“Yo estoy denunciando varias cosas, pero la primera que queremos saber es: señor gobernador (del Estado de México) cuánto se le debe a OHL en el Circuito Mexiquense porque eso lo pagamos cada una de las personas que pasamos por ahí… no me gusta que alguien gane o se apropie de lo que no tiene derecho”, explicó.

Sostuvo que, en su opinión, “OHL ya recuperó su inversión en ese proyecto, por lo que debe devolver esa concesión al Estado de México, no lo estoy pidiendo para mí, en los juicios no hemos pedido el pago de daños y perjuicios ni el pago de honorarios de abogados, lo único es que queremos instalar nuestro negocio para auditar a OHL o a quien sea… así la ciudadanía tiene la garantía que lo que paga es consistente”. Pero dicho contrato fue cancelado por el gobierno del Estado de México. 

Ante ello consideró que “este es el caso de corrupción más grave de la historia reciente de nuestro país”.

Refirió que se hizo una modificación “al título de concesión en diciembre del 2012, un acto absolutamente ilegal que estamos combatiendo en los tribunales, en el que se amplía el plazo a OHL  hasta el 2051 y se le autorizan unos incrementos extraordinarios a la tarifa, que son 50 por ciento real entre el 2013 y el 2021″, explicó.

“El problema es que OHL registra algo que no se le debe, dónde están registrados como deuda pública esos 52 mil millones de pesos, también le hemos pedido al gobernador que nos diga si debe eso y por qué no está en el registro de deuda pública estatal. Nos dijo que la deuda ahora sí va a hacer pública… creemos que ahora sí se va a divulgar públicamente, eso es lo que queremos… si lo debe, cuándo le autorizó la legistatura estatal eso”, preguntó Paulo Diez Gargari.

La detención

De forma sorpresiva, Diez Gargari fue detenido esta semana por elementos de la PGR. La noche del jueves fue entrevistado en CNN, junto con su hermano, horas después de ser liberado y narró lo sucedido.

Al respecto, relató: “Salgo el lunes 7 de septiembre de mi oficina que está en el Pedregal, en la esquina había unas camionetas bloqueando el paso, otros conductores pitan para que se muevan, se mueven un poco  y yo que tenía prisa porque tengo mucho trabajo, teníamos que presentar un amparo… iba a comer para regresar, los rebasó y me voy, pensé que eran dos personas perdiendo el tiempo, pero no, eran agentes de la Procuraduría, me alcanza uno de ellos delante de mí, se detiene, después veo una camioneta blanca atrás y me choca”.

“De momento pensé que era un secuestro, porque es conocida esta técnica. Me quedé sentado, dije no me bajo, llega otra camioneta que se estaciona a mi lado, se bajan cuatro o cinco personas, se identifican como gente de la Procuraduría, me dicen que van a cumplimentar una orden de localización y presentación”.

“Aquí está la primera irregularidad, porque lo que primero ocurre cuando te piden que vayas a declarar como testigo, que es para lo que supuestamente me llamaba, te mandan un citatorio… uno acude voluntariamente. Le digo si era esto por qué no me mandaron a mi oficina… me piden que me identifique y me bajo, empiezo a leer la orden”, señaló.

“Para esto, parecía un criminal de altísimo riesgo, porque había probablemente 12 o 14 agentes y cinco camionetas... lo leo y vuelvo a decir me parece excesivo“.

Además “me revisan, abro la cajuela, revisamos las cosas, voy caminando hacia mi coche y me dice ¿y esa pistola?, en el piso entre la base del asiento y los pedales había no una pistola, sino un bulto envuelto como en papel de baño, en el que se veía una parte metálica. Le dije eso no es mío alguien de ustedes lo puso ahí y me parece una barbaridad. Me dijo: su situación ya cambió, ahora ya no es testigo sino inculpado, nos va tener que acompañar y su vehículo queda retenido”.

“Me llevan a unas oficinas en Insurgentes 615 (un edificio de la PGR) donde nunca ocurre nada de esto, ahí me espero, debí llegar 3:30 de la tarde, me piden mi celular, lo meto en un sobre, y cosa rara, me piden que lo entregue a un elemento de la policía Bancaria e Industrial”.

“Una hora más tarde llega un elemento de la Policía Judicial, con el sobre roto y mi celular en la mano, quién sabe qué hizo en esa hora. Se mete a una oficina con otra persona, y ya lo deja ahí. Es una cosa muy grave”, comentó.

Niega Ruiz Esparza irregularidades en contratos otorgados a OHL México

En respuesta a las acusaciones del abogado de Infraiber, Paulo Díez, quien ha denunciado corrupción y tráfico de influencias de la empresa OHL México para aumentar el cobro de peaje en carreteras, así como la cancelación de un contrato del Circuito Exterior Mexiquense , el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) sostuvo en una carta que la anulación de ese convenio la determinó un tribunal federal pues habría afectado la operación de OHL.

El secretario de comunicaciones y transportes, Gerardo Ruiz Esparza, negó, mediante una carta dirigida al periódico Reforma, que hubiera irregularidades en los contratos asignados a la empresa OHL para la realización de obras en el Estado de México.

En respuesta a las acusaciones del abogado de Infraiber, Paulo Díez, quien ha denunciado corrupción y tráfico de influencias de la empresa OHL México para aumentar el cobro de peaje en carreteras, así como la cancelación de un contrato del Circuito Exterior Mexiquense , el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) sostuvo en la carta que la anulación de ese convenio la determinó un tribunal federal pues habría afectado la operación de OHL.

“A partir de ese momento se generan ataques hacia diferentes instancias a través de desplegados, suscritos algunos de ellos por el señor Díez. Al no obtener respuesta por parte de las autoridades del Estado de México, empezó a generarse filtración de audios ilegales y manipulados” detalló el mensaje de Ruiz Esparza.

Apenas este viernes 11 de septiembre, la Procuraduría General de la República (PGR) realizó un cateo a la empresa Infraiber, luego de que OHL los denunciara por una supuesta extorsión derivada de la disputa por el contrato cancelado en el Circuito Exterior Mexiquense.

Según OHL, la empresa Infraiber es probable responsable de audios filtrados ilegalmente que involucran al secretario Ruiz Esparza, así como a directivos de la empresa, sin embargo el titular ha descalificado la autenticidad de las grabaciones.

“Es de mi interés aclarar este asunto en razón de las imputaciones hechas a mi persona por el señor Diez sin fundamento alguno y tratando de desorientar al diario y a la opinión pública” explica el documento enviado a Reforma.

Con información de Reforma (con suscripción)

Audioescándalos de OHL ahora involucran a Peña Nieto

MÉXICO, D.F., (proceso.com.mx).- El presidente Enrique Peña Nieto se habría reunido con directivos de OHL para ayudarles a resolver la disputa legal que mantiene con Infraiber.

En más conversaciones difundidas en la red social Youtube, Andrés de Oteyza, director general de OHL, le dice a Pablo Wallentin, exdirector de Relaciones Institucionales de la compañía, que mantuvo una reunión con Peña Nieto en la que el mandatario se comprometió a frenar a Infraiber.

“Bueno, a ver, este Gerardo (Ruiz Esparza, titular de la SCT) se defiende delante del presidente (Enrique Peña Nieto), que ¡yo no le puedo decir dos veces a un secretario delante del presidente de la República que está equivocado!”, refiere Andrés de Oteyza en relación al sistema de verificación que Infraiber pretendía instalar en carreteras operadas por OHL.

Continúa Andrés de Oteyza: “Yo sí percibí muy inquieto al principal, cuando empezamos a hablar de este tema como que se desencajó un poquito eh”.

La supuesta reunión entre directivos de OHL y Peña Nieto habría ocurrido el pasado 6 de abril. Entre los asistentes se encontrarían: Juan Miguel Villar Mir, presidente mundial de Grupo OHL; Juan Osuna, vicepresidente de Concesiones; Andrés de Oteyza y Sergio Hidalgo, presidente y director general de OHL México, respectivamente, y Gerardo Ruiz Esparza, titular de la SCT.

En las últimas horas, el abogado Pablo Diez Gargari, de la empresa de tecnología aplicada Infraiber, se encuentra detenido de manera irregular en las instalaciones de la calle López número 14 de la Procuraduría General de la República por la presunta posesión ilegal de un arma calibre .38 que le fue “sembrada” en el momento de su detención.

Ayer se difundió un nuevo audio de una conversación entre Ruiz Esparza y Wallentin, que evidencia el presunto favoritismo del gobierno federal a OHL.

En el audio Ruiz Esparza, confirma al directivo de OHL que Infraiber, que denunció públicamente a la constructora española por irregularidades en el sistema del aforo vehicular del Circuito Exterior Mexiquense, “no tiene cómo defenderse porque no tiene ni acción contra el gobierno del Estado (de México), porque no hay nada que le haya dado derecho a Infraiber, porque no se firmó ni se ha firmado, entiendo, con ningún otro concesionario”.