Infraiber propone que el Congreso y el sistema anticorrupción intervengan en el caso OHL.
El Circuito Exterior Mexiquense es una de las concesiones que tiene OHL en el Estado de México.
Esa vía corre a lo largo de 113 kilómetros y tuvo una inversión de 24 mil 775 millones de pesos al cierre de 2014, de acuerdo con el reporte anual de OHL México, lo que la convierte en la obra más cara en el estado, inaugurada en 2011, por el entonces gobernador y hoy presidente Enrique Peña Nieto, junto con Gerardo Ruiz Esparza, entonces secretario de Comunicaciones de la entidad, quien hoy encabeza la misma dependencia pero a nivel federal.
Pero la recuperación, para la empresa, será mucho mayor.
OPCEM, filial de OHL, es la responsable de la Concesionaria Mexiquense (Conmex), que opera el circuito.
La megaobra fue concesionada de febrero de 2003 a diciembre de 2051.
La empresa Infraiber era la encargada de instalar y operar un Sistema Independiente de Verificación de Aforo Vehicular, Ingresos y Nivel de Servicio (“SIVA”) en el Circuito Exterior Mexiquense. Sin embargo, su contrato fue revocado en mayo de este año. Sin ello no se podrá medir de forma independiente el flujo real de autos en el circuito, calcular la ganancia que obtiene OHL por el peaje y definir el momento en que OHL ya recuperó su inversión junto con su rentabilidad, por lo que debería devolver la concesión de esa vía al gobierno del estado.
“En INFRAIBER estamos absolutamente convencidos del enorme (sí, enorme) beneficio social que deriva de la instalación y operación de nuestro Sistema Independiente de Verificación de Aforo Vehicular, Ingresos y Nivel de Servicio (“SIVA”) en el Circuito Exterior Mexiquense”, sostuvo la empresa en un comunicado, aunque reconoció que también lo consideran “un buen negocio”.
De acuerdo con Infraiber, “un solo año de concesión en el Circuito Exterior Mexiquense representa un ingreso por cuotas de peaje mayor a los $2,350 millones de pesos”.
Es decir, no tendría que llegar el 2051 para que OHL recupere su inversión.
Si ésta se revirtiera un año antes de lo previsto, el estado recuperaría esos 2 mil 350 millones de pesos, apuntó Infraiber.
Más aún: si se revierte 10 años antes, “el estado recibiría ingresos superiores a los $23,500 millones de pesos”.
Por ello, Infraiber defiende que su sistema de verificación sea instalado; sostuvo que el plazo de su contrato no es de 20 años, sino que termina cuando recupera su inversión más el rendimiento.
Ante el conflicto que se vive tras la revocación de su contrato, Infraiber propone que el presidente Enrique Peña Nieto someta a consideración del Congreso de la Unión “la no instalación y operación del SIVA en el Circuito Exterior Mexiquense, manifestando las razones que sustentan su propuesta”, y “si la propuesta del Ejecutivo es aprobada por la mayoría de los diputados y senadores… aceptaría terminar voluntariamente de manera anticipada el contrato del SIVA (cuya supuesta terminación no ha sido notificada a INFRAIBER hasta la fecha) y ser indemnizado en términos de lo establecido en el contrato y la legislación aplicable”.
En cambio, ”si la propuesta del Ejecutivo no es aprobada por la mayoría referida, INFRAIBER continuará defendiendo con firmeza sus derechos ante todas las instancias competentes, tanto en México como en el extranjero, con lo que estará defendiendo al mismo tiempo el interés general de los mexiquenses, de los mexicanos y de los usuarios del Circuito Exterior Mexiquense”.
En su comunicado, la empresa sentenció que el Circuito Mexiquense es “la primera estación del tren llamado Sistema Nacional Anticorrupción”, y que “no debemos perder de vista que el Circuito Exterior Mexiquense es un proyecto realizado parcialmente con cargo a fondos federales”.
El pasado 7 de septiembre, al abogado de Infraiber, Paulo Díez, le fue sembrada una pistola por parte de agentes de la PGR -dependencia del gobierno de EPN- mientras era detenido por una orden de presentación girada en su contra. Esta semana, la empresa advirtió que pese a ese hecho, que pudo ser comprobado gracias a una cámara de seguridad, “seguirá adelante con sus numerosas denuncias presentadas ante las autoridades financieras mexicanas y españolas, por la presunta manipulación contable que lleva a cabo la subsidiaria de OHL que es titular de la concesión para construir, operar y mantener el Circuito Exterior Mexiquense. Asimismo informa que seguirá adelante con los procedimientos legales tendientes a anular la ampliación del plazo de esa concesión y de los incrementos extraordinarios a la tarifa, autorizados en 2012, así como con los procedimientos legales en los que se acredita que OHL ya recuperó su inversión en el Circuito Exterior Mexiquense y que, por lo mismo, la concesión debe revertir al Estado”.
OHL, por su parte interpuso, una denuncia acusando a Infraiber de presunta extorsión.
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