Miguel Badillo
Oficio de Papel
8 de enero de 2007
Expediente de Función Pública involucra a César Nava
Secretario particular de Calderón es acusado de fraude
Daño patrimonial en contra de Pemex por 200 millones
Eran los primeros meses de 2005 y nadie imaginaba entonces que el panista Felipe Calderón Hinojosa tendría oportunidad de llegar a la Presidencia de la República y mucho menos que la secretaría particular la ocuparía José César Nava Vázquez, abogado de profesión, ex diputado federal por el PAN y ex abogado general de Pemex. En ese año un expediente “confidencial” era atendido con diligencia por el secretario de la Función Pública, Eduardo Romero Ramos, quien encontró sólidas evidencias de irregularidades en contratos petroleros pero, a pesar de ello, ordenó “archivar” el expediente que acusaba a César Nava y a otros servidores públicos y políticos panistas de diversos delitos como violaciones constitucionales, omisiones y daño patrimonial a Petróleos Mexicanos por más de 200 millones de pesos.
Para encubrir a los panistas involucrados e impedir que la población y la prensa tuviera acceso a dicho expediente, el documento fue clasificado como “confidencial” por el Órgano Interno de Control en Pemex Petroquímica y reservado sin fecha de apertura, en donde se explica la maquinación de un cuantioso fraude cometido en esa paraestatal por quien fuera abogado general de Pemex, el panista César Nava, en colusión con el ex alcalde de Coatzacoalcos, Veracruz, Marcelo Montiel, legislador panista en el Congreso local.
El abogado Nava Vázquez había salido de Pemex después de ser el artífice de la elaboración del escandaloso convenio laboral que firmó el ex director general de Pemex, Raúl Muñoz Leos, con el sindicato petrolero, y en donde se había autorizado la entrega de cuantiosos recursos al líder Carlos Romero Deschamps para su manejo y uso discrecional.
Según documentos oficiales del Órgano Interno de Control, este fraude se fraguó en contra del erario público por funcionarios petroleros encabezados por el abogado Nava Vázquez, aprovechando el fracaso privatizador de plantas petroquímicas de Pemex.
Sin embargo, el actual secretario particular del presidente de la República sostuvo en aquel momento que él si atendió el caso y se deslinda de todas responsabilidades, además de sostener que fue una operación transparente y limpia, en donde nadie cometió fraude.
La historia del fraude
Una exhaustiva investigación de Ana Lilia Pérez y publicada en la revista Contralínea da cuenta del expediente elaborado por el área de Auditoría Interna de la Secretaría de la Función Pública en Pemex Petroquímica, cuyo documento oficial en la parte superior derecha tiene remarcada la palabra “Confidencial”, y como fecha de clasificación el 2 de octubre de 2003, con un tiempo de reserva indefinido, circunstancia que de por sí es violatoria a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, pues ésta establece como plazo máximo para desclasificar documentos 12 años y no tiempo indefinido.
El caso, según se explica en el documento oficial, es un fraude en contra Pemex Petroquímica orquestado por abogados de la paraestatal en complicidad con el alcalde de Coatzacoalcos, Veracruz, Marcelo Montiel. Este supuesto fraude y prevaricato se dio en medio del fracasado intento de desincorporación y venta de Pemex Petroquímica (dirigida por Rafael Beverido) y cada una de sus filiales.
En agosto de 1997, a petición del corporativo, la Dirección General de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno de Veracruz elaboró un informe sobre la situación de la paraestatal en el estado para que fiscal y administrativamente se pudiera dividir y transformar cada filial en sociedades anónimas de capital variable (SA de CV).
El informe concluyó que aún como Sociedad Anónima, dichas filiales continuaban siendo empresas del dominio privado de la Federación, por el hecho de que Pemex corporativo era el principal accionista, con el 95 por ciento de las acciones totales; es decir, únicamente el 5 por ciento era de las filiales.
Por tanto, la administración en Veracruz que en ese entonces gobernaba Patricio Chirinos determinó que ninguna filial de Petroquímica era sujeto de impuesto alguno por traslado de dominio, ya que al momento de constituirse como S.A., lo hacían con el capital del gobierno federal, seguían siendo patrimonio de la nación y por tanto estaban exentas de todo gravamen.
Dicha notificación fue hecha por Miguel Álvarez de Asco, en su carácter de director general de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Planeación de Veracruz, a Mario González Petrikowsky, subdirector de Administración y Finanzas de Petroquímica, a través del oficio número DGI/DATEF/SU8/000066/97, fechado el 14 de agosto de 1997.
El documento detalla que de acuerdo con el artículo 90 constitucional, la desincorporación de bienes de dominio público y su posterior aportación inmobiliaria a las sociedades mercantiles de naturaleza paraestatal, constitucionalmente no pierden su naturaleza de patrimonio nacional.
Por ello se determinó: “Que no son sujetos obligados al pago de dicho gravamen las filiales de Pemex-Petroquímica, Petroquímica Cangrejera, SA de CV, Petroquímica Morelos, SA de CV, Petroquímica Pajaritos SA de CV, Petroquímica Cosoleacaque SA de CV, y Petroquímica Escolín, SA de CV, de conformidad con lo estipulado en el artículo 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3º fracción II, y 46 fracción II inciso a) de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal…”.
Así quedaron, legalmente constituidas las empresas de la petroquímica mexicana como sociedades anónimas de capital variable, aunque posteriormente el gobierno federal nunca pudo colocar las acciones, como se tenía planeado, pero en abril de 2002 el diputado estatal Marcelo Montiel Montiel, entonces alcalde de Coatzacoalcos, hizo pública en reunión de cabildo que demandaría a Pemex los impuestos acumulados desde 1997, por el traslado de dominio que, según sus cálculos, ascendían a 713 millones de pesos. Aunque la idea no había sido del alcalde, sino que respondía a un plan orquestado por los mismos abogados de Pemex.
Luego, sin licitación pública de por medio, y aunque el Ayuntamiento cuenta con su propia área legal y un grupo de abogados a sueldo del erario, Marcelo Montiel contrató los servicios del bufete jurídico privado Asociados y Abogados Internacionales, S.C., cuyo representante legal es Jesús Antonio Macías Yazegey, quien se desempeñaría como tesorero de la campaña del actual gobernador Fidel Herrera Beltrán.
Asociados y Abogados Internacionales, S.C. tiene su domicilio fiscal en la ciudad de México, en la calle Carlos Pereyra N.82, colonia Viaducto Piedad, y un despacho ubicado en la avenida Mariano Abasolo N.1107, colonia María de la Piedad, en Coatzacoalcos, Veracruz. El bufete jurídico, de acuerdo con registros notariales, había sido constituido apenas un par de meses antes de que el alcalde lo contratara para llevar la demanda contra Pemex. Montiel pagó al despacho honorarios por 44 millones 268 mil 958 pesos por una demanda que finalmente consistió en dos notificaciones, un embargo y un posterior cobro.
En el bufete jurídico del caso se encargó Rogelio Martínez Hernández, un abogado que se desempeñó como jefe de la Unidad Jurídica de Petroquímica Cosoleacaque y representante legal de dicha filial, y luego como coordinador del Área contenciosa de la Unidad Jurídica en Pemex Petroquímica.
Para entonces el área jurídica de Pemex designó al abogado Ernesto Ordaz Moreno, abogado adscrito a la Unidad Jurídica de Petroquímica Cosoleacaque, quien al momento de la denuncia era apoderado legal de la filial y despachaba, de manera “independiente”, en el bufete privado Orbes, Servicios Legales Internacionales.
Sin embargo, Ordaz Moreno, el abogado que representaba a Petroquímica, en realidad despachaba en la misma dirección que su parte demandante; es decir, en el despacho de Asociados y Abogados Internacionales. Incluso la documentación oficial utilizada por ambos bufetes lo comprueba.
Las gestiones que hizo Ordaz Moreno para “defender” a la paraestatal se basaron en un recurso de revocación que presentó sin firma, por lo que le fue rechazado, y el segundo, ya con firma, fuera de tiempo, que invalidó también el recurso.
Para el 20 de abril de 2002, el Ayuntamiento de Coatzacoalcos embargaba las instalaciones y cuentas de Petroquímica Morelos y Petroquímica Pajaritos. La primera por 570 millones de pesos en bienes y cuentas bancarias, y la segunda por 72 millones de pesos.
Así quedó paralizada Petroquímica Morelos, la planta más rentable de la petroquímica mexicana, mediante un juicio ilegal de origen, respaldado por el Juez Noveno del Estado de Veracruz, Vicente Mariche Garza, que luego los auditores de la SFP descubrirían que tenía una relación cercana e intereses con el abogado Rogelio Martínez Hernández.
Montiel anunció que iría por más demandas sobre Pemex y que embargaría el resto de la Petroquímica.
Hasta octubre de 2003, los auditores de la SFP no tenían una cifra exacta de a cuanto ascendieron las pérdidas económicas y daños materiales de las semanas en que Petroquímica Morelos y Petroquímica Pajaritos permanecieron embargadas, pero en las notas de observación enviadas a Romero Ramos recalcan que la paralización de las plantas contribuyó a la quiebra técnica que hoy presenta la petroquímica nacional. Los deudores de Pemex congelaron sus pagos y la paraestatal congeló sus procesos de producción, ni pudo vender ni cobrar adeudos pendientes. Luego seguiría la erogación millonaria para saldar una cuenta fantasma.
La respuesta de Nava Vázquez
Este es el documento enviado a esta columna por José César Nava Vázquez antes de que fuera nombrado secretario particular del presidente de la República, para explicar cómo se armó la privatización de la petroquímica de Pemex:
“La formación de las empresas filiales de Pemex Petroquímica y el pago del impuesto traslativo de dominio:
1. En 1977, el gobierno federal instrumentó la estrategia para constituir las siete empresas filiales de Pemex Petroquímica, como sociedades mercantiles, bajo la modalidad de sociedades anónimas de capital variable.
2. Para ello, fue necesario cometer al Congreso de la Unión diversas reformas a ordenamientos en la materia, dentro de los que destacaron las recaídas a la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el ramo petrolero, que en su artículo 3º ya reformado define los productos que conforman la petroquímica básica y por exclusión los que componen la petroquímica no básica. Estos últimos son susceptibles de ser producidos y comercializados por la iniciativa privada, toda vez que no forman parte de la industria petrolera estatal.
3. A mediados de 1997, se constituyeron las siete empresas filiales de Pemex Petroquímica: Morelos, Pajaritos, Cangrejera, Cosoleacaque, Camargo, Tula y Escolín, las tres primeras domiciliadas en el municipio de Coatzacoalcos y la cuarta en Cosoleacaque.
4. En ese año, Pemex Petroquímica omitió el pago del impuesto traslativo de dominio.
5. En marzo de 2002, los municipios de Coatzacoalcos y Cosoleacaque, Veracruz, requirieron mediante procedimiento administrativo de ejecución, el pago del impuesto traslativo de dominio generado al momento de aportar los bienes de Pemex Petroquímica al capital social de las empresas filiales constituidas en 1997, trabando embargo sobre la negociación, predio, edificaciones y cuentas bancarias de las cuatro empresas filiales domiciliadas en dichos municipios.
6. Las cantidades reclamadas por los municipios, incluyendo el monto principal y los recargos, multas y actualizaciones fueron los siguientes en números redondos para las empresas filiales: Morelos, 570 millones; Pajaritos, 242 millones; Cangrejera, 72 millones, y Cosoleacaque, 72 millones, que da un total del reclamo de 956 millones.
7. De manera inmediata se hicieron sentir los efectos negativos de los embargos trabados contra las cuatro empresas filiales. Las actividades comerciales fueron virtualmente paralizadas, incluyendo el cobro a clientes y el pago a proveedores, de tal manera que, en caso de prolongarse un par de meses, el embargo podría haber ocasionado pérdidas por varios miles de millones de pesos y, en consecuencia, el cierre de las cuatro empresas filiales.
8. después de un riguroso análisis y ante la negativa de los tribunales administrativos de Veracruz de conceder la suspensión de los actos de los ayuntamientos, se arribó a la conclusión de que en términos de los artículos 115 constitucional, y 52 y 53 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Veracruz, el Impuesto Sobre Traslado de Dominio de Bienes Inmuebles debía ser pagado por las filiales de Pemex Petroquímica.
9. Sin embargo, Pemex consideraba que el monto reclamado era excesivo por lo que, en todo caso, estaría dispuesto únicamente a pagar las cantidades principales, sin pagar multas, recargos ni actualizaciones, postura que fue rechazada por los municipios acreedores.
10. Ante la cerrazón de los ayuntamientos de Coatzacoalcos y Cosoleacaque, el gobierno del estado intervino para acercar a las partes, de tal manera que los ayuntamientos finalmente aceptaron la posición de Pemex.
11. de este modo, los consejos de administración de las cuatro empresas filiales autorizaron el pago principal por una cantidad total de 220 millones de pesos a favor de Coatzacoalcos y 18 millones a favor de Cosoleacaque.
12. La autorización de los pagos mencionados significó un “beneficio” de más de 700 millones de pesos para Pemex Petroquímica.
13. Los acuerdos de autorización fueron debidamente fundamentados en los artículos 10 de la Ley Orgánica de Pemex y 3º de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo Petrolero, los que determinan que la petroquímica no básica no forma parte de la industria petrolera estatal y en consecuencia sus bienes son propios de las empresas constituidas, sin formar parte del dominio público de la federación en términos de la Ley General de Bienes Nacionales.
14. Una vez autorizado el pago, fueron entregados los cheques correspondientes directamente a los dos ayuntamientos y a su nombre, quienes expidieron los recibos correspondientes. En consecuencia, fueron levantados los embargos y las empresas filiales pudieron regresar a sus actividades con normalidad.
Sin embargo, aunque Nava Vázquez sostiene que no hay corrupción en la operación que le costó a Pemex daños por más de 200 millones de pesos, documentos oficiales del Órgano Interno de Control en Pemex sostienen lo contrario qye aseguran que en esta historia hay graves conflictos de interés y delitos de fraude y prevaricato (abogados que sirven a las dos partes en conflicto) por parte de abogados de Pemex coluditos con funcionarios corruptos de Veracruz, así como abuso de poder, negligencia y omisión de la Secretaría de la Función Pública.
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