CANCÚN, Q. Roo (apro).- A menos de mes y medio de que el gobernador Roberto Borge Angulo abandone el cargo, la quiebra financiera y el dispendio en el manejo de los recursos estatales se evidencia cada vez con mayor fuerza.
Y es que en los últimos días se han ventilado las afectaciones a rubros prioritarios como el turismo y la dotación de agua potable por el mal ejercicio del presupuesto.
Sin embargo, el gobernador electo Carlos Joaquín González ha preferido mantener un bajo perfil sobre las acusaciones a su antecesor, sobre todo después de la reunión que ambos sostuvieron el pasado miércoles 3 para definir los términos del proceso de entrega-recepción.
Los prestadores de servicios en las playas de este destino turístico han culpado al gobierno de Borge por la falta de recursos para atender la “invasión” de sargazo en la zona, porque “se llevó todo el dinero y no hay recursos para atender esta situación”, aseguró el presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún y Puerto Morelos (AHCPM), Carlos Gosselin Maurel.
La principal preocupación para los empresarios –agregó– es la falta de transparencia en el manejo de los recursos, pues hasta el momento se desconoce el destino que se le dio al dinero de un Fideicomiso para atender una eventual emergencia en las playas, como la presencia masiva de algas muertas.
Y advirtió que en la invasión de sargazo no es el único problema, pues tampoco hay recursos para el mantenimiento de playas, cuya recuperación en 2009, sostuvo, implicó una inversión de casi mil millones de pesos.
“El gobierno estatal que se va no dejó dinero, estamos buscando la manera en que se regrese ese recurso para pagar programas de mantenimiento y recuperación de playas”, subrayó Grosselin Maurel.
De igual manera, refirió que el gobierno federal entregó 150 millones de pesos para pagar la recolección del sargazo, y lo último que se le informó a la AHCPM fue que 60 millones de pesos se aplicaron en un programa de empleo temporal y 20 millones para pagar estudios de un programa piloto de investigación, “lo que significa que hay desaparecidos 70 millones de pesos”, subrayó.
Sin embargo, reconoció que pese a la carencia de recursos, la Dirección de Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat) del ayuntamiento de Benito Juárez (Cancún) ha realizado trabajos para retirar las plantas acuáticas que han recalado en las playas.
Por su parte, trabajadores sindicalizados de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) denunciaron que funcionarios de la dependencia han ocultado información sobre el proceso de retención de sus impuestos
Hasta ahora no se ha entregado a los empleados un formato para que puedan reclamar saldo a favor en el pago de su Impuesto Sobre la Renta ante las autoridades fiscales federales, detalló el líder sindical de los trabajadores de CAPA, Marco Sansores Medrano.
Además, dijo, desde el año pasado la paraestatal dejó de entregarles ropa y equipo adecuado para realizar sus labores, pese a que eso está estipulado en el contrato colectivo de trabajo.
Rechazo al ‘paquete de impunidad’
En Quintana Roo también se han incrementado los procesos y juicios contra el “llamado paquete de impunidad”, que en junio pasado fue aprobado en el Congreso local.
El pasado lunes 1, un grupo de activistas presentó en esta ciudad un amparo contra las reformas que permiten al gobernador saliente y a su familia contar con guardaespaldas durante 15 años, y también impugnaron la disposición para que los nuevos titulares de la Fiscalía General del estado (FGE) y Auditoría Superior (ASE) permanezcan en sus cargos nueve y siete años, respectivamente.
De acuerdo con el abogado José Gabriel Fernández Argüello, el objetivo del amparo es determinar si las reformas “que se hicieron al vapor y que comprenden el ‘paquete de impunidad’, cumplen con la Constitución”.
En Playa del Carmen, la Asociación de Abogados Quintanarroenses presentó en días pasados un amparo colectivo contra la inconstitucionalidad de los decretos expedidos por la XIV Legislatura en el llamado ‘paquete de impunidad’ para blindar la salida del gobernador Roberto Borge ante cualquier rendición de cuentas.
Los abogados precisaron que los primeros amparos se interpusieron el jueves 4 en contra de los decretos 407, 410, 411, 417,419 y 420.
Estos decretos, explicaron, “a todas luces se hicieron de manera obscura e irregular con el fin de proteger los actos de corrupción y de desvíos de recursos del actual gobernador Roberto Borge Angulo, para que éste no fuera investigado por la nueva administración”.
No querían pagar
En Chetumal, particulares ganaron un juicio al gobierno del estado por un adeudo correspondiente a la renta de un edifico donde funciona la Dirección de Servicios Generales de la Oficialía Mayor.
De acuerdo con los propietarios del inmueble, desde mayo de 2014 se les dejó de pagar la renta del inmueble ubicado en la esquina de las avenidas Álvaro Obregón y Francisco I. Madero.
A mediados de julio, tras un tortuoso proceso judicial, los propietarios lograron que el juzgado fallara a su favor, y en un plazo de 15 días la Oficialía Mayor deberá desalojar el inmueble y pagar el adeudo.
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