MÉXICO, D.F. (apro).- Al incumplir con el “orden y la seguridad” necesarios para alcanzar un Estado de Derecho, México se ubica en el lugar 99 de una lista de 102 países, hecho que quedó plasmada en el Índice del Estado de Derecho 2015, elaborado por el Proyecto Mundial de Justicia (WJP, por sus siglas en inglés), una iniciativa que agrupa distintas organizaciones y grupos de abogados internacionales, con el financiamiento de empresas multinacionales y poderosas fundaciones.
Para realizar el índice del Estado de Derecho, los investigadores entrevistaron a “mil personas en las tres mayores ciudades de los países, así como a un panel de académicos y abogados nacionales”, a los que interrogaron sobre su percepción del estado de derecho en sus respectivos países. Para ello, fragmentaron su análisis en nueve factores, divididos a su vez en 44 subfactores.
En su clasificación global, los investigadores colocaron a México en el lugar 79 de 102 países en que se acata el respeto al Estado de Derecho, debido entre otros a la corrupción, el deficiente sistema judicial y la inseguridad. El país se encuentra por debajo de Rusia, China o Colombia, entre otros.
Así, en términos de justicia criminal, México ocupa el lugar 93. Este concepto abarca la efectividad del sistema de investigación de los crímenes; su imparcialidad; la corrupción o la influencia política que lo invaden, así como el respeto al debido proceso y a los derechos de los acusados.
En este caso, los mexicanos entrevistados denunciaron la ineficiencia de los métodos de investigación, las deficiencias en la protección de los testigos, los investigadores y agentes ministeriales corruptos, las malas decisiones judiciales o los tiempos excesivos de detención anterior al juicio.
Asimismo, apenas una cuarta parte de ellos confió en que los policías actúan con apego a la ley, que respetan los derechos básicos de los sospechosos o que sufren castigo tras violar la ley.
En cuanto a la justicia civil, México apenas se izó al lugar 82. Los entrevistados vieron de manera particularmente negativa los extensos tiempos para resolver sus casos, los honorarios de los abogados y la corrupción en el sistema judicial.
Respecto de la “corrupción”, el país se derrumbó al lugar 88. Según el WJP, esta categoría mide el uso de recursos públicos a fines privados por parte de los funcionarios del gobierno, de la justicia, de la policía, del Ejército y del Poder Legislativo.
México se salvó en “gobierno abierto” –respecto del acceso a la información o la participación cívica–, en el cual alcanzó el lugar 42. Fue el único rubro en el que el país se encontró en la primera mitad de la lista.
En términos de “restricción de los poderes gubernamentales” –los contrapoderes y las sanciones a los funcionarios–, se ubica en el rango 61, mientras que en “derechos fundamentales” los investigadores colocan a México en el lugar 56.
Si bien 58% de los entrevistados estima que la población mexicana en general goza de cierta libertad para criticar al gobierno, esta cifra cae a 48% respecto a las organizaciones no gubernamentales y a 36% en el caso de la prensa.
En América Latina, sólo 26% de los entrevistados considera que las empresas cumplen en general con el marco legal vigente.
En total, las encuestas se llevaron a cabo en 102 países, en los que vive 90% de la población mundial, precisó el informe.
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