SAN SALVADOR ATENCO, MÉX.- Seis meses antes de que el presidente Enrique Peña Nieto anunciara el proyecto para el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ya se había encendido la maquinaria para edificarlo sobre el lecho seco del antiguo Lago de Texcoco: Desde marzo pasado las excavadoras y camiones trajinan sobre la zona ejidal, junto a un canal de agua. Manejan la tierra para formar un camino por donde entrará la maquinaria pesada.
En las orillas del canal amontonaron enormes montañas de arena. Desde una caseta policiaca dos uniformados vigilan el lago desecado, donde, según las crónicas prehispánicas, los aztecas encontraron un águila posada en un nopal devorando una serpiente.
Entrevistado por Proceso, Adán Espinosa, representante legal del Frente de los Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), afirma que con el proyecto del nuevo aeropuerto –presentado el miércoles 3– el gobierno federal pretende despojarlos de sus ejidos, como se ha intentado desde 2001, cuando se echó a andar la iniciativa México, Ciudad Futura, creada por el arquitecto Teodoro González de León y su equipo.
Durante un recorrido de cinco kilómetros por el lago que devino ejido, Espinosa explica que estas tierras, una vez construido el campo de aviación, ya no serán de quien las trabaje, y asevera que el proceso de compraventa se inició con sigilo en 2008. La Comisión Nacional del Agua (Conagua) fue la encargada de hacer esta transacción y la dependencia espera concluir la adquisición de ocho ejidos en 2016.
En 2014, con un incremento de 30% de su presupuesto –autorizado por el Congreso– se intensificó la compra en Santa María Chimalhuacán, San Luis Huexotla, Santa María Chimalhuacán, San Bernardino, San Felipe, Santa Cruz de Abajo, San Cristóbal Nexquipayac y Francisco I. Madero, de acuerdo con información del Colegio de Ingenieros Civiles de México A.C. (CIC).
“La silenciosa compra de terrenos, la recuperación de predios ocupados de manera irregular y las campañas de vinculación comunitaria que alertan sobre la urgencia de poner en marcha un programa de remediación ambiental en la zona lacustre del Valle de Texcoco son el telón de fondo para regresar a esa zona y volver a intentar en el gobierno de Enrique Peña Nieto la construcción de un nuevo aeropuerto para la capital del país”. El precio por metro cuadrado oscila en torno a los 200 pesos, según un artículo del CIC.
Espinosa insiste en que el plan actual es muy parecido al bautizado como México, Ciudad Futura, de 2001, porque emplea los mismos conceptos disfrazados de proyectos ecológicos, cuando lo que se quiere es despojar a los habitantes de sus ejidos.
En dicho documento, difundido el 11 de agosto de 2002 por la agencia informativa Apro, se mencionaba que, de concretarse, ese proyecto generaría un sistema de lagos contiguos e interconectados que serían alimentados con aguas residuales. Dentro del lago habría islas vinculadas por calzadas y vías rápidas.
“En una de las islas se ubicaría el nuevo aeropuerto, más o menos situado a 25 kilómetros de su centro de demanda, y localizado en el centro geográfico de un sistema megalopolitano que incluye a Toluca, Puebla, Cuernavaca, Pachuca y la Ciudad de México”, señaló la nota que citaba partes del documento original.
“Para el aeropuerto se contempla un área de 3 mil 900 hectáreas, de las que en un inicio sólo se ocuparían mil 900. El diseño aeroportuario permitirá un crecimiento con eficiencia y flexibilidad. Sus dos pistas satisfarán la demanda pudiéndose construir una tercera pista de ser requerida. El actual aeropuerto Benito Juárez será convertido en un parque metropolitano con áreas para desarrollo de uso mixto”, se leía.
El plan destacaba que la localización del aeropuerto en una isla era para seguir la tendencia mundial de construir aeropuertos sobre el agua. El área donde se localizaría la terminal posee una mejor calidad de subsuelo que el actual aeropuerto Benito Juárez, así como de buena parte de la zona centro de la Ciudad de México. “Además, cuenta con una enorme tradición, así como la tecnología necesaria para resolver técnicamente las necesidades de ingeniería y de mecánica de suelos”, se indicó.
El documento refirió que el sistema de lagos daría sustentabilidad a un proyecto aeroportuario de ese nivel, generaría empleos, elevaría la calidad de vida de los ciudadanos e incluso mejoraría el clima y evitaría el hundimiento de la ciudad.
“Ciudad Futura es la última oportunidad que existe de intervenir en el corazón de la metrópoli y el Valle (de México) con un proyecto urbanístico integral. Es un proyecto que comprenderá la escala de nuestra capital y que va a proporcionarnos el espacio para los servicios y el equipamiento que requerirá esta ciudad en las próximas décadas”, se añadió.
Esta iniciativa haría a la urbe “socialmente más justa”. El plan era beneficiar a toda la población, pero especialmente a los habitantes de las áreas más deprimidas del oriente, según explicaron los miembros del despacho Futura Desarrollo Urbano: Alberto Kalach, José Manuel Castillo Olea y Gustavo Lipkau, encabezados por Teodoro González de León.
México, Ciudad Futura fue promovido por el profesor Carlos Hank González durante las últimas semanas de su vida; envió discos compactos con el mismo a inversionistas y políticos, en lo que se interpretó como un claro apoyo a la construcción del nuevo aeropuerto del Distrito Federal en Texcoco, en coordinación con el gobierno del Estado de México (Proceso 1289 y 1293)
En 2001, el arquitecto Teodoro González de León y su equipo declararon a este semanario (Proceso 1308): “Nosotros decimos que debe ser lago más que aeropuerto, no aeropuerto más rescate ecológico. Es al revés, el aeropuerto pone el rescate del lago en el centro de la discusión y nosotros creemos que puede beneficiar a impulsar el proyecto del lago. La diferencia es que para nosotros es fundamental rescatar el lago y, para el gobierno, hacer un aeropuerto”.
Los hechos
Adán Espinosa critica el plan actual, pues, dice, con el pretexto de defender el entorno y rescatar el lago pretende apropiarse desde el municipio de Chimalhuacán hasta Texcoco, afectando, “aunque digan lo contrario”, a San Salvador Atenco.
Por eso, el FPDT tramitó una solicitud de amparo indirecto (número 514/2014) ante el juez quinto de distrito del Segundo Circuito con sede en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, y el 3 de septiembre presentó una ampliación de sus argumentos. Ahí, Hermenegildo Márquez del Valle reseña un recorrido hecho por la zona para conocer el alcance del plan peñanietista.
En este documento, del que Proceso tiene copia, Márquez del Valle señala: “Fue en dicho recorrido que me percaté de la existencia de dos maquinarias pesadas que realizan trabajos de excavación en las tierras de uso común, motivo del presente juicio de amparo. Los trabajadores que operaban las mismas manifestaron que consistían en obras ordenadas por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), sin dar mayor información al respecto”.
Expresó que estas obras son realizadas en territorios de San Salvador Atenco sin el consentimiento de la Asamblea General de Ejidatarios. Esto significa, acusó, actos privativos de las tierras de uso común, utilización de maquinaria pesada en esta zona y daños a los recursos naturales del subsuelo. Solicitó la suspensión provisional –y luego definitiva– de la obra.
Hacer lo anterior “permitirá resguardar y proteger los derechos colectivos agrarios del ejido de San Salvador Atenco”. Puntualizó que cualquier miembro de la comunidad puede solicitar la protección de las tierras de uso común.
Por su parte, Adán Espinosa asegura que el plan gubernamental se aceleró desde que fueron encarcelados los líderes del Frente en 2006 a causa de su resistencia a lo que consideraron un despojo. Enrique Peña Nieto era gobernador del Estado de México y desde entonces se le ha responsabilizado de la brutalidad con que la policía mexiquense reprimió las manifestaciones, violando incluso a mujeres.
Espinosa resalta que desde 2008 se relanzó el plan México, Ciudad Futura. Una diferencia es que ahora se afectará, además de Atenco, a Acuexcomax, Tocuilac y San Felipe, poblaciones a las que la nueva Junta del Comisariado “infunde miedo para orillarlas a firmar” –en hojas en blanco– un acuerdo para vender las partes de uso común a cambio de regularizar sus posesiones particulares.
Y sí: en el Comisariado Ejidal ubicado en el centro de Atenco hay unas cuantas personas recibiendo a la gente que pretende vender sus terrenos para la construcción del magno proyecto.
Cuando Proceso solicitó la postura oficial del nuevo Comisariado Ejidal, la respuesta de una mujer fue que los responsables sólo acuden los martes y jueves a las 7 de la noche; además, la oficina no tiene teléfono local.
“El gobierno quiere que nos enfrentemos como pueblo. Trataremos de evitar una provocación. Ya fuimos a pedirle ayuda al obispo, a Derechos Humanos, para que el 8 de septiembre sean observadores en la marcha que realizaremos al Tribunal Agrario en el Distrito Federal”, añade el representante legal del Frente.
Sostiene que hay personas que ya vendieron sus parcelas en La Mojanera, Nexquipaya y Francisco I. Madero, entre otras localidades. “Desde el cerro del Tepezingo todo se quieren llevar. Ahorita hay gente que está aceptando la compraventa. Yo fui comisario ejidal de 1995 a 1998, y desde entonces ya se venía fraguando el despojo. Está pasando el fenómeno de represión de 2006 y la gente tiene miedo, aunque no acepta el proyecto”, añade.
La participación de la gente en el FPDT ha bajado, pero pronostica que el descontento aumentará “cuando se les despoje de sus cosas”.
Entre los problemas que se temen si se construye la terminal aérea, dice, “está el asunto del agua. Las (vías) pluviales descargan en Atenco, pero también drenajes de otros municipios. Se cree que se van a inundar. El primer paso debió ser pensar cómo iban a quedar los pueblos aledaños. Somos originarios, tenemos historia. Este pueblo lo fundó Nezahualcóyotl porque su reinado estaba en Texcoco”.
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