30 DE MAYO DE 2014
ANÁLISIS
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| El procurador general de la República (PGR), Jesús Murillo Karam. Foto: Germán Canseco |
MÉXICO, D.F. (apro).- Sólo 40 días y sus respectivas noches bastaron al gobierno priista de Enrique Peña Nieto para “arreglar” el entuerto político-financiero que la estadunidense Citigroup-Banamex destapó al revelar que el empresario Amado Yáñez Osuna, dueño de Oceanografía, la había defraudado con 5 mil millones de pesos.
Al pobre de Amado Yáñez, empresario en bancarrota en el 2000 y, para el 2003, proveedor favorito de Pemex, la infalible Procuraduría General de la República (PGR), con su “hombre de hierro”, Jesús Murillo Karam, lo mantuvo bajo custodia en su incómoda casa de Acapulco.
Durante esos días, el “hombre de hierro”, el inquebrantable y astuto procurador “logró” sustentar las pruebas que llevarían a un juez a otorgarle la orden de aprehensión. El intelecto de Murillo Karam escudriñó, a lo largo de 40 noches, diversas causas penales y posibles delitos a imputar.
La primera posibilidad fue acusarlo por delincuencia organizada, pues no en balde cuando Amado Yáñez se presentó por su propio pie ante las autoridades fue en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), y es que desde el 13 de febrero la propia PGR hizo circular entre algunos medios de información “el acta” que se abrió contra los cómplices del dueño de Oceanografía.
Efectivamente, la primera investigación salpicaba a políticos y empresarios vinculados con el crimen organizado, entre ellos Martín Díaz Álvarez y los hermanos Oscar y Javier Rodríguez Borgio, dueños de 15% de las acciones de Oceanografía a través de la empresa Energy Group México.
El primero, sobrino de Francisco Gil Díaz –secretario de Hacienda en el gobierno de Vicente Fox–, y el segundo, empresario gasolinero metido a casinero, fueron acusados, según el acta PGR/SIEDO/AC/UEIORPIFAM/74/2013, de lavado de dinero y delincuencia organizada por andar comprando gasolina “ordeñada” a ductos de Pemex por el crimen organizado.
Con apenas 15 días de diferencia, Citigroup informó que Oceanografía –de la que es dueño Amado Yáñez y en la que Martín Díaz Alvarez y los hermanos Rodríguez Borgio poseen 15% de las acciones– había sido defraudada con 585 millones de dólares.
El escándalo lo destapó una firma estadunidense, el anuncio se hizo en la Unión Americana pero, unos 15 días antes, alguien ajeno a la PGR lanzó la primera pieza del rompecabezas al revelar el acta de la PGR que involucraba a los accionistas de Oceanografía.
La rapidez con la que emergieron las pruebas en contra de Oceanografía y todos sus socios provocó que el “hombre de hierro”, acompañado de Emilio Lozoya, director de Pemex, comparecieran ante la Cámara de Diputados y ahí aceptaran que sí, que efectivamente se estaba indagando por varios delitos a todos los accionistas de la empresa defraudadora.
Detenido Yáñez, desaparecidos los hermanos Rodríguez Borgio y “autoexiliado” Martín Díaz Alvarez, la PGR lanzó su manto protector: el “hombre de hierro”, el mismo que al hablar ante diputados parecía inhibir hasta a los más aguerridos legisladores, Murillo Karam, pidió 40 días y 40 noches para urdir un nuevo plan.
Y es que Amado Yáñez, retenido en su mansión de Acapulco, Guerrero, tuvo horas suficientes para hablar de sus negocios con el gobierno, con políticos, con panistas y por supuesto con los priistas que de nuevo están en la jugada del poder.
Entonces, el “hombre de hierro” se derritió y sin pudor alguno aceptó que las “grandes pruebas” contra Amado Yáñez se circunscriben a la violación de algunas leyes crediticias y que él no, más bien un juez, decidió imponer al empresario una fianza de poco más de 80 millones de pesos.
Como es sabido, el acusado puede depositar 10% de la caución y con ello salir libre para, en el caso particular de Amado Yáñez, seguir desde Acapulco su proceso acusatorio.
El astuto procurador hubo de asumir las burlas ante la opinión pública y cínicamente deslindarse de la baja fianza que fijó un juez. Él cumplió con su deber al allegarse de pruebas acusatorias para lograr la orden de detención, y si el juez decidió que con una fianza de 80 millones de pesos bastaba, pues eso ya forma parte de las retorcidas leyes mexicanas.
El caso no se puede dejar en el olvido. No se puede dar carpetazo al expediente que prometía llevar a la gloria a Murillo Karam y, en cambio, lo ha expuesto a la vergüenza pública, al ridículo.
Porque hablar de lavado de dinero, delincuencia organizada, “ordeña” de ductos de Pemex, casinos, cajas de ahorro involucradas… y terminar reduciendo los cargos a una enclenque acusación de violación a las leyes crediticias, no puede sino generar suspicacias.
La simplicidad con que actúa el gobierno de Peña Nieto y el achicamiento del “hombre de hierro” en el caso Oceanografía no pueden más que provocar dudas y llevar a pensar si algún expresidente de México no estará involucrado en toda esta red de complicidades. De otra manera no se explicaría uno el absurdo con que pretende el gobierno federal cerrar este caso.
Aún faltan algunas resoluciones de personajes involucrados en este tema, pues algunos puntos se dirimen por medio del amparo en donde las audiencias se retrasan y retrasan, quizá para dar tiempo a componendas políticas, a complicidades políticas o a salidas políticas… como la de Amado Yáñez y su pequeño fraude a la ley.
Si el “hombre de hierro” quedó convertido en una caricatura ministerial, entonces no queda otra más que escudriñar entre papeles, juzgados y empresarios para ver si ahí se encuentra la punta de la madeja de Oceanografía, misma que pasó de ferozmente panista a sumisamente priista.
Twitter: @jesusaproceso
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