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| Los ataudes de Magdalena y Elías Reyes Salazar frente a la Fiscalía General de Chihuahua en febrero de 2011. Foto: Ricardo Ruíz |
CHIHUAHUA, Chih. (apro).- El gobierno César Duarte Jácquez tiene varios pendientes con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el último de ellos relacionado con el caso de los crímenes perpetrados en distintos momentos contra siete integrantes de la familia Reyes Salazar, cuya investigación dejó mucho que desear.
En su recomendación83/2013 emitida el pasado 23 de diciembre, un día antes de la Navidad y sin difusión alguna, la CNDH encontró que al menos una decena de agentes del Ministerio Público fueron omisos y negligentes en la integración de las averiguaciones previas y en la investigación de cada uno de los casos.
Peor aún: El organismo defensor de los derechos humanos exhibió la indolencia de las autoridades estatales y federales al asegurar que el Estado mexicano fue incapaz de proteger a los familiares sobrevivientes, a pesar de las denuncias que hicieron por amenazas e incendios en sus viviendas, hechos que tampoco fueron investigados.
Esta recomendación se suma a la del caso de Marisela Escobedo Ortiz y su hija Rubí Marisol Frayre Escobedo, quienes también fueron asesinadas.
El pasado miércoles 19 el consejero Jurídico del gobierno estatal, Mario Trevizo Salazar, aceptó en su totalidad la recomendación emitida por la CNDH por el caso Reyes Salazar, lo que implica investigar la actuación nada menos que del Fiscal General de la Zona Norte, Jorge Enrique González Nicolás, a quien la CNDH acusa de no haber investigado los asesinatos de los siete integrantes de la familia Reyes Salazar y de dejar inactivas durante meses e incluso años las carpetas de investigación.
En el capítulo de recomendaciones, la CNDH recomienda al gobierno estatal brindar la asistencia médica, psicológica, social y material necesaria a los familiares de las víctimas.
Asimismo, otorgar medidas de protección urgentes para los integrantes de la familia agraviada que residen en otra entidad federativa.
Además, subraya que la Fiscalía tiene que enmendar los errores cometidos en la integración de las carpetas de investigación de cada uno de los siete homicidios y coadyuvar con la CNDH para deslindar responsabilidades y proceder penalmente contra los servidores públicos que incurrieron en actos de omisión y negligencia en la indagatoria.
En el caso de los familiares desplazados, el gobierno estatal deberá otorgar las medidas pertinentes para que se respeten sus derechos humanos o, bien, les brinden la ayuda necesaria en caso de que deseen regresar a su lugar de origen.
Y de la misma manera que lo hizo con el caso de Marisela Ortiz, la CNDH pidió que se instrumente un Programa Integral de Capacitación y Formación en Materia de Derechos Humanos dirigido a todo el personal del gobierno del estado de Chihuahua.
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