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| García Luna, Calderón y Mouriño durante un acto de la Policía Federal el 16 de junio de 2008. Foto: Eduardo Miranda |
MÉXICO, D.F. (apro).- La monstruosa impunidad en México impedirá que Vicente Fox y Felipe Calderón sean juzgados como cómplices de Joaquín “El Chapo” Guzmán, pero no hay modo de que escapen a un sustentado dictamen popular: Fue el capo favorito de los gobiernos del PAN.
La responsabilidad de Fox y Calderón con el narcotraficante recapturado por Enrique Peña Nieto no es sólo política, sino criminal: Ambos supieron en sus respectivas administraciones de la red que facilitó su fuga, el 19 de enero de 2001, y contribuyeron a la consolidación de su imperio delincuencial.
Los integrantes de esta red no sólo no fueron sancionados, sino que alcanzaron posiciones prominentes en los dos gobiernos, desde Santiago Creel y Jorge Tello Peón, secretario y subsecretario de Gobernación con Fox, hasta Juan Camilo Mouriño, Mario Arturo Acosta Chaparro –muertos ambos–, Guillermo Galván y Genaro García Luna con Calderón…
Con Fox, el gran impostor que ahora promueve la legalización de la droga y llama “zonzos” a quienes le reprochan la fuga, El Chapo tuvo toda la movilidad para que el cártel de Sinaloa –bajo el control de Ismael “El Mayo” Zambada y Juan José “El Azul” Esparragoza– pudiera extender su influencia en el territorio nacional, aunque con Calderón alcanzó ramificaciones mundiales.
Hasta donde se sabe, inepto hasta para eso, Fox no pactó con las organizaciones criminales y capos como El Chapo, pero quien sí lo hizo –y hay evidencias abundantes– fue Calderón, luego de que era ya evidente el fracaso bélico que instrumentó para buscar la legitimidad que no le confirieron los mexicanos.
El negociador de Calderón con los cárteles de la droga fue el general retirado Mario Arturo Acosta Chaparro, acusado desde los sesenta de torturador y asesino, cuya misión fue convencer a los capos de disminuir la violencia que la estrategia generó, si bien la apuesta fue proteger a Guzmán.
Información en este sentido la publicó Anabel Hernández en su libro “Los señores del narco”, cuyo adelanto se pudo leer en las páginas de Proceso en su edición 1778 del 27 de noviembre de 2010, según la cual, a principios de 2008, Calderón inició contactos con Guzmán Loera a través de Juan Camilo Mouriño, entonces jefe de la Oficina de la Presidencia, cuyo intermediario era el “General X”.
En una reunión de este “General X”, celebrada en 2008, El Chapo le confesó que se fugó del penal de Puente Grande, Jalisco, con la ayuda de tres personajes prominentes, que están totalmente impunes.
Uno fue Joaquín Hendricks Díaz, exgobernador de Quintana Roo, quien trasladó a Guzmán del penal de La Palma al de Jalisco en su calidad de director de Ejecución de Sentencias de la Dirección General de Prevención y Readaptación de la Secretaría de Gobernación, cuando el titular era el priista Francisco Labastida.
Otro implicado en la fuga, que le reveló el narcotraficante al “General X”, fue Rafael Macedo de la Concha, exprocurador General de la República, quien encomendó la investigación de la fuga a quien era director de la Agencia Federal de Investigación (AFI), Genaro García Luna.
Y el tercer implicado en la fuga fue, según “El Chapo”, Jorge Tello Peón, subsecretario de Gobernación, quien fue el “maestro” de García Luna en el Cisen y su impulsor ante Mouriño para ser el titular de la SSP. El propio Tello se convirtió en asesor de Calderón.
Entre la información que “El Chapo” le dio al “General X”, de acuerdo con Hernández, está la referida a que Mouriño y su coordinador de asesores en la Secretaría de Gobernación, Ulises Ramírez Núñez, vendieron a los Beltrán Leyva la plaza del Estado de México en 10 millones de dólares, pese a que ya estaba comprometida con el cártel de Sinaloa.
Una semana después de este adelanto del libro de Hernández, en diciembre de 2010, Jorge Carrasco, reportero de Proceso, publicó que en realidad el “General X” era Acosta Chaparro, quien también estableció comunicación con otras organizaciones como el cártel de Juárez, la Familia Michoacana, los Beltrán Leyva y Los Zetas, cuando éstos aún eran parte del Cártel del Golfo.
Acosta Chaparro, según la información de Carrasco jamás desmentida, se reunió con los capos Heriberto Lazcano, “El Lazca”, Miguel Ángel Treviño, “Z-40”, con quienes habló sobre una eventual tregua con el gobierno federal. “Te viene a ver un general del Ejército. No puede venir de parte de nadie más que del presidente”, refieren los informantes que dijo el general.
También lo hizo con Vicente Carrillo, jefe del Cártel de Juárez, así como con Arturo Beltrán Leyva, “El Barbas”, y Édgar Valdez Villarreal, “La Barbie”.
La información de Carrasco establece que la última gestión de Acosta Chaparro fue ante “El Chapo” Guzmán. En esa ocasión, el general Galván le propuso que se pusiera un GPS, un chip localizador. “No, Memo, yo soy negociador, no traidor”, le dijo el general retirado.
Acosta Chaparro sería asesinado en abril de 2012, en pleno proceso electoral, y unos meses después, el 27 de noviembre de ese año, el diario “Reforma” publicó una carta de Edgar Valdés Villarreal, “La Barbie” en la que ratifica que Calderón quería pactar con los narcos a través de Acosta Chaparro.
En la carta acusó también a García Luna de recibir dinero del narcotráfico, lo mismo que sus principales colaboradores en la Secretaría de Seguridad Pública, como Facundo Rosas, actual secretario de seguridad de Puebla que gobierna el panista Rafael Moreno Valle.
Sentenció “La Barbie”: “Yo pude haber hecho lo que haya hecho pero ellos, los funcionarios públicos que menciono, también son parte de la estructura criminal de este país”.
Apuntes
Y sí, capturado el narco del panismo, no se ve que pueda cambiar la estructura criminal de este país, menos con Peña…
Comentarios por Twitter: @alvaro_delgado
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