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| Claudio X. González |
Mexicanos Primero –organismo que aglutina a empresarios como Emilio Azcárraga, Fernando Landeros y Claudio X. González, de Televisa– y la OCDE dictaron línea por línea la iniciativa de reforma educativa que impulsó Enrique Peña Nieto y aprobó el Congreso. Documentos de ambas instancias demuestran lo anterior, lo mismo que los profesores disidentes ya habían advertido y en lo que coinciden especialistas del ramo. El gobierno parece decidido a privatizar no sólo los hidrocarburos y la generación eléctrica, sino también la educación, y para ello tiene un plan que incluye, por supuesto, el linchamiento mediático de quienes se oponen.
La reforma educativa, carta de legitimación en el arranque del sexenio y punto más celebrado por Enrique Peña Nieto en el mensaje que dirigió a la nación con motivo de su primer informe de gGobierno, fue redactada para satisfacer los lineamientos impulsados por varios de los hombres más ricos del país –a través de Mexicanos Primero– y por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Así lo han denunciado expertos en la materia y en distintos momentos también los profesores del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que la califican de reforma laboral-administrativa de corte empresarial.
Los documentos de la OCDE Mejorar las escuelas: Estrategias para la acción en México (2010), Establecimientos de un marco para la evaluación e incentivos para docentes: Consideraciones para México (2011), México: Mejores políticas para un desarrollo incluyente (2012) y Getting It Right: Una agenda estratégica para las reformas en México (2012), así como el estudio Ahora es cuando: Metas 2012-2024, elaborado por Mexicanos Primero, confirman acuerdos y reflejan directrices de la reforma educativa y las acciones que en esa materia ha asumido el gobierno federal.
Los documentos de la OCDE, que suman miles de cuartillas de análisis y recomendaciones para aplicar reformas en México –no sólo en materia educativa sino fiscal, energética y de telecomunicaciones, entre otras–, responden a convenios con Felipe Calderón signados en 2008 y se derivan del Acuerdo de Colaboración Estratégica entre México y la OCDE, firmado por Enrique Peña Nieto en septiembre de 2012, donde se pacta la participación de ese organismo internacional para el diseño de las reformas de este gobierno.
De los textos de la OCDE destacan las recomendaciones para la profesionalización, contratación, selección y evaluación de docentes, reflejada en el artículo 4 de la controvertida Ley del Servicio Profesional Docente (LSPD): incrementar la autonomía escolar, contenida en la reforma al tercero constitucional, transitorio quinto, fracción III; fortalecer el sistema de evaluación, rendición de cuentas y de mejoramiento para estudiantes, docentes y escuelas, que se aborda en la misma reforma al tercero constitucional, así como en la sección 6 referente a la “vigilancia, transparencia y rendición de cuentas” de la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE).
Por su parte el estudio de Mexicanos Primero no se limita a fijar líneas, sino que calendariza los tiempos en que se requieren las medidas.
En Ahora es cuando: metas 2012-2024, publicado dos meses después de la elección de Enrique Peña Nieto como presidente, se demanda, entre las finalidades a corto plazo, la profesionalización docente –cristalizada en la LSPD– y la recuperación de la rectoría del Estado sobre la educación, lo primero que dispuso el priista al asumir el gobierno.
Para 2012 el texto pedía el nombramiento de un secretario de Educación sin ataduras con el SNTE. Se nombró a Emilio Chuayffet, enemigo de Elba Esther Gordillo, quien encabezaba ese gremio.
Para 2013 requirió dar plena autonomía al INEE, con atribuciones para diseñar una evaluación docente obligatoria, lo que se logró con la reforma y se detalla en la ley secundaria que se aprobó para ese instituto. Cabe resaltar que para presidirlo se eligió a la maestra Sylvia Schmelkes, quien aparece en este documento como parte del Consejo Académico de Mexicanos Primero y fungió como presidenta del Consejo Asesor de la OCDE, el que elaboró varios de los documentos aquí citados.
Para este mismo año solicitaron la publicación de un censo de maestros. Este quedó establecido en la reforma al artículo tercero constitucional, transitorio quinto, fracción I y detallado en la Ley del INEE, y comenzará a realizarse el próximo lunes 23.
Y por último, para este mismo periodo se planteó la necesidad de una reforma jurídica a la Ley General de Educación, hoy consolidada, así como de rendición de cuentas y la determinación de sanciones para los trabajadores de la educación, previstas en la LSPD.
Sorprende la exactitud con la cual los deseos de Mexicanos Primero –cuyo patronato lo forman algunos de los empresarios más poderosos del país– se han cumplido.
Los patronos del organismo, hasta la publicación de la lista de metas que plantea Ahora es cuando…, son: Emilio Azcárraga Jean, presidente de Grupo Televisa; Claudio X. González, exvicepresidente corporativo y de la fundación de esa misma empresa, hijo del presidente de Kimberly Clark México y cabeza de las más influyentes agrupaciones de hombres de negocios en el país; Carlos Hank González, director general del Grupo Financiero Interacciones y de Grupo Hermes, nieto y homónimo del exgobernador priista del Estado de México.
También están Alejandro Bailleres Gual, directivo de Grupo BAL, que concentra Industrias Peñoles, Palacio de Hierro, GNP y otras empresas, hijo de Alberto Bailleres González, segundo hombre más rico de México y, según la revista Forbes, el número 32 del mundo; Carlos Fernández González, presidente de Grupo Modelo; Eduardo Haro Tricio, presidente de Grupo Lala, Grupo Aeroméxico y miembro del Consejo de Administración de Televisa; Alejandro Ramírez Magaña, presidente de Cinépolis; Sissi Harp, hija de Alfredo Harp Helú y presidenta de la fundación que lleva el nombre de su padre.
Además Daniel Servitje Montull, presidente de Grupo Bimbo; los banqueros Marcos Martínez Gavica e Ignacio Deschamps González, presidente ejecutivo de Grupo Financiero Santander y expresidente de la Asociación de Bancos de México, respectivamente; Agustín Coppel Luken, presidente de Grupo Coppel; José Antonio Fernández Carbajal, presidente de FEMSA; Fernando Landeros, presidente de la Fundación Teletón, y Alicia Lebrija, presidenta ejecutiva de Fundación Televisa.
Embates mediáticos
Los embates que se han reproducido en distintos medios respecto a los profesores que se oponen a la reforma educativa no son casuales. En el apartado 3.2, referente a la profesionalización docente, del documento Ahora es cuando…, se lee:
“Se debe comprometer a una alianza de anunciantes y medios de comunicación masivos para que a todo lo largo del periodo 2012-2024 impulsen sistemáticamente campañas, programación y actividades de valoración social de la profesión, para fijar la docencia como servicio a un bien público de primera magnitud.”
La campaña en torno al magisterio se ha llevado a cabo con valoraciones exclusivamente negativas. A esta corresponden distintas iniciativas impulsadas por Mexicanos Primero y grupos empresariales como Primero los Niños, que suma firmas de protesta por las distintas prácticas de los maestros de la CNTE en Guerrero, Michoacán y Oaxaca; Juntos por la Educación, que periódicamente publica desplegados a favor de la reforma educativa; o Fin al Abuso, la cual “demanda juicio de amparo en contra de los pagos a comisionados sindicales y pagos ilegales en educación.
Esta última se desprende de la cinta que produjo Mexicanos Primero con el título De panzazo, lanzada en 2012 y exhibida por el grupo Cinépolis, para la cual se contrató al conductor de Noticieros Televisa Carlos Loret de Mola, similar al documental Esperando a Superman (2010), que produjo en Estados Unidos el multimillonario Bill Gates para señalar problemas educativos en su país.
Precisamente en el programa de Loret de Mola, en el canal 2, la mañana del 28 de agosto salió al aire Claudio X. González para presionar la aprobación de la entonces comprometida LSPD, advirtiendo al Ejecutivo federal que, de no aprobarse, sería una “señal negativa”.
“(Aprobar la LSPD) es un imperativo para la aspiración de reformas de la administración de Peña Nieto. Si no pasa la reforma educativa, qué aspiraciones tienen ellos de que pasen las reformas energética y fiscal. Ya se está jugando mucho en esta reforma y es indispensable que venga adelante. Tiene que recuperar la iniciativa el Ejecutivo…”, dijo.
El presidente de Mexicanos Primero les recordó a los legisladores: “Ésta (la LSPD) es el corazón de la reforma educativa”, frase recurrente entre los conductores y analistas de política en Televisa en sus espacios informativos y programas especiales, como el que condujo Joaquín López Dóriga, con la participación de Héctor Aguilar Camín, Jorge G. Castañeda y Federico Reyes Heroles (miembro del Consejo Académico de Mexicanos Primero), en el cual cuestionaron la no intervención de la fuerza pública para detener las protestas del magisterio disidente.
El martes 27, los maestros de la CNTE habían bloqueado la entrada a las instalaciones de Televisa Chapultepec y de Televisión Azteca por considerar que ésta también ha sido parte de la “campaña de linchamiento en su contra”. Recordaron que el 31 de marzo el equipo de futbol de esa televisora, Monarcas Morelia, salió a la cancha vistiendo playeras blancas sobre su uniforme con una tarjeta de expulsión dibujada en el pecho y la leyenda: “A los malos maestros”.
El lunes 2 se publicó un desplegado a doble página en los principales diarios del país, firmado por Mexicanos Primero. En letras rojas y negras, predominantes las mayúsculas, se dirigía al “Señor presidente”, el “señor Jefe de Gobierno del Distrito Federal” y los “señores legisladores”: “Es grave bloquear la vialidad, pero aún más bloquear el futuro de nuestros hijos. ¡Ni un paso atrás en la Ley del Servicio Profesional Docente!”.
Sobre esa campaña advirtió Elba Esther Gordillo el 16 de octubre pasado, durante el último Congreso Nacional del SNTE que presidió, en Quintana Roo, sintiendo que el liderazgo en donde la impuso Carlos Salinas de Gortari en 1989, y desde el cual se enriqueció, corría peligro (Proceso 1877).
“Con evidentes objetivos políticos e intereses de los poderes fácticos, a últimas fechas se ha desplegado una campaña mediática contra los maestros y contra su organización. Los argumentos son básicamente dos: Que los maestros son los responsables de la mala calidad educativa y que su sindicato ha bloqueado toda iniciativa que tenga como fin su mejoramiento, afirmaciones a todas luces falsas. (…)
“¡Que no nos quiera revisar Mexicanos Primero! ¡Que rindan cuentas de Bécalos! ¡Queremos cuentas de Bécalos! ¡Queremos cuentas de las asociaciones que, simulando querer ayudar a la educación pública, lo que les interesa es el negocio”, dijo eufórica en referencia al programa de becas escolares de Fundación Televisa, del cual fue responsable Claudio X. González, para la que se piden donativos en los cajeros electrónicos.
Gordillo abordó ese mismo tema en un documento que entregó a la Cámara de Diputados el 3 de septiembre de 2012, que firmó con ella Juan Díaz de la Torre, entonces secretario general del SNTE y mano derecha de la profesora.
“¿Cómo pretende erigirse en paladín de los recursos públicos y de la educación en México quien elude el pago de impuestos a través de esquemas como Bécalos (cuyos ingresos aporta la sociedad y él los aprovecha convirtiéndolos en deducibles de impuestos para dicha organización); quien además respalda programas televisivos donde se ridiculiza a los maestros y se humilla a los estudiantes, representándolos con personajes burdos y tontos?”, acusa el documento.
Gordillo fue encarcelada el 26 de febrero de 2013, acusada de operación con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. Díaz de la Torre fue impuesto en el lugar de su mentora y desde entonces dirige el SNTE, alineado ya con el gobierno.
Educación privada
En el sitio en internet de Mexicanos Primero, el apartado “¿qué queremos?” refleja el perfil empresarial de su patronato y su deseo al incursionar en el ámbito de la educación nacional. “Un México que compite y crece económicamente”, dice el primero de siete puntos.
“La educación es uno de los principales factores que impulsan la productividad y el crecimiento a largo plazo es contar con una fuerza laboral altamente calificada”, dice la presentación del capítulo que dedica a la educación la OCDE en su estudio más reciente sobre este país, Getting It Right: Una agenda estratégica para las reformas en México.
La intención de organizaciones como la que preside Claudio X. González y la OCDE, encabezada por el exfuncionario priista José Ángel Gurría, al intervenir en la elaboración de la reforma educativa, dice el especialista Hugo Aboites, doctor en educación por Harvard, “es convertir al sistema educativo nacional en un centro nacional de capacitación de la fuerza laboral”.
En contraparte, explica en entrevista, la permisividad del gobierno federal para que estos poderes económicos influyan en la educación es para “garantizar la entrada de capitales, una especie de certificación de México como un país donde se puede invertir de manera segura”, alerta Aboites, quien asegura que la intervención de estos organismos empresariales significa la pérdida de la conducción del Estado mexicano respecto a la educación.
“Se está cediendo la rectoría de la educación a un organismo internacional como la OCDE y a un grupo con carácter empresarial, como Mexicanos Primero. Y más grave aún, con esta reforma educativa, sus intereses están llegando, como nunca antes, hasta la misma Constitución”, dice a Proceso.
Por su parte la catedrática de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, Raquel Sosa, advierte que la Ley del INEE, en su autonomía, le permite establecer convenios con sectores privados que pueden resultar negocios multimillonarios, entre otras cosas en la elaboración de las evaluaciones que prevalecerán en el sistema educativo.
Como ejemplo, señala que durante el sexenio de Vicente Fox el gobierno federal gastó cerca de “7 mil millones de pesos” en el pago a la evaluadora canadiense Mackenzie por sus servicios.
El ingeniero Manuel Pérez Rocha, exrector de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, es tajante. Dice a este semanario: “Las reformas que se hicieron son la copia, al pie de la letra, de lo que dictaron Mexicanos Primero y la OCDE, que se centran sólo en matemáticas, español y ciencias y dejan fuera de sus evaluaciones las humanidades. Es lo que pidieron y al gobierno le conviene. Hay un interés de carácter ideológico. No quieren formar ciudadanos críticos en un país donde se compran votos y se manipula a tanta gente. Por eso también criminalizan a los sectores que protestan”, concluye.
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