Manuel e Ingrid se cebaron en las poblaciones más vulnerables, como en anteriores sexenios en el caso de otros meteoros. El gobierno de Peña Nieto no tiene la novatez ni la sorpresa como excusa: la Comisión de Protección Civil de la Cámara de Diputados propuso cambios al presupuesto de este año para destinar recursos a la prevención en varios estados, pero fueron rechazados por las cúpulas de los partidos del Pacto por México. Incluso los patrones de la OCDE hicieron recomendaciones en el mismo sentido, y tampoco fueron escuchados.
La negligencia del presidente Enrique Peña Nieto y funcionarios de su gobierno, el incumplimiento del Sistema de Alerta Temprana a pesar de la peligrosidad del fenómeno climático y el desdén al protocolo de la Ley General de Protección Civil empeoraron los daños de los meteoros Manuel e Ingrid a la población, sostienen legisladores federales.
Uno de ellos, Alfonso Durazo Montaño, presidente de la Comisión de Protección Civil de la Cámara de Diputados, precisa: “Parece absurdo que en un puente en el cual ya se esperaban dos grandes ciclones un punto como Acapulco se haya llenado de turistas nacionales y extranjeros; la única razón que explica eso es una alerta tardía que yo no atribuiría a limitaciones técnicas, sino a la negligencia de algún funcionario”.
Conocedor de la Ley General de Protección Civil y los diques burocráticos que dificultan el envío de ayuda financiera del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) y del Fondo de Prevención de Desastres Naturales (Fopreden), el entrevistado reclama que no se haya emitido “una alarma nacional” ni convocado a todos los medios de comunicación para reducir los riesgos.
Por ello, dice, se debe revisar si hubo una deficiencia técnica, “para corregirla”, o si fue negligencia de algún funcionario, como él supone.
A su vez, el diputado petista Manuel Huerta, quien fuera coordinador de Protección Civil en la delegación Iztapalapa y asesor en materia de vivienda en riesgo de 2007 a 2009, lamenta que los miembros del Sistema Nacional de Protección Civil no hayan actuado oportunamente, ya que “ellos debieron detonar los protocolos de emergencia y lanzar alertas, pero no lo hicieron aun cuando tenían información clara desde el miércoles 11”.
Desde el año 2000 en México se implantó el Sistema de Alerta Temprana para Ciclones Tropicales, que permite anticipar por 72 horas la magnitud y los riesgos de dichos fenómenos meteorológicos a fin de alertar a los pobladores a través de los medios de comunicación.
Huerta, veracruzano y con experiencia en la materia, comenta los comunicados que emitió a partir del miércoles 11 el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), y que dieron pie al Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) para activar los protocolos.
En ese primer comunicado, el SMN alertó de la combinación de dos sistemas de baja presión con potencial ciclónico. Para el jueves 12, detalla Huerta, “debido a la situación (el SMN) sugiere a la población extremar precauciones porque estos fenómenos podrían ocasionar encharcamientos en zonas urbanas y deslaves en regiones montañosas, así como posibles avenidas en ríos y arroyos”.
El viernes 13 el SMN “pide a la población continuar atenta a los llamados de Protección Civil, y a quienes acudirán a centros vacacionales durante el puente de las fiestas patrias, (les recomienda) extremar precauciones en el mar y en los ríos cercanos…También en zonas urbanas, que pueden registrar inundaciones y encharcamientos, y en áreas montañosas por los posibles deslaves”.
Pese a los avisos del SMN, prosigue Huerta, el Sinaproc no alertó a la población.
Además, enfatiza, existe registro de que ese viernes, a las 15:30 horas, se reunió el Grupo Interinstitucional para Ciclones Tropicales integrado por funcionaros de la Secretaría de Salud, Conagua, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), la Secretaría de Turismo (Sectur) y la Policía Federal (PF). “Se reúnen, sí, pero ¿de qué sirve si no alertan a la población y no saben qué hacer con el fenómeno que ya tenían encima?”, cuestiona Huerta.
Todavía el sábado 14 el SMN comunicó que tanto Manuel como Ingrid “podrían tocar tierra durante la mañana del domingo y el lunes”. Cerró con la previsión de “un 15 de septiembre lluvioso en la mayor parte del país”.
“¿Lluvioso? –se encrespa Huerta– ¡Pero si para ese día la tragedia ya iba en avance y se perfilaba el desastre sin que la población se percatara de la magnitud!”
El Sinaproc se reunió hasta los días 14 y 15. Luis Felipe Puente, coordinador nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, “ofreció una conferencia de prensa para informar de la instalación del Comité Nacional de Emergencias para prevenir y atender posibles desastres”.
Al igual que el presidente de la Comisión de Protección Civil, Durazo Montaño, el diputado Huerta exige “evaluar y determinar si la reacción del Sinaproc atendió en tiempo y forma la necesidad de adoptar medidas precautorias para evitar los daños ocasionados por los fenómenos meteorológicos”.
La responsabilidad del Sinaproc no sólo corresponde a Luis Felipe Puente, coinciden Durazo Montaño y Huerta; le atañe directamente al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, ya que según el artículo 7 de la Ley General de Protección Civil el Ejecutivo debe “asegurar el correcto funcionamiento del Sinaproc (y) dictar lineamientos generales para coordinar las labores de protección”, además de “establecer estrategias y políticas basadas en el análisis de los riesgos… e intervenir para reducir riesgos existentes”.
Incluso, el Ejecutivo federal tiene que “incluir en el presupuesto de cada ejercicio fiscal recursos para el óptimo funcionamiento y operación de los instrumentos financieros (como el Fonden y el Fopreden)… y apoyar acciones preventivas”.
Estrategia errada
Uno de los reclamos del diputado Durazo Montaño es precisamente que “el gobierno está invirtiendo los roles, pues dedica de 10 a 20 veces más dinero para atender las consecuencias de un efecto climático que a la prevención mediante la cual se puede minimizar las consecuencias negativas”.
Como ejemplo, informa que en los 10 últimos años se han destinado 141 mil millones de pesos a paliar los efectos nocivos de los desastres naturales y sólo 7 mil millones a obras e infraestructura para prevenir sus daños.
De hecho, este año la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) recomendó al gobierno mexicano “cambiar el enfoque concentrándose en la prevención de riesgos (…) para detener o reducir los daños antes de que ocurran y (…) darle un lugar preponderante a la adaptación al cambio climático”.
De acuerdo con el Estudio de la OCDE sobre el Sistema Nacional de Protección Civil en México (2013), “el territorio mexicano está expuesto a un alto nivel y a una gran variedad de peligros generados por fenómenos naturales y la actividad humana. Las características geográficas y topográficas generan una gran exposición a diversos peligros naturales de gravedad y de relativa frecuencia, como terremotos, tormentas tropicales e inundaciones.
“Adicionalmente, la existencia de grandes disparidades relacionadas con factores como la riqueza o los niveles de ingreso y educación han generado las condiciones necesarias para la presencia de altos niveles de vulnerabilidad.”
Aunque las recomendaciones de la OCDE concuerdan con las propuestas del presidente de la Comisión de Protección Civil de la Cámara de Diputados, éste afirma que el gobierno federal y los coordinadores parlamentarios del PRI, el PAN y el PRD se han negado a avanzar en ese sentido.
Por el contrario, señala Durazo Montaño, en la discusión del presupuesto para el presente año las cúpulas de los tres partidos mencionados rechazaron que se destinaran recursos para realizar obras de infraestructura y prevenir riesgos, para adquirir vehículos de auxilio destinados a municipios pobres o que están en zonas de riesgo, así como para encauzar ríos, levantar bordos y edificar centros de capacitación y entrenamiento especializado en gestión integral de riesgos.
Los 22 diputados de la Comisión de Protección Civil (del PRI, el PAN y el PRD, y Durazo Montaño, de Movimiento Ciudadano) aprobaron modificaciones al presupuesto para solventar medidas de prevención como las mencionadas; sin embargo, revela su presidente, “todo fue inútil porque se desecharon. Entre los coordinadores parlamentarios tomaron la decisión de no modificar nada del presupuesto y todo nuestro trabajo se fue al bote de la basura; hoy buscamos la manera institucional de incidir”.
Para no contrariar al secretario de Hacienda y Crédito Púbico, Luis Videgaray, y al presidente Peña Nieto, los tres partidos mayores rechazaron obras en la hoy devastada ciudad de Acapulco; en Tixtla, Tabasco, y en 13 municipios de Veracruz donde planeaban establecer el programa “municipio seguro”. También se frustraron así varias obras en el Distrito Federal, en el municipio mexiquense de Cuautitlán Izcalli, así como en Sonora, Baja California y tres demarcaciones de Jalisco.
Más vale Fopreden que Fonden…
Otro de los problemas que enfrentan las zonas devastadas después de un fenómeno climatológico es la falta de recursos para la reconstrucción y la ayuda inmediata a la población, de ahí que la Comisión de Protección Civil propondrá “flexibilizar las reglas de operación” de los instrumentos financieros federales.
El objetivo es que el Fonden “deje de ser un arrimado de los excedentes petroleros”, dice Durazo Montaño; es decir, que los mecanismos para tener acceso a los excedentes petroleros no sean contingentes sino que se establezca un porcentaje o monto mínimo “o, de lo contrario, se cree un fondo de estabilización que vaya creciendo año con año y lo no utilizado se acumule para atender eficazmente años atípicos como el actual”.
En cuanto al Fopreden, añade, tiene como regla que el municipio afectado aporte 50%. Sin embargo, argumenta, Acapulco hoy está sumamente endeudado y no tiene dinero. “¿Cómo va a tener acceso a dichos recursos si no tiene lo que le corresponde aportar?”. Por eso la comisión propondrá a la Secretaría de Hacienda que a partir de cierta magnitud de desastre se deje de aplicar esta regla de operación.
Además, reitera Durazo Montaño, actualmente el gobierno federal hace lo contrario de lo que indica la OCDE: en 2008 el Fonden tenía 15 mil 474 millones de pesos y el Fopreden 300 millones; los montos fueron acumulándose hasta llegar a 2013 con 7 mil 179 millones de pesos para el Fonden y sólo 323 para el Fopreden.
La importancia que se debe dar a este último fondo debe corresponder a la actualización de los atlas de riesgos, pero no sólo en el nivel federal, sino en cada municipio y con las consecuencias del caso en materia de planeación y desarrollo urbanos:
“Proponemos –continúa el legislador de Movimiento Ciudadano– que las zonas incluidas en el mapa de riesgos estén sujetas a la aprobación específica de las áreas estatal o federal de Protección Civil, de manera que no sigamos viviendo buena parte de los problemas que hoy enfrentamos en el país, como son los deslaves o la construcción de vivienda en zonas de alto riesgo.”
Y ante la evidencia de actos como “la corrupción en la entrega de licencias de construcción, proponemos, sin atentar con las atribuciones de los municipios, buscar que aquellas zonas del mapa tengan una especie de carácter federal, por lo menos para la autorización de construcciones, y así minimizar riesgos ahí”.
Aunque la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional revisa año con año el Atlas Nacional de Riesgos, “contradictoriamente e inexplicablemente” la Comisión de Protección Civil de los diputados no forma parte de ella y desconoce esa importante información, lamenta el entrevistado.
En el citado estudio de la OCDE se recomienda a México actualizar su atlas e incluir en él los impactos del cambio climático: “Una mayor investigación para el análisis de amenazas y vulnerabilidades futuras podría ayudar a planear mejor los retos que se avecinan en la gestión de riesgos en México, no limitándose a eventos pasados, (sino que) debe incluir efectos del cambio climático y las proyecciones demográficas”.
La organización internacional dice en su análisis que en México abundan los asentamientos humanos que, por “inadecuada planeación urbana”, se ubican en riberas o en laderas inestables. De hecho, señala el inadecuado uso de suelo como el reto más apremiante de política pública para la reducción de riesgos de desastre, ya que se diseñan “con poca información sobre los riesgos”.
En el documento se resalta que también se ha generado al respecto un vacío entre la Conagua y los municipios, ya que ninguna de estas instancias toma la iniciativa para evitar o expulsar asentamientos invasores; “y luego de un desastre, como sucedió con el huracán Alex en Monterrey, se vuelven a ubicar en el lugar de riesgo”.
La OCDE atribuye esto a que en México “no se presta suficiente atención a las medidas adecuadas para contrarrestar inundaciones, huracanes y tsunamis con base en el nivel local de riesgo”. Por ello recomienda “invertir más en la prevención de riesgos de desastres después de un análisis minucioso de costos, beneficios y eficacia (…) una medida práctica podría ser un registro de códigos de construcción en las zonas de riesgo”.
También señala la conveniencia de “incluir la identificación expresa de zonas expuestas, así como la homologación de señales a lo largo de la costa del Pacífico que indiquen las rutas de evacuación y las zonas de seguridad”. Consultado sobre esta medida, el diputado Manuel Huerta responde que en el país no existe.
La OCDE apunta, asimismo, que entre más se demore una zona en recuperarse del desastre, “menores serán las posibilidades de que la economía local se recupere. Este es un fuerte argumento para otorgar un financiamiento rápido”.
El desdén del gobierno y del propio Poder Legislativo hacia la protección civil se manifiesta incluso en el hecho de que la comisión correspondiente en la Cámara de Diputados no dispone de oficinas propias. Y en la sesión en que se discutieron los efectos de Manuel e Ingrid, el martes 17 en el pleno, los integrantes de la Junta de Coordinación Política del PRI, el PAN y el PRD impidieron “de manera mezquina” que Durazo Montaño, hoy cercano a Andrés Manuel López Obrador, fijara la posición de la comisión que preside. “Esperemos que lo de las oficinas sea, como dicen, por falta de espacio y no por razones políticas”. Lo otro, dice, fue mezquindad de los coordinadores parlamentarios.
En tanto, antes de que Manuel e Ingrid unieran fuerzas contra el territorio mexicano la OCDE le había advertido al gobierno federal que “los mecanismos de prevención han demostrado ser activos en el manejo de las respuestas ante fenómenos de gran magnitud y que surgen lentamente, como los huracanes, pero nunca se han puesto a prueba en condiciones equivalentes a las del sismo de 1985”.
Esta vez no pasaron esa prueba, dice el diputado Huerta.
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