El gobierno mexicano prepara la incorporación de 138 millones de hectáreas (el 70 por ciento del territorio nacional) al mecanismo internacional Redd+. Aunque la estrategia se encuentra aún en la etapa de discusión y formalmente se someterá a consulta hasta 2014, el país ya recibió 33.8 millones de dólares de dos fondos del Banco Mundial: el Forest Carbon Partnership Facility y el Programa de Inversión Forestal. Con ello, se comprometió a concluir la estrategia y a avanzar por 5 años en las “acciones tempranas” de la Redd+. La Conafor, encargada de la ejecución del proyecto, celebra la “vocación” de todas las áreas naturales protegidas y reservas naturales mexicanas para incorporarse al mecanismo. Asegura que nada se impondrá a las comunidades, pues se realizarán consultas y los campesinos recibirán recursos económicos. Se prepara la usurpación de territorios más grande de todos los tiempos, considera Red Indígena
México cuenta con, al menos, 33.8 millones de dólares para discutir la Estrategia Nacional Redd+ y hacer funcionar pruebas piloto en cinco estados de la República. Los recursos, provenientes de dos fondos multilaterales de los que el Banco Mundial es fideicomisario, comprometen al país en la ejecución del mecanismo de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Evitada (conocida como Redd+) sobre las áreas forestales de todo el país. Con ello, consolida el acceso al financiamiento internacional y su participación activa en el mercado de bonos de carbono.
El gobierno federal –a través de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), organismo público descentralizado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales– trabaja desde 2010 en el documento rector de la Estrategia Nacional de Redd+.
El último borrador que aún se discute, fechado en noviembre de 2012, pretende ser llevado a consulta pública en 2014, no obstante que se espera que Redd+ esté en operación hasta 2020 sobre la totalidad de las áreas forestales mexicanas, incluidas aquellas que se encuentran bajo alguna categoría de protección.
Los recursos son utilizados para el diseño de la Estrategia y pruebas piloto o acciones tempranas Redd+ en cinco estados de la República: Jalisco, Campeche, Quintana Roo, Yucatán y Chiapas.
Redd+ es un planteamiento de los países integrantes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y tiene como objetivo reducir la emisión de gases de efecto invernadero por medio de la conservación de bosques o bien la restauración de las áreas forestales que han sido degradadas.
Se diseña frente a la crisis climática para otorgar compensaciones económicas, por parte de los países del Norte que tienen compromisos de reducción de emisiones en el Protocolo de Kioto, a los países del Sur para mantener en pie sus bosques.
Redd+ parte de la idea de que los bosques son sumideros de carbono al capturar uno de los principales gases de efecto invernadero, el dióxido de carbono (CO2), identificado por la Convención como la principal causa del calentamiento global.
La deforestación, degradación o quema del bosque, permite que se libere el carbono como CO2 o como metano (CH4), lo que contribuye al cambio climático. Es por esto que el mecanismo financia proyectos que evitarían que eso suceda.
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura calcula que los ecosistemas forestales del mundo almacenan alrededor de 289 gigatoneladas (Gt) de carbono. Si se considera el conjunto del carbono almacenado en la madera muerta, la hojarasca y el suelo, la cantidad es mayor que todo el carbono presente en la atmósfera: 652 Gt.
México con potencial en Redd+
En el documento que se prepara, la Conafor califica a México como un país con potencial dentro del programa Redd+. De la superficie total del territorio nacional (196.4 millones de hectáreas), el 70 por ciento está cubierta por ecosistemas forestales (138 millones de hectáreas) y el resto corresponde principalmente a zonas con agricultura, ganadería y áreas urbanas (29.7 por ciento).
Aunque Sergio Graff, coordinador general de Producción y Productividad de la Conafor y secretario del Comité Técnico Consultivo Redd+ (CTC-Redd+), reconoce en entrevista que no existe una evaluación nacional detallada de los diversos procesos de degradación forestal del país y que las causas son múltiples, como la tala ilegal, los incendios forestales o los subsidios gubernamentales para el desarrollo de actividades pecuarias, frutícolas o agroenergéticas, afirma que “la mayor parte del problema ligado a la deforestación y a la degradación está relacionado con las actividades agropecuarias en el medio rural”.
Los bosques y selvas mexicanas se encuentran entre los primeros 24 del mundo con mayor volumen de existencias de carbono en la biomasa forestal viva. “Para 2010 se calcularon en 2 mil 43 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalentes [tCO2e] con un promedio de 32 toneladas por hectárea”. Se aspira a que en 2022 México sea un sumidero neto.
Además, con este mecanismo, las autoridades mexicanas ven en las 174 áreas naturales protegidas existentes nuevas oportunidades.
Para Paloma Neumann, de la Campaña de Bosques y Selvas de Greenpeace México, Redd+ debiera aplicarse prioritariamente en las zonas donde se detecte que haya emisiones de gases de efecto invernadero por deforestación o degradación. “Se supone que si tienes un Área Natural Protegida ya estás conservando y se está dando financiamiento para conservar ese bosque; ¿por qué se necesita financiamiento para reducir emisiones en un área que se supone ya está conservada?”.
—¿No basta con que ya estén bajo alguna categoría de protección? –se le pregunta a Sergio Graff.
—Aunque tengan un decreto están sujetas a presiones de actividades porque la mayor parte de la superficie es propiedad de ejidos y comunidades y hay actividades económicas. Esta Estrategia también coadyuva a que las actividades económicas sean compatibles con la conservación.
Según el Convenio de Diversidad Biológica, alrededor del 15 por ciento del carbono se encuentra almacenado en las áreas protegidas del mundo, por lo que el manejo efectivo y la expansión de estas zonas de conservación pueden contribuir a la mitigación del cambio climático, reduciendo las emisiones presentes y futuras y protegiendo los sumideros actuales.
Territorios indígenas
En México, el 58 por ciento de los bosques son propiedad de los pueblos indígenas y campesinos que los habitan bajo tenencia ejidal o comunal, indican cifras del Centro de Estudios para el Cambio en el Campo de México (Ceccam).
Como una conquista de la Revolución Mexicana de 1910, la mayor proporción de los bosques y selvas del país son propiedad de las comunidades forestales y de los pueblos indígenas.
Dentro de la Estrategia se subraya que el 26.2 por ciento de la superficie de las áreas naturales protegidas federales y estatales del país se encuentran en territorio de pueblos indígenas: más de 2 millones de hectáreas.
Sin embargo, tal como lo indica el Ceccam, los pueblos indígenas y las comunidades rurales no cuentan con títulos formales de propiedad de tenencia sobre estos territorios ni están reconocidos sus derechos sobre los bosques.
La Organización de las Naciones Unidas ha expresado que para el correcto funcionamiento de Redd+ es necesario establecer una posesión clara de la tierra.
Ante este hecho, según la Red Indígena Ambiental Internacional, Redd+ prepara la mayor usurpación de tierras de todos los tiempos. “El riesgo para las comunidades de los bosques es el desalojo de la tierra, su privatización a favor de las corporaciones y las restricciones de uso de su propio territorio, aunque dependen de este hábitat para garantizar su existencia como sociedades y culturas distintas”.
Ejemplo de ello es el programa piloto Redd+ que el exgobernador Juan Sabines Guerrero puso en marcha en 2011 sobre 614 mil hectáreas de selva chiapaneca, y que a decir de la Conafor no forma parte de sus acciones tempranas.
Tal como lo señaló públicamente Juan Sabines, desde que Redd+ llegó a la selva, 100 comunidades han sido desplazadas de su territorio. En enero de 2011, durante la entrega de recursos de Redd+, el exgobernador dijo ante los comuneros “beneficiados” que de los 170 pueblos que permanecían invadiendo alguna reserva, sólo quedaban siete.
Los pueblos en resistencia están dentro de la Reserva de la Biósfera Montes Azules, área declarada en 1978, que se extiende 321 mil hectáreas sobre el territorio chiapaneco. Ahí se refugian del hostigamiento y de la represión militar y paramilitar de la que son objeto.
Aunque la prueba piloto en Chiapas fue presentada como un caso de “éxito”, el 8 de julio pasado Isaí López dio cuenta en una nota de prensa en El Heraldo de Chiapas de la suspensión del proyecto del exgobernador Sabines. “Fue un fracaso. Esa estrategia ya está cancelada, no se tuvieron los resultados que se anunciaron”, dijo Carlos Morales Vázquez, secretario del Medio Ambiente e Historia Natural de la recién llegada administración.
Consulta Pública
Las salvaguardas ambientales y sociales son parte de los principios adoptados por México. Provienen de los Acuerdos de Cancún de la CMNUCC. Entre otros, establecen el cumplimiento al consentimiento libre, previo e informado de las comunidades rurales e indígenas en todos aquellos aspectos de Redd+ que incidan o puedan afectar sus territorios, bienes, derechos individuales o colectivos.
Aunque la Estrategia incluye esta salvaguarda, Edmundo del Pozo, investigador de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, AC, apunta que éste es uno de los temas críticos de la Estrategia.
“Nuestro principal señalamiento es el vacío que hay con relación con el enfoque de derechos humanos y derechos de pueblos indígenas. No estamos en contra de que se recojan las salvaguardas, pero el instrumento normativo de protección a los derechos de las personas afectadas por Redd+, sobre todo a los pueblos indígenas, deben ser los derechos humanos, y las salvaguardas deben ser una normativa complementaria”.
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Fuente: www.contralinea.com.mx Periodismo de investigación http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2013/08/04/mexico-cede-sus-bosques-selvas-redd/
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