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| Maestros bloquean instalaciones de Televisa. Foto: Hugo Cruz |
MÉXICO, D.F. (apro).- Mientras más crecen las protestas del magisterio disidente, la iniciativa privada ejerce mayor presión al gobierno para que actúe en contra de las marchas, plantones y mítines realizados en la Ciudad de México.
Mediante un comunicado, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) exigió a las autoridades actuar contra los docentes que integran la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
“Exigimos a los funcionarios competentes que apliquen la ley, investiguen y sancionen a los culpables de las agresiones físicas a los empleados del Congreso de la Unión y a los periodistas, de los daños a bienes públicos, y a la economía en general ya que quienes realizan plantones, marchas y bloqueos a vialidades primarias afectan a miles de empresas, sus trabajadores y a los ciudadanos”, sentenció el organismo patronal.
No sólo eso, la confederación presidida por Juan Pablo Castañón soltó que “es falsa la disyuntiva entre reprimir y dejar actuar libremente a los violentos. El Estado debe aplicar la ley y posee mecanismos para hacerlo sin reprimir o caer en provocaciones”.
De hecho hizo un llamado a poner fin a la impunidad “que gozan los que protestan por las reformas estructurales”, especialmente ahora que se está a punto de abordar la discusión de la reforma energética y hacendaria.
“El Congreso no puede frenar sus decisiones por la acción de grupos minoritarios que usan la violencia para presionar políticamente”, sentenció.
En los últimos días, los miembros de la CNTE, provenientes de estados como Michoacán, Oaxaca y Guerrero, se han manifestado en puntos clave de la Ciudad de México como las cámaras de Diputados y Senadores, que obligaron a los legisladores a sesionar en una sede alterna.
Además bloquearon los accesos al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), protestaron frente a las embajadas de Francia, España y Estados Unidos, y se plantaron frente a las televisoras más grandes del país, con el objetivo de ejercer su derecho de réplica que permita, según ellos, dar marcha atrás al “linchamiento mediático”.
Para la Coparmex, las afectaciones al AICM dañaron la imagen de nuestro país en el exterior al evidenciar la cerrazón al diálogo.
“En ese contexto, el trabajo de los legisladores culminó con una nueva decepción para la ciudadanía. El Congreso de la Unión cedió a los chantajes de estos grupos de presión, al sacar de la agenda legislativa la Ley del Servicio Profesional Docente, piedra angular de la reforma educativa”, sentenció el organismo.
Según los empresarios, la reforma a los artículos 3 y 73 de la Constitución quedó debilitada con la aprobación por la Cámara de Diputados de sólo dos de las iniciativas: la Ley General de Educación y la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, que “no son suficientes por sí solas para mejorar las condiciones y la calidad de la educación para más de 26 millones de niños y jóvenes mexicanos”.
Agregó: “De nada servirá un Instituto de Evaluación sin la Ley del Servicio Profesional Docente, que provea un marco para la valoración de las capacidades reales de los profesores y su capacitación; la aplicación de sanciones en su caso; la realización de concursos de oposición, los esquemas de promoción y la revisión del estatus de miles de comisionados”.
La Coparmex aseguró que sin esas reglas será imposible fijar nuevos criterios para garantizar que sólo los mejores docentes estén frente a grupo en las escuelas y que posean perfiles idóneos. La mejora de la calidad educativa quedará en entredicho.
La iniciativa privada también reprochó al Congreso el derroche de recursos que realizan los legisladores año con año sin que den resultados.
“La tendencia histórica del presupuesto del Poder Legislativo ha ido al alza, alcanzando poco más de 9 mil millones de dólares en los últimos dos sexenios. Como nación no podemos darnos el lujo de desaprovechar esos millonarios recursos destinados al trabajo legislativo si las reformas quedan truncas por la violencia de los opositores a éstas o por la falta de acuerdo político”.
De esta forma, el sector empresarial alza la voz en contra de los maestros disidentes y urge a la aprobación de las llamadas reformas estructurales por parte de los legisladores, las cuales han sido esperadas por la iniciativa privada desde el sexenio pasado.
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