MÉXICO, D.F. (apro).- El exdictador Efraín Ríos Montt fue condenado a 80 años de prisión por el genocidio contra la etnia itxil y delitos de lesa humanidad cometidos entre 1982 y 1983.
El tribunal guatemalteco que lo juzgó —encabezado por la jueza Jazmín Barrios— lo encontró culpable y le impuso una sentencia de “50 años de prisión por los delitos de genocidio y 30 años por los delitos de lesa humanidad, a ser cumplidos inmediatamente en el centro de reclusión que sea definido por las autoridades”. Con esto, además, el tribunal penal de Guatemala revocó la “detención domiciliar” de que gozaba el exdictador.
Este fallo aún puede ser apelado, algo que la defensa ya anunció que hará.
Hoy, previo a la sentencia, se informó que el juzgado, a través de peritos, constató las denuncias y las declaraciones de 98 testigos. “Hubo niños que fueron apresados y trasladados a otras localidades (…), en unas operaciones bajo el liderazgo de José Efraín Ríos Montt, quien estaba al tanto de todo lo que ocurría y no lo detuvo”.
Otros crímenes que no frenó, fueron la quema de cosechas y la matazón de animales con el fin de matar de hambre a los indígenas, acusados de dar sustento a la guerrilla que combatía a Ríos Montt. Permitió, además, violaciones multitudinarias de mujeres enfrente de sus maridos, hijos e incluso de toda la comunidad.
De acuerdo con la juez, Ríos Montt, de 86 años, estuvo en capacidad de detener todas las operaciones “y no las detuvo, a pesar de tener todo el poder para hacerlo por ser la máxima autoridad militar” y el jefe de Estado de facto.
Pese a todos los señalamientos, Ríos Montt se mantuvo durante décadas en el primer plano de la política guatemalteca. En 2003 quedó en tercer lugar en las elecciones presidenciales, y sólo hasta 2012 perdió la inmunidad legislativa y se le pudo juzgar.
Ríos Montt siempre se ha declarado inocente. “Nunca autoricé, nunca firmé, nunca propuse, nunca ordené que se atentará contra una raza, una etnia o una religión. Nunca lo hice. Y de todo lo que han dicho no ha habido ninguna prueba que evidencia mi participación”, dijo al tribunal.
En tanto, el exjefe de Inteligencia de Ríos Montt, José Rodríguez Sánchez, fue absuelto por el mismo tribunal, basado por los artículos 13 y 14 de la Constitución Penal de la República de Guatemala. Se consideró que Rodríguez Sánchez “no tuvo injerencia” en las operaciones militares contra los indígenas itxiles.
La audiencia fue realizada en la Corte Suprema de Justicia de Guatemala, donde alrededor de 600 personas se presentaron para escuchar la decisión tomada en el caso que se debatió por dos meses.
Pedido de culpabilidad
La Fiscalía y los querellantes pidieron al tribunal declarar a los militares culpables de los delitos de genocidio y deberes contra la humanidad, con penas de 75 años de prisión, por la muerte de mil 771 indígenas itxiles a manos del Ejército.
Tanto Ríos Montt, de 86 años, como Rodríguez, de 67, se declararon inocentes de los cargos, y sus abogados pidieron la absolución del tribunal, aduciendo que durante el juicio no se logró demostrar su responsabilidad.
Ríos Montt hizo el jueves su declaración final: “En 1982 la subversión estaba lista para tomar el poder. Y el Ejército tenía cansancio de guerra. Me llamaron (para encabezar un golpe de Estado) y yo acepté, porque había que salir (de) la situación empantanada que vivíamos. Como jefe de Estado el gran compromiso ante la oficialidad joven que dio el golpe de Estado fue trabajar en democracia, con ley”, explicó.
“No tengo angustia de ir a prisión porque he cumplido con la ley. Lo lamento por mi familia”, dijo al finalizar la sesión, según consigna el diario guatemalteco Prensa Libre.
Por la mañana, el presidente de Guatemala, Otto Pérez, anunció que respetaría el veredicto: “Hace 20 años un proceso de esta naturaleza era, sencillamente, impensable”.
El diario El País, de España, recuerda que Ríos se ha convertido en el tercer jefe del Estado guatemalteco llevado a juicio. El primero fue Manuel Estrada Cabrera, quien murió en la cárcel en septiembre de 1924. El otro fue Alfonso Portillo Cabrera, cuya extradición solicitó Estados Unidos porque supuestamente utilizó bancos estadunidenses para lavar 80 millones de dólares robados al erario.
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