CIUDAD DE MÉXICO (CNNMéxico) — En una medida que los senadores describieron como un intento por combatir la violencia contra los periodistas y “hacer efectivo” el derecho a la información, la Cámara alta aprobó una reforma legal que fija las reglas con las que el gobierno federal podrá indagar todos los delitos que afecten a la prensa.
La modificación —avalada este jueves por unanimidad— reglamenta una reforma al artículo 73 de la Constitución aprobada en 2012, en la que se estableció que la Procuraduría General de la República (PGR) podrá atraer la investigación de los delitos del fuero común que atenten contra comunicadores o medios y que, con ello, limiten el derecho a la información o la libertad de expresión.
El documento, según un comunicado del Senado, modifica el Código Federal de Procedimientos Penales para establecer que la PGR podrá indagar esos casos cuando la vida de un periodista esté en riesgo, cuando existan indicios de que hay funcionarios públicos involucrados, cuando así lo solicite un gobierno estatal o la situación afecte a más de una entidad, o cuando un organismo internacional reconocido por México señale que el Estado debe atender el problema.
También se indica que la propia víctima podrá solicitar que la PGR atraiga la investigación y que la dependencia federal dará a sus unidades acceso a la información que requieran.
Otro apartado de la reforma modifica el Código Penal Federal para establecer que las penas contra quienes cometan delitos contra periodistas, con el objetivo de limitar la libertad de expresión, aumentarán en un tercio, y en un 50% si el culpable es un funcionario público o si la afectada es una mujer agredida por razones de género.
La reforma fue turnada a la Cámara de Diputados para su análisis y quedó aprobada la misma semana que la organización Artículo 19 reportó que los ataques contra la prensa, en el primer trimestre del año, crecieron en 20% en comparación con el mismo periodo de 2012.
Durante la sesión del Senado, legisladores de todos los partidos reconocieron que las autoridades mexicanas no han tomado las medidas suficientes para garantizar la seguridad de los comunicadores.
“México no puede tener el indecoroso lugar de ser el país donde la profesión periodística se ejerza con miedo. Estamos empeñados en crear mejores mecanismos legales y constitucionales para hacer efectivo los derechos de información y expresión”, dijo en su intervención Roberto Gil Zuarth, del Partido Acción Nacional (PAN) y presidente de la Comisión de Justicia.
Los cálculos de varias organizaciones civiles indican que alrededor de 70 periodistas fueron asesinados en México entre 2000 y 2012, lo que hace al país el más peligroso del continente para ejercer esa profesión, según la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Cristina Díaz, senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y presidenta de la Comisión de Gobernación, aseguró que permitir a autoridades federales atraer los delitos contra la prensa permitirá “mayor eficacia y evitar la impunidad”.
“Solo con el libre ejercicio de este derecho podremos pensar que México es un país democrático, pero mientras haya periodistas que cierren sus medios, no podemos decir que México lo es”, dijo en su turno el senador Zoé Robledo, del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Durante los últimos meses, algunos medios del norte y el este del país decidieron dejar de circular luego de ataques armados contra sus instalaciones. Esos medios se localizaban en estados como Chihuahua, una entidad con altos índices delictivos.
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