A punto de cumplirse un año del asesinato de Regina Martínez, corresponsal de Proceso en Veracruz, se intensifican las amenazas desde el poder en esa entidad, ahora contra el reportero Jorge Carrasco, coadyuvante en el caso irresuelto del homicidio perpetrado el 28 de abril de 2012. Aunque en realidad son casos que se agregan a una larga lista de agresiones de las que han sido víctimas reporteros de este semanario, en diversas partes del país, sólo por cumplir con su labor periodística.
Desde su creación en 1976, Proceso ha recibido presiones y golpes de todo tipo: vetos de autoridades de los tres niveles de gobierno, incautación de ediciones enteras y quema de ejemplares en algunos estados, retiro de publicidad oficial, amenazas a reporteros y corresponsales, acoso judicial y campañas orquestadas desde el poder.
A raíz de operativos realizados en 2009 y 2011 por las secretarías de la Defensa y de Seguridad Pública, las autoridades federales exhibieron ejemplares de la revista en sus aseguramientos como parte del “equipo y material diverso” de grupos criminales (Proceso 1709 y 1794). Ante esa acometida, el semanario presentó una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y otra ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El hostigamiento sistemático se endureció durante los sexenios de los panistas Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa, lapso en el que también se exacerbó la violencia de las bandas delincuenciales, que también han pretendido intimidar a los reporteros y corresponsales de este semanario.
En 2005, durante el foxismo, Proceso fue excluido de las giras presidenciales; el propio mandatario estableció un veto publicitario que su sucesor Calderón refrendó.
En 2009 el director de la revista, Rafael Rodríguez Castañeda, presentó una queja ante el ómbudsman nacional por considerar que se violaban los derechos fundamentales de la publicación al distribuir de manera desigual, arbitraria y sin transparencia la publicidad oficial. Tres años después, la comisión emitió la recomendación 35/2012 en la cual admitió que Calderón buscó dañar económicamente a Proceso.
Los agravios incluyen el asesinato de la corresponsal de este semanario en Veracruz, Regina Martínez Pérez, el 28 de abril de 2012, así como las intimidaciones, persecuciones y secuestros de ocho reporteros y corresponsales de la revista, y las recientes amenazas de muerte al reportero Jorge Carrasco Araizaga, coadyuvante en las investigaciones ministeriales en el caso de Regina Martínez.
Desde la noche del domingo 14, Proceso recibió informes acerca de una reunión que sostuvieron funcionarios y exfuncionarios del gobierno, de la procuraduría y de Seguridad Pública de Veracruz en la cual presuntamente acordaron acciones contra el reportero, entre éstas el envío de agentes de esa entidad al Distrito Federal, así como a Morelos, Querétaro y el Estado de México para recabar datos sobre el periodista.
Proceso tuvo conocimiento de una segunda reunión el lunes 15, en la cual los participantes decidieron la captura de Carrasco y “darle piso” en caso de resistencia. Los funcionarios tuvieron en cuenta las cámaras de seguridad del Distrito Federal y acordaron “tener cuidado” para no ser grabados por ellas.
El semanario informó de esos encuentros a la CNDH, a la Procuraduría General de la República (PGR) y a la Secretaría de Gobernación, instancias que activaron un mecanismo para proteger a Carrasco.
El jueves 18, el gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, acudió a las instalaciones de Proceso y se comprometió con el director Rafael Rodríguez Castañeda a realizar una investigación exhaustiva para esclarecer las amenazas contra el reportero y a desactivar el clima de hostilidad en contra del semanario, sus reporteros y el corresponsal Noé Zavaleta.
Las intimidaciones
Desde 2006, el corresponsal en Michoacán, Francisco Castellanos, así como reporteros de la fuente policiaca han sido objeto de amenazas en esa entidad, donde más de 80% de los 113 ayuntamientos presuntamente están coludidos con el crimen organizado.
Ese año Castellanos fue interceptado por unos desconocidos que lo subieron a un auto. “Nosotros somos ‘los técnicos’ –le dijeron– y queremos arreglar el problema que pudiera tener con nuestra empresa o tal o cual alcalde o diputado y le (pedimos que le) baje de huevos. Así, por las buenas. Si quiere por las malas, le mandamos a ‘los rudos’; ellos son los que levantan, golpean y hasta matan, de acuerdo a la gravedad de lo publicado”.
Antes de bajarlo le espetaron: “Cuide mucho lo que escribe de nosotros. No dé nombres de empresas, muertos, heridos detenidos; no saque fotos de decapitados o descuartizados. Si fue en un enfrentamiento, no diga ‘murió gente del crimen organizado’, sino ‘civiles con Fuerzas Armadas’; difumine o tápele la cara a lesionados, muertos y detenidos; tenga mucho cuidado con eso. Si no, la próxima vez que nos veamos no seremos tan amables”.
En septiembre de 2012 Castellanos y otros reporteros michoacanos fueron convocados por sicarios de una banda del crimen organizado que intentaron presionarlos para que publicaran una información. Todos se negaron. Castellanos optó por salir de la entidad y del país y se acogió a la protección brindada por agrupaciones internacionales de periodistas.
Otro caso es el de Alejandro Gutiérrez, actual corresponsal en España. El 24 de mayo de 2007, Ramón Pequeño, entonces jefe de la División Antidrogas de la Policía Federal (PF), informó al director del semanario que esa dependencia había detectado un plan del crimen organizado para atentar contra el reportero. Pequeño dijo a Rodríguez Castañeda que un grupo delincuencial se sintió afectado por la publicación del reportaje La estrategia del desastre (Proceso 1592), en el cual se hablaba “del Irak de Calderón”.
El texto aludía a la muerte de cinco militares, entre ellos el coronel de infantería Antioco Hernández Morales y el sargento segundo Humberto Ruiz Hernández, quienes fueron abatidos en una emboscada por una célula de sicarios en Carácuaro, Michoacán, el 1 de mayo de 2007.
El enfrentamiento se registró de manera fortuita, muy cerca de la plaza principal del pueblo michoacano, cuando un convoy de militares se encontró con tres camionetas en las que viajaban 17 sicarios, quienes abrieron fuego contra los militares.
En su edición del 13 de mayo de ese año, el semanario publicó el reportaje Pueblos vejados, en el que el reportero documentó la persecución de los narcotraficantes que asesinaron a los cinco militares. El Ejército arremetió contra los pobladores, allanó viviendas y torturó a los detenidos (Proceso 1593).
Los dos reportajes mencionados ponían en duda los éxitos de la Operación Michoacán instrumentada por Calderón para combatir al crimen organizado.
Ramón Pequeño, antiguo delegado del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) en Guerrero, Nuevo León y el Estado de México, informó que agentes de inteligencia habían detectado el propósito de esa organización de Michoacán para atacar al reportero Alejandro Gutiérrez. Y comentó que el presidente Calderón y el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, estaban al tanto de la amenaza.
Pequeño ofreció seguridad a Gutiérrez; incluso comentó que García Luna quería entrevistarse con Rodríguez Castañeda. Y aunque el Comité de Protección a Periodistas (CPP) con sede en Nueva York tomó el caso, la revista optó por enviar al reportero fuera del país. La SSP no volvió a ofrecer información a Proceso ni Ramón Pequeño atendió las llamadas de la revista.
También en el sur
El 25 de octubre de 2008 por la noche dos presuntos sicarios de Los Zetas secuestraron en la capital de Oaxaca al corresponsal Pedro Matías Arrazola. Lo despojaron de su automóvil, celular y sus documentos de identidad. Luego lo metieron a la cajuela y lo llevaron a una casa de seguridad, donde lo obligaron a desnudarse. Lo ataron de pies y manos y lo amenazaron con matarlo.
Sus captores lo sometieron a tortura psicológica durante 10 horas. Incluso lo pasearon encajuelado mientras se drogaban. Alrededor de las siete de la mañana del día siguiente Pedro Matías fue abandonado en un terreno baldío de Tlacolula de Matamoros, a 33 kilómetros de la capital oaxaqueña. Los presuntos zetas le advirtieron que no dijera nada, pues conocían a su familia.
Matías presentó una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del Estado. Ante la falta de resultados, la ratificó, pero tampoco tuvo respuesta.
A petición de organizaciones nacionales e internacionales, la procuraduría brindó seguridad al corresponsal de Proceso durante siete meses. La Fundación de Hamburgo para Perseguidos Políticos (Hamburger Stiftung für Politisch Verfolgten) le ayudó a salir del país para garantizar su integridad física y emocional. Durante un año permaneció en Alemania.
Hasta la fecha se desconoce el móvil del secuestro de Pedro Matías, aunque él no suele informar sobre el crimen organizado.
En Chiapas, el corresponsal Isaín Mandujano recibió amenazas del gobernador Jaime Sabines Guerrero, molesto por los reportajes acerca de la corrupción e impunidad durante su gobierno.
En junio de 2011, el gobierno chiapaneco informó que Mandujano aparecía en la averiguación previa 223/CAJ4A/2011, en la que se le acusaba de los delitos de homicidio en grado de tentativa, lesiones y amenazas, derivado de la agresión que sufriera el periodista Jacobo Elnecavé Luttmann.
Elnecavé Luttmann declaró que se encontraba en una discoteca con unos amigos cuando unos desconocidos lo agredieron con un objeto que le causó heridas en el cráneo, la cara y el hombro derecho. Según él, los agresores le decían: “Esto es para que no te metas con los Álvarez Puga; esto también es por Isaín. Te vas a arrepentir”.
Elnecavé declaró ante el Ministerio Público que ha tenido serias fricciones con Isaín Mandujano por el manejo de cierta información y sus opiniones. Isaín, expuso, se ha mostrado “intolerante”.
Isaín asegura que nunca estuvo en la discoteca, e incluso presentó testigos que corroboraron su versión.
En una carta pública expuso: “Pretenden involucrarme en la citada agresión al comunicador institucional, dejando entrever que podría haber sido el autor intelectual, pues señala la PGJE que quienes lo agredieron actuaron a mi nombre. Esto es lo que yo considero la más burda y nueva acción para amedrentarme al no tener hasta ahora ningún otro elemento para hacer que mi labor sea censurada. Me deslindo de ataque alguno”.
Su caso fue denunciado en la CNDH y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. La acusación en su contra no prosperó. Al final se supo que Elnecavé era colaborador del gobierno de Sabines.
Amenazas en el norte
El reportero Ricardo Ravelo ha sido uno de los más agredidos por sus reportajes acerca del crimen organizado y las vinculaciones de algunos capos con funcionarios de todos los niveles. La más evidente data del 1 de diciembre de 2010 y se fraguó en las instalaciones de Televisa.
Ese día, Joaquín López-Dóriga incluyó en El Noticiero una información de casi seis minutos en la que Sergio Villarreal, El Grande, un testigo protegido de la PGR, dijo haberle dado a Ravelo 50 mil dólares para que dejara de ocuparse de las actividades criminales del mismo narcotraficante. El conductor dejó entrever que esa versión era válida y que Proceso dejó de publicar información sobre Villarreal hasta el 21 de noviembre de ese año.
Pronto se supo que se trataba de un montaje, pues Televisa hizo hablar al Grande el 4 de noviembre, 17 días antes de que se publicara el reportaje en el cual se aludía a él en la portada de Proceso. El consorcio quiso enmendar su pifia y alegó que el testimonio era del 24 y no del 4 de noviembre.
Televisa y la Presidencia comenzaron sus maquinaciones contra Ricardo Ravelo y Proceso a raíz de que la reportera Jesusa Cervantes publicó el 13 de junio de 2010 el reportaje Narcoamigos en el Senado, en el que aludía al bautizo de la hija del senador panista Guillermo Anaya Llamas en la cual estuvieron como invitados Calderón y El Grande (Proceso 1754). Aquel convivio se realizó en septiembre de 2006.
Luego, en la edición del 21 de noviembre, Ravelo informó que según la averiguación previa PGR/SIEDO/UETMIO/0992010/2010, El Grande y Calderón tuvieron un encuentro en dicho bautizo en el cual el capo le dijo que estaba a sus órdenes, a lo que el panista contestó: “Igualmente” (Proceso 1777).
Ese encuentro entre Calderón y El Grande tuvo consecuencias también para el reportero Arturo Rodríguez cuando era corresponsal de la revista en Coahuila. El 4 de marzo de 2007 se publicó el reportaje Infiltración total, firmado por la reportera Patricia Dávila, en el que se daba cuenta precisamente de ese encuentro entre el panista y el narcotraficante. Al final de la nota aparecía la leyenda “con información de Arturo Rodríguez” (Proceso 1583). El entonces senador Guillermo Anaya se agarró de ahí para demandar a Rodríguez por 3 millones de pesos.
El entonces corresponsal recibió por esas mismas fechas amenazas de muerte. El 25 de mayo de 2007, apenas un día después de conocerse la amenaza contra Alejandro Gutiérrez, la penalista Silvia Raquenel Villanueva, famosa por defender a narcos, llamó a Proceso para decir que se había enterado de que Eleazar Medina Rojas, El Chelelo, había mandado matar al corresponsal Arturo Rodríguez.
El capo había sido arrestado el 20 de abril anterior, cuando circulaba la edición 1589 de la revista, en la cual Rodríguez abordó la disputa por el control regional entre los cárteles del Golfo y de Sinaloa, así como la crisis política desatada tras el hallazgo de narcomensajes que acusaban a los principales funcionarios del gobierno, encabezado por Natividad González Parás, de proteger al Cártel de Sinaloa.
El texto no mencionaba al Chelelo, pero sí a los hermanos Jaime y Javier Valdez, supuestos empresarios. El primero convivía socialmente con uno de los jóvenes Bibriesca Sahagún, hijos de Marta Sahagún, la consorte de Fox, quien aún despachaba en Los Pinos.
Según las indagatorias consultadas por Proceso, los dos hermanos habían pasado de la organización de Sinaloa a la del Golfo, desbordando la violencia en Monterrey y su área metropolitana.
El corresponsal se alejó de la zona durante tres meses, hasta que se confirmó que ya no había riesgo.
Un caso igualmente grave fue el de Gabriela Hernández, corresponsal en Tamaulipas hasta principios de 2011. El 2 de enero de ese año, poco antes de las seis de la tarde, irrumpieron en su casa varios encapuchados. Iban armados. Sacaron a Gabriela y a su familia y se las llevaron en vehículos diferentes. Las retuvieron durante 52 horas. Fueron liberadas el día 5 por la noche, a unas cuadras de su casa, tras una negociación en la que participaron funcionarios estatales.
No hay comentarios:
Publicar un comentario