La periodista Ángeles Mariscal, también es amenazada
En México, la impunidad ha propiciado que las amenazas de muerte contra periodistas y defensoras de Derechos Humanos sean una constante; en lo que va de este año 14 mujeres periodistas han sido agredidas y ningún caso ha sido resuelto, según reporta Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), a través de su programa de Libertad de Expresión y Derechos humanos.
Según el informe 2010 sobre el estado de la libertad de expresión en México, del Centro de Periodismo y Ética pública (CEPET), en el país cada dos días una comunicadora o comunicador fue agredido. En ese año se registraron 139 víctimas de las cuales al menos 18 (13 por ciento) fueron mujeres.
En diversos foros, periodistas han advertido del peligro que representa ejercer la labor periodística en el país, pero sobre todo del que representa la impunidad ya que si no se castiga a los responsables de las agresiones y amenazas, “el mensaje es que pueden volver a hacerlo y no les va a pasar nada”.
Esta situación la conoce muy bien la periodista y defensora de derechos humanos Lydia Cacho, quien fue amenazada de muerte nuevamente el pasado 14 de junio a través de su correo electrónico y de llamadas telefónicas que hacen referencia a su trabajo periodístico.
Por ello la organización internacional Artículo 19 hizo un llamado al Estado mexicano para que cumpla cabal y efectivamente con la implementación de las medidas cautelares otorgadas en 2009 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para proteger a la periodista, así como para que investigue las recientes amenazas de manera puntual y que se lleve a juicio y condena ha los responsables.
Cabe recordar que la CIDH pidió las medidas para la periodista debido al hostigamiento y amenazas de las que fue objeto por parte de hombres armados desde 2005. Desde entonces, dice artículo 19, las agresiones no han cesado y se ha podido constatar que las medidas dictadas por la CIDH no han sido cumplidas ni en un 50 por ciento.
En 2005 Cacho Ribeiro publicó el libro “Los Demonios del Edén, el poder que protege a la pornografía infantil”, en donde reveló la existencia de una red de explotación sexual y pornografía infantil que operaba bajo la protección de políticos y empresarios. Por ello fue hostigada, detenida, torturada y amenazada.
Otra periodista amenazada en semanas anteriores, fue Ángeles Mariscal, quien fue retenida mientras cubría la audiencia pública del exgobernador de Chiapas, Pablo Salazar Mendiguchía.
En lo que va de este año se han registrado al menos cuatro agresiones a periodistas en la entidad, quienes ya interpusieron su denuncia, sin embargo continúan las amenazas.
Angeles Mariscal y su esposo, Isaín Mandujano, han sido víctimas de hostigamiento y amenazas desde hace cuatro años, ahora éstas se han traducido en campañas de desprestigio en redes sociales, sin que hasta el momento las autoridades competentes les hayan garantizado la seguridad ni a su familia, y el derecho a la libertad de expresión.
En el informe 2010, el CEPET señala que si bien la violencia generalizada en el país impacta en el trabajo de las y los periodistas, la delincuencia organizada no es el único agresor, en 33 de los 139 casos registrados, el Ejército, policías municipales, estatales, federales, jefes policíacos y escoltas personales de autoridades, fueron señalados por ejercer algún tipo de violencia contra las y los periodistas.
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