Parece mentira que cuando se requieren medidas de fondo y forma sobre los problemas que vivimos, aparecen temas como el de la pena de muerte, que regularmente se utilizan como distractores de la opinión pública, en este caso la de juarenses y chihuahuenses.
Con motivo de hacerse presente en la XI Asamblea de la Federación Estatal de Colegios de Abogados, el presidente del Congreso del Estado, Enrique Serrano, dijo que se pueden abrir espacios de discusión en temas como el de la pena de muerte.
No sabemos el porqué de tiempo en tiempo se trae este asunto a la mesa, que se convierte en discusiones bizantinas, ociosas, estériles, vanas, tal y como sucedió hace algún tiempo cuando en lo más álgido de la inseguridad nacional que padecía el país, el presidente Felipe Calderón, aventó el tema de esta pena, sin más ni más, como punto de discusión cuando hay otros asuntos más importantes que a la brevedad deben de ser no sólo discutidos, sino resueltos de testa a rabo.
En efecto, en un ejemplo hipotético, si dos personas condenadas a pena de muerte por un homicidio agravado por premeditación, alevosía, ventaja y traición ¿serán tratadas de la misma manera si una es hijo de un hombre o mujer de los más ricos de México y el otro un gambusino sin oficio ni beneficio?
La respuesta se queda en el aire, porque en este caso, empiezan los asegunes muy socorridos en nuestra práctica judicial.
Precisamente por este tipo de casos y por muchos otros, conviene que la atención se ponga no en el cambio de leyes, sino en el reforzamiento de los operativos, actos y funciones, conectadas con la procuración de justicia y con la aplicación de la misma.
Urge que a los encargados del Ministerio Público se les paguen sueldos elevados que garanticen la vida digna que deben llevar estos servidores y que se les den garantías y seguros para ellos y sus familias. Deben tener una preparación académica de excelencia y que actúen de manera oportuna y eficaz para cumplir con la obligación que tienen.
Los cuerpos policiacos deben ser sometidos a un escrutinio profesional antes de darles el nombramiento, con capacitaciones constantes, sin interrupción alguna y desde luego, al igual que los encargados de la persecución de delitos, con sueldos de profesionales de la función pública policiaca.
Deben contar con una preparación tal que sean guardianes fieles de la seguridad de la población, con valores y responsabilidades, perfectamente identificables por el pueblo y con actividades documentadas en las cuales consten los trabajos que se les han encomendado, tales como los principios de investigación, construcción operativa y otros que salen de nuestra área de conocimiento.
Con lo anterior, queremos subrayar que en esta materia otros son los asuntos que deben tratarse y no los relacionados con una pena que prácticamente se ha dejado en el olvido de tratadistas y gobiernos por no ser operante.
Lo cierto es que nuestra sociedad se está desmoronando y que los hechos tan lamentables como el del estudiante de la UACJ, ponen de manifiesto que no se tienen ni la capacidad, ni el sentido común que es necesario como básico en este tipo de actividades y que los altos mandos desconocidos por poblaciones como la nuestra, nunca aparecen y se encuentran a miles y miles de kilómetros en donde se dan estos lamentables hechos y que precisamente por esa lejanía no le dan la dimensión real que tienen estos trágicos y deleznables problemas.
Algunos abogados nos opusimos a la reforma penal por ser ajena a nuestra práctica judicial y ser una joya desde el punto de vista teórico, pero distante por completo a nuestras instituciones tan alejadas de las sajonas, tanto en el fondo como en la forma. La pena de muerte, practicada en el vecino país tampoco tiene arraigo en la población y está desechada por la mayoría de los tratadistas y por la idiosincrasia del pueblo. Hasta aquí.
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