02 de marzo de 2010
2010-03-02
La muerte de 49 niños en junio pasado, en Hermosillo, Sonora, nos impactó por el dolor humano de las familias, por la pérdida en un solo evento de tantas vidas inocentes. A partir de entonces cobraron relevancia datos que en otro momento hubiesen pasado desapercibidos en la vorágine noticiosa, desde la creciente subrogación de guarderías hasta las irregularidades administrativas en que incurrieron los dueños de las mismas. Por eso la lección de este episodio es que el cumplimiento de las reglas, el diseño institucional, la línea de mando entre autoridades no son temas superfluos propios únicamente de los analistas. Son la diferencia entre la normalidad y la tragedia.
Son ese tipo de faltas las que investiga la Suprema Corte, anomalías que causaron tanto el incendio en la guardería ABC como la ineficacia para evitar que fuera mortal. En las indagatorias que efectuaron los magistrados María del Rosario Mota Cienfuegos y el Carlos Ronzon Sevilla se dan a conocer las irregularidades.
Descubrieron los juzgadores que durante tres décadas el Instituto Mexicano del Seguro Social ha dado contratos de subrogación sin tener facultades legales para ello. Recordemos que la autoridad únicamente puede realizar las tareas que por ley explicitamente le son conferidas. Al romper con este principio, todos los funcionarios públicos que han participado en los últimos treinta años en esta función han violado la ley.
Por si lo anterior fuera poco la operación de las prestadoras de servicios también carece de sustento. Sólo 0.3% de ellas cumple con todos los requisitos necesarios para su funcionamiento. Además, la mitad de las guarderías carece de la constancia de protección civil vigente. A partir de estas conclusiones, y de la lógica, la comisión investigadora del máximo tribunal estima que los responsables por la violación de garantías individuales están encabezados por el entonces Director General del IMSS, Juan Francisco Molinar Horcasitas, el ex gobernador del estado Eduardo Bours, el presidente municipal de Hermosillo, Ernesto Gándara Camou, y varios funcionarios más de ese instituto y de los gobiernos locales. Habría que buscar también responsabilidad en los anteriores directores del IMSS.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ya había difundido que el anterior director general del IMSS firmó, sin tener facultades, 155 de los 165 contratos formalizados o vigentes en 2008 para la prestación de servicios de guarderías a particulares. El hoy titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes puede escudarse en que la rutina burocrática lo exige; sin embargo, ese pretexto sería inútil para explicar la negligencia de haber permitido la permanencia de las anomalías años después, pese a la vigilancia que debía, justamente, enmendar posibles errores de origen.
Dos hechos quedan en espera de que la Suprema Corte los ponga en evidencia: la ausencia de una reparación del daño por parte de dueños y autoridades, y la impunidad que todavía gozan los responsables.
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