Descomposición-Helguera

Inversión

Video : acusan a Aguirre de ordenar crímenes

Al gobierno le preocupa la inversión, no los crímenes

Preocupa a Videgaray que sucesos en Iguala afecten inversión extranjera

LA REDACCIÓN
12 DE OCTUBRE DE 2014
NACIONAL

El secretario de Hacienda, Luis Videgaray. Foto: Benjamin Flores

MÉXICO, D.F. (proceso.com.mx).- El secretario de Hacienda, Luis Videgaray, admitió que hechos violentos como los ocurridos en Iguala, Guerrero pueden afectar la imagen del país ante inversionistas extranjeros, lo cual podría tener repercusiones económicas para México.

“Hechos tan graves como éste pueden tener un efecto sobre la percepción de país en general, sobre la comunidad económica y la comunidad inversionista”, dijo el funcionario en conferencia de prensa luego de la reunión de los gobernadores del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Sin embargo, destacó que al gobierno le preocupa más el impacto que estos hechos violentos tienen en la población afectada.

Videgaray se encuentra en Washington para atender a las reuniones del otoño boreal del FMI y el Banco Mundial.

“Mucho más grave que ello (el impacto en la inversión extranjera), es que afectan la vida, afectan los derechos humanos de aquellos que han sido víctimas de estos gravísimos, lamentables y absolutamente inaceptables hechos”.

El secretario de Hacienda explicó que el gobierno federal realiza una exhaustiva búsqueda de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos y ha intervenido para restaurar el orden en las comunidades afectadas.

Dijo que en sus diálogos con funcionarios de otros países no abordó los hechos de violencia en Guerrero.

Agregó que una de las prioridades del gobierno de Enrique Peña Nieto es “establecer un México en paz”.

Contra los “ayotzinapos”, odio criminal

MARCELA TURATI
2014-10-11 21:29:04
VIOLENCIA

Entre los policías de Iguala, ministerios públicos y militares, el desprecio hacia los normalistas de Ayotzinapa es manifiesto. El médico Ricardo Herrera –quien denunció a los estudiantes heridos que penetraron en su clínica en demanda de atención– sostiene sin rubor que “los ayotzinapos” son agresivos y por eso les volvió la espalda. Con ese estigma se tratan de ocultar las tropelías de un partido –el PRD– y un alcalde intolerante  –José Luis Abarca–, a quien desde hace meses se le acusa por el asesinato del activista Arturo Hernández y por sus presuntos nexos con un grupo de narcotraficantes.

IGUALA, GRO.- “Vi al herido, pero no lo atendí porque no era mi responsabilidad.”

El médico cirujano Ricardo Herrera lo dice con naturalidad, con un dejo de satisfacción por el deber cumplido al dejar sin auxilio al estudiante con la quijada rota, la cara perforada por un balazo, que requería atención urgente la noche del 26 de septiembre, cuando lo encontró escondido dentro de su hospital, con una veintena de estudiantes normalistas.

En vez de auxiliarlo habló a la Policía Municipal para que se los llevara. Llamó a la misma autoridad que esa noche emboscó hasta tres veces a los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa –a una hora de distancia–, destrozó a balazos los autobuses que los transportaban y, en un episodio aún irresuelto –en el cual participaron sicarios del Cártel Guerreros Unidos–, mató a dos adultos y a cuatro estudiantes –uno de ellos apareció desollado: sin rostro, con los ojos arrancados–, y se llevó detenidos a otros 43 que aún no aparecen.

Para este médico, el herido no tenía más que un rozón que le partió los labios y andaba platicando con sus compañeros como si nada. Y justifica su indolencia:

“‘Los ayotzinapos’ vienen agresivos, violentos, sacan a los pacientes, destruyen, vienen como delincuentes. Si de veras son estudiantes, eso no se hace”. Esa reacción es similar a la de muchos igualtecos, quienes al igual que militares, paramédicos, ministerios públicos y policías estatales dieron la espalda a los estudiantes de esa escuela donde se forman profesores rurales y donde el requisito para matricularse es ser pobre.

Cuando se le recuerda al médico que los estudiantes están desaparecidos y podrían haber terminado en fosas –como han declarado policías y narcos detenidos por la procuraduría federal– dice: “Eso es lo que va a pasar a todos ‘los ayotzinapos’, ¿no cree?”.

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El padre de uno de los dos normalistas heridos que hasta el martes 7 permanecían internados en el Hospital General de este municipio relata lo que sabe sobre la suerte de su hijo:

“Cuando recibí la llamada a las dos de la mañana del teléfono de mi hijo pensé que era él, pero fue cuando me enteré a grandes rasgos que estaba herido y no lo querían atender en una clínica ni había taxis para llevarlo. No entiendo cómo llegó la Marina, el Ejército, y no permitían que se llevaran a mi muchacho. También lo intimidaban.”

Lo visita el maestro que guió a los normalistas a esconderse en el hospital Cristina, quien confirma que los taxistas no querían llevar al joven herido, que él y los compañeros intentaban frenar el sangrado con una playera. Hora y media después de la balacera alguien gritó que se acercaba el Ejército. Todos se escondieron. Los militares, apuntando con sus armas, sacaron a los 26 de sus escondites, los regañaron por dedicarse a la “delincuencia” y amagaron con llevarlos detenidos.

“Se metieron a un hospital privado; eso es allanamiento. Es un delito –recuerda el maestro–. Les dijimos que si van a llamar a los municipales nos van a entregar para asesinarnos, porque ellos son los que balacearon a todos.”

Se fueron. Les aseguraron que pronto pasaría una ambulancia por el herido. Abordaron el taxi que envió un conocido al hospital.

El joven tenía pesadillas, lo dormían con sedantes, cuenta el padre. Perdió la voz y una parte de la cara. Tiene inflamado el rostro y se comunica a través de la escritura. El miércoles 8 fue trasladado al Distrito Federal para someterlo a cirugías.

Enseguida está el hermano de otro de los heridos, en coma. Está conectado por ventilador. Lo poco que mueve del cuerpo es por reflejo. No pudieron trasladarlo a un hospital de alta especialidad porque requiere estar conectado y su cerebro está inflamado.

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En fotografías y videos tomados la tarde del 26 de septiembre, antes de que ocurriera la tragedia, se ve a 3 mil acarreados, un templete adornado con flores y un escenario con el rostro amplificado de María de los Ángeles Pineda Villa, la esposa del alcalde perredista José Luis Abarca. Era el escenario para que ella diera su informe como presidenta del DIF, el lanzamiento disfrazado de su campaña para suceder a su marido en la alcaldía.

A su lado, en primera fila, estaba el jefe del Estado Mayor del 27 Batallón de Infantería, coronel Juvenal Mariano García.

José Luis y María de los Ángeles se enriquecieron con el negocio del oro que hizo nuevos ricos a muchos en esta ciudad en los noventa. Ambos se convirtieron en propietarios de decenas de locales en el centro joyero y de una plaza comercial, de casas y ranchos. Por su cercanía con Lázaro Mazón, el actual secretario de Salud, Abarca fue impuesto como candidato del PRD, partido al que se afilió, con el que ganó las elecciones y en el que su esposa escaló hasta ser consejera.

En la entrada del palacio municipal y en los documentos la señora no escribía nunca su segundo apellido, que la vinculaba directamente con sus hermanos Salomón Pineda Villa, El Molón, jefe de plaza de Guerreros Unidos; Alberto Pineda Villa, El Borrado, y Mario Pineda Villa, El MP, exoperadores de los Beltrán Leyva asesinados, y con María Leonor Villa Orduño, a quien señalan como su madre y operadora y prestanombres del capo.

Los estudiantes de la Normal de Ayot­zinapa habían llegado a Iguala la tarde del 26 de septiembre a fin de pedir dinero para acudir a la manifestación anual del 2 de octubre y sacar camiones de la terminal de autobuses que los transportaran, pues en Chilpancingo se los habían impedido.

Justo ese día un periódico local informó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acababa de admitir la denuncia contra Abarca, quien, según testigos sobrevivientes, asesinó personalmente en mayo de 2013 al activista Arturo Hernández Cardona y otros activistas del Frente de Unidad Popular (FUP) por ser disidentes.

Periodistas que asistieron al informe de Pineda Villa recuerdan que en pleno baile cerca del Zócalo se escuchó un disparo que no saben ubicar quién lanzó; los locatarios bajaron las cortinillas. Los estudiantes viajaban a bordo de tres camiones hacia la salida de la ciudad, pero en el Periférico fueron emboscados por una veintena de patrullas (entre éstas las matrículas 018, 020, 027, 028 y la 302) con el desenlace ya conocido.

Tras el escándalo se supo que el secretario de Seguridad Pública, Felipe Flores Vázquez, era clonador de patrullas utilizadas para delinquir y una pieza del Cártel Guerreros Unidos. Hoy está prófugo, al igual que Abarca.

En este municipio circulan varias versiones sobre los resortes que activaron la barbarie.

“El presidente municipal perdió el control. Su vieja estaba tan encabronada de que le echaran a perder su acto, que se le hizo fácil dar la orden a su hermano El Molón, quien ordenó a Guerreros Unidos llevarse a ‘los ayotzinapos’ para madrearlos. Creo que eso pensaban y los iban a esconder como siempre hacen”, explica un miembro del cabildo.

El secretario técnico de la Red Guerrerense de Organizaciones Civiles de Derechos Humanos, Manuel Olivares, lanza otra teoría: Fue en venganza por los destrozos causados durante las manifestaciones por el asesinato de Hernández Cardona –que nunca les perdonaron– “y la sensación de intocable del presidente municipal que era cobijado por el Congreso del estado, el gobernador Ángel Aguirre y su partido, que le generaba un marco de impunidad cuando la gente exigía su desafuero”.

Una versión más: Alguien, desde el gobierno del estado, envió a esa zona a los estudiantes y dio el pitazo de que eran miembros del Cártel de Los Rojos que habían llegado a disputar terreno a Guerreros Unidos. Por eso la cacería de los camiones y el de los deportistas de Los Avispones de Chilpancingo, sospechosos por ser varones en edad productiva.

Otra, de boca de un maestro: “Como están en constante pelea con Los Rojos y se tiran muertos todo el tiempo como marcando el territorio, la teoría es que se haya infiltrado gente de Los Rojos para calentar la plaza y culpar a los otros. Les salió bien porque todas las casas que tenían los de aquí, por lo que pasó, ya fueron cateadas”.

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En el municipio de Iguala, cuna de la Independencia nacional, ya se habían hecho costumbre los tratos más crueles, inhumanos y degradantes para disciplinar a la disidencia.

“El PRD toda la disidencia silenciaba”, dice la regidora Sofía Lorena Mendoza Martínez, viuda de Hernández Cardona.

Un recuento hecho por un político no identificado menciona entre las medidas disciplinarias una golpiza a Francisco López Ligorio, quien pretendía introducir combis; las amenazas a los hermanos Cayetano, líderes de Tierra y Libertad; a Antonio Salmerón Reyes, líder de Organizaciones Indígenas por el Progreso, “le dieron un paseo y lo aplacaron”; al líder vecinal Ernesto Pineda Vega, quien denunció narcolaboratorios y fosas clandestinas, fue detenido por la Policía Municipal y el Ejército, acusado de secuestrador –hoy está en la cárcel–, mientras su hermano fue asesinado, y los líderes del Mercado Municipal que se indisciplinan, dice, “reciben una madriza”.

El caso que más repercusiones ha tenido es el asesinato en mayo de 2013 de Hernández Cardona y dos compañeros del FUP que fueron secuestrados cuando iban a ratificar una denuncia contra Abarca. Sus cadáveres fueron encontrados tres días después con huellas de tortura. “Le quitaron ojos, las uñas, testículos, le atravesaron una daga, le echaron ácido en el cuerpo y en la cara”, comenta el político.

“Este caso lo tenía el Congreso del estado, pero el diputado Ortega, del PRD, de la Comisión Permanente, dijo que no iba a pasar. En el Congreso pusieron candados por órdenes del gobernador Aguirre. En el PRD nunca prosperó, hasta que se lo llevaron al obispo Vera y se puso en la Corte Interamericana.”

Las desapariciones han sido uno de los sellos del actuar de la mafia de narcopolicías.

En un seguimiento de prensa de abril de 2005 a marzo de 2014 la organización Taller de Desarrollo Comunitario documentó más de 200 desapariciones en Iguala. Y el investigador José Merino da cuenta de que esta ciudad tiene una tasa mayor de desapariciones en comparación con el resto del estado.

“En Guerrero el narco siempre ha estado ligado a los políticos. Siempre ligado al combate de las luchas sociales. Siempre han sido narcos los que gobiernan”, dice Sergio Ocampo, corresponsal de La Jornada en Chilpancingo, el más informado del estado. La narcopolítica que asomó sus garras tiene raíces visibles desde la década de los setenta.

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El municipio vivía asolado desde antes. Durante la administración anterior los policías instalaron “filtros” sobre las carreteras federales donde a su arbitrio detenían todos los vehículos que cruzaban por las tres entradas a la ciudad, interrogaban conductores y ahí decidían su suerte.

Los afectados, según un recuento del semanario Trinchera, fueron el coordinador de la CRAC (Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias) de la casa de Justicia de San Luis Acatlán, Eliseo Villar Castillo (detenido y golpeado en agosto de 2013); el integrante de la dirección colectiva de la APPG, Alfonso Sánchez Celis (detenido, atado, golpeado al regresar de una marcha en apoyo de mineros en huelga, en julio y en septiembre sufrió un intento de levantón junto con tres comisarios ejidales, pero fueron rescatados); el abogado de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Manuel Vázquez Quintero y dos acompañantes (detenidos, golpeados y amenazados, en agosto); también fueron desaparecidos cinco miembros de una familia que trasladaban a un herido de bala a Chilpancingo. Este año las primeras víctimas conocidas fueron cinco elementos de la Policía Municipal de Pungarabato y otros cinco de Altamirano (levantados y torturados en enero).

En una nota publicada el 3 de febrero último consta la denuncia de comerciantes anónimos que acusaban a la policía de estar coludida con el crimen organizado. Seis meses antes, siete uniformados fueron encarcelados luego de que militares los encontraron en una patrulla clonada. Estaban acusados de atacar a balazos el palacio municipal de Teloloapan, donde fallecieron dos policías.

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“No le puedo decir nada. Son intocables esos muchachos desde hace tiempo. Nomás vaya a la salida a Chilpancingo, robaban diesel a la población. Nosotros no nos metíamos”, se queja un policía sesentón con 12 años de servicio mientras espera su turno para abordar el autobús que llevará a todos los policías que no están detenidos –22 son acusados por la noche de terror– a un curso de profesionalización en Tlaxcala.

“Ellos se dedican a destruir, a agredir a las personas. Hacen miles de cosas y no les dicen nada. Cierran casetas, roban todo, hasta la bolsa de señoras jalonearon esta vez. Pero eso no lo ven, ¿verdad? Y si nosotros no actuamos, está mal; si sí actuamos, está mal. A ellos todo les permiten”, dice furiosa una mujer policía.

El desprecio está implícito en los comentarios de los policías municipales que son llevados a Tlaxcala para capacitarse. Varios aseguran que los compañeros detenidos son inocentes y que fue una trampa para borrarlos del mapa.

“¿No le parece raro que policías federales y militares nunca intervinieron? ¿Quiénes teníamos que ir si no éramos nosotros?”, razona uno de ellos.

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La noche del 26 de septiembre Abarca, su esposa y sus invitados bailaron cumbia al ritmo de Luz Roja. Siguieron su fiesta a pesar de que estaba la cacería de estudiantes. Desde la medianoche los normalistas muertos yacían en el piso, sobre charcos de sangre. Otros se escondían aterrados en los montes, algunos pocos recibieron refugio en casas. No volvió a acercarse ningún policía. Los militares sólo acudieron a los reportes de robos, como el de la clínica Cristina.

Pasadas las cuatro y media de la mañana llegaron los primeros ministerios públicos a cubrir a los muertos con una cobija. Los normalistas estuvieron seis horas tirados en el pavimento. Solos. A nadie le importaron.

Lo que todos sabían de Abarca en el PRD

ROSALIA VERGARA
2014-10-11 21:29:04 · 

El 27 de septiembre, al día siguiente de la agresión a los normalistas de Ayotzinapa y de la desaparición forzada de compañeros suyos en Iguala, el alcalde con licencia José Luis Abarca Velázquez –quien hoy se encuentra prófugo– viajó a la Ciudad de México para entrevistarse con Jesús Zambrano, quien se preparaba para dejar la presidencia del PRD.

El encuentro se efectuó el Sanborns de Miguel Ángel de Quevedo y División del Norte, al sur de la ciudad. Acompañado por el diputado federal Sebastián Alfonso de la Rosa, Abarca intentó convencer a su interlocutor de que lo respaldara ante la sospecha de tener presuntos vínculos con el crimen organizado desde hace años.

Zambrano se negó y le pidió al alcalde separarse del cargo, comentan a Proceso fuentes que supieron de esa reunión. Dos días después, en una entrevista, Zambrano corroboró el dato. Lo hizo, dijo, para facilitar la investigación sobre los normalistas desaparecidos: “No estoy culpándolo a él, pero la policía (municipal) actuó con una enorme irresponsabilidad, con una falta de tacto absoluta ante los estudiantes”.

El sábado 4, el pleno del Noveno Consejo Nacional del PRD se pronunció de manera unánime por la expulsión de Abarca de las filas de ese partido, e incluso exigió al Congreso de Guerrero el desafuero del alcalde y su inmediata detención.

Su llegada al PRD

En 2011, durante la campaña de Ángel Aguirre a la gubernatura de Guerrero, Lázaro Mazón Alonso, de la corriente Nueva Izquierda (NI), fungió como el coordinador de su campaña. Fue él quien presentó a Abarca con Aguirre –un expriista arropado por el PRD–. Era un empresario exitoso que apoyaba la campaña, le dijo Mazón a Aguirre.

Durante todo 2011, Mazón Alonso fue el promotor de Abarca, quien no tenía experiencia política ni presencia electoral en Iguala. Luego comenzó el proceso para seleccionar candidatos a cargos de elección popular para los comicios de 2012.

En la entidad las corrientes opositoras a NI apoyaban al actual diputado Óscar Díaz Bello, entonces presidente del Comité Municipal del PRD en Iguala. Cuando llegó el proceso de selección por medio de una encuesta, Díaz Bello superó por cuatro puntos a Abarca.

Sin embargo, en 2012 las candidaturas perredistas en Guerrero se las repartieron cuatro corrientes –Los cuatro fantásticos–: NI, Grupo Guerrero, que se adhirió a Alianza Democrática Nacional (ADN), Nueva Mayoría, vinculada con NI, y otra denominada Unidad de Izquierda Guerrerense (UIG), relacionada con Izquierda Democrática Nacional (IDN).

Incluso realizaron un consejo estatal un viernes por la madrugada, refieren varios perredistas a condición de que se omitan sus nombres, en el que participó el gobernador Aguirre. Ahí, dicen, “impusieron” a Abarca como candidato a presidente municipal de Iguala.

Díaz Bello se inconformó y encabezó varias manifestaciones. Lo respaldaron las corrientes opositoras a NI y se sumaron a su protesta los otros aspirantes: Justino Carvajal Salgado, sobrino del exalcalde de Acapulco Félix Salgado Macedonio, y Antonio Jaimes Herrera, exalcalde de Iguala.

Entonces entregaron a Zambrano, así como al expresidente nacional del PRD Jesús Ortega Martínez, a la dirigencia estatal, al propio Aguirre, a René Bejarano, líder de IDN, y a los integrantes de Foro Nuevo Sol copias de un expediente armado por los militantes de Iguala en el cual documentaban las actividades ilícitas de Abarca, conocidas por los igualtecos.

También se la entregaron al entonces candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador durante un acto de campaña en Iguala, antes de que se hiciera oficial la candidatura de Abarca a la alcaldía. Según los perredistas consultados, López Obrador les respondió que la selección de candidatos municipales no era de su competencia.

Al rechazo contra Abarca se sumaron IDN y FNS, pero NI lo cobijó. Díaz Bello tuvo que conformarse con una candidatura a diputado local por el distrito 22; Carvajal Salgado fue incluido en la planilla municipal de Iguala como primer síndico, mientras que Jaimes Herrera optó por romper con el PRD y buscó la alcaldía bajo el emblema del Partido Verde Ecologista de México.

El crimen de Carvajal Salgado

El 22 de febrero de 2013 el síndico Carvajal Salgado fue asesinado a balazos en las escaleras de la casa de su madre Naborina, hermana de Félix Salgado Macedonio, excandidato del PRD a la gubernatura del estado.

Los lugareños, según los perredistas consultados, señalaban a Abarca, aunque nunca comprobaron su supuesta culpabilidad. La dirigencia del PRD se enteró del caso pero no actuó.

En Iguala fue NI la que cobijó a Abarca. Sebastián de la Rosa incluso lo anduvo paseando, se los presentó a los dirigentes estatales y nacionales, así como al gobernador Aguirre, dice uno de los perredistas. Luego se formó la Unidad Popular, en la cual jugó un papel importante Arturo Hernández Cardona, quien fue asesinado en mayo de 2013 junto con otros dirigentes. De acuerdo con uno de los testigos de los atentados, Abarca fue quien le disparó a Hernández Cardona en el rostro y en el cuerpo.

El sábado 4 por la noche, durante el Primer Pleno Ordinario del IX Consejo Nacional del PRD, el líder de IDN, René Bejarano, trajo a colación el asesinato de Hernández Cardona. Horas antes comenzó a hablarse del hallazgo de las fosas clandestinas donde supuestamente fueron enterrados los 43 normalistas desaparecidos.

Bejarano habló de su amistad con Hernández Cardona e hizo todo lo posible por esclarecer el homicidio (el gobernador Aguirre lo ayudó incluso): “Se creó la fiscalía, se hizo la coadyuvancia, se hicieron las indagatorias, las periciales, se envió el desglose a la PGR, se tomaron muchas declaraciones, se dio protección a las hijas y los hijos sobrevivientes de las dos parejas que tuvo en vida Arturo y se procuró conocer y dar con los responsables”.

El jueves 9, con la anuencia del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRD, encabezado ya por Carlos Navarrete, Aguirre manifestó su intención de renunciar a su cargo por los hechos violentos en Iguala.

Acompañado por Navarrete, el secretario general del PRD, Héctor Bautista, los integrantes del CEN, así como de los legisladores Silvano Aureoles Conejo y Sofío Ramírez Hernández, Aguirre expuso:

“Como es de su conocimiento, hay voces que, en el uso de sus derechos y libertades, han planteado mi separación del encargo de gobernador. Sin agravio alguno, respeto su opinión. Si eso sirviera para aliviar el dolor de los familiares de las víctimas y fuese útil para que no haya impunidad, sin duda alguna lo haría, pero como gobernador debo obedecer a quienes democráticamente me eligieron; es decir, las y los ciudadanos del estado de Guerrero.

“En consideración a lo anterior, y en acuerdo con la dirigencia nacional de mi partido, me permito informarles que al amparo y espíritu de los artículos primero, 35 y 39 y otras disposiciones de la Constitución, el próximo lunes presentaré al Congreso local una propuesta para que el domingo 16 de noviembre se realice en todo el estado de Guerrero un referéndum para la revocación de mandato, y que el pueblo decida democráticamente si debo o no continuar en el cargo de gobernador.”

Lo anterior, indicó, fue su “respuesta democrática” ante la masacre en Iguala. Antes, lamentó profundamente la muerte violenta “de varias personas y otras que se encuentran desaparecidas”.

Dos días antes, el martes 7, en un viaje relámpago a Iguala, Navarrete pidió un disculpa pública a los guerrerenses por no tener cuidado al elegir a sus candidatos y postular en ese municipio a un personaje ligado al crimen organizado. “Los perredistas –dijo– asumimos nuestro error y ofrecemos al pueblo de Guerrero nuestras disculpas y pedimos su perdón”.

Aguirre, el omiso y desafiante “amigo” de Peña Nieto

GLORIA REZA M.
2014-10-11 21:29:05 · COMENTARIOS DESACTIVADOS
VIOLENCIA

Crecido al amparo del PRI y de sus peores prácticas, Ángel Aguirre gobernó Guerrero a finales del siglo pasado y dejó, entre otras cosas, una cauda de perredistas asesinados. Amigo de Enrique Peña Nieto, éste no intervino cuando el guerrerense cambió de chaqueta, despechado con el priismo, y se cobijó en la llamada izquierda para acceder de nuevo al mandato estatal. Ahora, con el crimen de Ayotzinapa, ese manto protector de la máxima autoridad parece desvanecerse y el gobernador busca desesperadamente conservar el cargo, incluso pese a que la orden de matar a los normalistas pudo haber salido de su entorno más cercano, como opina un empresario local.

Nacido políticamente en el PRI, que lo hizo gobernador de Guerrero (1996-1999) y cobijado por el PRD para ejercer un nuevo mandato en el estado, la gestión de Ángel Aguirre Rivero se complica cada día más por el asesinato y desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, calificada por organizaciones como Human Rights Watch como el ataque a estudiantes más grave desde 1968.

El predecesor de Aguirre, Rubén Figueroa Alcocer, resistió ocho meses al frente del gobierno estatal luego de la matanza de 16 campesinos en Aguas Blancas a manos de policías estatales en junio de 1995, pero dimitió por la intervención directa del presidente Ernesto Zedillo.

Arropado por la dirigencia nacional del PRD, presidida ahora por Carlos Navarrete, dirigente de la corriente Nueva Izquierda, ante la presión de miles de voces en el mundo que piden su salida, Aguirre maquinó una estrategia dilatoria.

El jueves 9, primero en Acapulco y en presencia de un público que le lanzaba vivas, y más tarde flanqueado por Navarrete y el secretario general del PRD, Héctor Bautista, respondió al clamor popular en su contra con el anuncio de la próxima presentación de una iniciativa al Congreso local para preguntar a los guerrerenses si debe continuar al frente del Ejecutivo estatal.

En su terruño el gobernador rechazó los señalamientos de “asesino o represor” y de que recibió financiamiento del Cártel de los Beltrán Leyva en su campaña, como señala un video que circula en internet; aseguró que la federación sabía de la infiltración de la delincuencia organizada en las policías municipales, exigió verdad y justicia para el caso y sostuvo que no dejaría el gobierno por los “opinotecnócratas”.

En una conferencia de prensa en la Ciudad de México en la cual no se aceptaron preguntas, Aguirre precisó que al Congreso local le corresponderá procesar la iniciativa que presentará el lunes 13. Navarrete apuntaló: “Si es la decisión de los guerrerenses revocarle el mandato al gobernador, que así sea”.

Amigo de Peña Nieto desde los tiempos de éste como gobernador del Estado de México y cuando él era senador, Aguirre ha sido anfitrión del presidente en 17 ocasiones; los ataques a estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa frustraron la número 18. La gira presidencial programada para el 29 de septiembre a Ometepec y Acapulco fue cancelada horas antes con el argumento de que había “malas condiciones de clima” (La Jornada, 28 de septiembre).

Peña Nieto era uno de los principales invitados a las fastuosas fiestas de cumpleaños de Aguirre cada 21 de abril. Al senador priista (2006-2012) se le atribuye la mediación para que el entonces mandatario mexiquense acudiera en 2008 a un acto de campaña a la alcaldía de Acapulco de su primo, Manuel Añorve Baños, cercano a Manlio Fabio Beltrones.

Apoyo de la izquierda

La elección a gobernador en 2011 enfrentó a los primos originarios de Ometepec. Designado Añorve aspirante del PRI en agosto de 2010, Aguirre fue adoptado como candidato por la coalición PRD, PT y Convergencia, y de manera preponderante por Marcelo Ebrard, entonces jefe de gobierno capitalino.

No importaron los señalamientos de represor contra Aguirre en su primer periodo como gobernador interino, durante el cual fueron asesinados al menos 60 perredistas, casos que continúan sin ser resueltos, ni la militarización de comunidades campesinas e indígenas, que se tradujo en incontables abusos que tuvieron su máxima expresión en la matanza de 11 campesinos indefensos en la comunidad de El Charco, Ayutla, en junio de 1998, crimen que sigue en la impunidad (Proceso 1768).

En la campaña por la gubernatura en Guerrero, Peña Nieto tuvo poca presencia para favorecer a Añorve, y confirmado el triunfo de su amigo Aguirre, el 31 de enero de 2011 refirió que la derrota del PRI en esa contienda “era una lección que había que asimilar”, sin tomar en cuenta que su partido interpuso cerca de 100 quejas contra la coalición Guerrero los Une, que llevó a Aguirre al gobierno, por presuntas irregularidades durante el proceso electoral (Proceso 1788).

En su gobierno Aguirre ha gozado de la deferencia de Peña Nieto con sus constantes visitas, que se multiplicaron luego de los desastres que dejaron los huracanes Paulina e Ingrid, el 13 de septiembre de 2013. Esa noche, mientras el mandatario departía en una fiesta en Casa Guerrero con los exgobernadores priistas Rubén Figueroa Alcocer y René Juárez Cisneros, pueblos completos en la Sierra y la Montaña eran arrastrados por ríos y sepultados por cerros desgajados (Proceso 1925).

Tras los atentados a los normalistas de los pasados 26 y 27 de septiembre, el discurso presidencial hacia el gobierno guerrerense cambió conforme aumentaba la presión nacional e internacional por el castigo a los responsables de los seis asesinatos y la presentación con vida de los 43 estudiantes desaparecidos.

La situación es tan compleja que el gobierno de Peña Nieto pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una prórroga para responder a los lineamientos del organismo, tras el otorgamiento de medidas cautelares para los 43 desaparecidos. El plazo fijado en el escrito firmado por el secretario ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza, vencía este domingo 12 (Proceso 1980).

Del aparente respeto a la soberanía estatal en su discurso del 30 de septiembre –“Merece Iguala una especial atención, pero también demandando que el gobierno del estado asuma su propia responsabilidad”–, 10 días después de los acontecimientos Peña Nieto pasó a la intervención directa en las investigaciones y la búsqueda.

El lunes 6, en un mensaje de cuatro minutos en cadena nacional, informó de la orden que dio “a los elementos o a las instituciones que forman parte del gabinete de seguridad (…) para contribuir al debido esclarecimiento de estos hechos, a dar con los responsables y aplicar la ley de manera estricta”.

En paralelo, los mensajes de Aguirre en actos públicos y medios pasaron por el reconocimiento de la infiltración de la delincuencia organizada de las corporaciones policiacas municipales (30 de septiembre), al compromiso con la justicia –“caiga quien caiga se le va a aplicar la ley”, el miércoles 1– y el ofrecimiento de 1 millón de pesos por la localización de cada normalista desaparecido, a la oferta de su cabeza por “si mi renuncia resuelve el caso” –el domingo 5–, para quedar en el anuncio del proyecto de consulta popular.

Su cuestionado séquito

Florencio Salazar Adame, coordinador del Congreso local en la primera gestión de Aguirre y quien renunció al PRI en 2000 para sumarse a la campaña de Vicente Fox, advierte que Guerrero tendría que ser visto por el gobierno de Peña Nieto como “un serio problema de estabilidad política”.

En entrevista con Proceso Salazar describe a Guerrero como una entidad “donde la vida gira en torno al gobierno, donde elegimos no pensando en el mejor sino quién nos va a salpicar de lo que el gobierno maneja y reparte; en donde no hay diferencia entre los gobiernos del PRI y PRD. La crisis que estamos viviendo ahora en una administración perredista es la crisis que vivió una administración priista con Rubén Figueroa”.

Aclara que durante el tiempo en que su vida política coincidió con la de Aguirre el trato fue de respeto y cordialidad, el cual se rompió cuando el entonces gobernador interino pretendió imponer a su primo Manuel Añorve como sucesor, y añade que la principal falla de la actual administración radica en que ha delegado el poder en tres personas: Humberto Salgado Gómez, coordinador de asesores; el secretario de Finanzas, Jorge Salgado Leyva, y Ernesto Aguirre Gutiérrez, “asesor externo” y sobrino del mandatario estatal.

Este último, quien fungió como coordinador de Proyectos Estratégicos, fue mencionado por primera vez en el diario electrónico Sin embargo en noviembre de 2011 como parte de una lista de 93 familiares de Aguirre Rivero incrustados en la administración guerrerense. En 2009 La Jornada Guerrero lo acusó de haber sido destituido como subdelegado de Prestaciones del ISSSTE por “desviar recursos” a la campaña a diputado federal de su tío. En 2013 reapareció como “asesor externo”.

Apunta Salazar: “En la larga vida política que tengo nunca lo vi (a Ernesto Aguirre) en ninguna actividad política significativa, nunca vi que se formara en ningún partido ni tuviera algún cargo administrativo relevante ni ocupara un cargo de elección popular. Entonces, el que de pronto Aguirre le entregue la operación del gobierno me sorprende; obviamente puede operar con el respaldo del gobernador, con la prepotencia que suele acompañar ese tipo de decisiones, pero no necesariamente con eficacia”.

Salazar Adame lamenta que Aguirre haya desaprovechado la amistad que evidentemente le proveía Peña Nieto para “empezar a cambiar la condición de Guerrero”. En cambio, apunta, “ha dejado que se acumulen los problemas”.

Con todo, dice no creer que Aguirre Rivero “tenga las manos ensangrentadas” en el caso específico de los ataques a los estudiantes, pero lo que sí tiene, aclara, es “una responsabilidad política”, pues “estuvo ausente” y no pudo evitar la tragedia.

“Me parece que Aguirre peca de omisión, incluso de soberbia, pero desde luego no lo vi en el primer periodo y no lo veo en éste como un gobierno literalmente represor”, sostiene.

Para el empresario Pioquinto Damián Huato, la tragedia de Iguala es de tal magnitud que Aguirre es insostenible: “El gobernador se tiene que ir. La única oportunidad de encontrar vivos a los 43 muchachos es que el gobernador despeje dudas de haber sido omiso o de haber actuado para que el alcalde de Iguala se fuera; además nadie puede ser juez y parte en un conflicto. Si pidiera licencia le haría muy bien al estado”.

En enero de este año, Damián Huato y su familia fueron víctimas de un ataque en el cual murió su nuera, Laura Rosas, y dejó herido a su hijo Walter Damián Bautista.

El empresario considera que es inconcebible que tras la masacre de los normalistas el gobernador argumente la infiltración del crimen organizado en los municipios, “cuando lo característico de su gobierno ha sido el apapacho a los alcaldes señalados”.

Ejemplifica con tres casos: el asesinato del diputado federal Moisés Villanueva Luz, en el que se señaló como responsable al alcalde de Tlapa, Willy Reyes; la muerte de Arturo Hernández Cardona, en mayo de 2013, en la que tuvo responsabilidad el munícipe de Iguala, Abarca; y el suyo propio, agresión de la que acusó al presidente municipal Mario Moreno Arcos.

En todos esos casos, asegura, Aguirre acudió a los municipios a tomarse la foto con los señalados. Mientras el Congreso desechó la petición de desafuero del alcalde de Tlapa, en el de Moreno Arcos la Procuraduría General de Justicia descartó cualquier involucramiento y a Abarca “ni se le investigó”.

Tras responsabilizar a Aguirre Rivero de lo que le pueda pasar, Damián Huato insiste: “El señor gobernador debe analizar sus posibilidades. Conoce al presidente de la República y yo he visto reacciones de mucha molestia en él, pero creo que este problema le va a brincar a la federación, como le brincó de la alcaldía al gobierno estatal”.

Damián Huato, quien fue colaborador de Aguirre cuando el primero era presidente estatal del PRI y durante nueve meses fungió como secretario de Educación en el interinato de aquél, sostiene: “El gobernador Ángel Aguirre tiene un odio muy particular en contra de los muchachos de Ayotzinapa. ¿De dónde le viene? Eso yo no lo sé, pero es indiscutible que tiene una animadversión personalísima”.

El empresario asegura que una vez que él dejó el cargo, y lo suplió Eduardo Maliachi, el gobierno de Aguirre “daba unas palizas tremendas a los muchachos de Ayotzinapa, eran perseguidos por Chilpancingo y encarcelados”.

Por ello, dice, no deben extrañar tragedias como la del 26 y 27 de septiembre ni la del 12 de diciembre de 2011, cuando los estudiantes bloquearon la Autopista del Sol y en el desalojo violento murieron dos de ellos, caso que ameritó la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, cuya recomendación no ha sido cumplida.

“No tengo la prueba pero tengo la hipótesis de que la orden del asesinato y la desaparición de los muchachos de Ayotzinapa salió de Casa Guerrero. La orden ni siquiera la dio Aguirre; la debió haber dado Ernesto, su sobrino”, acusa.