Crecido al amparo del PRI y de sus peores prácticas, Ángel Aguirre gobernó Guerrero a finales del siglo pasado y dejó, entre otras cosas, una cauda de perredistas asesinados. Amigo de Enrique Peña Nieto, éste no intervino cuando el guerrerense cambió de chaqueta, despechado con el priismo, y se cobijó en la llamada izquierda para acceder de nuevo al mandato estatal. Ahora, con el crimen de Ayotzinapa, ese manto protector de la máxima autoridad parece desvanecerse y el gobernador busca desesperadamente conservar el cargo, incluso pese a que la orden de matar a los normalistas pudo haber salido de su entorno más cercano, como opina un empresario local.
Nacido políticamente en el PRI, que lo hizo gobernador de Guerrero (1996-1999) y cobijado por el PRD para ejercer un nuevo mandato en el estado, la gestión de Ángel Aguirre Rivero se complica cada día más por el asesinato y desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, calificada por organizaciones como Human Rights Watch como el ataque a estudiantes más grave desde 1968.
El predecesor de Aguirre, Rubén Figueroa Alcocer, resistió ocho meses al frente del gobierno estatal luego de la matanza de 16 campesinos en Aguas Blancas a manos de policías estatales en junio de 1995, pero dimitió por la intervención directa del presidente Ernesto Zedillo.
Arropado por la dirigencia nacional del PRD, presidida ahora por Carlos Navarrete, dirigente de la corriente Nueva Izquierda, ante la presión de miles de voces en el mundo que piden su salida, Aguirre maquinó una estrategia dilatoria.
El jueves 9, primero en Acapulco y en presencia de un público que le lanzaba vivas, y más tarde flanqueado por Navarrete y el secretario general del PRD, Héctor Bautista, respondió al clamor popular en su contra con el anuncio de la próxima presentación de una iniciativa al Congreso local para preguntar a los guerrerenses si debe continuar al frente del Ejecutivo estatal.
En su terruño el gobernador rechazó los señalamientos de “asesino o represor” y de que recibió financiamiento del Cártel de los Beltrán Leyva en su campaña, como señala un video que circula en internet; aseguró que la federación sabía de la infiltración de la delincuencia organizada en las policías municipales, exigió verdad y justicia para el caso y sostuvo que no dejaría el gobierno por los “opinotecnócratas”.
En una conferencia de prensa en la Ciudad de México en la cual no se aceptaron preguntas, Aguirre precisó que al Congreso local le corresponderá procesar la iniciativa que presentará el lunes 13. Navarrete apuntaló: “Si es la decisión de los guerrerenses revocarle el mandato al gobernador, que así sea”.
Amigo de Peña Nieto desde los tiempos de éste como gobernador del Estado de México y cuando él era senador, Aguirre ha sido anfitrión del presidente en 17 ocasiones; los ataques a estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa frustraron la número 18. La gira presidencial programada para el 29 de septiembre a Ometepec y Acapulco fue cancelada horas antes con el argumento de que había “malas condiciones de clima” (La Jornada, 28 de septiembre).
Peña Nieto era uno de los principales invitados a las fastuosas fiestas de cumpleaños de Aguirre cada 21 de abril. Al senador priista (2006-2012) se le atribuye la mediación para que el entonces mandatario mexiquense acudiera en 2008 a un acto de campaña a la alcaldía de Acapulco de su primo, Manuel Añorve Baños, cercano a Manlio Fabio Beltrones.
Apoyo de la izquierda
La elección a gobernador en 2011 enfrentó a los primos originarios de Ometepec. Designado Añorve aspirante del PRI en agosto de 2010, Aguirre fue adoptado como candidato por la coalición PRD, PT y Convergencia, y de manera preponderante por Marcelo Ebrard, entonces jefe de gobierno capitalino.
No importaron los señalamientos de represor contra Aguirre en su primer periodo como gobernador interino, durante el cual fueron asesinados al menos 60 perredistas, casos que continúan sin ser resueltos, ni la militarización de comunidades campesinas e indígenas, que se tradujo en incontables abusos que tuvieron su máxima expresión en la matanza de 11 campesinos indefensos en la comunidad de El Charco, Ayutla, en junio de 1998, crimen que sigue en la impunidad (Proceso 1768).
En la campaña por la gubernatura en Guerrero, Peña Nieto tuvo poca presencia para favorecer a Añorve, y confirmado el triunfo de su amigo Aguirre, el 31 de enero de 2011 refirió que la derrota del PRI en esa contienda “era una lección que había que asimilar”, sin tomar en cuenta que su partido interpuso cerca de 100 quejas contra la coalición Guerrero los Une, que llevó a Aguirre al gobierno, por presuntas irregularidades durante el proceso electoral (Proceso 1788).
En su gobierno Aguirre ha gozado de la deferencia de Peña Nieto con sus constantes visitas, que se multiplicaron luego de los desastres que dejaron los huracanes Paulina e Ingrid, el 13 de septiembre de 2013. Esa noche, mientras el mandatario departía en una fiesta en Casa Guerrero con los exgobernadores priistas Rubén Figueroa Alcocer y René Juárez Cisneros, pueblos completos en la Sierra y la Montaña eran arrastrados por ríos y sepultados por cerros desgajados (Proceso 1925).
Tras los atentados a los normalistas de los pasados 26 y 27 de septiembre, el discurso presidencial hacia el gobierno guerrerense cambió conforme aumentaba la presión nacional e internacional por el castigo a los responsables de los seis asesinatos y la presentación con vida de los 43 estudiantes desaparecidos.
La situación es tan compleja que el gobierno de Peña Nieto pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una prórroga para responder a los lineamientos del organismo, tras el otorgamiento de medidas cautelares para los 43 desaparecidos. El plazo fijado en el escrito firmado por el secretario ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza, vencía este domingo 12 (Proceso 1980).
Del aparente respeto a la soberanía estatal en su discurso del 30 de septiembre –“Merece Iguala una especial atención, pero también demandando que el gobierno del estado asuma su propia responsabilidad”–, 10 días después de los acontecimientos Peña Nieto pasó a la intervención directa en las investigaciones y la búsqueda.
El lunes 6, en un mensaje de cuatro minutos en cadena nacional, informó de la orden que dio “a los elementos o a las instituciones que forman parte del gabinete de seguridad (…) para contribuir al debido esclarecimiento de estos hechos, a dar con los responsables y aplicar la ley de manera estricta”.
En paralelo, los mensajes de Aguirre en actos públicos y medios pasaron por el reconocimiento de la infiltración de la delincuencia organizada de las corporaciones policiacas municipales (30 de septiembre), al compromiso con la justicia –“caiga quien caiga se le va a aplicar la ley”, el miércoles 1– y el ofrecimiento de 1 millón de pesos por la localización de cada normalista desaparecido, a la oferta de su cabeza por “si mi renuncia resuelve el caso” –el domingo 5–, para quedar en el anuncio del proyecto de consulta popular.
Su cuestionado séquito
Florencio Salazar Adame, coordinador del Congreso local en la primera gestión de Aguirre y quien renunció al PRI en 2000 para sumarse a la campaña de Vicente Fox, advierte que Guerrero tendría que ser visto por el gobierno de Peña Nieto como “un serio problema de estabilidad política”.
En entrevista con Proceso Salazar describe a Guerrero como una entidad “donde la vida gira en torno al gobierno, donde elegimos no pensando en el mejor sino quién nos va a salpicar de lo que el gobierno maneja y reparte; en donde no hay diferencia entre los gobiernos del PRI y PRD. La crisis que estamos viviendo ahora en una administración perredista es la crisis que vivió una administración priista con Rubén Figueroa”.
Aclara que durante el tiempo en que su vida política coincidió con la de Aguirre el trato fue de respeto y cordialidad, el cual se rompió cuando el entonces gobernador interino pretendió imponer a su primo Manuel Añorve como sucesor, y añade que la principal falla de la actual administración radica en que ha delegado el poder en tres personas: Humberto Salgado Gómez, coordinador de asesores; el secretario de Finanzas, Jorge Salgado Leyva, y Ernesto Aguirre Gutiérrez, “asesor externo” y sobrino del mandatario estatal.
Este último, quien fungió como coordinador de Proyectos Estratégicos, fue mencionado por primera vez en el diario electrónico Sin embargo en noviembre de 2011 como parte de una lista de 93 familiares de Aguirre Rivero incrustados en la administración guerrerense. En 2009 La Jornada Guerrero lo acusó de haber sido destituido como subdelegado de Prestaciones del ISSSTE por “desviar recursos” a la campaña a diputado federal de su tío. En 2013 reapareció como “asesor externo”.
Apunta Salazar: “En la larga vida política que tengo nunca lo vi (a Ernesto Aguirre) en ninguna actividad política significativa, nunca vi que se formara en ningún partido ni tuviera algún cargo administrativo relevante ni ocupara un cargo de elección popular. Entonces, el que de pronto Aguirre le entregue la operación del gobierno me sorprende; obviamente puede operar con el respaldo del gobernador, con la prepotencia que suele acompañar ese tipo de decisiones, pero no necesariamente con eficacia”.
Salazar Adame lamenta que Aguirre haya desaprovechado la amistad que evidentemente le proveía Peña Nieto para “empezar a cambiar la condición de Guerrero”. En cambio, apunta, “ha dejado que se acumulen los problemas”.
Con todo, dice no creer que Aguirre Rivero “tenga las manos ensangrentadas” en el caso específico de los ataques a los estudiantes, pero lo que sí tiene, aclara, es “una responsabilidad política”, pues “estuvo ausente” y no pudo evitar la tragedia.
“Me parece que Aguirre peca de omisión, incluso de soberbia, pero desde luego no lo vi en el primer periodo y no lo veo en éste como un gobierno literalmente represor”, sostiene.
Para el empresario Pioquinto Damián Huato, la tragedia de Iguala es de tal magnitud que Aguirre es insostenible: “El gobernador se tiene que ir. La única oportunidad de encontrar vivos a los 43 muchachos es que el gobernador despeje dudas de haber sido omiso o de haber actuado para que el alcalde de Iguala se fuera; además nadie puede ser juez y parte en un conflicto. Si pidiera licencia le haría muy bien al estado”.
En enero de este año, Damián Huato y su familia fueron víctimas de un ataque en el cual murió su nuera, Laura Rosas, y dejó herido a su hijo Walter Damián Bautista.
El empresario considera que es inconcebible que tras la masacre de los normalistas el gobernador argumente la infiltración del crimen organizado en los municipios, “cuando lo característico de su gobierno ha sido el apapacho a los alcaldes señalados”.
Ejemplifica con tres casos: el asesinato del diputado federal Moisés Villanueva Luz, en el que se señaló como responsable al alcalde de Tlapa, Willy Reyes; la muerte de Arturo Hernández Cardona, en mayo de 2013, en la que tuvo responsabilidad el munícipe de Iguala, Abarca; y el suyo propio, agresión de la que acusó al presidente municipal Mario Moreno Arcos.
En todos esos casos, asegura, Aguirre acudió a los municipios a tomarse la foto con los señalados. Mientras el Congreso desechó la petición de desafuero del alcalde de Tlapa, en el de Moreno Arcos la Procuraduría General de Justicia descartó cualquier involucramiento y a Abarca “ni se le investigó”.
Tras responsabilizar a Aguirre Rivero de lo que le pueda pasar, Damián Huato insiste: “El señor gobernador debe analizar sus posibilidades. Conoce al presidente de la República y yo he visto reacciones de mucha molestia en él, pero creo que este problema le va a brincar a la federación, como le brincó de la alcaldía al gobierno estatal”.
Damián Huato, quien fue colaborador de Aguirre cuando el primero era presidente estatal del PRI y durante nueve meses fungió como secretario de Educación en el interinato de aquél, sostiene: “El gobernador Ángel Aguirre tiene un odio muy particular en contra de los muchachos de Ayotzinapa. ¿De dónde le viene? Eso yo no lo sé, pero es indiscutible que tiene una animadversión personalísima”.
El empresario asegura que una vez que él dejó el cargo, y lo suplió Eduardo Maliachi, el gobierno de Aguirre “daba unas palizas tremendas a los muchachos de Ayotzinapa, eran perseguidos por Chilpancingo y encarcelados”.
Por ello, dice, no deben extrañar tragedias como la del 26 y 27 de septiembre ni la del 12 de diciembre de 2011, cuando los estudiantes bloquearon la Autopista del Sol y en el desalojo violento murieron dos de ellos, caso que ameritó la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, cuya recomendación no ha sido cumplida.
“No tengo la prueba pero tengo la hipótesis de que la orden del asesinato y la desaparición de los muchachos de Ayotzinapa salió de Casa Guerrero. La orden ni siquiera la dio Aguirre; la debió haber dado Ernesto, su sobrino”, acusa.
