domingo, 7 de abril de 2013

Pagarán 17.5 millones a jubilados de #Mexicana


Ariane Díaz
 
Periódico La Jornada
Domingo 7 de abril de 2013, p. 34
Rocío Guerra Peimbert, ex trabajadora de Mexicana de Aviación, quien cumplió 12 días en huelga de hambre, asegura que Gemi José González López, director de Vinculación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, le dijo que están haciendo lo conducente para armar la mesa de trabajo que pide para levantar el ayuno que comenzó el 25 de marzo, para abrir un foro en el cual se pronuncien los interesados en recapitalizar a la aerolínea. Dulce María Mejía, una de los dos sobrecargos jubilados que estuvo en huelga de hambre en marzo, informó que el Comité Técnico del Fideicomiso F/797, integrado el pasado 4 de abril, luego de una reunión con representantes sindicales y de la línea aérea, determinó disponer de 17.5 millones de pesos para pagar a los jubilados, en forma quincenal, a partir del 15 de abril.

Ser mujer, indígena y maestra, orgullo de activista de la Ceteg


Ignora el gobierno necesidades de los niños de la Montaña

Foto
Integrante activa de la Ceteg, la profesora de prescolar Flora Pérez defiende su causaFoto Francisco Olvera
Sergio Ocampo Arista
Corresponsal
Periódico La Jornada
Domingo 7 de abril de 2013, p. 8
Chilpancingo, Gro., 6 de abril.
El gobernador Ángel Aguirre Rivero debe saber que no nos vamos a ir del movimiento, que vamos a seguir hasta el final. Si cree que porque nos reprimió vamos a tener miedo de seguir luchando se equivoca, no es así, nosotras como mujeres, maestras y gente humilde de la Montaña tenemos dignidad, afirmó Flora Pérez.
Advirtió que mientras el gobernador no resuelva las demandas del magisterioaquí estaremos. Yo llegué al plantón el 25 de febrero, cuando inició el movimiento; mis compañeras y yo no hemos regresado un solo día a nuestras comunidades, no tuvimos vacaciones de Semana Santa, pero no importa, lo más importante para nosotros en este momento es la lucha, y apoyamos con todo a nuestros dirigentes, porque en Guerrero no va a pasar la reforma educativa.
Orgullosa de su origen indígena, nacida en la cabecera municipal de Zapotitlán Tablas, de la zona me’phaá (tlapaneca) en la Montaña Alta, dice:Soy maestra de prescolar en el municipio de Tlacoapa. Me tuve que ir a vivir allá desde hace 28 años con mi marido, que también está aquí en el movimiento. En ese tiempo nacieron mis tres hijos, que hoy tienen 27, 24 y 23 años.
La profesora fue entrevistada en el campamento instalado en la sede de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (Ceteg). En general los tlapanecos toman decisiones en colectivo, por eso durante la plática estuvieron presentes cinco compañeras que escuchaban atentas las respuestas de la que al parecer es su dirigente.
Estoy en el movimiento porque el gobierno está haciendo sus reformas sin considerar las necesidades de los pueblos indígenas, que vivimos arrinconados porque no tenemos lo que tienen en las ciudades, agrega.
Nosotros analizamos los cambios que propone la reforma educativa y llegamos a la conclusión que afectará a los padres, y creemos que la única manera de apoyarlos es luchando de esta manera, porque el gobierno no sabe lo que pasa en las comunidades, ni convive con la gente, ni se da cuenta de los problemas y necesidades de los niños de la Montaña, sólo quieren hacer la reforma porque se está impulsando en otro país, y ahora lo quieren hacer en México.
–¿Es viable la reformaeducativa?
–En nuestra Montaña no. No va a resultar por la pobreza en que se encuentran los padres en sus comunidades. Por ejemplo, si hablamos de las escuelas, diremos que ni siquiera tienen muebles, y ahora pretenden implementar su reforma, que en todos los sentidos nos afecta.
–¿Ustedes tienen temor a ser evaluados allá en la Montaña?
–No. Lo que pasa es que no queremos evaluarnos como lo propone el gobierno. Sabemos de la capacidad que tenemos para evaluar a nuestros alumnos. Yo soy egresada de la Universidad Pedagógica Nacional. Creo que en La Montaña los maestros tenemos la misma capacidad y por eso no le tenemos miedo a ningún tipo de evaluación, pero no nos vamos a evaluar sólo por el gusto del gobierno.
Nosotros evaluamos a nuestros alumnos, lo hacemos de acuerdo con el medio en que se encuentren, porque no podemos comparar un niño de la ciudad con uno de la Montaña, porque muchos ni siquiera conocen el mar ni Chilpancingo, mucho menos la ciudad de México.
–Mis alumnos, para llegar al jardín de niños desde sus comunidades, tardan 40 minutos, algunos son de Tlacoapa, pero la mayoría no. Hay que tomar en cuenta que los niños tienen entre tres y seis años, y la distancia es muy larga para su edad. Hay que decir que otros niños vienen de más lejos a estudiar primaria o secundaria.
–En el jardín de niños atiendo a 28 alumnos de tercer grado, ha sido un trabajo arduo, porque se imparten clases en dos lenguas, en me’phaá y en castellano, debido a que por lo general hay niños que no hablan alguna de las dos. Habla uno en español y luego en me’phaá, es decir, se enseña al mismo tiempo en ambas lenguas, no se puede primero enseñar en un idioma y luego en el otro, hay que utilizar ambos.
Al principio la plática se desarrolló en un ambiente de desconfianza, pero la maestra poco a poco se desenvolvió con más libertad. Vestida de pants y blusa azul, en chanclas, habló de uno de los problemas recurrentes en las escuelas de la región: la alimentación, Hay que decir que existen diferencias, porque hay niños que no reciben comida adecuada y cuando llegan a la escuela tienen hambre.
Cuando hay necesidades en las escuelas, se realiza una reunión, se toman acuerdos en asamblea, se coopera si faltan productos de limpieza y si los padres creen que con 50 o 60 pesos de cooperación se cubren los requerimientos para todo el ciclo escolar, se fija el monto; es la única cuota que se cobra, porque no tenemos para sufragar esos y otros gastos.
De pronto se abordó el tema del desalojo por parte de la Policía Federal ocurrido el viernes por la tarde: “Estuvo mal el desalojo, porque el gobierno quiere de esa manera solucionar nuestro rechazo a la reforma. El gobierno no debió resolverlo de manera violenta, debió apostarle al diálogo, analizando con seriedad las propuestas que le hicimos. Que (el gobernador Ángel Aguirre) reconozca que no tomó en cuenta a la población, que fue la que lo llevó al poder, y ahora reprime a su gente, a los maestros.
En su campaña para gobernador nos fue a decir que iba a apoyar más la educación y a los pueblos indígenas, pero qué es lo que está haciendo, pues no está apoyando nada. No hemos visto ni una rehabilitación en nuestra zona de ninguna escuela por parte de la SEP, que no se preocupa por ir a ver qué falta en las escuelas, reclamó.
Flora Pérez habló de la situación de la mujer en la Montaña Alta: En nuestro medio no tenemos fuentes de trabajo para las mujeres, la mayoría son amas de casa, hasta nosotras que trabajamos tenemos que hacernos de comer; no hay recursos para comprar o ir a un restaurante, que tampoco los hay. Buscan cómo ganarse la vida, algunas cuidando casas o trabajando en el campo, ¿qué más podemos hacer en un ambiente de pobreza y abandono?

Frenará el Senado cambios subrepticios en telecomunicaciones


Los cambios introducidos en la Cámara de Diputados a la reforma sobre telecomunicaciones y radiodifusión por presiones del Consejo Rector del Pacto por México –ese “poder fáctico que suplanta las facultades del Congreso”, según los senadores– son inadmisibles, sostiene el panista Javier Corral. Tras desmontar las argucias redactadas en San Lázaro, dice que el Senado corregirá las “barbaridades y locuras” que se incluyen en la reforma constitucional, antes de devolverla a la cámara de origen a más tardar el martes 30.
Por lo menos cinco de los cambios de última hora a la reforma sobre telecomunicaciones y radiodifusión cuyo propósito último es beneficiar a Televisa, entre ellos el de intentar convertir al secretario de Hacienda, Luis Videgaray, en el “gran concesionante del país”, y eliminar la regulación de la propiedad cruzada de medios de comunicación, fueron realizados por la Cámara de Diputados el 21 de marzo.
Igual de grave es la vulneración de la autonomía del Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) a través de un “doble chipote presidencialista” y otorgarle al Ejecutivo federal el manejo del espectro más valioso en las bandas 700 Mhz y 2.5 Ghz, por lo que serán analizados y revertidos en el Senado, asegura el senador panista Javier Corral Jurado.
La identificación de esos cambios de última hora, realizados el 21 de marzo en la sesión de la Cámara de Diputados, así como la franca rebelión de los coordinadores de las bancadas del PRD y del PAN frente a la presión de los integrantes del Consejo Rector del Pacto por México para aprobar fast track la reforma marcarán la discusión en el Senado durante los próximos 15 días.
Protagonista en la batalla contra la Ley Televisa en 2006, e impulsor de un bloque de senadores del PAN, del PRD y del PT para realizar modificaciones en la minuta de reforma constitucional, Corral advierte que los cambios “son contrarios no sólo a los objetivos del Pacto por México y a lo que han venido diciendo el presidente de la República y los líderes de los partidos, sino dirigidos a beneficiar de manera burda y descarada a Televisa, con lo que la reforma aumenta el desequilibrio entre el sector de las telecomunicaciones y el de la radiodifusión, que ya traía de por sí la iniciativa”.
Corral advierte: “Es grave que el secretario de Hacienda, el verdadero jefe por parte del gobierno del Consejo Rector del Pacto por México, aproveche los ocultamientos de las reservas que hicieron los diputados para introducir como bola rápida una facultad para él de esta dimensión; lo más grave, que los líderes de los partidos acepten darle a Videgaray una ventaja de ese tamaño para su aspiración presidencial”.
En entrevista con Proceso, Corral detalla los cinco “cambios inadmisibles” que llegaron a la minuta del Senado que pretende ser modificada y aprobada antes del 30 de abril, el último día del segundo periodo ordinario de sesiones.
En el artículo 28 constitucional se le agregó un “doble chipote presidencialista” para que los titulares de las secretarías de Comunicaciones y Transportes y de Hacienda den opiniones en materia de concesiones al espectro. Para Corral se trata de un “veto de bolsillo” a favor de Videgaray, quien se convertirá en el “gran concesionante del país, pues dependerá de él el tiempo para fijar una contraprestación o para encarecer o abaratar las concesiones”.
En el párrafo sobre las facultades del Ifetel para otorgar, revocar o autorizar cesiones o cambios al control accionario, titularidad u operación de sociedades relacionadas con concesiones, se aprobó que el organismo autónomo “notificará al secretario del ramo previo a su determinación, quien podrá emitir una opinión técnica no vinculante en un plazo no mayor a 45 días naturales”.
Y se estableció un segundo candado:
“El instituto fijará el monto de las contraprestaciones por el otorgamiento de las concesiones, así como por la autorización de servicios vinculados a éstas, previa opinión de la autoridad hacendaria.”
Además, en el mismo párrafo se advierte que las concesiones para uso público y social (es decir, las controladas por el gobierno federal) “se otorgarán bajo el mecanismo de asignación directa conforme a lo previsto por la ley y en condiciones que garanticen la transparencia del procedimiento”.
Los ajustes a ese párrafo, junto con las modificaciones a los artículos 16 y 17 transitorios de la reforma constitucional, permitirán al Ejecutivo federal tener el control “en materia del espectro más valioso para el futuro de la competencia”, que son las bandas de 700 Mhz y de 2.5 Ghz, según Corral.
En el caso del décimo sexto transitorio, se establece que el Ejecutivo federal “instalará una red compartida de servicios de telecomunicaciones al mayoreo que impulse el acceso efectivo de la población a la comunicación de banda ancha y a los servicios de telecomunicaciones”, conforme al artículo 6, fracción B párrafo II, que dispone que este servicio público de interés general será garantizado por el Estado en condiciones de “competencia, calidad, pluralidad, cobertura universal, interconexión, convergencia, acceso libre y continuidad”. Asimismo, se elimina la posibilidad de la gratuidad.
Para otorgar este servicio, el Ejecutivo federal aprovechará “al menos” 90 Mhz del espectro liberado por la transición a la televisión digital terrestre (TDT) en la banda 700 Mhz, considerada la más valiosa actualmente para los servicios de cuádruple play, así como los recursos de la red troncal de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad y “de cualquier otro activo del Estado que pueda utilizarse en la instalación y la operación de la red compartida”. Es decir, la banda 2.5 Ghz que le fue “rescatada” a MVS como concesionario mayoritario por el gobierno de Calderón.
“La gran contradicción de la minuta es la autonomía del Ifetel, pues las principales decisiones en materia del espectro más valioso para el futuro de la competencia se las dan al Ejecutivo. Eso lo vamos a cambiar”, sentencia Corral.
Ante las bancadas del PRI y del PRD, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, defendió, por “razones de seguridad nacional” y para evitar posibles ingresos de grupos criminales o de lavado de dinero a las concesiones, la necesidad de que los titulares de Comunicaciones y de Hacienda sean consultados por el Ifetel.
Ruiz Esparza, el único de los integrantes del gabinete federal que ha sido convocado para las consultas internas de las fracciones, también negó que se pudiera dar “internet gratuito” por parte del Estado, ya que “violaría la libre competencia”; descartó también que sea necesario incluir en la reforma constitucional el derecho de las audiencias con el argumento de que eso forma parte de una legislación secundaria.
Las cláusulas pro Televisa

En el caso de los beneficios a Televisa, los coordinadores del PRI, PAN y PRD en la Cámara de Diputados, con el aval de algunos integrantes del Consejo Rector del Pacto por México, cambiaron el sentido de la redacción de los artículos tercero y cuarto transitorios, convirtiendo el pago de la contraprestación por el concepto de multiprogramación en algo ambiguo y no en una obligación, destaca el senador Corral.
En el tercero transitorio se le agregó el condicionante “en su caso” para el pago de la contraprestación en el párrafo VIII:
Será obligación del Congreso “determinar los criterios conforme a los cuales el Instituto Federal de Telecomunicaciones otorgará las autorizaciones para el acceso a la multiprogramación bajo los principios de competencia y calidad, garantizando el derecho a la información y atendiendo de manera particular la concentración nacional y regional de frecuencias, incluyendo en su caso, el pago de las contraprestaciones debidas”.
La misma frase se incluyó en el párrafo dos del artículo cuarto transitorio:
“La ley establecerá que las concesiones serán únicas, de forma que los concesionarios puedan prestar todo tipo de servicios a través de sus redes, siempre que cumplan con las obligaciones y prestaciones que les imponga el Instituto Federal de Telecomunicaciones, y en su caso, las contraprestaciones correspondientes.”
El pago de la contraprestación para los servicios adicionales de telecomunicación y radiodifusión, incluyendo la multiprogramación, fue uno de los temas centrales de la discusión en 2006 sobre la Ley Televisa. Al año siguiente, la Suprema Corte de Justicia determinó que no hay refrendos automáticos y que la contraprestación es un pago obligatorio.
En el artículo 17 transitorio también se modificó la redacción que dispone la necesidad de un programa de trabajo para “disminuir la separación entre estaciones de radio y televisión conforme a la práctica internacional y para una red nacional de banda ancha”. En lugar de disminuir se puso el verbo “reorganizar”, lo cual beneficia a los agentes dominantes en radiodifusión, subraya Corral.
La llamada “cláusula Angoitia” –en referencia a Alfonso de Angoitia, vicepresidente de Televisa, quien presionó a la Cámara de Diputados en el proceso de dictaminación– está redactada “derechito en contra de Telmex y de Dish, para burlar el must carry gratuito”, abunda el legislador panista.
El artículo octavo transitorio estable que se les revocará la concesión a aquellas empresas que consiguieran “un beneficio directo o indirecto de la regla de gratuidad”. Dish, de MVS, y Telmex, de Carlos Slim, tienen una sociedad de facturación. “Es una tracalada y la vamos a corregir”, insiste Corral.
Los cambios a la iniciativa en la Cámara de Diputados incluían más candados a favor de Grupo Televisa. A través de presiones de la empresa y de enviados del Ejecutivo federal –especialmente de Aurelio Nuño, jefe de la Oficina de la Presidencia, enviado por Luis Videgaray a negociar a última hora el 21 de marzo–, se intentaban agregar otros cambios “muy direccionados a afectar más a MVS y a Telmex”, según varios testimonios recabados por Proceso.
De acuerdo con los entrevistados por este reportero, los coordinadores del PAN, Luis Alberto Villarreal; del PRI, Manlio Fabio Beltrones, y del PRD, Silvano Aureoles, ya estaban dispuestos a incluirlos.

Rebelión contra el pacto

“A los integrantes del Consejo Rector (del Pacto por México) no los queremos ni a dos kilómetros de distancia de la sede del Senado”, advirtió el coordinador panista y presidente de la Mesa Directiva del Senado, Ernesto Cordero, durante la sesión de la Junta de Coordinación Política y de los presidentes de las seis comisiones (dos de ellas como “observadores”) que dictaminarán la minuta de reforma constitucional en telecomunicaciones y radiodifusión procedente de la Cámara de Diputados.
Hábilmente, el senador priista Emilio Gamboa Patrón secundó la posición de Cordero. Desde que la minuta llegó al Senado, el coordinador de la bancada del PRI propuso que, a diferencia de la Cámara de Diputados, en la Cámara alta fueran cuatro comisiones y que se abriera un periodo de dos semanas de consultas con expertos y funcionarios del sector.
El jaloneo por la definición de las comisiones dictaminadoras fue el primer round interno en el Senado y también el deslinde más fuerte ante las presiones provenientes del Consejo Rector, cuyos integrantes presionaron para que no se le hiciera ningún cambio a la minuta procedente de la Cámara de Diputados.
Gamboa Patrón alertó que los senadores están dispuestos a hablar con los integrantes del Consejo Rector del Pacto por México, pero “a lo que no estamos dispuestos es a que nos sustituyan como legisladores”.
“El pacto impuso una dinámica que no va a poder imponer en el Senado ni vamos a permitir que la impongan”, advierte Javier Corral. “Aquí –agrega–, que ni se les ocurra a los señores Molinar y Creel andar dando instrucciones como lo han hecho en la Cámara de Diputados”, señaló, en clara referencia a los integrantes del Consejo Rector del Pacto que redactó la reforma y presionó a que se aprobara sin modificaciones en San Lázaro, el 21 de marzo.
En el ángulo opuesto a las posiciones de Corral, el también senador panista Javier Lozano, presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, una de las dos dictaminadoras, también emprendió una intensa campaña de medios para criticar al Consejo Rector del Pacto por México y señalar que el Senado corregirá “barbaridades y locuras” que se incluyen en la reforma constitucional.
Expresidente de la Cofetel y señalado en el Senado como uno de los presuntos aliados a los intereses de las televisoras, Lozano también reviró contra el Pacto por México, señalando que ellos son “el poder fáctico que suplanta las facultades del Congreso”.
“El Pacto por México se tiene que acotar a que una vez que se presente su iniciativa lo dejen como lo que es: una iniciativa, y que el resto del proceso legislativo lo dejen al Congreso de la Unión, que es lo que dice la Constitución”, afirmó Lozano en rueda de prensa.
Del lado del PRD también hay una franca rebelión a las presiones y la “línea” impulsada por el Pacto por México. De entrada, el coordinador de la bancada, Miguel Barbosa, advirtió que era “inevitable” hacerle modificaciones a la minuta proveniente de la Cámara de Diputados y que no se aprobaría fast track.
“Veo muy difícil que no pueda haber cambios en el Senado, encuentro altas posibilidades de modificaciones. Si debemos hacer cambios, los vamos a hacer”, precisó Barbosa el lunes 1, cuando la minuta de la reforma constitucional llegó al Senado.

Buena relación. Naranjo #PRD

Buena relación

Cuando México no quiso atrapar al Chapo


Hablan los agentes

Al intensificarse la guerra contra los cárteles del narcotráfico, un elemento ha estado presente en el país: La DEA, la agencia antidrogas de Estados Unidos que permanentemente tiene personal trabajando aquí. Algunos de sus agentes hablan ahora, dicen que suelen portar armas en México y platican que repetidas ocasiones le informaron al gobierno mexicano dónde estaba El Chapo Guzmán… y no pasó nada. Éstas y otras historias revela J. Jesús Esquivel, corresponsal de Proceso en Washington, en el volumen La DEA en México. Una historia oculta del narcotráfico contada por los agentes, de próxima aparición bajo el sello de Grijalbo. A continuación se adelantan fragmentos de los capítulos 7 y 14 del libro.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prohíbe de manera tajante a los agentes y militares extranjeros la portación de armas de fuego dentro del territorio nacional. En 1992, con la definición de las Reglas del Juego, a los agentes de la DEA les quedó totalmente prohibida la portación de armas.
Sandalio González, el agente jubilado de origen cubano que dedicó gran parte de su vida al trabajo nacional e internacional en la DEA, dice que la seguridad personal es una parte muy importante en las operaciones antinarcóticos que se hacen en México y en Colombia.
–¿Los agentes de la DEA que están en México portan armas?
–Sí, todos. Todos los agentes llevan armas; sólo el personal de inteligencia de las oficinas de la DEA no, pues son básicamente personas dedicadas a trabajo burocrático y que saben manejar las tecnologías para una investigación; son los que no salen a los lugares donde se realizan las operaciones.
–¿Los agentes de la DEA que están en México van armados sólo cuando emprenden una operación encubierta, o siempre andan armados?
–Siempre se porta un arma; aunque no existe un tipo de arma reglamentaria para los agentes de la DEA.
(…) –¿Los agentes de la DEA van armados a reuniones con funcionarios, policías o militares mexicanos?
–Sí.
–¿Y lo saben ellos?
–Claro, eso se sabe pero no se admite, así es la regla no escrita en México sobre la relación con los agentes de la DEA. Ni los policías federales ni los militares revisan a los agentes de la DEA; nunca lo hacen cuando se dan las reuniones.
–¿Se han dado incidentes cuando policías o militares mexicanos revisan a los agentes de la DEA para ver si llevan armas?
–Ocurre. Cuando nos querían chingar y sabían que andábamos fuera de las oficinas, mandaban a un grupo de policías federales o a los militares a poner retenes en la carretera. Te paraban y te jodían; te revisaban, te quitaban el arma o te detenían por un rato.
“Se armaba un desmadre cuando esto ocurría, porque se resolvía el problema hasta que alguien en la embajada de Estados Unidos tomaba el teléfono y lo negociaba con alguien de la Secretaría de Gobernación, de la Secretaría de Relaciones Exteriores; con los mandos de la Policía Federal, el Ejército o la Marina. En una ocasión, casi estoy seguro de que se habló a Los Pinos.”
–¿La DEA ha buscado alguna solución al asunto de la prohibición para portar armas en México?
–Hace algunos años el gobierno de Estados Unidos intentó resolver el problema. El Departamento de Estado y el de Justicia le propusieron al gobierno mexicano que si permitía que los agentes de la DEA portaran armas en territorio mexicano, se autorizaría que los agentes mexicanos portaran armas dentro del territorio estadunidense. En Estados Unidos, en varios estados donde existen consulados mexicanos, hay agentes de la PGR (Procuraduría General de la República). Pero la respuesta del gobierno mexicano fue un rotundo no a la propuesta de Washington.
La prohibición de portar armas a los agentes de la DEA en México se maneja como una especie de “arreglo entre caballeros” que se extiende al personal de otras corporaciones:
“Los agentes de la DEA no son los únicos agentes de Estados Unidos que portan armas en México; seguramente esto ocurre también con los del FBI, los de la ATF (Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos), con todos los agentes de Aduanas y los de la CIA. Estos (últimos) no sé por qué carajos no admiten que son agentes de la CIA si todo el gobierno mexicano los conoce. Según ellos son vicecónsules, pero ningún vicecónsul porta armas; solamente lo hace el ‘vicecónsul de la CIA’.”
–¿Se puede decir que el gobierno mexicano vigila a todos los agentes de Estados Unidos que están en México para asegurarse de que cumplen con los mandatos que les ha impuesto?
–Sí, pero no creo que a todos de la misma manera, porque en el caso de los agentes de la DEA, cuando estamos en el extranjero no es en calidad de “agentes secretos”, como piensa mucha gente.
“Cuando estamos en el extranjero no estamos registrados como agentes o policías de la DEA. En algunos países, que es el caso de México, los agentes se registran ante la Secretaría de Relaciones Exteriores como diplomáticos –political attache–; en otros, se les concede una identificación diplomática bajo la calidad de administrador técnico o de personal de la embajada o del consulado. O sea que el gobierno del país anfitrión sabe muy bien quiénes son agentes y quiénes no, dónde viven, cuántos familiares tienen. Todo, saben todo, pero en México no pasa nada.”

¿Por qué “El Chapo” sigue libre?

La lucha militarizada de Calderón dejó como herencia a los mexicanos una herida que no cicatriza, que seguirá sangrando por mucho tiempo principalmente debido a la impunidad en torno a su saldo de más de 60 mil muertos y más de 20 mil desaparecidos.
El Chapo es el emblema del fracaso de Calderón y de Washington.
Pero, ¿por qué es un criminal intocable, quien no obstante el respaldo de la Casa Blanca y del Capitolio no pudo ser capturado o eliminado durante el gobierno de Calderón?
“Fue por la enorme corrupción que se expandió en el gobierno de Calderón, por eso no lo atrapan”, dice sin el más mínimo temor a equivocarse José Baeza, el agente de la DEA que salió de México en 2008, al culminar su tercera etapa en la lucha contra el trasiego de los narcóticos.
“El Chapo es un capo importante –explica Baeza–, de eso no hay duda. Pero nunca podrá superar a Amado Carrillo Fuentes. El Chapo se ha beneficiado de la publicidad de los medios de comunicación y de todo lo que ha dicho el gobierno mexicano sobre él. Se escapó de la cárcel (el 19 de enero) en 2001 y ya pasaron más de 11 años. ¿Por qué no lo arrestan? ¿A poco el gobierno de México no sabe dónde está él ni dónde está su familia? –anota Baeza, quien resume en dos palabras la respuesta a sus propias interrogantes–: por corrupción.”
–¿En realidad sabe el gobierno de México dónde se encuentran El Chapo y sus familiares?
–Claro, ha recibido mucha información de inteligencia de nuestra parte, de otras agencias (estadunidenses) y de sus propios sistemas de investigación, militares y civiles.
“Nunca han realizado una investigación a fondo para detener a su familia, que está disfrutando del dinero que acumuló El Chapo en el tráfico de las drogas. No lo quieren tocar; no quieren tocar sus bienes ni sus ranchos ni sus negocios. Para mí está muy claro: el gobierno de Calderón no quiere ir contra él.
“El Cártel de Sinaloa no está debilitado; al contrario, se fortaleció por la corrupción en el gobierno federal, en niveles muy altos. No hace falta ser un sabio para llegar a esta conclusión. ¿Por qué nadie ha detenido al Chapo y a otros de sus socios, como a Ismael El Mayo Zambada García o a Juan José Esparragoza Moreno, El Azul? Todos ellos llevan muchos años en el negocio, pero increíblemente nadie los detiene y siguen libres.”
–¿De verdad sabe el gobierno de México dónde se esconde El Chapo y los demás miembros del Cártel de Sinaloa?
–Sí, sí saben dónde están. Naturalmente lo saben, y saben dónde están sus familiares. La tropa o algunos jefes de la policía que supuestamente los están buscando no se meten con ellos ni con sus familiares porque saben quiénes los protegen y en qué niveles del gobierno.
–¿Quiénes protegen al Chapo y al Cártel de Sinaloa?
–Eso no me toca a mí decirlo. El día que en México arresten a ciertos políticos van a descubrir muchas verdades sobre los misterios del Chapo y del Cártel de Sinaloa.
–¿Qué sabe la DEA sobre El Chapo?
–La DEA tiene una larga lista de propiedades del Chapo, de sus ranchos, de sus casas. Esa lista también la tiene el gobierno mexicano. Antes era sólo nuestra, pero se la dimos.
“En varias reuniones con autoridades mexicanas les decíamos: ‘Mira, tenemos esta información’. Ellos respondían preguntando si en el lugar que les enseñábamos El Chapo se encontraba en ese momento. Claro que eso no se los podíamos garantizar, pero les explicábamos que esa propiedad le pertenecía a él, y que para localizarlo era necesario investigar sobre esa pista, que una operación importante toma tiempo. No nos hacían caso.”
–¿El Chapo tiene muchas propiedades en México?
–Muchas. Recuerdo que una ocasión, a principios del sexenio de Calderón, le dimos una información al Ejército acerca de un lugar en Sinaloa al que iba a llegar. Era uno de sus ranchos, a donde supuestamente fueron a buscarlo pero no nos avisaron cuando lo hicieron. Dos o tres días después nos llamaron para decirnos: “Se nos peló, creemos que nunca llegó a ese lugar”.
Personajes de leyenda

La leyenda del Chapo comenzó a crecer de manera desproporcionada a partir del viernes 19 de enero de 2001, cuando de la forma más absurda, en las narices del gobierno de Vicente Fox, el jefe del Cártel de Sinaloa se fugó de Puente Grande, la cárcel federal de máxima seguridad de Jalisco. A partir de entonces, y hasta la fecha, Joaquín El Chapo Guzmán Loera es el criminal más popular en México. Además de la constante atención que le han brindado los medios, libros, historietas y corridos siguen contribuyendo a fraguar el mito del capo; todo dentro de la llamada narcocultura que nació y se consolidó a costa del fracaso de la guerra contra las drogas de Calderón.
(…) La mayoría de los agentes de la DEA que trabajan o trabajaron en México, entrevistados para la elaboración de este libro, dice que se atreverían a apostar lo que fuera a que, si el gobierno mexicano quisiera, en menos de dos días capturaría al jefe del Cártel de Sinaloa.
Al solicitarle una explicación sobre la falta de voluntad del gobierno mexicano para atrapar al líder del Cártel de Sinaloa, el agente, sin revelar su nombre, declara al respecto:
“No es un misterio el lugar donde se esconde. Está en la Sierra Madre Occidental, entre Chihuahua, Durango y Sinaloa. Lo digo porque esta información la hemos compartido con el gobierno mexicano, y ellos a su vez en otras ocasiones nos lo confirmaron. Es más, te voy a contar dos episodios que no se conocen públicamente en México, para que la gente saque sus propias conclusiones de las razones por las que Calderón no logró capturar al Chapo. El primer episodio ocurrió el 19 de mayo de 2007, en el pueblo de Coluta, que pertenece al municipio de Tamazula, Durango. Habíamos recibido información confidencial, por parte de varios de nuestros informantes, de que El Chapo asistiría ese día a la fiesta de 15 años de la hija de un compadre que tiene en Coluta. Todos estos datos, y algunos otros detalles que por cuestión de seguridad no te los puedo proporcionar, la DEA se los entregó al gobierno de México. La información la recibió la Presidencia, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la Procuraduría General de la República (PGR), el Ejército y la Marina mexicana.
“El gobierno de Calderón mandó un pelotón del Ejército para capturar al Chapo; fueron como unos 30 soldados, todos muy bien armados y equipados con tecnología sofisticada. Los militares llegaron a Coluta el día de la fiesta de 15 años, pero El Chapo se les escapó. Increíble, porque Coluta es un pueblo pequeño, pero los militares mexicanos no pudieron o no quisieron atraparlo.
“Nos explicaron que la gente de Coluta les dijo, después de que El Chapo se había fugado, que ‘el señor’ llegó con una escolta como de 50 personas, todos con armas de alto poder y con radios colgados en el pecho. Que todos, incluido El Chapo, llegaron a Coluta en cuatrimotos. Que los escoltas habían colocado varios halcones a las orillas del pueblo y que cuando llegaron los soldados la gente del Chapo (y él mismo) abandonó la fiesta.
“Los militares mexicanos nos contaron que vieron a la gente del Chapo, y posiblemente hasta al mismo capo, pero que no lo pudieron distinguir porque todos iban vestidos con ropa y gorra de color negro. Que montados en las cuatrimotos salieron disparados por varias direcciones del pueblo de Coluta y que en el desperdigadero de gente no pudieron capturar a ninguno ni tampoco identificar a Guzmán Loera. ¡Nadie esperaba esa nueva táctica de las cuatrimotos! El Chapo es inteligente, y en esa zona de la sierra de Durango es difícil que alguien te atrape si vas en una cuatrimoto y quien te persigue se mueve a pie o en un Jeep. Lo extraño fue que los militares no usaron helicópteros. ¿Por qué no lo hicieron? Pues porque al militar que iba al frente del pelotón no se le ocurrió, por lo menos eso fue lo que nos contestaron.
“El segundo episodio es un poco más complicado y por ello es más difícil de creer la versión oficial del gobierno mexicano sobre los hechos que ocurrieron a partir del 26 de junio de 2007. Ese día, en la DEA se recibió información de que El Chapo visitaba con frecuencia la población de La Angostura, en el municipio de Canelas, Durango. Los reportes de los informantes afirmaban que se iba a casar en La Angostura con una jovencita llamada Emma Coronel Aispuro. Que este dato ya lo tenían confirmadísimo con gente del pueblo y con la misma gente del Cártel de Sinaloa.
“Entre el 26 y el 29 de junio, la DEA obtuvo más información sobre el caso de La Angostura, y fuentes distintas a las primeras confirmaban que la versión era muy fuerte en el sentido de que El Chapo se iba a casar con la señorita Coronel Aispuro. Luego confirmamos que la fecha de la boda sería el 2 de julio.
“Como era de esperarse, toda esta información la compartimos nuevamente con las autoridades correspondientes, recordándoles que entre el 29 de junio y el 2 de julio había un espacio suficiente para preparar un operativo. Nos respondieron que sería nuevamente la Sedena (Secretaría de la Defensa Nacional) la encargada de realizar la operación para agarrar al Chapo, vivo o muerto; y aseguraron que en esta ocasión no se les escaparía.”
(…) “Los informantes que teníamos por la zona nos reportaron que el día del matrimonio del Chapo con Emma, el capo había llegado en una avioneta acompañado de varios de sus amigos. Pero que desde tres días antes de la boda al pueblo de La Angostura llegaron en cuatrimotos más de 70 escoltas del Cártel de Sinaloa.”
El agente de la DEA resguardado bajo el anonimato continúa su relato sobre el mismo incidente:
“Los escoltas del Chapo llegaron igual que a Coluta, vestidos con ropa y gorra de color negro y armados con rifles de alto poder, granadas y otras armas pesadas que habían colocado en una avioneta que llegó desde el sábado. Los informantes reportaron que la boda, el 2 de julio, se llevó a cabo sin ningún contratiempo, que casi todo el pueblo asistió a la fiesta. Que hubo música de la que le gusta al Chapo, tequila, whisky y también cerveza hasta para llevar. Sus escoltas tenían perfectamente bien controlada toda la zona.”
La gente de la Sedena llegó a La Angostura hasta el otro día de la boda, el martes 3 de julio. Pero como los soldados iban en autos y escoltados desde el aire por un helicóptero, el ruido alertó al Chapo, quien otra vez, junto con su gente, salió del pueblo rumbo a la sierra montado en una cuatrimoto.
“Así es muy difícil detenerlos, porque nos confundieron”, fue la respuesta que recibió la DEA de parte del gobierno mexicano. ¿Acaso los militares no tenían ya el dato esencial de que El Chapo usó cuatrimotos en Coluta? ¿Se les fue u otra vez lo dejaron ir?

Dignidad magisterial


Agreden maestros de Guerrero sede del PRD

E
l escenario en que el nuevoPRI da prioridad a la vieja práctica de alianzas cupulares es posible gracias al Pacto por México, con la complicidad de PRD y PAN, y busca legitimar a Enrique Peña Nieto e imponer sin problemas las reformas estructurales. La primera fue la reforma educativa, impuesta sin tomar en cuenta la opinión y participación de maestros, estudiantes, padres, especialistas, sindicato y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE); ni las experiencias generadas a partir de los proyectos de educación alternativa en Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Chiapas y el DF.
Una práctica de la actual clase gobernante es la guerra mediática contra los maestros, con expresiones como: “Deben darles de palos… Se les tiene que aplicar todo el rigor de la ley… Se debe encarcelar a esos rijosos… Los deben de despedir”. Estas son algunas de las expresiones con que incitan a la población contra los docentes. Enrique Peña Nieto, en el foro México con Educación de Calidad para Todos, el 3 de abril pasado, dijo que la capital de Veracruz es Boca del Río, y ante tal pifia se justificó diciendo el Presidente de la República a veces se equivoca. Después afirmó que no va a permitir retrocesos, ni presiones en el tema de la reforma educativa. Por su parte, Emilio Chuayffet con su estilo autoritario aseguró (11/12/12) que el que repruebe se va, y añadió esto no es pactable ni diferible.
La Coparmex, en voz de su presidente Juan Pablo Castañón, sostuvo que en caso de paro de labores abrirían sus oficinas para dar clases extramuros en coordinación con los padres y pidió a la Secretaría de Educación Pública no pagar los salarios de los maestros que hagan paro.
Estas formas de amedrentar del gobierno sólo promueven la confrontación y justifican la represión al magisterio, como quedó demostrado en Guerrero el viernes pasado.
La lista de razones por las que la CNTE se opone a la reforma educativa incluye ser antidemocrática, centralista, proempresarial-mercantil, ambigua, deficiente, incompleta, regresiva, impositiva y punitiva. En lo pedagógico no contiene elementos para una auténtica reforma, un planteamiento preciso e integral para la transformación de la educación ni del sistema educativo nacional. Respecto a la llamada calidad, no está definida y no se establece el proceso que la hará posible.
En lo social, impactará a los sectores más empobrecidos, profundizando la segregación, marginación y exclusión social. En lo cultural, se sustituyen valores como identidad nacional, solidaridad, unidad, amor a la patria, principios éticos, por categorías económicas que provienen de la globalización como eficacia, eficiencia, competencia, productividad, estandarización, individualismo y consumismo, trasmitidas por medio del adoctrinamiento de pautas culturales dominantes.
Se impone el pensamiento único a través del currículo y la evaluación estandarizada, con conocimientos y respuestas uniformes, violentando los derechos de sectores vulnerables y de los pueblos originarios, sin tomar en cuenta el enfoque intercultural.
La estrategia de la CNTE para enfrentar los cambios a los artículos tercero y 73 de la Constitución ha seguido tres rutas: La política, con amplias y crecientes movilizaciones en todo el país, empleando la táctica de movilización-negociación, obteniendo la interlocución directa con los gobiernos federal y estatales, pero sin avances significativos.
La jurídica, interponiendo 130 mil solicitudes de amparo, que se incrementarán el 10 de abril, pues se incluirá a padres de familia y normalistas.
La pedagógica, con la defensa de la escuela pública, la construcción de proyectos de educación alternativa y la realización de foros y el Congreso Nacional de Educación que tendrá lugar del 25 al 28 de abril en el Zócalo de la ciudad de México, el cual busca la más amplia participación de estudiantes, maestros, padres, investigadores, organizaciones sociales y sindicales; en contraste con la nula participación en la definición de la llamada reforma educativa.
Los especialistas han señalado categóricamente las afectaciones de esta reforma, porque es la síntesis de las políticas educativas neoliberales impuestas en México por la OCDE en los pasados 21 años, con resultados negativos, pues aumentó los índices de deserción, reprobación, rezago educativo y la reducción de la cobertura y egreso, profundizando la brecha de pobreza y marginación del pueblo mexicano. Esta modificación constitucional apunta al desmantelamiento y privatización de la educación por medio de la autonomía de gestión de los planteles, la cual intenta responsabilizar a los padres del mantenimiento de las escuelas. Además conlleva la modificación de derechos de los docentes, de la organización del trabajo y de las relaciones laborales.
El reto para el movimiento en defensa de la educación pública es sortear la amplia campaña de los poderes fácticos que pretenden avanzar en la privatización de la educación, desarrollando propuestas educativas alternativas, las cuales tengan como eje el desarrollo integral de niños y jóvenes para la construcción de aprendizajes para la vida plena, es decir, para la transformación de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento, con un carácter humanista, democrático y ecológico, para que la escuela pública sea una institución con función emancipadora necesaria para construir un proyecto de nación con soberanía, justicia y dignidad.
* Profesora de educaciónprimaria, maestra en investigación educativa y autora del libro El movimiento magisterialen la primavera de 1989

La espiritualidad invade a la política. José Agustín Ortiz Pinchetti



M
i anterior colaboración resultó ligeramente provocadora. Sostuve que no puede existir ninguna separación entre la política y la espiritualidad. También intenté refutar la idea muy popular en la izquierda de que la espiritualidad y la religión se confunden. Recibí respuestas interesantes de mis lectores. Algunas apoyaban mis hipótesis, pero otras las reprobaban enérgicamente. Uno definió: o se está con la ciencia que rechaza la espiritualidad o con la ignorancia que la defiende. Independientemente de quién tenga razón, es un hecho que el tema no sólo ha regresado al debate, sino que para muchos el espíritu es esencial en el ejercicio público. Muchos personajes se han reconocido como dotados de una orientación espiritual y han sido importantes y benéficos:
Martin Luther King, en la defensa de los derechos civiles. Aung San Suu Kyi, quien impugnó con éxito el sangriento régimen militar de Birmania. Dag Hammarskjold, cuyo papel como secretario de las Naciones Unidas fue clave para la paz mundial. Adam Michnik, uno de los artífices de la democracia en Polonia. Aldo Moro, dos veces premier de Italia y defensor de los avances sociales. Jacques Delors, hombre clave en la construcción de la Unión Europea, de la que fue presidente hasta 1994. Vaclav Havel, quien después de una larga disidencia logró encabezar el proceso de democratización de Checoslovaquia. Mahatma Gandhi, probablemente el más grande líder del siglo XX. Nelson Mandela libertador de Sudáfrica. Todos ellos en forma explícita advirtieron que la quintaesencia de sus empresas libertadoras era el espíritu y pensaron que sin una revolución espiritual las fuerzas que se oponían al cambio hubieran sido invencibles.

Lo notable es que el fenómeno sigue avanzando. Un pensador que observa la crisis del sistema estadunidense, como J. P. Palmer, sostiene que para sanar el corazón de la democracia es necesaria una política digna del espíritu humano; así opina la española Adela Cortina (Justicia cordial). En todas partes surgen códigos éticos, libros y ensayos que vinculan la espiritualidad y la política. Aparecen partidos como en Suiza el Integrale Politik, en Alemania el partido de las Violetas, la organización intereuropea llamada Integración Política. Cada vez es mayor el número de quienes sostienen que los grandes desafíos de nuestra época sólo podrán enfrentarse con una visión holística y las palabras amor, revolución de las conciencias, tolerancia, regeneración, aparecen en el lenguaje y en las propuestas de los políticos. Esta es una de las características del liderazgo de AMLO y del naciente partido de Regeneración Nacional.

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