Los cambios introducidos en la Cámara de Diputados a la reforma sobre telecomunicaciones y radiodifusión por presiones del Consejo Rector del Pacto por México –ese “poder fáctico que suplanta las facultades del Congreso”, según los senadores– son inadmisibles, sostiene el panista Javier Corral. Tras desmontar las argucias redactadas en San Lázaro, dice que el Senado corregirá las “barbaridades y locuras” que se incluyen en la reforma constitucional, antes de devolverla a la cámara de origen a más tardar el martes 30.
Por lo menos cinco de los cambios de última hora a la reforma sobre telecomunicaciones y radiodifusión cuyo propósito último es beneficiar a Televisa, entre ellos el de intentar convertir al secretario de Hacienda, Luis Videgaray, en el “gran concesionante del país”, y eliminar la regulación de la propiedad cruzada de medios de comunicación, fueron realizados por la Cámara de Diputados el 21 de marzo.
Igual de grave es la vulneración de la autonomía del Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) a través de un “doble chipote presidencialista” y otorgarle al Ejecutivo federal el manejo del espectro más valioso en las bandas 700 Mhz y 2.5 Ghz, por lo que serán analizados y revertidos en el Senado, asegura el senador panista Javier Corral Jurado.
La identificación de esos cambios de última hora, realizados el 21 de marzo en la sesión de la Cámara de Diputados, así como la franca rebelión de los coordinadores de las bancadas del PRD y del PAN frente a la presión de los integrantes del Consejo Rector del Pacto por México para aprobar fast track la reforma marcarán la discusión en el Senado durante los próximos 15 días.
Protagonista en la batalla contra la Ley Televisa en 2006, e impulsor de un bloque de senadores del PAN, del PRD y del PT para realizar modificaciones en la minuta de reforma constitucional, Corral advierte que los cambios “son contrarios no sólo a los objetivos del Pacto por México y a lo que han venido diciendo el presidente de la República y los líderes de los partidos, sino dirigidos a beneficiar de manera burda y descarada a Televisa, con lo que la reforma aumenta el desequilibrio entre el sector de las telecomunicaciones y el de la radiodifusión, que ya traía de por sí la iniciativa”.
Corral advierte: “Es grave que el secretario de Hacienda, el verdadero jefe por parte del gobierno del Consejo Rector del Pacto por México, aproveche los ocultamientos de las reservas que hicieron los diputados para introducir como bola rápida una facultad para él de esta dimensión; lo más grave, que los líderes de los partidos acepten darle a Videgaray una ventaja de ese tamaño para su aspiración presidencial”.
En entrevista con Proceso, Corral detalla los cinco “cambios inadmisibles” que llegaron a la minuta del Senado que pretende ser modificada y aprobada antes del 30 de abril, el último día del segundo periodo ordinario de sesiones.
En el artículo 28 constitucional se le agregó un “doble chipote presidencialista” para que los titulares de las secretarías de Comunicaciones y Transportes y de Hacienda den opiniones en materia de concesiones al espectro. Para Corral se trata de un “veto de bolsillo” a favor de Videgaray, quien se convertirá en el “gran concesionante del país, pues dependerá de él el tiempo para fijar una contraprestación o para encarecer o abaratar las concesiones”.
En el párrafo sobre las facultades del Ifetel para otorgar, revocar o autorizar cesiones o cambios al control accionario, titularidad u operación de sociedades relacionadas con concesiones, se aprobó que el organismo autónomo “notificará al secretario del ramo previo a su determinación, quien podrá emitir una opinión técnica no vinculante en un plazo no mayor a 45 días naturales”.
Y se estableció un segundo candado:
“El instituto fijará el monto de las contraprestaciones por el otorgamiento de las concesiones, así como por la autorización de servicios vinculados a éstas, previa opinión de la autoridad hacendaria.”
Además, en el mismo párrafo se advierte que las concesiones para uso público y social (es decir, las controladas por el gobierno federal) “se otorgarán bajo el mecanismo de asignación directa conforme a lo previsto por la ley y en condiciones que garanticen la transparencia del procedimiento”.
Los ajustes a ese párrafo, junto con las modificaciones a los artículos 16 y 17 transitorios de la reforma constitucional, permitirán al Ejecutivo federal tener el control “en materia del espectro más valioso para el futuro de la competencia”, que son las bandas de 700 Mhz y de 2.5 Ghz, según Corral.
En el caso del décimo sexto transitorio, se establece que el Ejecutivo federal “instalará una red compartida de servicios de telecomunicaciones al mayoreo que impulse el acceso efectivo de la población a la comunicación de banda ancha y a los servicios de telecomunicaciones”, conforme al artículo 6, fracción B párrafo II, que dispone que este servicio público de interés general será garantizado por el Estado en condiciones de “competencia, calidad, pluralidad, cobertura universal, interconexión, convergencia, acceso libre y continuidad”. Asimismo, se elimina la posibilidad de la gratuidad.
Para otorgar este servicio, el Ejecutivo federal aprovechará “al menos” 90 Mhz del espectro liberado por la transición a la televisión digital terrestre (TDT) en la banda 700 Mhz, considerada la más valiosa actualmente para los servicios de cuádruple play, así como los recursos de la red troncal de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad y “de cualquier otro activo del Estado que pueda utilizarse en la instalación y la operación de la red compartida”. Es decir, la banda 2.5 Ghz que le fue “rescatada” a MVS como concesionario mayoritario por el gobierno de Calderón.
“La gran contradicción de la minuta es la autonomía del Ifetel, pues las principales decisiones en materia del espectro más valioso para el futuro de la competencia se las dan al Ejecutivo. Eso lo vamos a cambiar”, sentencia Corral.
Ante las bancadas del PRI y del PRD, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, defendió, por “razones de seguridad nacional” y para evitar posibles ingresos de grupos criminales o de lavado de dinero a las concesiones, la necesidad de que los titulares de Comunicaciones y de Hacienda sean consultados por el Ifetel.
Ruiz Esparza, el único de los integrantes del gabinete federal que ha sido convocado para las consultas internas de las fracciones, también negó que se pudiera dar “internet gratuito” por parte del Estado, ya que “violaría la libre competencia”; descartó también que sea necesario incluir en la reforma constitucional el derecho de las audiencias con el argumento de que eso forma parte de una legislación secundaria.
Las cláusulas pro Televisa
En el caso de los beneficios a Televisa, los coordinadores del PRI, PAN y PRD en la Cámara de Diputados, con el aval de algunos integrantes del Consejo Rector del Pacto por México, cambiaron el sentido de la redacción de los artículos tercero y cuarto transitorios, convirtiendo el pago de la contraprestación por el concepto de multiprogramación en algo ambiguo y no en una obligación, destaca el senador Corral.
En el tercero transitorio se le agregó el condicionante “en su caso” para el pago de la contraprestación en el párrafo VIII:
Será obligación del Congreso “determinar los criterios conforme a los cuales el Instituto Federal de Telecomunicaciones otorgará las autorizaciones para el acceso a la multiprogramación bajo los principios de competencia y calidad, garantizando el derecho a la información y atendiendo de manera particular la concentración nacional y regional de frecuencias, incluyendo en su caso, el pago de las contraprestaciones debidas”.
La misma frase se incluyó en el párrafo dos del artículo cuarto transitorio:
“La ley establecerá que las concesiones serán únicas, de forma que los concesionarios puedan prestar todo tipo de servicios a través de sus redes, siempre que cumplan con las obligaciones y prestaciones que les imponga el Instituto Federal de Telecomunicaciones, y en su caso, las contraprestaciones correspondientes.”
El pago de la contraprestación para los servicios adicionales de telecomunicación y radiodifusión, incluyendo la multiprogramación, fue uno de los temas centrales de la discusión en 2006 sobre la Ley Televisa. Al año siguiente, la Suprema Corte de Justicia determinó que no hay refrendos automáticos y que la contraprestación es un pago obligatorio.
En el artículo 17 transitorio también se modificó la redacción que dispone la necesidad de un programa de trabajo para “disminuir la separación entre estaciones de radio y televisión conforme a la práctica internacional y para una red nacional de banda ancha”. En lugar de disminuir se puso el verbo “reorganizar”, lo cual beneficia a los agentes dominantes en radiodifusión, subraya Corral.
La llamada “cláusula Angoitia” –en referencia a Alfonso de Angoitia, vicepresidente de Televisa, quien presionó a la Cámara de Diputados en el proceso de dictaminación– está redactada “derechito en contra de Telmex y de Dish, para burlar el must carry gratuito”, abunda el legislador panista.
El artículo octavo transitorio estable que se les revocará la concesión a aquellas empresas que consiguieran “un beneficio directo o indirecto de la regla de gratuidad”. Dish, de MVS, y Telmex, de Carlos Slim, tienen una sociedad de facturación. “Es una tracalada y la vamos a corregir”, insiste Corral.
Los cambios a la iniciativa en la Cámara de Diputados incluían más candados a favor de Grupo Televisa. A través de presiones de la empresa y de enviados del Ejecutivo federal –especialmente de Aurelio Nuño, jefe de la Oficina de la Presidencia, enviado por Luis Videgaray a negociar a última hora el 21 de marzo–, se intentaban agregar otros cambios “muy direccionados a afectar más a MVS y a Telmex”, según varios testimonios recabados por Proceso.
De acuerdo con los entrevistados por este reportero, los coordinadores del PAN, Luis Alberto Villarreal; del PRI, Manlio Fabio Beltrones, y del PRD, Silvano Aureoles, ya estaban dispuestos a incluirlos.
Rebelión contra el pacto
“A los integrantes del Consejo Rector (del Pacto por México) no los queremos ni a dos kilómetros de distancia de la sede del Senado”, advirtió el coordinador panista y presidente de la Mesa Directiva del Senado, Ernesto Cordero, durante la sesión de la Junta de Coordinación Política y de los presidentes de las seis comisiones (dos de ellas como “observadores”) que dictaminarán la minuta de reforma constitucional en telecomunicaciones y radiodifusión procedente de la Cámara de Diputados.
Hábilmente, el senador priista Emilio Gamboa Patrón secundó la posición de Cordero. Desde que la minuta llegó al Senado, el coordinador de la bancada del PRI propuso que, a diferencia de la Cámara de Diputados, en la Cámara alta fueran cuatro comisiones y que se abriera un periodo de dos semanas de consultas con expertos y funcionarios del sector.
El jaloneo por la definición de las comisiones dictaminadoras fue el primer round interno en el Senado y también el deslinde más fuerte ante las presiones provenientes del Consejo Rector, cuyos integrantes presionaron para que no se le hiciera ningún cambio a la minuta procedente de la Cámara de Diputados.
Gamboa Patrón alertó que los senadores están dispuestos a hablar con los integrantes del Consejo Rector del Pacto por México, pero “a lo que no estamos dispuestos es a que nos sustituyan como legisladores”.
“El pacto impuso una dinámica que no va a poder imponer en el Senado ni vamos a permitir que la impongan”, advierte Javier Corral. “Aquí –agrega–, que ni se les ocurra a los señores Molinar y Creel andar dando instrucciones como lo han hecho en la Cámara de Diputados”, señaló, en clara referencia a los integrantes del Consejo Rector del Pacto que redactó la reforma y presionó a que se aprobara sin modificaciones en San Lázaro, el 21 de marzo.
En el ángulo opuesto a las posiciones de Corral, el también senador panista Javier Lozano, presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, una de las dos dictaminadoras, también emprendió una intensa campaña de medios para criticar al Consejo Rector del Pacto por México y señalar que el Senado corregirá “barbaridades y locuras” que se incluyen en la reforma constitucional.
Expresidente de la Cofetel y señalado en el Senado como uno de los presuntos aliados a los intereses de las televisoras, Lozano también reviró contra el Pacto por México, señalando que ellos son “el poder fáctico que suplanta las facultades del Congreso”.
“El Pacto por México se tiene que acotar a que una vez que se presente su iniciativa lo dejen como lo que es: una iniciativa, y que el resto del proceso legislativo lo dejen al Congreso de la Unión, que es lo que dice la Constitución”, afirmó Lozano en rueda de prensa.
Del lado del PRD también hay una franca rebelión a las presiones y la “línea” impulsada por el Pacto por México. De entrada, el coordinador de la bancada, Miguel Barbosa, advirtió que era “inevitable” hacerle modificaciones a la minuta proveniente de la Cámara de Diputados y que no se aprobaría fast track.
“Veo muy difícil que no pueda haber cambios en el Senado, encuentro altas posibilidades de modificaciones. Si debemos hacer cambios, los vamos a hacer”, precisó Barbosa el lunes 1, cuando la minuta de la reforma constitucional llegó al Senado.
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