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martes, 19 de agosto de 2014

Barbosa y Ríos Piter se “doblan” ante las televisoras: Acosta Naranjo

La acción de inconstitucionalidad, contra la ley en telecom, no alcanzó las firmas suficientes en el Senado "por esta desgracia de que el poder de las televisoras dobla a todo el que quiere ser gobernador o presidente municipal y les impone condiciones... gente que quiere quedar bien con las televisoras, que es el caso de Barbosa y de Ríos Piter", señaló el consejero del PRD.
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(Foto: Cuartoscuro)


Miguel Barbosa, coordinador de los senadores del PRD y el senador perredista, Armando Ríos Piter, obedecen a intereses de las televisoras por sus aspiraciones a ser gobernadores, y por ello no acompañaron una acción de inconstitucional contra la ley en materia de telecomunicaciones, aseguró el consejero nacional de ese partido, Guadalupe Acosta Naranjo.
En entrevista para Noticias MVS primera emisión, indicó que la dirigencia del partido giró la instrucción de apoyar la acción de inconstitucionalidad, incluso la elaboraron perredistas, pero no lo lograron ni en la Cámara de Diputados ni en el Senado, aunque “estuvimos muy cerca”.
En el caso del Senado, la acción no se concretó “por esta desgracia de que el poder de las televisoras dobla a todo el que quiere ser gobernador o presidente municipal y les impone condiciones. Ahí están todos yendo a visitar a Angoitia (Alfonso de Angoitia, vicepresidente Ejecutivo) y a estos personajes de Televisa, son los que están detrás de esta presión”, indicó.
“En el Senado efectivamente un grupo de senadores del PRD y del PAN y del PT ya no firmaron, esos ya no firmaron, eso es cierto, y lo hicieron sin duda por la presión de las televisoras… pero el partido dio la instrucción… decisiones particulares de alguna gente que quiere quedar bien con las televisoras, que es el caso de Barbosa y de Ríos Piter y de otras gentes que quieren quedar bien con las televisoras por sus aspiraciones a gobernador, es otra cosa, pero el PRD tiene una postura firme, única, oficial, y donde hay algunas gentes que tienen estas debilidades… es una desgracia que se sigan doblando ante estas personas“, agregó.
El lunes la analista Denise Dresser cuestionó porqué el PRD no apoyó la acción de inconstitucionalidad, pese a que votó en contra de la ley en materia de telecomunicaciones.
Naranjo aseguró que la postura del PRD fue una sola, pero en los casos “particulares” de los senadores, no apoyaron la acción por los motivos que detalló.
El perredista informó que presentarán la controversia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por medio de varios municipios perredistas.
“Vamos a interponer nosotros la controversia constitucional, no ha terminado este capítulo y esta defensa, no pudimos lograr las firmas de la acción, pero vamos a presentar la controversia constitucional a través de varios municipios que ya están listos”, dijo.
Por su parte, la diputada perredista Purificación Carpinteyro indicó que en la Cámara de Diputados lograron 156 votos, con el apoyo de todo el PRD, pero fueron los panistas quienes retiraron sus firmas, por una presunta orden de Luis Alberto Villarreal, ex coordinador parlamentario.
 

jueves, 17 de julio de 2014

Ley Telecom: la frustración


Senadores durante la discusión de las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones. Foto: Benjamín Flores.
Senadores durante la discusión de las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones.
Foto: Benjamín Flores.
MÉXICO, D.F. (Proceso).- Pese a no ser la mejor iniciativa, la propuesta de reforma constitucional en materia de telecomunicaciones emanada del llamado Pacto por México despertó el entusiasmo de muchos analistas y expertos. El entusiasmo creció con las modificaciones que introdujo el Congreso para mejorar algunos aspectos puntuales de la misma y desde luego, se potenció con la resolución del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) al declarar agentes económicos preponderantes a América Móvil y Televisa.
Pero “el gozo se fue al pozo” con la iniciativa presidencial de leyes secundarias y con la evidencia de que la interpretación de las disposiciones constitucionales que hizo el IFT para declarar agentes preponderantes era la misma que sostenía el Ejecutivo y de hecho permitiría la subsistencia del poder de Televisa en el sector de radiodifusión. Y todavía más con el adocenamiento mostrado por la mayoría de los legisladores federales, quienes finalmente cedieron frente a Televisa –“poder real”– y su operador político –el Ejecutivo federal (Proceso 1966)– y aprobaron disposiciones contrarias a lo establecido en la reforma constitucional.
Entre los vacíos presentes desde la reforma constitucional –los cuales no se remediaron en el Congreso y a la larga benefician a los actuales concesionarios– está la posibilidad de que éstos se apropien, sin costo alguno, de la llamada “ganancia digital” para la multiprogramación, pues los artículos 158 y 159 de la nueva legislación lo permiten.
Más decepcionantes son los aspectos que se pensaba habían sido atendidos en el Congreso en la reforma constitucional, revertidos en la legislación secundaria.
Destaca que en el párrafo II del apartado B del artículo 6 de la Constitución se agregó que el Estado garantizará que el servicio de telecomunicaciones se prestará “sin injerencias arbitrarias”. Esto fue tan burdamente violentado en la iniciativa de ley secundaria presidencial que generó un gran movimiento en las redes sociales, lo cual obligó a los personeros del gobierno a declarar que daban marcha atrás en dichas disposiciones.
Sin embargo las disposiciones previstas en el artículo 189 de la ley secundaria dejan un margen muy amplio para solicitar bloqueos de señales e información georreferenciada, sin mediar una resolución judicial.
Una de las adiciones más difundidas por los legisladores fue la incorporación del párrafo VI en el apartado B del artículo 6 de la Constitución, que indica: “La ley establecerá los derechos de los usuarios de telecomunicaciones, de las audiencias, así como los mecanismos para su protección”.
Esto fue ignorado en la legislación secundaria, pues los defensores de las audiencias dependen de los concesionarios y sus facultades están muy acotadas, al grado de que su actuación podrá difundirse vía correo electrónico, la página de internet del concesionario o un número telefónico, cuando deberían garantizarle un espacio en el mismo medio.
Y el más discutido de todos: la determinación de preponderancia por servicio o por sector. Los legisladores pensaban que en el párrafo III del artículo 8 transitorio de la reforma constitucional habían logrado establecer los candados suficientes para determinarlo por servicios y que hubiera las alternativas suficientes para combatir la desmedida concentración privativa en los dos sectores.
Pero resulta que primero el IFT, en marzo de este año, y luego la mayoría de senadores y diputados decidieron que la preponderancia se hacía por sector, con lo cual prácticamente le abrieron la puerta a Televisa para mantener el control de más de 60% de la audiencia en televisión abierta y de paga, pues esto se compensa con el bajo porcentaje que tiene en la radio.
Los legisladores que votaron contra la nueva legislación pensaron que en las reformas constitucionales habían logrado avances irreversibles. Sin embargo la realidad es que esos avances se esfumaron y lo peor: en los 13 meses que pasaron entre la reforma constitucional y la legal también perdieron el apoyo de un grupo determinante de legisladores, pues hoy no tienen ni siquiera el número suficiente para poder interponer una acción de inconstitucionalidad.
Evidentemente el gobierno federal apostó a que en las reformas legales podía revertir algunas de las concesiones que había hecho en las constitucionales, pues ya no requería la mayoría de dos terceras partes indispensable en el caso de las modificaciones a la Carta Magna (Proceso 1956) y dado que en la Cámara de Diputados ya tenía la mayoría simple, sólo le faltaba el voto de cuatro senadores para sacar adelante las reformas legales.
Lo más frustrante para los legisladores del PRD y del PAN que mantuvieron la congruencia y se opusieron a estos retrocesos, es que varios de sus correligionarios les dieron la espalda: hoy no tienen ni siquiera las firmas de 43 senadores o de 167 diputados para interponer una acción de inconstitucionalidad, con lo cual ni siquiera podrán saber si el pleno de la Suprema Corte de Justicia comparte su interpretación de que habían establecido las suficientes salvaguardas en la reforma constitucional.
Para colmo, cuando se discutían en la Cámara de Diputados las nuevas leyes, América Móvil anunció la decisión de vender parte de sus activos para dejar de ser agente económico preponderante, opción que se vuelve muy atractiva bajo la óptica de que la preponderancia se determina por sector y no por servicios, pues les permite salirse de los servicios menos rentables para mantener la preponderancia en los demás.
Pese a ello ya hay analistas que piensan que Carlos Slim abrirá las puertas a corporaciones de telecomunicaciones internacionales con capacidad de competir con su conglomerado, lo cual resulta imposible siquiera de imaginar; más bien parece reflejar la necesidad de encontrar algún elemento que haga renacer la esperanza.
Todo indica que las reformas tienen la clara intención de favorecer a Televisa, debilitar o contener a Telmex y desde luego, ignorar totalmente los derechos ciudadanos y de las audiencias, pero vender –con apoyo mediático– algunos efímeros beneficios para los consumidores, como el publicitado ahorro en las largas distancias.

martes, 15 de julio de 2014

Preponderancia de Televisa y AMóvil se va a caer; hay engaño del gobierno: especialistas en CNN

Irene Levy y Clara Luz Álvarez señalan diferentes faltantes, e incluso "regalos", en la legislación en telecomunicaciones y radiodifusión, promulgada y publicada el lunes.
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Foto: Karina Maciel
Irene Levy y Clara Luz Álvarez, especialistas en el sector de telecomunicaciones hablaron sobre la reciente legislación secundaria en esta materia, promulgada el lunes por el presidente Enrique Peña Nieto y publicada en el Diario Oficial de la Federación.
En entrevista para Aristegui CNN, ambas coincidieron en el que el balance de las leyes es negativo pues se desperdició una oportunidad para cambiar el “ecosistema” de las telecomunicaciones y la radiodifusión.
Levy, presidenta del Observatorio de Telecomunicaciones de México (Observatel), señaló que las leyes entrarán en vigor en 30 días, y lamentó que “pudimos haber tenido una ley muchísimo mejor”, pues esta fue una “oportunidad histórica, tal vez única, pueden pasar décadas para que se vuelva a dar”.
“Desperdiciamos oportunidad de promover competencia, no solamente la guerra América Móvil-Televisa, sino competencia fresca… le mermaron al Ifetel sus facultades… desperdiciamos oportunidad de que el Estado se mostrara del lado de ciudadanos y no de empresas… desperdiciamos una gran oportunidad magnánima de realmente cambiar el ecosistema de las telecomunicaciones del país”, expuso.
La presidenta de Observatel sostuvo que como está diseñada la legislación, las declaratorias de preponderancia impuesta a Televisa y a América Móvil “se van a caer”, la de la televisora por la vía judicial y la de las empresas de Carlos Slim gracias a una estrategia de desagregación.
Lamentó que las nuevas cadenas de televisión no sepan ahora si van a poder usar la infraestructura de Televisa, como medida regulatoria por ser preponderante, pues “en un poco tiempo va a dejar de ser”, consideró.
“Todas las medidas de preponderancia que se habían sostenido se van a caer y con ello las dos cadenas de televisión… una barrera de entrada es la construcción de infraestructura”, apuntó.
“¿Cómo va a hacer una empresa su plan de negocios si no sabe si podrá utilizar la infraestructura de Televisa?”, preguntó.
De los diferentes asuntos que aborda la ley, Levy dim que “no hubo una sola figura en la que esté todo completamente regulado”.
“Nos quedan a deber muchas cosas… aquí el problema es cuál va a ser el resultado… tienes un Instituto Federal de Telecomunicaciones que lo han puesto a trabajar en lineamientos, tiene más de 10 que elaborar en un corto plazo, y alrededor de 30 acciones, van a estar encerrados redactando lineamientos, yo no veo cómo se vaya a dar abasto, más las 2 nuevas cadenas de televisión”, señaló.
Apuntó que las empresas de telecom son acreedoras a mayores sanciones que las de radio y televisión. Destacó “cosas buenas” como la eliminación del cobro de llamadas de larga distancia a partir de 2015.
La pregunta ahora es ¿qué va a ser el Ifetel?
“Un instituto que permite que le pasen por encima… que le dicta ya que hacer en diferentes materias y que no interpone una controversia constitucional… si no lo hace, tendremos a la vista un instituto sometido a las decisiones de los legisladores y el gobierno actual”, sostuvo Levy.
Además de dar seguimiento a amparos, pidió no olvidar “que hay políticas públicas que se están confeccionando (en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes), hay que poner atención en la implementación y confección de la política pública” en esta materia. 
Clara Luz Álvarez, investigadora en telecomunicaciones y tecnologías de la información del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, mencionó que si escuchamos el discurso del presidente Enrique Peña Nieto y el secretario de Comunicaciones, Gerardo Ruiz Esparza, o no conocen todo el contenido o tratan de engañar a los ciudadanos. 
“No les han avisado que el contenido de esa ley no va a generar mayor libertad de expresión… nos tratan como consumidores, como usuarios no ciudadanos… no abrieron nuevos espacios”, dijo.
Puso como ejemplo el discurso de la eliminación de la doble ventanilla, cuando hay una “situación peor”, como que la Secretaría de Gobernación vaya a vigilar contenidos.
“Ahora dice el presidente que reforma va a ayudar a la libertad de expresión, totalmente incongruente”, refirió.
Otros puntos negativos son: la incertidumbre para inversionistas -¿quien invertirá si ven que cambian las cosas conforme les convenga?-; los medios ciudadanos, que generan diversidad, quedan ahorcados; “el balance es totalmente negativo”.
Además, Álvarez preguntó: “¿por qué se otorgó regalo de incrementar 2 por ciento de publicidad en medios comerciales?”. 
Incrementar 2 por ciento estamos hablando de aproximadamente 117 millones de pesos, puntualizó. Eso no es mencionado por el presidente, por lo que da una versión a medias y eso es un engaño, señaló la investigadora.
“Deberían presentar todo, decirnos ‘regalamos 2 por ciento de más publicidad… no lo dicen, en mi opinión eso es engañar”, expuso.
Ante esta legislación “hay acciones a emprender: grupos de ciudadanos que vamos a promover amparo porque consideramos que esta ley trastoca nuestros derechos consagrados en la Constitución”.
“No nada más es una pérdida sino que puede violentar nuestros derechos humanos“, finalizó.

jueves, 10 de julio de 2014

América Movil, el coletazo de Slim


8 DE JULIO DE 2014 
ANÁLISIS

Slim durante el encuentro entre Pachuca y León. Foto: Xinhua / Pedro Mera
Slim durante el encuentro entre Pachuca y León.
Foto: Xinhua / Pedro Mera
MÉXICO, D.F. (apro).- Para un magnate como Carlos Slim, acostumbrado a ser el “gran comprador” de compañías de todo tipo para transformarlas en una gran máquina de dinero, la decisión anunciada este martes 8 no sólo debió ser dura sino largamente meditada frente a la llamada Ley Peña-Televisa.
Por primera vez, Slim anunció mediante un comunicado que desincorporará activos de su compañía estrella, América Móvil, un orgullo para él, porque la convirtió en menos de tres décadas en un gigante de telefonía móvil con presencia en 26 países y una dominancia indudable en México, con casi 100 millones de suscriptores y con el dominio de 70% del mercado.
La decisión se adopta en un interregno clave: justo cuando la Cámara de Diputados anunció la aprobación, en lo general, de la minuta proveniente en el Senado sobre la ley secundaria de telecomunicaciones y radiodifusión y sin posibilidad de que se pudiera meter un nuevo “candado” anti-Slim.
Todos los análisis serios sobre esta ley secundaria indican que la Ley Peña-Televisa debe su nombre a su clara intención de desmontar el monopolio de telecomunicaciones de Slim, a cambio de beneficiar a la compañía de Emilio Azcárraga.
El artículo 9 transitorio –que le permitirá a Televisa la compra de hasta el 100% de compañías de televisión por cable sin necesidad de la autorización del Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel)– tenía una dedicatoria tan clara como admitida por el propio consejero jurídico de Los Pinos: este artículo le permitirá a Televisa “prepararse” para la llegada del gran monopolio que es América Móvil al mercado del triple play.
Frente a esta y otras decisiones legislativas que colocaron al Congreso a las órdenes de los intereses del monopolio televisivo, Slim decidió adelantarse a cualquier medida retroactiva y desincorporar entre 20 y 30% de sus activos para ostentar menos de 50% del mercado de telecomunicaciones, que será medido por “sector” y no “por servicio”.
Evidentemente, Slim es mayoritario en casi todos los servicios de telecomunicaciones (telefonía fija y móvil e Internet), menos en el único donde Televisa no será regulado: en televisión de paga.
Al adoptar esta decisión, América Móvil no dificultará la ruta de concentraciones de Televisa, pero sí lo coloca como un monopolio capaz de tomar medidas dolorosas para alguien acostumbrado siempre a ganar.
La primera consecuencia negativa será para la compañía Dish, cuya viabilidad parecía que iba a depender de la futura compra de 51% por parte de América Móvil. Dish es la única competencia que tiene Televisa en televisión de paga vía satelital. América Móvil se hace a un lado, lo cual no significa necesariamente que vuelva a hacerlo a través de otra compañía.
La segunda consecuencia es que, aprobada la nueva ley secundaria, están autorizados los operadores extranjeros. América Móvil podría elegir la venta de entre 20 y 30% de sus activos y de su infraestructura a alguna compañía de Francia, Estados Unidos o Gran Bretaña que no sea la española Telefónica.
El anuncio de América Móvil tiene una clara dedicatoria y un reproche frente a la posibilidad de una alianza Televisa-Iusacell-Telefónica. Les dificulta la posibilidad de quedarse con poco más de 30% del mercado de telefonía móvil y fija ante la llegada de algún otro competidor extranjero que adquiera el porcentaje accionario de Telcel.
En su comunicado, América Móvil afirmó que el Consejo de Administración autorizó la venta de los activos “a favor de algún nuevo operador independiente de América Móvil, fuerte, con experiencia en el sector de las telecomunicaciones y con alta capacidad económica y técnica, que sea una verdadera opción para participar en este sector intensivo en capital para superar el obstáculo de la insuficiente inversión de nuestros competidores en México”.
Esta última frase es un claro reproche a Telefónica. Desde hace varios años, América Móvil le ha reprochado a la empresa que dirigió en México, Francisco Gil Díaz, de no haber hecho la inversión en infraestructura y sólo “colgarse” de la que posee la compañía de Slim.
La decisión de desincorporar activos está condicionada a que Teléfonos de México y Radiomóvil Dipsa (Telcel) “dejen de ser preponderantes y estar sujetos a medida asimétricas, y puedan acceder a la convergencia”.
Asimismo, agrega el comunicado, “estos activos deberán venderse en condiciones de mercado a su valor comercial”.
En los últimos párrafos de su comunicado, la compañía de Carlos Slim que controla 70% de las líneas telefónicas móviles en México, reprochó que Telcel inició operaciones tiempo después de que Iusacell –actualmente propiedad de Televisa y de TV Azteca– y de Movistar –propiedad de la española Telefónica– tuvieran “el 100% del mercado móvil y que por años tuvieron la mayoría de este mercado”.
América Móvil opera actualmente en 26 países y pasó de 35 mil clientes a 292 millones en menos de tres décadas, presumió el comunicado.
Este coletazo de Slim indica que la guerra por las telecomunicaciones apenas empieza en el país. Ojalá existiera una ley que se preocupara por los usuarios y las audiencias y no un instrumento legal que se confeccionó a la medida de los intereses de Televisa.
Twitter: @JenaroVillamil

Debe América Móvil someter su “plan de desincorporación” ante Ifetel: Presidencia


9 DE JULIO DE 2014 
DESTACADO

Ignacio Peralta, Gerardo Ruíz Esparza, Eduardo Sánchez y Humberto Castillejos. Foto: Miguel Dimayuga
Ignacio Peralta, Gerardo Ruíz Esparza, Eduardo Sánchez y Humberto Castillejos.
Foto: Miguel Dimayuga
MÉXICO, D.F. (apro).- América Móvil, propiedad del magnate Carlos Slim, deberá aún presentar un “plan de desincorporación” ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel), advirtió Humberto Castillejos, consejero jurídico de la Presidencia de la República.
En caso de que se apruebe el plan, las medidas anunciadas para desincorporar entre 20 y 30% de los activos de AMX podrán ser ejecutadas hasta el próximo año, precisó Castillejos.
En rueda de prensa junto con el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, y con el vocero de la Presidencia, Eduardo Sánchez, Castillejos afirmó que “en caso de que se apruebe el plan (de América Móvil), podrá suspender la ejecución de la tarifa cero de interconexión, y entonces se transitaría al modelo de compensación de tráfico de llamadas o bill and keep.
Al abundar sobre la decisión de América Móvil como si fuera un integrante del Ifetel, Castillejos insistió en que el actual agente preponderante “deberá presentar su plan ante el instituto”.
En el tema de Internet y la presunta violación de derechos de privacidad, el consejero de Los Pinos afirmó que “el gobierno no interviene en ningún procedimiento que ahí se lleve a cabo”.
“Las facultades del gobierno son las que establece la Constitución, como la de opinar sobre los términos económicos de una licitación de manera no vinculante”, agregó Castillejos.
Por su parte, Ruiz Esparza insistió en las presuntas bondades de la nueva ley de telecomunicaciones y radiodifusión. Enseguida enunció los “10 grandes avances”, casi todos relacionados con la telefonía, y pocos o ninguno vinculados con los contenidos en medios audiovisuales (televisión abierta y restringida).
Entre esos 10 avances, según el titular de la SCT, destacan la eliminación de los cobros de llamadas telefónicas de larga distancia; la extensión de la vigencia del saldo en telefonía móvil hasta un año, y servicios especiales para personas con discapacidad.
Además, un mayor acceso a Internet en 250 mil sitios públicos; conexión de telefonía móvil en todo el país; portabilidad voluntaria sin cargos ni bloqueos; transición a la televisión digital terrestre, y la licitación de las dos nuevas cadenas de televisión abierta en tecnología digital.

martes, 8 de julio de 2014

“Nos echaron caballada del Canal de las Estrellas” por votar contra ley telecom: Zambrano


El dirigente del PRD instruyó a los senadores votar contra las leyes de la reforma en telecomunicaciones, por considerar que favorecía a Televisa, tras lo cual aseguró que los conductores de la televisora se le fueron encima.
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El presidente del PRD, Jesús Zambrano, acusó que Televisa, a través de sus conductores, se le ha ido encima por instruir a los senadores un voto contra las leyes en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, por considerar que contravenía esencialmente a lo que establece la Constitución.
En entrevista para Noticias MVS primera emisión, el perredista refirió que la televisora “nunca me había mencionado tantas veces”, señalándolo incluso como un “dictador” que impuso a los senadores perredistas cómo votar en lo general.
Tras lo que llamó una “caballada” del Canal de las Estrellas, el dirigente perredista solicitó derecho de réplica, el cual hasta ahora le ha negado la empresa.
Sostuvo que tuvo sentido el solicitar un voto contra esta legislación para no legitimar diferentes beneficios que le fueron otorgados a Televisa.
Rechazó además que su negativa a aprobar las leyes se deba a defender a otro grupo de interés -el de Carlos Slim- e incluso señaló que fue propuesta del PRD el eliminar la larga distancia.
“No pasan al aire lo que yo declaré a reportera de Televisa… defiendo medidas que vienen en larga distancia… quieren manejar falsamente mintiéndole a la gente que yo ordené votar en contra en lo general y particular”, expuso.
Con la legislación aprobada en el Senado -por priistas, verdes y una parte del PAN- Televisa no sería preponderante en radiodifusión y no habría regulación en su contra, aseveró, por lo que pidió que la declaratoria fuera por servicio y no por sector, pues en servicios la empresa participa, además de tv abierta, en tv restringida, mientras que por sector no tiene amplia participación en la radio.
“¡Qué bueno que se le impongan medidas asimétricas a Slim, pero no aparecen para el otro monopolio!”, lamentó.
Aseguró que la línea política del PRD la dicta y la determina la dirección nacional, el consejo nacional, no él, a quien él aconsejó que había que emitir un voto contra esta legislación.
Ahora, que los diputados debatirán estas leyes, “este dictador”, ironizó, ”les dicta (a los diputados perredistas) que voten en conciencia” y que su voto en telecom “se lo expliquen a sus electores”, finalizó.

lunes, 7 de julio de 2014

Telebancada se resiste a dejar debate en Telecom, en cambio le niegan la palabra a Carpinteyro

La diputada perredista pidió la palabra durante el debate, pero no le fue concedida. Foto Francisco Cañedo/ SinEmbargo

Ciudad de México., 7 de julio (SinEmbargo).– Durante el análisis de la minuta en materia de telecomunicaciones en la Cámara de Diputados, los presidentes de las comisiones de Comunicaciones y de Radio y Televisión informaron que ningún Diputado integrante de la llamada Telebancada ha solicitado excusarse de la discusión y votación del dictamen.

 “Esta presidencia, en este momento, no tiene registrada ninguna excusa de ninguno de los 500 diputados integrantes de esta Cámara de Diputados, hago la mención para que no quede en lo absoluto ninguna duda”, expuso el priista Héctor Gutiérrez de la Garza, presidente de la Comisión de Comunicaciones.

Previamente, el PRD exigió que siete legisladores del PRI, PVEM y PAN, integrantes de las comisiones de Radio y Televisión; y de Comunicaciones; se excusaran de discutir y votar la legislación secundaria por sus presuntos vínculos con el duopolio televisivo. La diputada perredista Roxana Luna Porquillo mencionó a los diputados pevemistas Jorge Federico García Luna y Ana Lilia Garza (PVEM), presidente y secretaria, respectivamente, de la Comisión de Radio y Televisión.

Además pidió que se excusen los priistas Enrique Cárdenas, Patricio Flores, Jorge Mendoza y Simón Valanci, y el panista Homero Niño de Rivera, por haberse desempeñado como director de comunicación de Gobernación y por presentar la reserva para modificar la palabra “comprar” para “adquirir” en la reforma política, lo cual beneficiaría a los medios de comunicación. “Solicitamos a los diputados en mención sean congruentes y que permitan desahogar las tareas, en cuanto al interés jurídico y el interés directo que puedan tener por las empresas que representan”, pidió la Diputada Luna Porquillo.

En respuesta el Diputado panista Homero Niño de Rivera, retó a la Diputada Roxana Luna a demostrar que las dos acciones  descritas eran causa suficiente para que él se excusara de participar en el debate. “Quiero exigirle a la Diputada y ya sin que lea el documento que le hicieron, que me explique a mí cuál es la razón por la que usted me puso en esa lista. Cuando usted leyó las causales en la ley, ninguna venía en las razones por las que me incluyó a mí”, le espetó.

No hubo respuesta por parte de la perredista.

Para evitar caer en más polémica, el Diputado Héctor Gutiérrez de la Garza precisó que la excusa es un derecho personal  de cada legislador y que los presidentes de las comisiones no pueden prejuzgar ni negar el derecho a intervenir a cualquier legislador que así lo solicite. 

“Conforme a la Constitución y a nuestra legislación interna, sólo procede la excusa de diputados, es un derecho de los diputados el ejercer su voto, solo no puede ser ejercido y en consecuencia no puede formar parte de la discusión y votación cuando se presenta una excusa”, señaló el legislador priista.

Aclaró que la única solicitud de excusa, ha sido la presentada por el Grupo Parlamentario del PRD, el pasado 2 de julio, relativo a la Diputada Purificación Carpinteyro.

NIEGA LA PALABRA A CARPINTEYRO

La Diputada perredista Purificación Carpinteyro se presentó a la reunión de comisiones unidas que discuten la minuta procedente del Senado en materia de telecomunicaciones, a pesar de que ella misma se había excusado de participar en el debate e incluso fue sustituida de la Comisión de Radio y Televisión, de la cual era secretaria, según informó el vicecoordinador Miguel Alonso Raya.

Cuando la oposición puso sobre la mesa la exigencia para que seis legisladores del PRI, PVEM y PAN, se excusaran de discutir y votar la minuta, por presuntamente formar parte de la llamada “telebancada”, la Diputada Carpinteyro intentó exponer su versión sobre los motivos que la orillaron a dejar el debate.

Sin embargo, el presidente de la Comisión de Comunicaciones, el priista Héctor Gutiérrez de la Garza, le negó la palabra,  e informó que no le permitiría hablar durante el desarrollo de la reunión. “Me apena no poderle conceder el uso de la palabra a la Diputada Purificación Carpinteyro, toda vez que no puede intervenir de este dictamen. Aquí sí esta presidencia conforme a derecho no puede concederle el que participe en la discusión y votación de este dictamen”, dijo.

El legislador se arrogó la facultad que le otorga el Reglamento para evitar que poner en riesgo el procedimiento legislativo mediante un “vicio de origen”. “Esta presidencia, en este caso, sí tiene total atribución para no concederle el uso de la palabra toda vez que la excusa significa no participar en la discusión ni la votación del dictamen. Y aquí sí corremos el riesgo de que tenga un vicio de origen el dictamen”.

Incluso se negó a someter este tema a consideración de los legisladores presentes.

“Es el único supuesto en el que tenemos que manejarnos en ese sentido, no hay ni siquiera que ponerlo a votación de este pleno, es una atribución y una obligación de esta presidencia conducir el debate”, enfatizó. En estos momentos continúa la reunión de comisiones unidas, con el propósito de votar en lo general la minuta y pasar las reservas al Pleno de la Cámara de Diputados, la cual se reunirá este martes en sesión extraordinaria.

Para Televisa, una canasta de regalos

PROCESO 1966

El dictamen correspondiente a la Ley Federal de Telecomunicaciones aprobado en la Cámara de Senadores está hecho para beneficiar a la cadena de televisión que impera en México. Entre otras cosas, no habrá límites para que comercialice sus espacios, cobrará los tiempos del Estado como si fueran publicidad, y se frenará cualquier atisbo de competencia hacia ella; aun así, no se le considerará monopolio. Sí, para Televisa, una canasta de regalos.
En el dictamen de 315 artículos y 44 transitorios de la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y en los 32 artículos del nuevo Sistema Público de Radiodifusión hay millonarios regalos para Televisa y TV Azteca. Ambas empresas ya controlan 95% de la televisión abierta y la primera, 60% de la restringida.
A cambio de estos regalos, el gobierno federal, por conducto de las secretarías de Gobernación, de Comunicaciones y Transportes y la de Hacienda mantiene el control en la relación con los concesionarios. Y la autonomía del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) simplemente no se respeta, según especialistas y legisladores consultados por Proceso.
Comercialización sin límites
El primero de los regalos viene con la publicidad. Lejos de democratizar los medios audiovisuales y promover la mejora de sus contenidos, la nueva ley permitirá a los concesionarios comerciales en radio, televisión abierta y restringida transmitir publicidad en más de la tercera parte de su tiempo-aire.
En el artículo 237 se limita a 18% del total de su transmisión por cada canal de televisión y a 40% del total por cada estación de radio. Sin embargo este límite “no incluye los promocionales propios de la estación, ni las correspondientes a los tiempos de Estado ni a programas de oferta o de producción de servicios”, señala el texto. Es decir, los infomerciales de “productos milagro” u otros servicios no se incluyen en este conteo.
Además, los artículos 247 y 248 incorporan incrementos para alcanzar hasta “más del 35% de publicidad” por los porcentajes acumulativos establecidos para las estaciones de televisión y de radio que difundan programación con producción nacional y producción nacional independiente.
En el documento Los derechos de las audiencias y el dictamen, enviado al Senado el jueves 3, Francisco Prieto (defensor del televidente de Canal 22), Beatriz Solís Leree (defensora del radioescucha de Radio Educación), Adriana Solórzano (mediadora del Instituto Mexicano de la Radio) y Gabriel Sosa Plata (ómbudsman de Noticias MVS) advierten que estas disposiciones violentan el derecho a recibir “información de calidad y programación equilibrada entre contenidos y publicidad”.
También se incrementan los tiempos de comercialización para la televisión restringida. En el artículo 240 se les permite “el derecho de comercializar espacios dentro de su programación de conformidad con lo establecido en esta ley”. Esto puede incrementar la cuota mínima de seis minutos de publicidad por hora en cada señal de televisión restringida.
El dictamen prohíbe la transmisión de publicidad o propaganda presentada como información en radiodifusión. Sin embargo, el capítulo de sanciones (artículos 298-300) no prevé ninguna penalización a los concesionarios que violen esta prohibición.
Preponderancia por sector
Los principales críticos del PAN y PRD de este dictamen han señalado que el artículo 262 de la nueva ley, que define el agente económico preponderante “por sector”, beneficiará al Grupo Televisa, pues no se le impondrán límites a su dominio en la televisión de paga. Es el segundo regalo.
El especialista Jorge Fernando Negrete, director de Mediatelecom, dice a este semanario que definir por “sector” al agente económico preponderante es “incongruente” y “ridículo” pues “pretende que cada uno de los segmentos que componen a los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones es igualmente comparable entre ellos, cuando pueden existir diferentes condiciones de mercado, desde estructuras de costos, competidores, hasta usuarios, tecnologías y audiencias”.
Negrete pone un ejemplo: si fuera la suma del “conjunto de servicio de dicho sector”, Televisa no será preponderante en radiodifusión porque deben sumarse sus audiencias de radio y de televisión y dividirlas entre dos.
“La omisión del IFT de determinar a Televisa como preponderante en el mercado o servicio de televisión de paga, es un reflejo claro de la debilidad actual de las medidas de preponderancia (mal) entendidas por sector. No está de más señalar que Televisa es la única empresa que cuenta con una integración total de servicios y recursos de ambos sectores, sin considerar la propiedad cruzada de la empresa en otros negocios de comunicación”, apunta.
Para Negrete definir el agente preponderante por “sector” deja “desprotegido al usuario de servicios donde los preponderantes no tengan presencia”. En el caso de la televisión de paga, “queda automáticamente fuera de la regulación porque el preponderante en telecomunicaciones (América Móvil) no ofrece ese servicio. En cambio, el preponderante en radiodifusión (Televisa) que sí tiene una participación considerable en el mercado de televisión de paga no se regula en telecomunicaciones”.
La “cláusula Cablecom” es el tercer obsequio.
Según datos proporcionados a Proceso por el IFT, a marzo de 2014 del total de 15 millones 185 mil suscriptores de televisión restringida, Televisa tiene 53.8%; MVS, 15.2%; Megacable, 13.2%; Cablecom, 8.2% y las empresas más pequeñas, 9.6%.
Si Televisa adquiere el control accionario de Cablecom tendrá 62% de este servicio, según datos del IFT. Desde agosto del año pasado el consorcio de Emilio Azcárraga anunció su interés por adquirir el control de esta empresa que hasta marzo de 2014 tenía 1 millón 249 mil suscriptores.
Si Televisa no es declarado preponderante en el servicio de televisión restringida la podrá adquirir sin problema.
Además, el dictamen agregó un artículo 9 transitorio que le garantizará adquirir a Televisa no sólo esta empresa sino cualquier otra sin tener que pedir la autorización del IFT.
El senador panista Javier Corral, durante la discusión en el Senado, advirtió que este artículo “es un salvoconducto para autorizarle a Televisa una operación ya celebrada con la empresa Cablecom”.
“Este artículo noveno transitorio no lo encontramos redactado así ni en la primera temporada de la Ley Televisa. Es un auténtico descaro”, sentenció Corral durante la discusión en comisiones el miércoles 2.
“Quienes voten este artículo le están dando fichas a Peña Nieto para que pague favores de campañas pasadas o le están dando fichas para que pague anticipos de campañas futuras en el 2015 y en el 2018, es contrario a la nación, al interés público y a la autonomía del IFT”, sentenció Corral.
“Canales espejo”
La devolución de los “canales espejo” en Tijuana es el cuarto regalo.
Una simple frase en el artículo 19 transitorio de la ley provocará que el apagón analógico operado en esa ciudad fronteriza quede sin vigencia; por lo tanto se le devolverán los llamados canales espejo a Televisa y TV Azteca en esta ciudad.
Este artículo establece que el plazo máximo para el “apagón analógico” será el 31 de diciembre de 2015 y le corresponderá al IFT determinar si existen las condiciones para hacerlo.
Sin embargo el artículo establece: “Se derogan las disposiciones legales, administrativas o reglamentarias en lo que disponga el presente transitorio”.
El expresidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, Mony de Swaan comenta a Proceso que el “apagón” en Tijuana –en 2012– fue una medida administrativa. Televisa y TV Azteca armaron una campaña en pantalla contra esta determinación.
El quinto obsequio es que no hay pago de contraprestación en la multiprogramación.
En los artículos 158 y 159, que regulan la multiprogramación y la eventual autorización de señales adicionales, a los concesionarios de televisión se les exime del cobro obligatorio de contraprestación y no se desarrollan criterios para atender las condiciones de concentración en la zona geográfica de cobertura.
En el mismo tema, Corral dijo en el debate en comisiones que a Televisa “en multiprogramación le van a reproducir exactamente el mismo número de canales que puede tener cualquier otro concesionario, no siéndolo en el mercado de televisión abierta”, si se aprueba el criterio de predominante por “sector”.
Tiempos fiscales
El sexto presente es la no regulación de tiempos fiscales. En el capítulo III, “de los tiempos gratuitos para el Estado” (artículos 251-255), la ley les permite a los concesionarios de televisión y radio ignorar los llamados “tiempos fiscales”.
En su voto en contra, la senadora perredista Dolores Padierna dijo que los concesionarios “podrían impugnar vía amparo la inaplicabilidad de los tiempos fiscales en atención a que esta nueva ley estaría abrogando éstos”. El Instituto Nacional Electoral (INE) se vería obligado a “adquirir como si fuera un anunciante comercial, tiempos de publicidad en los concesionarios”.
El pleito por los tiempos fiscales gratuitos se generó en la reforma político-electoral de 2007-2008. Con esta ley, ganarán finalmente los intereses de las televisoras para comercializar los spots administrados por la autoridad electoral.
El séptimo regalo: bloqueos de pautas en campañas políticas. La ley antepone los intereses de los concesionarios de televisión al limitar la facultad del INE para determinar la transmisión de programas y mensajes a difundirse en tiempos electorales y lo sujeta a “las formas y horas de operación” de los concesionarios.
El octavo regalo es que se sanciona a los defensores de audiencia, no a los concesionarios. En el artículo 311 se establecen multas de 0.51 a 1% de sus ingresos a los concesionarios por no nombrar a los defensores de audiencia, pero se multa a éstos con 100 a 500 salarios mínimos “por no cumplir los lineamientos del Instituto Federal de Telecomunicaciones”.
Los defensores de audiencia, en el documento enviado el jueves 3 al Senado, advierten también que el dictamen “no establece criterios para que la defensora o defensor tenga autonomía funcional”.
Por si fuera poco “las audiencias de los sistemas de televisión de paga se encuentran desprotegidas, ya que los concesionarios de estos servicios no están obligados a tener mecanismos de autorregulación, entre éstos las defensorías”.
Medios sociales y públicos
El noveno de los regalos del gobierno a Televisa es que asfixia a los medios sociales y hace inviables a los públicos.
Toda la ley tiende a privilegiar a los concesionarios comerciales, contra las concesiones de uso social, comunitario e indígena, como advirtieron en sus votos particulares de la sesión del viernes 4 los senadores Javier Corral, del PAN, y Dolores Padierna y Alejandro Encinas, del PRD.
La ley les prohíbe a los concesionarios de uso social percibir ingresos por publicidad (artículo 89) y los limita a tener 1% de la publicidad entre entes públicos federales y estatales a 1% de sus presupuestos (artículo 89, fracción VII). En contraste, los concesionarios comerciales como Televisa y TV Azteca acaparan más de 60% del presupuesto público en publicidad.
Los 32 artículos de la ley del Sistema Público de Radiodifusión hacen depender a estos medios del Ejecutivo federal y de la Secretaría de Gobernación y no se garantiza su independencia editorial, autonomía de gestión financiera, garantías de participación ciudadana ni reglas claras de transparencia y rendición de cuentas.
En la Junta de Gobierno de los medios públicos, el Ejecutivo federal tendrá mayoría y voto de calidad. Además se limita a un papel decorativo la función del Consejo Ciudadano. Sólo podrán emitir opiniones.
Por último está el control del gobierno federal. En ningún artículo de la reforma constitucional le daban facultades a la Secretaría de Gobernación para vigilar contenidos, pero en la nueva ley le dan 11 funciones en este terreno e incluso podrá imponer sanciones a los concesionarios (artículo 308) de 0.01 a 0.75% de sus ingresos. Los tiempos de Estado van a ser regulados por esta dependencia.
En la ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano los medios serán controlados por una Junta de Gobierno donde el Ejecutivo federal tendrá mayoría y voto de calidad, y limita el papel del Consejo Ciudadano a sólo dar “opiniones”.
El capítulo “colaboración con la justicia” (artículo 189) establece que los concesionarios de telecomunicaciones “están obligados a atender todo mandamiento por escrito, fundado y motivado de la autoridad competente en los términos que establezcan las leyes”.
Bajo esta disposición, alertó Encinas, “se establece la intervención de comunicaciones sin orden judicial”, contrario a lo que establece el artículo 16 constitucional.
En este supuesto se autoriza a instancias de seguridad como la Secretaría de la Defensa, la Marina, el Cisen y cualquier agrupación de policía a “solicitar la intervención de comunicaciones, aplicaciones y contenidos sin tener atribuciones y facultades legales para ello”. Esta disposición, abundó, “flexibiliza y hace discrecional la intervención de las comunicaciones a cualquier funcionario que no sea autoridad competente”.

La aprobación de las leyes secundarias es el pago de Peña Nieto a Televisa: AMLO


Al principio algunos se fueron con la finta de que iban a terminar los monopolios
Foto
Recorrido de Andrés Mánuel López Obrador por municipios de la Montaña Alta de GuerreroFoto La Jornada
Sergio Ocampo Arista
Corresponsal
Periódico La Jornada
Lunes 7 de julio de 2014, p. 3
Alcozauca, Gro., 7 de julio.
El presidente del Consejo Nacional del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador, aseguró que la aprobación de las leyes secundarias en telecomunicaciones es “el pago de (Enrique) Peña Nieto a Televisa. Ya se sabía desde el principio.
Televisa se impuso porque impuso a Peña Nieto. No olvidemos que fue impuesto por la mafia del poder, por los barones del dinero y por esa televisora.
En su último día de recorrido por 12 municipios de la Montaña Alta de Guerrero, algunos de los más pobres del país, López Obrador llegó este domingo a Alcozauca, ubicado a 35 kilómetros de Tlapa, la tierra del finado dirigente comunista Othón Salazar Ramírez.
Algunos pensaron al principio que se iban a terminar los monopolios, se fueron con esa finta. Era imposible terminar con los monopolios de las telecomunicaciones. Desde luego eso no va a ser eterno, pues cuando triunfe nuestro movimiento vamos a abolir esos monopolios, dijo en entrevista.
Consideró que Peña Nieto le debe todo a Televisa. No se puede explicar su llegada a la Presidencia sin el apoyo de la televisora. Lo inflaron como un globo desde que estaba como gobernador en el estado de México, nunca lo cuestionaron, ocultaron toda la corrupción y la violencia, y Televisa no dijo ni pío; al contrario, se dedicó a proyectarlo. Por eso ahora que aprobaron estas leyes secundarias, no hay nada sorprendente.
Al mediodía, López Obrador encabezó una reunión de Morena en la cabecera municipal de Alcozauca, el primer municipio gobernado por la izquierda en 1982, encabezado por el profesor Othón Salazar Ramírez. Antes de llegar al acto, el político tabasqueño visitó la tumba del luchador social, fallecido en diciembre de 2008.
En la asamblea pidió a los asistentes, en su mayoría indígenas mixtecos, que retomen el ejemplo de Othón Salazar, quien desde que me acompañó por primera vez, hace 18 años, hacía alusión a nuestra historia, la Independencia, la Reforma y la Revolución, que son los hechos históricos que deben guiarnos.
Reprochó que actualmente se traen modelos y planes del extranjero: se nos impone desde el exterior la agenda y el orden del día, por eso se imponen las reformas por parte de los que se creen dueños del mundo.
En cuanto a los comicios de 2018, dijo que en la pasada elección presidencial obtuvimos 16 millones de votos. En 2018 estoy seguro que vamos a contar con el apoyo de 30 millones de mexicanos. Ya no le va a servir a la mafia del poder ningún triunfo, ningún fraude; la tercera es la vencida.
También se refirió al más recientegasolinazoEl plan que tiene (el gobierno federal) es que tendrá un costo de 20 pesos (por litro). Por eso también pedimos que se cancele la compra del avión presidencial, que costó 7 mil 500 millones de pesos, porque es una bofetada al pueblo de México.
López Obrador habló del proceso electoral del año próximo en Guerrero, donde Morena no establecerá una alianzacon el PRD, porque quieren impulsar como candidato al senador Armando Ríos Piter, quien votó por el aumento a los impuestos, a la gasolina y por la reforma educativa. Que se vaya con Peña Nieto; nosotros no lo queremos.
En cambio, presentó a Lázaro Mazón Alonso, actual secretario de Salud estatal, como candidato a la gubernatura por Morena, a quien le recomendó: Ir casa por casa, porque si nos diera dinero el gobierno seríamos paleros.

domingo, 6 de julio de 2014

Ley Telecom: la ruta de la ignominia

PROCESO 1966

El gobierno de Enrique Peña Nieto no escatimó recursos, ni los más cuestionables, con el único afán de sacar adelante la propuesta de ley de telecomunicaciones tal como la quería Televisa. Hubo de todo para doblegar a la oposición: “Guerra sucia” de filtraciones y espionaje telefónico, presión constante de directivos de la empresa de Azcárraga Jean a legisladores panistas y perredistas, negociaciones maratónicas de éstos con el consejero jurídico de la Presidencia… Aprobada ya en el Senado, es previsible que la “segunda Ley Televisa” reciba el aval de la Cámara de Diputados esta semana. El poder real impuso otra vez su ley.
En la ley secundaria de telecomunicaciones, el PRI y el gobierno federal, de la mano de los cabilderos de Televisa, aplicaron el principio de “divide y vencerás” los últimos cuatro meses para sacar adelante una iniciativa que originalmente las dirigencias nacionales del PAN y del PRD afirmaron que era “anticonstitucional” por ir contra la reforma aprobada por el Congreso el año pasado.
Para vencer las resistencias iniciales el gobierno federal y el PRI utilizaron primero al senador panista Javier Lozano, quien elaboró  un “predictamen” que no modificó lo sustancial de la iniciativa del Ejecutivo federal. En una atropellada sesión de comisiones del 22 de abril se desechó “el documento” de Lozano.
Durante junio el PRI y el gobierno federal –ante la división del PAN por la contienda interna derivada del recambio de su dirigencia nacional– convocaron a negociar al coordinador de la bancada del PRD, Miguel Barbosa, quien formó un equipo de cinco legisladores encabezados por Zoe Robledo y Armando Ríos Pitter, sin consultar a su dirigente nacional Jesús Zambrano.
Tras más de un mes de negociaciones con el consejero jurídico de la presidencia, Humberto Castillejos, Barbosa y sus cinco negociadores perredistas no lograron convencer a toda la bancada y a especialistas de que la iniciativa de Peña Nieto dejaba de favorecer a Televisa.
Por el contrario, surgieron nuevas prebendas para el consorcio de Emilio Azcárraga, como el polémico nuevo artículo 9 transitorio que le permite a Televisa seguir adquiriendo compañías en televisión restringida, sin pedir autorización del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
Tampoco eliminaron la vigilancia de la Secretaría de Gobernación sobre contenidos mediáticos y la supervisión de los tiempos de Estado. Incluyeron nuevas atribuciones para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y hasta modificaron el artículo 144 sobre el must carry y el must offer que adiciona la Ley Federal de Derechos de Autor y abre la posibilidad para que este mecanismo, en lugar de ser gratuito, exija cobros por concepto de regalías.
“Guerra sucia”
En su intento de fracturar y doblegar a los opositores hubo de todo en los últimos días: “guerra sucia” a través de filtraciones y espionaje telefónico, como ocurrió con la diputada federal por el PRD, Purificación Carpinteyro; llamadas constantes de Javier Tejado Dondé, director de Información de Televisa, a los legisladores del PAN y PRD; desplegados de la compañía televisiva para decir que la preponderancia se debía definir sólo por “sector”; negociaciones hasta las tres de la madrugada del miércoles 2 entre PAN, PRD y el consejero jurídico de la Presidencia, Humberto Castillejos, para unificar argumentos, señalando que era necesario reforzar la presencia de Televisa en televisión restringida ante la inminente llegada del gigante de América Móvil; violaciones al reglamento del Senado para agilizar la discusión y aprobación del dictamen sin discutirlo en lo particular.
La aprobación del dictamen de 315 artículos y 612 páginas se concretó en comisiones el miércoles 2. Ni las quejas de opositores como Javier Corral, Ernesto Ruffo o Marcela Torres Peimbert, del PAN, o la propia presidenta de la Comisión de Radio y Televisión, la perredista Alejandra Barrales, por las violaciones al procedimiento para convocar y debatir la ley frenaron la votación.
Incluso la mesa directiva, encabezada por Lozano, recurrió al equipo de seguridad del Senado para sacar por la fuerza a un grupo de jóvenes que expresaron su desacuerdo por la censura.
La correlación de fuerzas fue aplastante en las comisiones unidas de Comunicaciones y Transportes, Estudios Legislativos y la de Radio y Televisión: 25 senadores del PRI, Verde, PAN, PRD y uno del PT votaron a favor del dictamen. En contra, sólo cinco.
Sin embargo, en la sesión del pleno del Senado, el viernes 4, la bancada del PRD decidió votar unánimemente en contra, en lo general, tras sostener una reunión con el dirigente nacional, Jesús Zambrano. “No hay suficientes razones para argumentar un voto a favor”, dijo el presidente perredista.
Los votos a favor fueron 80 y en contra 37. Incluso los perredistas Robledo y Ríos Pitter, quienes argumentaron a favor del dictamen, votaron en contra tras la reunión con Zambrano.
Barbosa subió a la tribuna para justificar esta situación. Presumió que su negociación incidió en 72 cambios, pero senadores como Alejandro Encinas, Dolores Padierna o Alejandra Barrales, presidenta de la Comisión de Radio y Televisión, argumentaron con votos en lo particular en contra del dictamen.
Emilio Gamboa Patrón, coordinador de la bancada priista, supervisó directamente a sus legisladores desde la discusión en comisiones. Dueño de la escena, el exsecretario de Comunicaciones y Transportes saludó a Lozano, a “mi amigo” Barbosa y hasta se dio tiempo de bromear con sus viejos adversarios de la Ley Televisa de 2006: Manuel Bartlett y Javier Corral, en la sesión el miércoles 2.
La tarde del viernes 4, antes de que se votara en lo general, Gamboa Patrón presumió que sólo 15 o 20 senadores del PAN y del PRD votarían en contra porque “triunfó la negociación”. Hasta afirmó que los monopolios “están nada contentos” con la ley de telecomunicaciones. Su cálculo de votos en contra quedó muy corto.
“Se hicieron muchos cambios, más de 70, pero la esencia de la reforma no cambió, la esencia es la misma”, sentenció el coordinador del PRI. En esa misma conferencia Gamboa Patrón volvió a recordar que su partido y el Verde sólo necesitaban cuatro votos de la oposición, pero “el presidente Peña Nieto, hablando conmigo, me hizo ver que era fundamental que tuviéramos un gran consenso y gran mayoría en esto”.
El gobierno federal y el mismo presidente de la República entraron a presionar directamente. El titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza, afirmó el jueves 3 que el retraso en la aprobación de la ley secundaria frenaban las inversiones en telecomunicaciones generando pérdidas por 100 mil millones de dólares, citando a la OCDE.
Ruiz Esparza dio claramente una “línea” a los priistas para que votaran a favor de la preponderancia “por sector”: “Si la Constitución, en su exposición de motivos habla claramente de preponderancia por sector, eso es lo que debe obedecer la ley secundaria, porque si no sería una ley anticonstitucional y eso de entrada sería algo muy grave”.
“Aprovecharon la división”
Para Corral “el gobierno aprovechó la profunda división en las bancadas del PRD y del PAN con sus respectivas dirigencias nacionales para abrir flancos de negociación con algunos senadores y no con los partidos”.
El gobierno, dice Corral a Proceso, “buscó dónde conseguir las negociaciones más baratas y las obtuvo.
“De Javier Lozano ya sabemos que los cambios que propició a la iniciativa fueron dictadas por el gobierno y sólo fueron reformulaciones de redacción”, recordó.
“Lo conseguido por los senadores del PRD no sólo fue muy limitado sino que fruto de esa negociación apareció otro regalo más a Televisa, el noveno transitorio del proyecto”, subrayó el legislador que convocó a Cuauhtémoc Cárdenas a formar un Frente por la Comunicación Democrática.
“Realmente el gobierno abusó de la falta de expertise de ese grupo de senadores perredistas que justificaron su atrevimiento negociador para sacar a Los Chuchos de la jugada y particularmente a la senadora Alejandra Barrales, a quien identifican con los intereses del duopolio”, reflexionó sobre los resultados de la negociación del PRD.
Cuando ya estaba reelecto Gustavo Madero como dirigente nacional del PAN y Jesús Zambrano, líder del PRD, quisieron retomar la negociación reinstalando la mesa central que antes existía en el Pacto por México. “El gobierno ya había ganado la partida, porque no sólo tenía la mayoría con la oferta de votos de varios senadores del PAN que ha hecho Javier Lozano sino había conseguido algo mucho más importante: enviar el mensaje de que ya tenían al PRD –vía Miguel Barbosa– dándole el añorado toque de pluralidad al proyecto”, explica Corral.
“La mesa central, participando directamente los presidentes nacionales del PRD y del PAN ya no pudo hacer gran cosa. Ni siquiera rescatarle al IFT la facultad exclusiva y directa en la vigilancia de la transmisión de contenidos en radio y televisión que se le devolverá a la Secretaría de Gobernación”, recapitula Corral.
En su edición 1965 Proceso documentó que hubo un predictamen negociado directamente con el secretario de Hacienda que finalmente fue desechado por la negociación que entabló la Consejería Jurídica de la Presidencia, con el aval de la Secretaría de Gobernación, con el grupo de senadores del PRD.
Corral retoma la situación ocurrida entre los dirigentes nacionales del PAN y del PRD: “Con las manos vacías y arreciada la presión de las televisoras sobre ellos, Gustavo Madero se echó para atrás, mientras Jesús Zambrano se echó para adelante. Madero emitió un engañoso comunicado sobre el tema de preponderancia, donde resulta que para él, estábamos ante un ‘grave dilema’, cuando la Constitución claramente señala servicios”.
El martes 1 los senadores del PAN debatieron más de siete horas con el fin de llegar a una posición unificada. No lograron ningún acuerdo sobre el diferendo de preponderancia.
Al cónclave de los panistas llegaron los asesores de Madero, Santiago Creel y Juan Molinar Horcasitas. Se confrontaron con los dos defensores de la preponderancia “por sector”: Javier Lozano y Roberto Gil Zuarth, éste último reprodujo los mismos argumentos que el consejero jurídico presidencial Castillejos expuso en entrevista con Carmen Aristegui en MVS Noticias.
Ante la división, el coordinador Jorge Luis Preciado maniobró y declaró un receso, con pretexto de ver el partido de futbol de Argentina contra Suiza. Antes del receso, Ruffo y Corral, opositores al grupo de Lozano y Gil Zuarth, afirmaron que tenían 19 votos a favor de que la reforma definiera preponderancia “por servicio”.
Preciado, aliado de Madero, mandó a llamar a legisladores del grupo de Ernesto Cordero. Y 22 de los 38 senadores de la bancada blanquiazul decidieron que cada quien votaría de manera “libre” en el tema de preponderancia.
“Veo que el grupo de Cordero, que es el grupo más cercano a Felipe Calderón, es el que va a sacar a Peña Nieto su dictamen en el Senado”, sentenció Corral la tarde del martes 1.
Durante la sesión del pleno, el viernes 4, Corral y Gil Zuarth debatieron sobre el tema de la preponderancia “por sector”.
Gil Zuarth reprochó a Corral y a los opositores que no dijeron nada ni pidieron controversia constitucional cuando el Instituto Federal de Telecomunicaciones decretó “agentes económicos preponderantes” por sector.
“Es una falacia que se altera la naturaleza del preponderante porque la resolución del IFT fue anterior a la ley que acabamos de aprobar”, le respondió Corral a Gil Zuarth en el único debate que se generó en las más de 12 horas de discusión.
“Si declaramos preponderante por ‘servicio’ no se escapa nadie. Pero si lo decretamos por ‘sector’ van a dejar libre a la televisión restringida”, insistió Corral.
Primer amparo
El primer amparo contra la Ley Peña Televisa lo interpuso el mismo día de la discusión en el pleno el Colectivo Libre Internet para Todos ante el juzgado Décimo Quinto de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal, argumentando que el Senado ignoró la iniciativa presentada el 5 de marzo de 2013, avalada por 127 mil ciudadanos y turnada  las comisiones de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos.
De acuerdo con el artículo 212 del reglamento del Senado, todas las iniciativas deben ser dictaminadas en un lapso no mayor de 30 días y al comprobar que un derecho constitucional está “flagrantemente violado”, el Colectivo Libre Internet para Todos emplazó al Poder Judicial para que suspendiera el proceso de dictaminación de la ley de telecomunicaciones.
“El acto de ignorar una iniciativa ciudadana formaliza la violación directa a los preceptos constitucionales y presenta un abierto reto a la seguridad jurídica de los mexicanos”, declaró el abogado Jesús Robles Maloof, integrante del colectivo. El tribunal tiene 72 horas para dar su fallo y notificar a los responsables del Congreso de la Unión.
Por su parte, el especialista Ramiro Tovar Landa, profesor del Instituto Tecnológico Autónomo de México, considera que el principal problema de esta ley es “la soberbia y la captura regulatoria” que derivará en “fallas del Estado”.
Consultado por Proceso, Tovar Landa afirmó que la ley secundaria aprobada en el Senado “sustituye el debido análisis técnico-económico para resolver aspectos regulatorios que eran facultades exclusivas del Instituto Federal de Telecomunicaciones”.
Como ejemplo Tovar citó el caso de la preponderancia y del “infausto” artículo 9 transitorio. “El dictamen limita y crea un ámbito de excepción a la aplicación de la legislación de competencia económica en cuanto al control de las concentraciones, en completa contradicción con el mandato constitucional del IFT”, sentencia.
Al referirse al 9 transitorio, Tovar señala que “el uso de los índices de concentración, tanto el Hischman-Herfindahl como el de Dominancia (ID) son exclusivamente aplicados como un primer nivel de análisis”. Este artículo “impide que se apliquen una serie de artículos de la Ley Federal de Competencia Económica”.
“Nunca el concepto de ‘sector’ puede ser sustituido por el concepto económicamente fundado de ‘mercado relevante’. En consecuencia, al siempre existir un ‘preponderante’ se crea una excepción total al control de concentraciones en telecomunicaciones, inédito en todo el mundo”, afirma Tovar.

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