El gobierno de Enrique Peña Nieto no escatimó recursos, ni los más cuestionables, con el único afán de sacar adelante la propuesta de ley de telecomunicaciones tal como la quería Televisa. Hubo de todo para doblegar a la oposición: “Guerra sucia” de filtraciones y espionaje telefónico, presión constante de directivos de la empresa de Azcárraga Jean a legisladores panistas y perredistas, negociaciones maratónicas de éstos con el consejero jurídico de la Presidencia… Aprobada ya en el Senado, es previsible que la “segunda Ley Televisa” reciba el aval de la Cámara de Diputados esta semana. El poder real impuso otra vez su ley.
En la ley secundaria de telecomunicaciones, el PRI y el gobierno federal, de la mano de los cabilderos de Televisa, aplicaron el principio de “divide y vencerás” los últimos cuatro meses para sacar adelante una iniciativa que originalmente las dirigencias nacionales del PAN y del PRD afirmaron que era “anticonstitucional” por ir contra la reforma aprobada por el Congreso el año pasado.
Para vencer las resistencias iniciales el gobierno federal y el PRI utilizaron primero al senador panista Javier Lozano, quien elaboró un “predictamen” que no modificó lo sustancial de la iniciativa del Ejecutivo federal. En una atropellada sesión de comisiones del 22 de abril se desechó “el documento” de Lozano.
Durante junio el PRI y el gobierno federal –ante la división del PAN por la contienda interna derivada del recambio de su dirigencia nacional– convocaron a negociar al coordinador de la bancada del PRD, Miguel Barbosa, quien formó un equipo de cinco legisladores encabezados por Zoe Robledo y Armando Ríos Pitter, sin consultar a su dirigente nacional Jesús Zambrano.
Tras más de un mes de negociaciones con el consejero jurídico de la presidencia, Humberto Castillejos, Barbosa y sus cinco negociadores perredistas no lograron convencer a toda la bancada y a especialistas de que la iniciativa de Peña Nieto dejaba de favorecer a Televisa.
Por el contrario, surgieron nuevas prebendas para el consorcio de Emilio Azcárraga, como el polémico nuevo artículo 9 transitorio que le permite a Televisa seguir adquiriendo compañías en televisión restringida, sin pedir autorización del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
Tampoco eliminaron la vigilancia de la Secretaría de Gobernación sobre contenidos mediáticos y la supervisión de los tiempos de Estado. Incluyeron nuevas atribuciones para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y hasta modificaron el artículo 144 sobre el must carry y el must offer que adiciona la Ley Federal de Derechos de Autor y abre la posibilidad para que este mecanismo, en lugar de ser gratuito, exija cobros por concepto de regalías.
“Guerra sucia”
En su intento de fracturar y doblegar a los opositores hubo de todo en los últimos días: “guerra sucia” a través de filtraciones y espionaje telefónico, como ocurrió con la diputada federal por el PRD, Purificación Carpinteyro; llamadas constantes de Javier Tejado Dondé, director de Información de Televisa, a los legisladores del PAN y PRD; desplegados de la compañía televisiva para decir que la preponderancia se debía definir sólo por “sector”; negociaciones hasta las tres de la madrugada del miércoles 2 entre PAN, PRD y el consejero jurídico de la Presidencia, Humberto Castillejos, para unificar argumentos, señalando que era necesario reforzar la presencia de Televisa en televisión restringida ante la inminente llegada del gigante de América Móvil; violaciones al reglamento del Senado para agilizar la discusión y aprobación del dictamen sin discutirlo en lo particular.
La aprobación del dictamen de 315 artículos y 612 páginas se concretó en comisiones el miércoles 2. Ni las quejas de opositores como Javier Corral, Ernesto Ruffo o Marcela Torres Peimbert, del PAN, o la propia presidenta de la Comisión de Radio y Televisión, la perredista Alejandra Barrales, por las violaciones al procedimiento para convocar y debatir la ley frenaron la votación.
Incluso la mesa directiva, encabezada por Lozano, recurrió al equipo de seguridad del Senado para sacar por la fuerza a un grupo de jóvenes que expresaron su desacuerdo por la censura.
La correlación de fuerzas fue aplastante en las comisiones unidas de Comunicaciones y Transportes, Estudios Legislativos y la de Radio y Televisión: 25 senadores del PRI, Verde, PAN, PRD y uno del PT votaron a favor del dictamen. En contra, sólo cinco.
Sin embargo, en la sesión del pleno del Senado, el viernes 4, la bancada del PRD decidió votar unánimemente en contra, en lo general, tras sostener una reunión con el dirigente nacional, Jesús Zambrano. “No hay suficientes razones para argumentar un voto a favor”, dijo el presidente perredista.
Los votos a favor fueron 80 y en contra 37. Incluso los perredistas Robledo y Ríos Pitter, quienes argumentaron a favor del dictamen, votaron en contra tras la reunión con Zambrano.
Barbosa subió a la tribuna para justificar esta situación. Presumió que su negociación incidió en 72 cambios, pero senadores como Alejandro Encinas, Dolores Padierna o Alejandra Barrales, presidenta de la Comisión de Radio y Televisión, argumentaron con votos en lo particular en contra del dictamen.
Emilio Gamboa Patrón, coordinador de la bancada priista, supervisó directamente a sus legisladores desde la discusión en comisiones. Dueño de la escena, el exsecretario de Comunicaciones y Transportes saludó a Lozano, a “mi amigo” Barbosa y hasta se dio tiempo de bromear con sus viejos adversarios de la Ley Televisa de 2006: Manuel Bartlett y Javier Corral, en la sesión el miércoles 2.
La tarde del viernes 4, antes de que se votara en lo general, Gamboa Patrón presumió que sólo 15 o 20 senadores del PAN y del PRD votarían en contra porque “triunfó la negociación”. Hasta afirmó que los monopolios “están nada contentos” con la ley de telecomunicaciones. Su cálculo de votos en contra quedó muy corto.
“Se hicieron muchos cambios, más de 70, pero la esencia de la reforma no cambió, la esencia es la misma”, sentenció el coordinador del PRI. En esa misma conferencia Gamboa Patrón volvió a recordar que su partido y el Verde sólo necesitaban cuatro votos de la oposición, pero “el presidente Peña Nieto, hablando conmigo, me hizo ver que era fundamental que tuviéramos un gran consenso y gran mayoría en esto”.
El gobierno federal y el mismo presidente de la República entraron a presionar directamente. El titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza, afirmó el jueves 3 que el retraso en la aprobación de la ley secundaria frenaban las inversiones en telecomunicaciones generando pérdidas por 100 mil millones de dólares, citando a la OCDE.
Ruiz Esparza dio claramente una “línea” a los priistas para que votaran a favor de la preponderancia “por sector”: “Si la Constitución, en su exposición de motivos habla claramente de preponderancia por sector, eso es lo que debe obedecer la ley secundaria, porque si no sería una ley anticonstitucional y eso de entrada sería algo muy grave”.
“Aprovecharon la división”
Para Corral “el gobierno aprovechó la profunda división en las bancadas del PRD y del PAN con sus respectivas dirigencias nacionales para abrir flancos de negociación con algunos senadores y no con los partidos”.
El gobierno, dice Corral a Proceso, “buscó dónde conseguir las negociaciones más baratas y las obtuvo.
“De Javier Lozano ya sabemos que los cambios que propició a la iniciativa fueron dictadas por el gobierno y sólo fueron reformulaciones de redacción”, recordó.
“Lo conseguido por los senadores del PRD no sólo fue muy limitado sino que fruto de esa negociación apareció otro regalo más a Televisa, el noveno transitorio del proyecto”, subrayó el legislador que convocó a Cuauhtémoc Cárdenas a formar un Frente por la Comunicación Democrática.
“Realmente el gobierno abusó de la falta de expertise de ese grupo de senadores perredistas que justificaron su atrevimiento negociador para sacar a Los Chuchos de la jugada y particularmente a la senadora Alejandra Barrales, a quien identifican con los intereses del duopolio”, reflexionó sobre los resultados de la negociación del PRD.
Cuando ya estaba reelecto Gustavo Madero como dirigente nacional del PAN y Jesús Zambrano, líder del PRD, quisieron retomar la negociación reinstalando la mesa central que antes existía en el Pacto por México. “El gobierno ya había ganado la partida, porque no sólo tenía la mayoría con la oferta de votos de varios senadores del PAN que ha hecho Javier Lozano sino había conseguido algo mucho más importante: enviar el mensaje de que ya tenían al PRD –vía Miguel Barbosa– dándole el añorado toque de pluralidad al proyecto”, explica Corral.
“La mesa central, participando directamente los presidentes nacionales del PRD y del PAN ya no pudo hacer gran cosa. Ni siquiera rescatarle al IFT la facultad exclusiva y directa en la vigilancia de la transmisión de contenidos en radio y televisión que se le devolverá a la Secretaría de Gobernación”, recapitula Corral.
En su edición 1965 Proceso documentó que hubo un predictamen negociado directamente con el secretario de Hacienda que finalmente fue desechado por la negociación que entabló la Consejería Jurídica de la Presidencia, con el aval de la Secretaría de Gobernación, con el grupo de senadores del PRD.
Corral retoma la situación ocurrida entre los dirigentes nacionales del PAN y del PRD: “Con las manos vacías y arreciada la presión de las televisoras sobre ellos, Gustavo Madero se echó para atrás, mientras Jesús Zambrano se echó para adelante. Madero emitió un engañoso comunicado sobre el tema de preponderancia, donde resulta que para él, estábamos ante un ‘grave dilema’, cuando la Constitución claramente señala servicios”.
El martes 1 los senadores del PAN debatieron más de siete horas con el fin de llegar a una posición unificada. No lograron ningún acuerdo sobre el diferendo de preponderancia.
Al cónclave de los panistas llegaron los asesores de Madero, Santiago Creel y Juan Molinar Horcasitas. Se confrontaron con los dos defensores de la preponderancia “por sector”: Javier Lozano y Roberto Gil Zuarth, éste último reprodujo los mismos argumentos que el consejero jurídico presidencial Castillejos expuso en entrevista con Carmen Aristegui en MVS Noticias.
Ante la división, el coordinador Jorge Luis Preciado maniobró y declaró un receso, con pretexto de ver el partido de futbol de Argentina contra Suiza. Antes del receso, Ruffo y Corral, opositores al grupo de Lozano y Gil Zuarth, afirmaron que tenían 19 votos a favor de que la reforma definiera preponderancia “por servicio”.
Preciado, aliado de Madero, mandó a llamar a legisladores del grupo de Ernesto Cordero. Y 22 de los 38 senadores de la bancada blanquiazul decidieron que cada quien votaría de manera “libre” en el tema de preponderancia.
“Veo que el grupo de Cordero, que es el grupo más cercano a Felipe Calderón, es el que va a sacar a Peña Nieto su dictamen en el Senado”, sentenció Corral la tarde del martes 1.
Durante la sesión del pleno, el viernes 4, Corral y Gil Zuarth debatieron sobre el tema de la preponderancia “por sector”.
Gil Zuarth reprochó a Corral y a los opositores que no dijeron nada ni pidieron controversia constitucional cuando el Instituto Federal de Telecomunicaciones decretó “agentes económicos preponderantes” por sector.
“Es una falacia que se altera la naturaleza del preponderante porque la resolución del IFT fue anterior a la ley que acabamos de aprobar”, le respondió Corral a Gil Zuarth en el único debate que se generó en las más de 12 horas de discusión.
“Si declaramos preponderante por ‘servicio’ no se escapa nadie. Pero si lo decretamos por ‘sector’ van a dejar libre a la televisión restringida”, insistió Corral.
Primer amparo
El primer amparo contra la Ley Peña Televisa lo interpuso el mismo día de la discusión en el pleno el Colectivo Libre Internet para Todos ante el juzgado Décimo Quinto de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal, argumentando que el Senado ignoró la iniciativa presentada el 5 de marzo de 2013, avalada por 127 mil ciudadanos y turnada las comisiones de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos.
De acuerdo con el artículo 212 del reglamento del Senado, todas las iniciativas deben ser dictaminadas en un lapso no mayor de 30 días y al comprobar que un derecho constitucional está “flagrantemente violado”, el Colectivo Libre Internet para Todos emplazó al Poder Judicial para que suspendiera el proceso de dictaminación de la ley de telecomunicaciones.
“El acto de ignorar una iniciativa ciudadana formaliza la violación directa a los preceptos constitucionales y presenta un abierto reto a la seguridad jurídica de los mexicanos”, declaró el abogado Jesús Robles Maloof, integrante del colectivo. El tribunal tiene 72 horas para dar su fallo y notificar a los responsables del Congreso de la Unión.
Por su parte, el especialista Ramiro Tovar Landa, profesor del Instituto Tecnológico Autónomo de México, considera que el principal problema de esta ley es “la soberbia y la captura regulatoria” que derivará en “fallas del Estado”.
Consultado por Proceso, Tovar Landa afirmó que la ley secundaria aprobada en el Senado “sustituye el debido análisis técnico-económico para resolver aspectos regulatorios que eran facultades exclusivas del Instituto Federal de Telecomunicaciones”.
Como ejemplo Tovar citó el caso de la preponderancia y del “infausto” artículo 9 transitorio. “El dictamen limita y crea un ámbito de excepción a la aplicación de la legislación de competencia económica en cuanto al control de las concentraciones, en completa contradicción con el mandato constitucional del IFT”, sentencia.
Al referirse al 9 transitorio, Tovar señala que “el uso de los índices de concentración, tanto el Hischman-Herfindahl como el de Dominancia (ID) son exclusivamente aplicados como un primer nivel de análisis”. Este artículo “impide que se apliquen una serie de artículos de la Ley Federal de Competencia Económica”.
“Nunca el concepto de ‘sector’ puede ser sustituido por el concepto económicamente fundado de ‘mercado relevante’. En consecuencia, al siempre existir un ‘preponderante’ se crea una excepción total al control de concentraciones en telecomunicaciones, inédito en todo el mundo”, afirma Tovar.
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