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viernes, 25 de abril de 2014

Los yanquis alertan sobre problemas fiscales después de privatizar Pemex

La legislación secundaria enfrenta oposición, observan en EU
EIA: la caída de la producción petrolera afecta la economía y salud fiscal del país
Israel Rodríguez
 
Periódico La Jornada
Viernes 25 de abril de 2014, p. 29
La caída en la producción de petróleo en México, que en 2013 llegó al nivel más bajo en dos décadas, tiene impacto directo en la economía del país y en la salud fiscal del gobierno, advirtió la Administración de Información de Energía (EIA, por sus siglas en inglés), del Departamento de Energía de Estados Unidos.
En un reporte difundido ayer, la EIA destacó que pese a la rápida aprobación de cambios constitucionales para permitir la inversión privada nacional y extranjera en la industria reservada durante 75 años al Estado, en la discusión de las leyes secundarias se ha observado resistencia.
Las ganancias de la industria petrolera, incluidos impuestos y pagos directos de Petróleos Mexicanos (Pemex), representaron alrededor de 32 por ciento de los ingresos totales del gobierno en 2013.
La disminución en la producción de petróleo tiene un impacto directo en la productividad económica del país y en la salud fiscal del gobierno, sobre todo crecen las necesidades de consumo de productos y de importación como refinados, alertó el reporte.
México tiene pendiente desarrollar y aprobar la legislación secundaria, donde se detalla el régimen fiscal y los términos de los modelos de contratos, pero observó que la legislación secundaria todavía enfrenta una oposición significativa,l mencionó. El gobierno de México tiene planeado ofrecer en subasta superficies de terreno que estarán abiertas a las compañías internacionales en 2016 y 2017.
Recordó que México produjo un promedio de 2.9 millones de barriles por día de petroleo crudo equivalente en 2013.
La producción total de petróleo de México ha disminuido 22 por ciento desde su punto más alto entre 2004 y 2009.
De manera destacada la producción de petróleo crudo en 2013 estuvo en su punto más bajo desde 1995 y siguió disminuyendo a comienzos de 2014.

domingo, 16 de marzo de 2014

Acabaron con los ferrocarriles, pero está por verse si se roban el petróleo: AMLO

Costó 150 años construir la red ferroviaria y les bastaron 30 para desmantelarla

Los gobiernos corruptos lo mismo hacen con la minería; han concesionado 30% del territorio, señala
Foto
Andrés Manuel López Obrador visitó ayer Empalme, Sonora, donde recordó que hace tres décadas estaban ahí los talleres regionales más grandes del ferrocarril mexicano, cuya desaparición ocasionó la pérdida de cientos de fuentes de empleoFoto La Jornada
Ulises Gutiérrez Ruelas
Corresponsal
Periódico La Jornada
Domingo 16 de marzo de 2014, p. 8
Hermosillo, Son., 15 de marzo.
Costó 150 años construir la red ferroviaria de México, pero a los malos gobiernos les bastaron pocos años para acabar con ella, consideró Andrés Manuel López Obrador, líder del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), durante su visita a Empalme, antiguo centro neurálgico de los ferrocarriles mexicanos en el noroeste del país.
Expuso que muchos de los habitantes de Empalme, donde hace tres décadas se contaba con los talleres más grandes en la región del ferrocarril mexicano, han sufrido la mala conducción económica del país, al cerrarse cientos de fuentes de empleo ligadas a los trenes de pasajeros y carga.
El primer ferrocarril que se construyó fue el de México a Veracruz, de 600 kilómetros; lo empezó el presidente Benito Juárez y lo terminó e inauguró Sebastián Lerdo de Tejada; luego, con Porfirio Díaz se construyeron más de 20 mil kilómetros de líneas férreas, con lo que se comunicó todo el país, indicó.
Expuso que luego de la Revolución Mexicana siguió creciendo la red nacional, misma que estaba cubierta con trenes de pasajeros, sistema que hoy en día no existe.
Señaló que debido a la política económica, que se diseñó sólo para favorecer a uno por ciento de los mexicanos, a costa del sufrimiento de la mayoría del pueblo, los últimos gobernantes del país acabaron con casi todo lo que pudieron. “En los últimos 30 años, estos tecnócratas irresponsables y corruptos acabaron con los ferrocarriles; ya sólo hay un tren de pasajeros, turístico, por cierto, El Chepe, que va de Chihuahua a Los Mochis; todo lo demás son trenes de carga en manos de extranjeros, que cobran mucho por el flete; eso fue lo que significó la privatización de los ferrocarriles.
Lo mismo hicieron con la minería: han concesionado más de 60 millones de hectáreas del territorio nacional, que representan 30 por ciento de la superficie total, para la explotación de oro, plata y cobre; se llevan todo y no dejan beneficios, dijo el ex candidato presidencial ante cientos de habitantes que reunió en su tercer día de gira por Sonora.
Señaló que el saqueo minero de los años recientes se traduce en que de 2005 a 2010 se extrajo suficiente oro y plata para igualar la marca de lo que se llevaron del país los españoles en 300 años.
“Pero en aquel tiempo cuando menos dejaron las ciudades coloniales, que son las más bellas del país: San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, ¿y ahora qué han dejado? Nada, la destrucción del territorio y que el trabajador minero en México gane 20 veces menos que en Estados Unidos o Canadá.
Indicó que ahora viene la privatización de la industria petrolera, razón por la cual Morena se moviliza en todo el país, ya que considera que no se puede aceptar el saqueo de los bienes de la patria, pues dañará a las futuras generaciones de mexicanos.
El ex candidato presidencial anunció que el martes 18 de marzo encabezará un mitin en Villahermosa, Tabasco, para conmemorar el aniversario de la expropiación petrolera. En Tabasco y Campeche se extrae 95 por ciento del petróleo del país. Todavía está por verse si se roban el petróleo, que es del pueblo y de la nación, advirtió.
En Bácum, previo a la asamblea, el dirigente de la izquierda tomó un guante negro de beisbol que le prestaron niños de la comunidad. Por unos minutos lanzó y atrapó el esférico en la plaza principal. Al finalizar la asamblea se tomó una foto con los menores que lo invitaron a jugar beisbol.

domingo, 5 de enero de 2014

2013, el año de la gran traición a la patria

Termina 1 año amargo. México va para atrás con todas las medidas que se desarrollaron en el marco delPacto contra México (Pacto por México) que firmaron el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), por encima del Congreso de la Unión, que ha favorecido a los más ricos y las corporaciones extranjeras, y que significan un ataque a los derechos del pueblo y la soberanía de la nación. Las reformas que les dictaron desde Washington a los peleles delPRIAN  fueron impuestas este año, una a una, por los círculos de poder imperial. Ya desde 2012 habían comenzado con la reforma laboral, que niega todo derecho a los trabajadores, legaliza la subcontratación, quita límites a la jornada laboral, elimina prestaciones y derechos en materia de salud, vivienda, pensiones y jubilación, etcétera, para luego continuar este tétrico 2013 con las reformas educativa, financiera, fiscal, en telecomunicaciones, política y energética, que estaban en la agenda neoliberal desde hace décadas, con medidas de gobierno que nos han conducido al caos.
El año que termina ha sido desastroso: por los siniestros que sufrimos, los huracanes que asolaron varios estados, miles de damnificados por lluvias, deslaves, pérdidas materiales y humanas. Tuvimos el nivel más alto en lluvias de los últimos 125 años, lo que generó daños en varias entidades. EnGuerrero murieron 102 personas, quedaron destruidas más de 20 mil viviendas, se derrumbaron caminos, puentes y carreteras; el presupuesto que el gobierno federal ha entregado para la reconstrucción no es suficiente y los gobiernos locales no lo ocupan para ayudar a la gente, sino para la reparación de infraestructura carretera y de servicios. Fue también 1 año de grandes desastres económicos, sociales y políticos.
Un año con un “crecimiento” del 1.2 por ciento, en el que se disparó el desempleo, contradiciendo las promesas del año pasado que afirmaban que la reforma laboral 
 traería más de 300 mil empleos en los meses posteriores a su aprobación. Pero la economía está estancada y la criminalidad desatada. Hubo gran incremento en la violencia y los homicidios que llegaron a los 19 mil asesinados en 10 meses que, comparados con los 2 mil 826 en los primeros 10 meses de Felipe Calderón o con los 18 mil 161 de los últimos 10 meses del sexenio anterior, muestran que ha empeorado la situación de guerra que sufrimos. También aumentó en 35 por ciento el número de secuestros (1 mil 802 secuestros) y en 53 por ciento los asaltos con violencia. En Guerrero, Estado de México, Chihuahua y Michoacán, el caos es evidente y siguen los levantones  y las extorsiones. Creció la inseguridad, a pesar de que se militariza el país y se desarrolla un estado policiaco, que además niega garantías individuales y colectivas en todo el territorio, a pesar del aumento en el número de efectivos del Ejército que en todo México realizan, fuera de sus cuarteles, labores de combate al crimen organizado. Así, su presencia fuera de los cuarteles pasó de 50 mil a 76 mil 500, más 20 mil policías federales en las mismas labores.
En el aspecto de la violencia del Estado contra la sociedad, en la criminalización de los jóvenes y de las protestas, resalta la represión desatada en todo el país durante 2013, desde el 1 de diciembre pasado y que continuó en el Distrito Federal el 10 de junio, el 2 de octubre y el 14 de septiembre. Para justificar la criminalización de la protesta y el desprestigio de las manifestaciones, es conocida la infiltración de provocadores vándalos que causan destrozos y cuyas acciones pasan una y otra vez en la televisión –y que nunca son detenidos– mientras la policía se dedica a detener inocentes que sólo acuden a protestar.
Para el pueblo, la vida cada vez es más difícil. Los salarios son cada vez más raquíticos, aumentaron bárbaramente los precios de la canasta básica (huevo, pollo, carnes, frijol, pan, etcétera), así como los precios de gas, luz, gasolina (aumento de 8 centavos mensuales para gasolina Magna y de 6 para la Premium), transporte, vivienda, colegiaturas, servicios de salud y, para colmo, aumentan a 5 pesos (un 66 por ciento) el precio del boleto del Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México.
Según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) dados a conocer en la prensa el 5 de diciembre de 2013, México es el único país de América Latina en el que creció la pobreza: subió a 60.6 millones el número de mexicanos que viven bajo la línea mínima de bienestar. La economía del país no ha podido despegar mientras crece la desigualdad de ingresos. Más de 10.5 millones de personas indígenas (ubicadas en 871 municipios) sufren discriminación, falta de empleo y pobreza.
El inolvidable 2013 ha sido el año de las reformas funestas. La reforma fiscal –en la que se logró que el PRI no incluyera un incremento al impuesto al valor agregado (IVA) en alimentos y medicinas– aumentó impuestos en comida y venta de mascotas, además del 16 por ciento de IVA a los transportes foráneos. Se canceló el tratamiento preferencial en la frontera y se homologó el IVA, para pasar del 11 al 16 por ciento. Además sube el precio de combustibles de aviones (turbosina y querosenos) y se pagarán nuevas cuotas en el impuesto especial sobre producción y eervicios, que ahora será de 12.4 pesos por litro. Se marca un límite del 50 por ciento en deducción de impuestos.
La reforma de telecomunicaciones, lejos de democratizar el acceso a los medios, los entrega al mejor postor para que se beneficien Emilio Azcárraga, Ricardo Salinas Pliego, Carlos Slim e incluso inversionistas extranjeros en esta área tan delicada.
La reforma educativa, con su “autonomía de gestión”, busca responsabilizar a los padres de familia de los pagos para el mantenimiento de las escuelas, además de ser una reforma laboral simulada que le niega la estabilidad en el empleo a los maestros, no contempla planes y programas de estudio y se enfoca a un proceso de privatización de la educación pública, que comienza por la “evaluación” de los maestros para luego pasar (como sucede en Estados Unidos) a la evaluación de las escuelas para cerrarlas y luego entregarlas, con todo y presupuesto público, a corporaciones privadas. Esta reforma ha provocado un histórico movimiento magisterial en toda la República, que ha llevado a los maestros a la defensa de sus derechos, con el apoyo de todos los sectores progresistas de México y el ataque y criminalización de los medios de desinformación.
La reforma financiera le da poder a los bancos y deja en la indefensión a los deudores, a quienes se les podrá criminalizar, arraigar en sus domicilios, embargar y encarcelar por deudas bancarias; además de legalizar que más del 85 por ciento del capital financiero esté en manos extranjeras. Por supuesto que no se impiden los abusos de los bancos, la mayoría extranjeros.
Este negro 2013 culmina con el robo del siglo, el peor de los crímenes que significa la entrega de nuestro sector energético a las grandes corporaciones extranjeras y nacionales. A pesar de que prohíbe la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en los artículos 25, 27 y 28 los contratos y concesiones, Enrique Peña y el Congreso de la Unión, dominado por el PRIAN, cambiaron la Constitución en un acto ilegal y anticonstitucional, que no es otra cosa más que una vil y descarada entrega y una traición a la patria que será juzgada en el momento en que el pueblo de México pueda romper las cadenas actuales de opresión y tome el destino en sus propias manos. Y todavía tienen el cinismo de culminar su atentado a la soberanía el 12 de diciembre, día en que se festeja a la Guadalupana, que ha sido un símbolo de la Independencia desde tiempos de Miguel Hidalgo y José María Morelos.
No sólo se ataca la soberanía energética, sino también la soberanía alimentaria. Este año continuó eldesastre agrario y fue acrecentada la dependencia del exterior, al dejar de producir aquí nuestros alimentos y desalentar la producción de maíz, arroz, frijol, soya, algodón, etcétera, lo que implicó en la importación de más del 50 por ciento de los alimentos. Todo lo cual provoca la migración hacia Estados Unidos y otras partes del mundo. Y encima están los abusos contra los mexicanos en Estados Unidos, víctimas de maltrato, deportaciones y hasta de la separación arbitraria de las familia, debido a las nuevas prácticas que ha llevado a cabo Barack Obama para retener a miles de niños mexicanos alejados de sus familias en guarderías del gobierno del país del Norte.
Contra los ataques del mal gobierno se ha organizado un movimiento que va en ascenso en lo social, con los maestros, electricistas, mineros, en las comunidades con la organización de su autodefensa. Por otra parte, crecen los conflictos en las comunidades que se niegan a la ocupación de sus territorios por parte de las compañías mineras (nacionales y extranjeras), que con los nuevos métodos de extracción provocan la destrucción del medio ambiente de su región, sus terrenos de siembra, de vivienda, envenenan la tierra y el agua, al igual que el rechazo a las corporaciones que para producir energía eólica afectan a comunidades enteras.
En lo político se desarrolla una alternativa de lucha para rescatar derechos y soberanía con un nuevo proyecto de nación, con la organización del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) que lleva 23 asambleas en todo el país con más de 3 mil asistentes y casi medio millón de afiliados, y que demanda su registro como partido político para derrotar al PRIAN. La organización que impulsa Andrés Manuel López Obrador desarrolló intensas movilizaciones, cinco en el Distrito Federal en esta coyuntura y se convirtió en la principal organización política que se enfrentó al pacto de Peña (Pacto por México) y a sus reformas nefastas.
En la vida hay épocas buenas y malas, avances y retrocesos, épocas de esplendor y de decadencia; día y noche. El año que termina ha sido de oscuridad, retroceso e ignominia. La rueda de la historia ha ido para atrás, y el mal gobierno del PRIAN se confirma al servicio de las grandes corporaciones extranjeras y nacionales y del imperio yanqui.
Sin embargo todo es cambio y movimiento: hemos de ver de nuevo la luz y hemos de organizarnos para recuperar todo lo que nos han arrebatado. El siglo XXI será el de la conquista de la plena independencia y del establecimiento en México de una sociedad justa, soberana y democrática. Para lograr estas metas hemos de revertir este proceso de neocolonialismo, neoesclavismo y neofascismo que estamos atravesando, un momento en el que las grandes corporaciones imponen su dictadura disfrazada de “democracia a la gringa”. Es necesaria la renovación democrática que conduzca a que los representantes populares sean seleccionados, electos y controlados por sus electores, para que respondan a la voluntad popular y la expresen y que nunca más aprueben disposiciones de espaldas al pueblo, como la reforma energética privatizadora que aprobaron a pesar de que el 80 por ciento de los mexicanos está en contra de la privatización del petróleo.
Para culminar se realiza una reforma política en la que se permite la reelección de los legisladoras hasta por 12 años, con lo que garantizan que los actuales congresistas, que se han subordinado a los dictados de Peña y sus patrones extranjeros, puedan permanecer en su puesto y continuar colaborando con la venta y desmantelamiento de México, y que aumenta del 2 al 3 por ciento el porcentaje de votos para que un partido conserve su registro, lo que busca consolidar al bipartidismo representado por el PRIAN. Toda la política elaborada por el PRIAN en 2013, y en particular la reforma energética, ha significado una clara traición a la patria. Los mexicanos conscientes hemos de trabajar para hacer justicia en este país, restablecer el derecho, desarrollar la educación, la organización y la movilización para que el pueblo tome en sus manos el poder de decisión y lleve a juicio, por violación de la Constitución y traición a la patria, a Peña y a todos sus cómplices en el Congreso y el gobierno federal.

*Politólogo y urbanista. Dirigente de Mexteki y vocero del Congreso de la Soberanía

viernes, 27 de diciembre de 2013

Un dato escalofriante de la privatización de Pemex


19 de agosto del 2013
Un hecho, la reforma energética sin oposición. Foto: Ronaldo Schemidt / Agence France-Presse/ Getty Images
Un hecho, la reforma energética sin oposición. Foto: Ronaldo Schemidt / Agence France-Presse/ Getty Images
Alberto Buitre*
La fórmula para reventar a México es sencilla: más pobreza, mayor violencia. No hace falta ser un estadista para entender que un paliativo a los problemas de un país sumido en la barbarie es proporcionar al pueblo empobrecido el mínimo de desarrollo humano. Pero tampoco hace falta demasiado para entender que Enrique Peña Nieto no es un estadista; de tal manera, desde su puesto como títere de los monopolios, administra la mejor operación que acabará por mandar al carajo lo que queda de nación, vía la reforma energética, la privatización de los hidrocarburos.
Los técnicos hablarán. Expertos como la geóloga María Fernanda Campa, el geopolítico Alfredo Jalife Rahme, y hasta Manuel Bartlett han publicado libros, cualquier cantidad de ensayos y presentado varias ponencias advirtiendo la estupidez técnica y constitucional de esta privatización. Palabras de expertos para oídos expertos.
Pero yo soy periodista, y más aún, poco sé de petróleos bitumisosos o exploración en aguas medias. Sin embargo sí sé de pobreza y sus causas. Por eso me quedo con uno de los datos más escalofriantes de la Reforma peñista: Con PEMEX –vendido a manos privadas–, México se quedará sin el 60 por ciento del gasto social que aún proviene del petróleo. Esto significa que de un plumazo, tantos más millones de personas en este territorio sufrirán el aumento imbatible del costo de la salud, la educación y los servicios públicos, como el agua, el gas y la electricidad. Tal encarecimiento ocasionará que muchas empresas, medianas y grandes, eliminen trabajadores de sus nóminas o dejen de contratarlos para sanar el bache en sus ingresos. Aumentará la carencia, la pobreza, cundirá la desesperación.
De por sí México arrastra con más de 150 mil muertos producto de la fallida “guerra contra el narco”. De por sí el 60 por ciento de la población mexicana padece ya la pobreza y de este porcentaje, la mitad carece de lo indispensable para comer, según cifras de la propia Secretaría de Desarrollo Social ¿Y cómo estima el "ilustre" Peña y su horda de brillantísimos secretarios, paliar el desfase presupuestal, producto de la privatización petrolera? Fácil: aumentando impuestos.
La propuesta del Banco de México para homologar el IVA en todos los mercados asciende al 17 por ciento. Al menos de manera oficial. Y dicen que no es IVA; que es “impuesto al consumo”. Y agregan que son recursos para “combatir la pobreza”. ¿En serio? ¿Combatirán la pobreza aumentando el precio de los productos indispensables para vivir? Y sin embargo, la reforma va. Algunos diputados como Ricardo Cantú del Partido del Trabajo, advierten que el aumento del IVA se elevará hasta el 23 por ciento; incluídos alimentos y medicinas. Además, el Impuesto Sobre la Renta (ISR) que actualmente se cobra en una tasa del diez por ciento proporcional a los ingresos, se plantea que se eleve hasta el 30 por ciento.
El halo de maldad que arrastra la privatización de los hidrocarburos impactará de lleno en la clase trabajadora que no tiene seguridad social. Empleados y empleadas de los ámbitos público, privado, y sobre todo, independientes –los freelancers; una capa que ha crecido en México a raíz de la reforma laboral, la cual liquida el derecho de contrato y estipula el salario por horas de la fuerza de trabajo de una persona. Son quienes deben pagar mes con mes al Sistema de Administración Tributaria (SAT) de la Secretaría de Hacienda más de la mitad de sus honorarios en impuestos: 17.5 por ciento de Impuesto Empresarial a Tasa única (IETU); 16 por ciento de IVA; 10.6 por ciento de IVA retenido y 10 por ciento de ISR, más impuestos estatales.
Y aún si el aumento de ISR hasta del 30 por ciento –se maneja que hasta del 37–, únicamente será para quienes ganan 500 mil pesos, lo que sucederá es que las empresas simplemente dejarán de contratar personal o aprovecharán al máximo la Reforma Laboral para prescindir del pago de prestaciones. Entonces habrá como nunca una clase trabajadora empobrecida.
¿Y qué hacer? Se diría que hace falta ir al corazón de la reforma: la fuerza de trabajo que mueve a Pemex; es decir, sus trabajadores. Son ellos quienes tienen el poder de frenar la iniciativa apoderándose de la producción. Pero con un Sindicato de Petroleros en manos del PRI, charro contumaz y corrupto hasta la médula, cualquiera pensaría que no hay más que conformarse con que se dé la batalla legislativa para impedir la privatización. Pero para eso los monopolios dictaron la creación del Pacto por México; la concertación del PRI, el PAN, el PRD y otros partidillos satélites que harán las veces de bisagra de una negociación que ya estuvo firmada en diciembre del 2012, en aquel fastuoso evento en el Castillo de Chapultepec, a los ojos de Carlos Slim y Emilio Azcárraga.
Por supuesto que nos queda la calle. Por supuesto que nos queda la palabra. Sin embargo, no existe mejor fórmula para atacar las reformas capitalistas que yendo a su centro creador: la producción; y de eso se encargarán sus trabajadores. Porque Romero Deschamps no es el Sindicato de Petroleros, como tampoco es eterna su vida. Cierto, la reforma está; pero está equivocado quien crea que la lucha contra la privatización se acaba con una firma de Peña Nieto. Revertir la privatización de este como de todas las empresas concentradas, es una causa que se contará por décadas, si es necesario.
@AlbertoBuitre
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domingo, 8 de diciembre de 2013

Entrega total de energéticos a las trasnacionales

Cambios a fondo en la Constitución autorizan contratos de riesgo y concesiones a extranjeros
Impuso el PAN su proyecto de entregar electricidad y petróleo
En el predictamen que presentó junto con el PRI sugiere pagar con crudo a trasnacionales
Foto
Entrega del predictamen de reforma energética a senadores integrantes de las comisiones de Energía y Puntos Constitucionales. En la imagen, Emilio Gamboa, David Penchyna y Enrique BurgosFoto José Antonio López
Andrea Becerril
 
Periódico La Jornada
Domingo 8 de diciembre de 2013, p. 3
El proyecto de dictamen de la reforma energética que hoy comenzará a discutirse en el Senado modifica por completo el régimen constitucional en materia de hidrocarburos establecido después de la expropiación petrolera, y propone cambios de fondo a los artículos 25, 27 y 28 de la Carta Magna, que dan paso a los contratos de riesgo en varias modalidades, incluso el de concesiones, en beneficio de las empresas extranjeras.
El artículo 27 señala que tratándose del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos, en el subsuelo, la propiedad de la nación es inalienable e imprescriptible y no se otorgarán concesiones.
Sin embargo, en el cuarto transitorio de la propuesta se detalla que se darán contratos de servicios, de utilidad y de producción compartidas, además de licencias. Estas últimas contienen los elementos de una concesión, entre éstas, que se cede parte de la riqueza para que las petroleras la exploten. Se establece además que el pago a las trasnacionales será en efectivo, con un porcentaje de las ganancias e incluso con barriles de petróleo.
Las reservas, parte de sus activos
En el caso de los contratos de producción compartida y las licencias, las petroleras podrán registrar como activos,para efectos contables, las reservas de crudo del país. La regulación del nuevo régimen de contratos se hará en la ley reglamentaria.
En el documento elaborado por PRI y PAN, en el que finalmente prevaleció la iniciativa panista, se propone reformar el artículo 28 constitucional, a fin de que la refinación de petróleo, la petroquímica básica –que incluye el procesamiento del gas natural–, así como la generación de electricidad dejen de ser actividades estratégicas, a fin de que queden totalmente en manos de empresas privadas.
En ese nuevo marco constitucional, se obliga a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a competir con las trasnacionales. Para ambos organismos, que estarían descentralizados, se prevé un régimen transitorio que contendrá las formas y plazos para convertirlas enempresas productivas del Estado.
Una vez publicada la reforma energética, el Congreso tendría un plazo de 120 días para crear el marco jurídico que habrá de regular a Pemex y CFE en esa nueva modalidad.
Asimismo, se crea el fondo mexicano del petróleo, que será el encargado de administrar y distribuir la renta petrolera, y será operado por el Banco de México, no por la Secretaría de Hacienda, como demandó el PAN.
Mediante el artículo segundo transitorio se protegen los derechos laborales de los trabajadores de Pemex, CFE, y en general de todas las dependencias del sector energético.
En la exposición de motivos se repiten los argumentos catastrofistas esgrimidos en la última década en torno a la situación financiera de Pemex y CFE, que justifican de hidrocarburos, sólidos, líquidos y gaseosos, así como el de la electricidad, mediante un régimen de contratación en el que la propiedad de los hidrocarburos es y será siempre de la nación.
Tanto en la exposición de motivos como en los cambios al articulado hay diferencias en torno al régimen de concesiones que, según comentaron los senadores Alejandro Encinas, del PRD, y el petista Manuel Bartlett, no es más que una redacción tramposa, porque en realidad se posibilita concesionar a petroleras extranjeras yacimientos tanto de petróleo como de gas.
Dicho régimen se considera inadecuado y excesivo, pues es suficiente que el Estado mexicano pueda contratar las diversas actividades que involucran una adecuada extracción de hidrocarburos, se detalla en el documento, e insiste: la oportunidad es histórica y el tiempo para tomar decisiones es ahora.
La modificación central al artículo 27 constitucional es para posibilitar la apertura total del petróleo y la electricidad al capital privado, nacional e internacional. Se precisa que no se permitirá concesionar los hidrocarburos sólidos, líquidos y gaseosos.
En ese mismo párrafo que se añade al artículo 27, se señala también: con el propósito de obtener ingresos que contribuyan al desarrollo de largo plazo de la nación, ésta llevará a cabo las actividades de exploración y extracción mediante asignaciones a empresas productivas del Estado o por medio de contratos con éstas o con particulares en los términos de la ley reglamentaria.
Sin embargo, en el cuarto transitorio se detallan todos los contratos que el Ejecutivo podrá signar con empresas privadas nacionales o extranjeras para que exploten el crudo. Detalla que “podrán ser de servicios, de utilidad o producción compartida o de licencia,para llevar a cabo, por cuenta de la nación, las actividades de exploración y extracción del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos, incluyendo las que puedan realizar las empresas productivas del Estado con particulares.
En ese mismo transitorio, se precisa que el Estado definirá el modelo contractual que mejor convenga, y se definen las modalidades de las contraprestaciones, es decir, el pago que recibirán. En el caso de las licencias, se les gratificará con la transmisión onerosa de los hidrocarburos, una vez que hayan sido extraídos, además de que se regularán los casos en que se les impondrá el pago en favor de la nación por los productos extraídos que se les transfieran.
Encinas denuncia contradicción
Durante la reunión de las mesas directivas de las comisiones de Energía, de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Primera, en que se dio a conocer el proyecto de dictamen, Encinas denunció la contradicción. Sostuvo que lo establecido en ese cuarto transitorio es indudablemente una concesión.
En conferencia de prensa, el coordinador de los senadores del PAN, Jorge Luis Preciado, acompañado por Salvador Vega Casillas y Francisco García Cabeza de Vaca –los negociadores de la reforma–, sostuvo que licencia y concesiones no son lo mismo, pero cuando se les pidió definir la primera figura, señalaron que es un contrato para extraer el petróleo a boca de pozo, por el que luego la empresa paga una regalía al Estado.
Bartlett, en tanto, recalcó que es lo mismo, y recordó que en el lenguaje jurídico del mercado petrolero internacional la oil license es una concesión.

sábado, 7 de diciembre de 2013

Riesgo de que el mayor entreguismo delblanquiazul se imponga al tricolor

Concesión y licencia acotada significan lo mismo: experto de la UAM
Arturo Jiménez
 
Periódico La Jornada
Sábado 7 de diciembre de 2013, p. 3
El cambio del término concesiones por el de licencias acotadas en la minuta de la reforma energética en curso quiere decir exactamente lo mismo: la privatización del petróleo para darlo en propiedad a empresas trasnacionales, afirma el investigador Nicolás Domínguez Vergara, especialista de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco, en reservas de hidrocarburos y planeación estratégica.
Considera que eso representaría un mayor robo del patrimonio de la nación, en una decisión política caracterizada por la corrupción e intereses personales de funcionarios públicos, quienes después suelen ser contratados por dichas compañías.
Al parecer, dice, el entreguismo del PAN es aún mayor que el del PRI, pues todavía hace unos meses este último partido sólo hablaba de utilidades compartidas, pero ahora negocia con elblanquiazul la posibilidad de concesiones o licencias acotadas.
Para el investigador, lo que el PAN propone de manera más directa es que ahora las trasnacionales sean propietarias del petróleo, como en Estados Unidos, donde los privados son dueños del subsuelo y de la superficie, y hacen con el hidrocarburo lo que quieren.
Explica que en la propuesta original del PRI, que señalaba utilidad compartida, la nación seguía siendo dueña del petróleo en el subsuelo y en la superficie, mientras las empresas se beneficiaban más bien de las ganancias o utilidades, aunque aún quedaba por decidirse si se pagaba con producto (petróleo) o no.
Sin embargo, destaca, ahora todo quedaría abierto. El peligro es que se vaya a dar un acuerdo entre el PRI y el PAN en torno a la propuesta más entreguista de este último.
Por ello, el académico hizo un llamado a diputados y senadores para que, como representantes del pueblo, no aprueben la reforma energética.

jueves, 5 de diciembre de 2013

Priístas menos cargados a la derecha retrasan la reforma energética: perredistas

Una derrota de la iniciativa presidencial precipitaría la fuga de capitales, prevén
David Penchyna, traidor a la patria 
Opinan que tricolor y blanquiazul no han especificado el tamaño delprograma privatizador
Arturo Cano
 
Periódico La Jornada
Jueves 5 de diciembre de 2013, p. 5
¿Por qué no se aprueba, a la de ya, la reforma energética? No es, naturalmente, por los números: el PRI, el PAN y sus aliados tienen una mayoría más que cómoda. Tampoco se trata de que busquen fatigar a quienes se oponen, como dice el senador Manuel Bartlett.
La mayoría que quiere modificar la Constitución podría cumplir los formalismos parlamentarios. Incluso podría regalar a la oposición un debate en el cual subiesen a la tribuna los urgidos de un curso acelerado de lectura en voz alta. Aun así se impondría en la votación.
En un lapso relativamente corto –recuperar la inversión siempre es urgente– las gasolineras pintadas de verde irían cediendo paso, con todo y su aguilita, a las dos equis rojas de la Exxon o las grecas de la Chevron.
Pero no. La mayoría PRI-PAN no convoca a comisiones para iniciar la discusión del dictamen de reforma energética.
No vamos a legislar al vapor, expresa el jefe de los senadores priístas, Emilio Gamboa.
Claro que no. Si hay un tema sobrediagnosticado es el que tiene que ver con los veneros que nos escrituró el diablo.
El hidalguense David Penchyna, presidente de la Comisión de Energía, afirma que el Senado lleva un año dedebate intenso, y más: es un debate en el que esta nación lleva 15 años debatiendo lo mismo.
Pues que se presente la propuesta y se vote aunque la mayoría de las encuestas digan que seis o siete de cada 10 mexicanos se oponen a la privatización de Petróleos Mexicanos (Pemex).
Que no. Que no hay prisa. Que probablemente se introduzca mañana a comisiones para que, luego de todos los formalismos parlamentarios, sea votada por ahí del lunes, a plena luz del día (bueno, no, porque el salón de sesiones es una caja cerrada sin ventanas) y con transmisión en vivo por la televisión.
Ha llegado la hora de tomar decisiones, sentencia David Penchyna, en sus nuevos cinco minutos de fama.
Pero la hora no es ahora sino después, para cuando el PRI y el PAN, tan unidos en lo esencial (la reforma constitucional), se pongan de acuerdo en el tamaño del programa privatizador.
¿Contradicciones en el seno de las derechas?
En charlas informales con los senadores Manuel Camacho y Alejandro Encinas se dibujan las razones de la demora.
El sector duro del PAN quiere una apertura mayor del sector energético, y esa idea no es compartida por todo el PRI, donde hay resistencias de sectores menos cargados a la derecha.
En esta lectura, el bloque dominante del PAN quiere que los inversionistas se hagan de licencias o concesiones, sin eufemismos como la utilidad compartida y con la reforma adicional del artículo 28 constitucional (para quitar el carácter estratégico al sector de energía).
El blanquiazul no es el único, naturalmente, que presiona al gobierno federal para una reforma que brinde mayor certeza jurídica a los eventuales inversionistas. Una buena parte de los panelistas invitados a los foros organizados por el tricolor en el Senado, influyentes medios extranjeros, corredurías, calificadoras y, en suma, el coro financiero del mundo, presiona por una reforma de mayor calado.
La oferta de Peña Nieto ha despertado los apetitos dentro y fuera del país. Una decepción legislativa, que se leyera como una derrota del Presidente y como el incumplimiento de su promesa de apertura de Pemex, podría precipitar fuga de capitales y una profundización de la crisis económica del país.
El cerco afuera y adentro
A falta de convocatoria para comenzar un debate que será diálogo de sordos, el PRD exige ser incluido en la discusión de los proyectos de dictamen y se concentra en el anuncio de que enviará cartas a los directores de los principales consorcios petroleros que muy probablementequerrán invertir en México. Las misivas, a tono con las enviadas por el convaleciente Andrés Manuel López Obrador a empresarios, advierten de los riesgos que implica invertir en el sector energético mexicano, toda vez que los cambios, de aprobarse, podrían ser revertidos en una consulta popular en 2015 (una urna más en los comicios intermedios).
Afuera, el ex procurador capitalino Bernardo Bátiz, orador en uno de los pequeños mítines que se celebran a lo largo de la jornada, es cortés con los perredistas: allá adentro hay compañeros legisladores que se están esforzando por evitar que se consume este atraco a la nación.
En cuanto Bátiz termina, la ex jefa delegacional de Iztapalapa Clara Brugada pide a los manifestantesacercarse al cerco, a fin de que los peatones pasen sin problemas. Salvo algunos leves escarceos, y brevísimos bloqueos, el cerco transcurre sin choques con la policía.
Trabajadores de hoteles y restaurantes, estudiantes y oficinistas, le sufren para entrar y salir de la zona, a veces por causa de los manifestantes, y siempre por los 3 mil 400 policías federales y locales comisionados en el lugar, con todo y sus 1.2 kilómetros de vallas metálicas.
Los empleados de la Cámara están mejor preparados para la ocasión. Desde el 19 de septiembre, Federico González, jefe de resguardo parlamentario, emitió una circular con instrucciones precisas en caso de manifestación: evite permanecer en lugares visibles como la escalinata principal de Reforma (por eso ahora la cerraron), terraza del piso 2, cristales de la fachada principal, puertas de acceso, etcétera, a fin de evitar provocaciones (...) Por lo que se les solicita resguardarse y evitar todo tipo de contacto hacia este fenómeno de tipo socio-organizativo. Más o menos lo que están haciendo sus jefes, los senadores.

miércoles, 4 de diciembre de 2013

Javier Corral también contra la Reforma Energética

Mi postura ante la Reforma Energética.

Javier Corral Jurado
El Presidente de mi partido, Gustavo Madero, dijo en entrevista con Carmen Aristegui que mi postura en contra de la reforma energética que presentó la bancada panista en el Senado se debe a que yo, en ese tema, soy más cercano a "la forma de pensar del PRD, Andrés Manuel López Obrador, Encinas, Ebrard y Monreal". Dentro del paisanaje y la amistad que nos une, Don Gustavo y yo atravesamos por una racha de diferencias, pero me he propuesto hacerlo en el marco del respeto entre nosotros. Ahora sí que como se dice en la jerga parlamentaria, respondo las alusiones personales.
 
Del que echa mano Gustavo Madero, es un recurso fácil en el PAN: ligar una postura propia con el radicalismo de López Obrador, conscientes de la irracionalidad en que ha caído ese líder de izquierda.
 
Pero el lance de nuestro líder nacional, me permite ahora salir a explicar mi posición sobre el tema, que es absolutamente consistente con lo que expresé y ofrecí durante mi campaña en Chihuahua. Mi posición sobre la reforma energética no es de ahora. Tengo el documento donde expresé mi punto de vista sobre los hidrocarburos.
 
Pongo como referencia el debate en la Universidad del Valle de México, campus Chihuahua, donde sin ambages dije no estar de acuerdo con compartir la renta petrolera y mucho menos con un régimen de concesiones que permita la explotación y exploración directa de los hidrocarburos. La Revolución Mexicana se concretó en la Constitución de 1917 y su piedra angular fue declarar al subsuelo propiedad de la Nación.
 
En efecto, como también lo afirmó Madero, fui el único Senador de los 38, que no suscribió la iniciativa, tanto por su contenido como por la contradictoria estrategia que se realizó para presentarla. Se colocó desde el principio la contradicción en una trampa: Se dijo que estaba condicionada a que se aprobara una reforma política y electoral, sin embargo, se presentó primero la energética. ¿Cómo podría oponerse el PAN a aprobar su propia iniciativa?. Y por las premuras que impuso Peña Nieto de aprobarse en este período de sesiones la energética, en la reforma política se han sacrificado contenidos sustanciales para cumplirle la instrucción al Presidente.
 
Mi reclamo por la rebaja a los contenidos de la Reforma Política, no es coartada para la Energética. La semana pasada fuimos testigos de la salida del Pacto por México por parte del PRD. En realidad esto estaba anunciado desde hace tiempo. La izquierda sigue siendo rehén de López Obrador. Se retiró de la reunión de Comisiones Unidas para no discutir la Reforma Política y les imputara el calificativo de que se habían vendido.
 
Pero también del lado del PAN hay ilusos involuntarios que se convirtieron en los hechos en más papistas que el Papa. Y se enfurecieron ante el panorama que vislumbraban que no se fuera a cumplir las fechas pactadas o impuestas.
 
En mi postura sobre la Reforma Energética me preocupa mucho más el contenido que la forma, en primer lugar, porque gira en sentido contrario a lo firmado por Enrique Peña Nieto y Madero en el Pacto: "se mantendrá en manos de la Nación, a través del Estado, la propiedad de los hidrocarburos y de PEMEX como empresa pública. En todos los casos la Nación recibirá la totalidad de la producción de hidrocarburos" (compromiso 54).
 
 
También porque va a contrapelo de la posición histórica y programática del PAN en esta materia. Sostengo que no hay en ninguna de las plataformas ni documentos básicos del Partido, pasando por el discurso de Don Manuel Gómez Morín en contra de la expropiación petrolera, que planteé regresar el petróleo a los extranjeros por la vía de contratos de explotación directa. Tampoco esa propuesta se contiene en la plataforma 2012-2018 con la que competimos en la elección federal pasada; lo más que ofrecimos en la propuesta 106 del capítulo energía, fue impulsar una reforma "que permita la inversión complementaria a la pública para que se puedan dar mayores inversiones en transporte, procesamiento, almacenamiento y distribución, tanto en la cadena de gas como en los distintos petrolíferos".
 
 
De la reforma energética me consterna, conociendo la dinámica que ha prevalecido en reformas constitucionales, incluidas las promovidas por el Pacto, la ausencia de las definiciones fundamentales del cómo, del quién, bajo qué procesos y contratos se desarrollarán los conceptos fundamentales. Aprobar una reforma energética sin tener a la par los dictámenes de legislación secundaria es un absurdo; jamás cometeré esa irresponsabilidad en mi carrera parlamentaria. Ya hemos visto cómo se las gasta el PRI y cómo a la hora en que se unen los intereses económicos reculan. Incluso terminan violando un mandato constitucional para emitir la legislación secundaria en telecomunicaciones. Cuando el negocio se pone por delante, la Constitución es lo de menos. La única reforma que tenía plazo constitucional es la de Telecomunicaciones el próximo 10 de diciembre.
 
La ausencia de medidas de control, transparencia y autonomía presupuestal, así como de combate a la corrupción en el sector energético, es el gran faltante del paquete de iniciativas. No hay la voluntad del gobierno y de sus ayudantes en el PAN, para no ir a un combate frontal a la corrupción hasta las últimas consecuencias. Siempre nos quedamos en las penúltimas consecuencias; "porque las propuestas evolucionan". Estamos ante el último bien del dominio de la Nación que falta por privatizar, y eso debe ser cotejado con una evaluación real sobre la experiencia privatizadora en México, ¿dónde está el éxito, dónde el crecimiento económico, dónde la mejor distribución de la riqueza?, en México los pobres son cada vez más pobres y los ricos más ricos.
 
Hay países donde la izquierda y la derecha protegen los bienes de la Nación. Ahí está el referente grotesco pero imbatible del dictador genocida Augusto Pinochet, nunca planteó privatizar el Cobre en la República de Chile.
 
Acaba de publicar Diego Fernández de Cevallos un documento sin desperdicio, bajo una visión sensata propone sacudirnos el patrioterismo por un lado y su antípoda que es la dinámica entreguista y apurona con la que se quiere generar el fast track legislativo en la reforma constitucional más importante desde 1917 hasta nuestros días. Ese documento se puede consultar en mi página de internet y desde ahora me manifiesto a favor todas las propuestas que enlista nuestro excandidato presidencial en la elección de 1994.
 
Si alguna coincidencia tengo con un líder de izquierda en este tema, es con el respetado y respetable Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Sin aspavientos, con meridiana claridad y en el mejor tono posible dentro de la torre de babel, ha colocado la alerta mayor, la inadmisible reforma al 28 constitucional que abre la puerta, no a la venta de PEMEX y CFE, sino a su chatarrización.
 
No me avergüenza tener coincidencias con líderes de izquierda como el Ing. Cárdenas, pero si esa es la observación mayor que se hace a mi postura, la acepto; la prefiero antes que convertirme en una extensión de los afanes, los objetivos, las estrategias y la operación del gobierno de Enrique Peña Nieto, bajo las siglas del Partido Acción Nacional.

domingo, 1 de diciembre de 2013

Todo a oligopolios del extranjero: de pozos a refinerías

En el plan energético que presenta junto con AN, pretende hacer a Pemex más pequeño
Busca Peña libertad para que la IP pueda sacar el crudo del país
Limita la exclusividad del Estado al otorgamiento de concesiones, contratos y permisos
Abre la puerta a refinerías, oleoductos y ductos privados; los de la paraestatal podrán venderse
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En el proyecto conjunto de reforma energética del Ejecutivo federal y Acción Nacional se considera que las refinerías de Pemex se puedan vender, dar en comodato u operar en asociación con el sector privado. La imagen en Tula, HidalgoFoto Alfredo Domínguez
Israel Rodríguez J.
 
Periódico La Jornada
Domingo 1º de diciembre de 2013, p. 3
La apertura en el sector energético propuesta por el Ejecutivo federal y el Partido Acción Nacional (PAN) plantea la desaparición de la explotación del petróleo como actividad estratégica, para permitir la participación del sector privado en todas las actividades de la industria de hidrocarburos, según se desprende del último borrador de la propuesta para la ley secundaria de la reforma energética, cuya copia tiene La Jornada.
En esta iniciativa de modificaciones legales no hay restricciones a la integración vertical, y en consecuencia se permiten los oligopolios privados extranjeros, desde los campos petroleros hasta las estaciones de servicio, incluyendo la refinación.
El documento preliminar destaca que la exclusividad del Estado se limitará al otorgamiento de asignaciones, contratos y permisos, y se sugiere la desaparición de Pemex Gas y Petroquímcia Básica.
Como resultado, Petróleos Mexicanos (Pemex) será más pequeño y estará dividido en dos: por un lado exploración y extracción y, por otro, industrialización y comercio.
Entre los puntos más relevantes contenidos en el amplio borrador, que aún no es la versión final, pero permite percatarse de hasta dónde quiere el gobierno llevar la reforma energética, se destaca que la propiedad pública de los hidrocarburos sólo aplica cuando están en el subsuelo, y podrá ser transferida al sector privado a boca de pozo.
Adicionalmente, se plantea que el Estado podrá pagar con hidrocarburos y se admite todo tipo de contratos; será posible compartir producción y se permitirán las concesiones, pero no en la Constitución, sino en la legislación secundaria, al llamarlas licencias.
Las compañías extranjeras estarán en libertad de disponer del petróleo que les toque en sus contratos; podrán incluso exportarlo y refinarlo, entre otras opciones.
De esta manera, se abre la puerta para que haya refinerías privadas, así como oleoductos, poliductos, plantas de gas y terminales, entre otras instalaciones industriales. En el caso de las refinerías de Pemex, se podrán vender, dar en comodato u operar en asociación con el sector privado.
En el texto preliminar, que permite conocer hasta dónde y con qué profundidad se quiere hacer la apertura y la entrega del sector energético a privados, se propone la creación de un organismo público especializado en la operación de la red de gasoductos, al que se denominaría Gestor de la red.
Además, se plantea la apertura total de la petroquímica y se propone que los precios de la gasolina sean administrados al principio, pero en el futuro fluctuarán en función de los mercados internacionales.
Según este documento, la nación seguirá siendo propietaria del subsuelo y los minerales que contiene, así como la única habilitada para explorar y extraer los hidrocarburos, pero este último derecho lo ejercerá por medio de operadores públicos y privados.
Las empresas públicas de otros países serán admitidas siempre y cuando cumplan algunos requisitos, para evitar que los derechos queden en manos de estados o gobiernos extranjeros. La nación administrará el subsuelo por conducto de autoridades federales.
Por su parte, el presidente de la República definirá por decreto qué porciones del territorio estarán abiertas a la búsqueda y extracción de hidrocarburos, y qué zonas se dejan para explotación futura.
Del primer conjunto, la Secretaría de Energía (Sener) determinará las áreas puestas a disposición de los productores, así como los términos y condiciones con los cuales podrán llevar a cabo los trabajos y actividades. Algunas facultades y responsabilidades menores serán encargadas a la Comisión Nacional de Hidrocarburos.
La propuesta inicial será que la Sener otorgará permisos de reconocimiento y exploración superficial, así como títulos de explotación agrupados en dos categorías: asignaciones y contratos. Las primeras se entregarán mediante adjudicación directa y se reservan para Pemex y sus organismos subsidiarios, a condición de que actúen solos, es decir, al margen de socios privados; los segundos por subasta pública.
A su vez, los contratos se otorgarán a empresas privadas, pero también a Pemex, que podrá ir solo o en asociación con otras firmas. Del conjunto de contratos, la Secretaría de Energía podrá escoger entre una amplia gama de posibilidades, como los contratos de riesgo puro, de reparto de la producción, de utilidad compartida y las licencias (que pueden interpretarse como concesiones disfrazadas). La selección de una u otra modalidad dependerá de las características petroleras de las áreas puestas a disposición de los productores.
La remuneración será en efectivo o en especie, según el tipo de contrato. En las licencias el contratista se quedará con toda la producción y en los contratos de generación compartida sólo con una parte. Los términos económicos serán definidos por la Secretaría de Hacienda. El crudo que reciba el Estado será comercializado por entes públicos o privados.
Los contratistas tendrán libertad de disponer de la producción que les corresponda: podrán exportarla, comercializarla localmente o aprovecharla en sus procesos, pues toda la industria petrolera estará liberalizada.
Las empresas contratistas no podrán registrar las reservas como suyas, pero sí reportar a las bolsas de valores los beneficios que esperan obtener de los contratos firmados con el Estado mexicano; en otras palabras, no podrán hacer el registro de manera directa, pero sí indirectamente.
Limita exclusividad del Estado en electricidad
En materia de electricidad, el texto preliminar señala que la exclusividad constitucional del Estado se limita al control del sistema eléctrico nacional, así como al servicio público de transmisión y distribución de energía. En estas actividades no se otorgarán concesiones, pero el Estado podrá celebrar contratos con particulares.
Además, podrán establecerse contratos de transmisión y distribución. En consecuencia, la generación, transformación y comercialización (interna y externa, al mayoreo o al menudeo) ya no son parte del servicio público y pueden ser realizadas por el sector privado. La Secretaría de Hacienda sigue fijando las tarifas de electricidad para los pequeños usuarios (usuarios del servicio estándar), y los precios a los grandes consumidores serán liberalizados, además de que la red de transmisión y distribución será de libre acceso.

viernes, 29 de noviembre de 2013

Habrá reforma energética, reitera el PRI


El líder de los senadores del PRI, Emilio Gamboa Patrón. Foto: Octavio Gómez
El líder de los senadores del PRI, Emilio Gamboa Patrón.
Foto: Octavio Gómez
MÉXICO, D.F., (apro).- Ante el reclamo del PRD, el Partido Revolucionario Institucional en el Senado de la República aceptó posponer para este viernes la reunión de las cuatro comisiones dictaminadoras de la reforma político-electoral, pero su coordinador, Emilio Gamboa Patrón, advirtió que su bancada no se dejará “chantajear por nadie” y que aprobarán la reforma energética en este periodo ordinario.
“Es mentira que en lo oscurito estemos haciendo algo”, sentenció Gamboa Patrón,  y le reprochó al senador del PRD, Alejandro Encinas, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, que haya estado en las negociaciones y en la reunión de la comisión hasta las 4 de la madrugada de este jueves.
“Va a haber una reforma energética, sí. No nos vamos a dejar chantajear por nadie”, afirmó el coordinador de los priistas en el Senado, quien reiteró que se necesitan 86 de los 128 votos totales de los senadores para sacar las reformas constitucionales, tanto en materia político-electoral, como en materia energética.
En respuesta también al retiro del PRD del Pacto por México, Gamboa expresó que “están en su derecho de pertenecer al Pacto por México o salirse de él”, pero reiteró que durante los últimos cuatro meses los perredistas  y panistas han participado en las negociaciones de la reforma político-electoral.
Ante el nuevo escenario, los tiempos legislativos se recorren una semana más. Gamboa Patrón precisó que será hasta el próximo 1 de diciembre cuando se dará la primera lectura de la reforma político-electoral, y dos días después se subirá al pleno del Senado.
La reforma energética se negociará y dictaminará a partir de esa fecha, dijo, e indicó que es “mentira” que se hayan reunido los integrantes de la Comisión de Energía y que exista algún predictamen en esta materia, como lo acusó el PRD.
“Sacaremos la reforma energética en este periodo ordinario de sesiones”, insistió Gamboa Patrón. El periodo culmina el próximo 15 de diciembre.

Invitan a empresarios de Israel a invertir en el sector energético

El director de Pemex destaca la importancia histórica de modificar el artículo 27 constitucional
Refiere una revolución de abaratamiento del gas similar a la que ocurre en Estados Unidos
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Trabajadores en la plataforma de perforación en aguas profundas Centenario, en la costa de VeracruzFoto Ap
Susana González G.
 
Periódico La Jornada
Viernes 29 de noviembre de 2013, p. 24
El director general de Pemex, Emilio Lozoya Austin, y el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, invitaron a la delegación de 80 empresarios que acompaña al presidente de Israel, Shimon Peres, a invertir en distintos sectores del país, incluido el energético.
Los invito a que sigan muy de cerca las discusiones en el Congreso (sobre la reforma energética) y que se animen a invertir en nuestro país. Se requiere mucho capital y un compromiso con el país. Son inversiones de largo plazo y, sin duda, el espíritu y la relación que se tiene con Israel refleja esto: una relación de largo plazo y de países hermanos, expuso Lozoya Austin ante los hombres de negocios de Israel.
Último ponente del gobierno mexicano en el Foro Estratégico de Negocios México-Israel, el titular de Pemex basó su conferencia en la misma presentación en power point que durante meses ha exhibido en otros foros empresariales e incluso ante legisladores federales, sobre la situación actual del sector energético mexicano y las oportunidades de crecimiento que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto prevé se darán al permitir la participación privada en la producción de petróleo, gas y electricidad.
Fotografían con iPhones y tabletsgráficas de producción energética
Antes que Lozoya, el secretario de Economía, quien inauguró el foro junto con el presidente de Israel, enlistó a los empresarios israelíes todas las ventajas que les ofrece México como inversionistas extranjeros: una estabilidad financiera que se ha consolidado en los últimos 15 años y que está blindada en la clase política porque no ha importado que haya habido gobiernos de distintos partidos, una red de tratados comerciales con 45 naciones, así como la calidad y juventud de la mano de obra mexicana.
El potencial para que los empresarios de Israel incrementen sus inversiones en México es enorme, dijo Guajardo, pues en este año sólo llegó a 50 millones de dólares y previó que con cualquier inversión que hagan la duplicará.
La exposición de Lozoya Austin despertó tal interés entre los israelíes que varios de ellos usaron sus iPhones o iPads para fotografiar las gráficas y tablas de prospectivas sobre Pemex que les presentó sobre la producción de energéticos y las inversiones requeridas.
México se inserta en un mercado norteamericano de energía, sostuvo, y para explicarles la iniciativa presidencial les dijo que se pretende modificar el artículo 27 constitucional.
Un artículo que para ustedes que son extranjeros no entenderán quizá la importancia histórica que tiene, pero hay que ver hacia el futuro y no hacia el pasado. Transformarlo implica que la iniciativa privada podría invertir en exploración y producción, bajo la soberanía del Estado, sin ser dueña del subsuelo, pero tomando (sic) riesgo como sucede en la mayoría de los países del mundo que tienen hidrocarburos, abundó.
En cambio, les aclaró que en refinación, petroquímica, ductos o almacenamiento se permitiría ciento por ciento de capital privado, en tanto que en electricidad se pretende que cualquier privado pueda generarla, sea con energías renovables o con gas.
Incluso sobre el gas, Lozoya de plano les aseguró que la misma revolución que al respecto está viviendo Estados Unidos con su abaratamiento es lo que empezará a suceder en México el próximo año.
A partir de tener gas barato, esta política cambia no sólo para tener un Pemex muy fuerte a partir de petróleo crudo sino también de masificar la disponibilidad de gas en la economía mexicana y, por lo tanto, que la industria mexicana y los hogares cuenten con el insumo más barato en el mundo. Eso es exactamente lo que está sucediendo en Estados Unidos y eso es lo que empezará a suceder en México a partir del próximo año, sentenció.
En entrevista posterior, Guajardo aclaró que con Shimon Pérez viajaron empresarios interesados en invertir en cuatro áreas: el sector agroalimentario, en ahorro de agua, telecomunicaciones y tecnología, pero no descartó su interés en el sector energético.
Incluso les dijo que confía que la reforma energética sea aprobada antes de concluir el año para que México cuente con energía competitiva y eficiente, uno de los pilares del futuro de las manufacturas junto con la innovación.
Sobre el comercio bilateral mencionó que apenas asciende a 850 millones de dólares, lo que equivale al intercambio comercial de un día entre México y Estados Unidos. El director de ProMéxico, Francisco González, precisó que el comercio con Israel resulta deficitario para México ya que por cada dólar que exporta, importa siete.

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