¿Quién es Julio Frenk Mora firmante del desplegado contra AMLO?

Julio Frenk al lado de Martha Sahagún.

Frenk es un médico egresado de la UNAM con amplio reconocimiento a nivel mundial. Secretario de Salud con Vicente Fox.

Habiendo ya alarmas sobre los efectos nocivos de la “comida chatarra” sobre la salud de los mexicanos, no ejecutó ninguna iniciativa para limitar su publicidad ni su consumo.

También se conocían los efectos nocivos del tabaquismo sobre la salud y derogó un impuesto aplicado a los cigarros, a cambio de la creación de una fundación financiada por las cigarreras, de supuesta ayuda contra el tabaquismo. Simplemente cambió un impuesto obligatorio por una donación voluntaria y deducible de impuestos.

Creó el Seguro Popular, institución de seguridad social de afiliación voluntaria y mediante cuotas, para disminuir el peso del IMSS en la estructura de salud pública mexicana.

Julio Frenk representó un gran aliado de la industria farmacéutica debido al esquema de subrogación de farmacias y servicios que se promovió siendo los primeros pasos para la privatización del sector salud.

Comisión de Comunicación.

Aurora Pedroche.

Médicos y trabajadores organizan frente contra la subrogación de servicios en el IMSS

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Desde que las autoridades del Seguro Social comenzaron a subrogar algunos servicios, incluida la construcción de nosocomios, el temor a un eventual despido y a la desaparición de la seguridad social en el país se ha apoderado de médicos, enfermeras y trabajadores administrativos.

La semana pasada, trabajadores de distintas unidades médicas, incluidos hospitales de especialidades como el Centro Médico y la Raza se reunieron para tratar el tema de la licitación de los servicios de laboratorios por un monto de 10 mil 500 millones de pesos.

En el encuentro, celebrado en el local de la sección 9 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, un grupo de químicos, laboratoristas y trabajadores jubilados de al menos tres entidades del país acordaron trazar un plan de acción encaminado a frenar la llamada “universalidad de la salud”.

Además, los trabajadores denunciaron el abandono en que se encuentran. Por ejemplo, enunciaron que los laboratorios carecen de los insumos y de la infraestructura mínima para satisfacer la demanda de servicios.

La química Carmen Mendoza de la clínica 25 del IMSS manifestó que el desabasto de insumos en los laboratorios ha desencadenado serios problemas internos y con los pacientes, además de estrés laboral.

Durante cuatro horas, los trabajadores de hospitales y centros de salud denunciaron también la escasez de insumos mínimos, como alcohol, gasas y algodón, y de infraestructura así como la falta de personal.

Otro punto que salió a flote en la asamblea fue el acoso laboral y la intimidación que prevalece en algunas unidades por parte de delegados sindicales por el sólo hecho de exigir condiciones laborales que protejan la integridad de los prestadores de los servicios médicos y los pacientes.

En el encuentro, la química Tania Bello del Hospital Nacional Siglo XXI dijo que toda la problemática que se vive actualmente en el Seguro Social se inscribe en el plan gubernamental de la “universalidad de la salud”.

Incluso, refirió que ella fue separada de las mesas de trabajo que se instalaron en el hospital por participar en la manifestación del pasado 22 de junio en contra de la subrogación de los servicios médicos.

Por esa razón, dijo que las autoridades buscan dividir a la base trabajadora.

Durante la asamblea, los trabajadores hicieron un llamado a sus compañeros de todo el país para organizar una marcha nacional el próximo 1 de agosto para exigir al secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), Manuel Vallejo Barragán, y al director del IMSS, Mikel Arreola, subsanar las deficiencias y hablar con la verdad sobre los alcances de la llamada “universalidad de la salud”.

El pasado miércoles, Arreola asumió la postura oficialista de que el IMSS no será privatizado, sin embargo la subrogación de servicios en el sector salud continua ensanchándose.

Con la reforma quedarán fuera 60 millones de derechohabientes.

Sólo dará atención básica a los derechohabientes obligando contratar una póliza médica para enfermedades crónicas.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) dejará de brindar atención médica a pacientes crónicos, además de eliminar derechos y obligaciones de los empleados de confianza, a causa de la homologación de los servicios al Seguro Universal, aseguraron trabajadores de la institución durante el Segundo Foro Informativo Social, Económico y Laboral.

Martha Medina, enfermera activa con 24 de antigüedad en el Estado de México e Ismael Bautista, presidente del Movimiento de Trabajadores del Seguro Social, Jubilados, Pensionados y de Confianza, frente a más de 250 trabajadores activos y jubilados del instituto, manifestaron que realizan los foros con el objetivo de que conozcan el trasfondo de la reforma del Seguro Universal de Salud.2

Martha Medina, expresó que con el Seguro Universal más de 60 millones de derechohabientes perderán el derecho a la seguridad social, debido a que las unidades médicas sólo darán atención básica a las enfermedades prioritarias.

Señala que los pacientes que padezcan de alguna enfermedad crónica, como diabetes, cáncer, leucemia, entre otras, tendrán que pagar una póliza de seguro para que puedan ser tratados, sistema médico que se utiliza en Estados Unidos.

“Es un golpe para todos los mexicanos, porque todos nuestros servicios se han ido subrogando, se ha ido privatizando la industrial energética, la educación, la vivienda, la alimentación y los salarios son muy bajos que no alcanzan para el sustento”, dijo Martha Medina.

Los exponentes calificaron esta reforma como un genocidio de estado, manifestando que los derechohabientes que sobreviven con el salario mínimo no tendrán los recursos económicos para dar tratamiento a su padecimiento crónico, llevándolos a la muerte por la falta de atención médica.

Argumentaron que el gobierno está tratando de privatizar el IMSS con esta reforma, llevando a los pacientes a contratar un seguro médico, los cuales según por su precio se medirá la calidad del servicio.

Manifestaron que los líderes sindicales y los directores del IMSS han hecho desfalcos y malos convenios para afectar a la población derechohabiente y personal de la institución para enriquecerse económicamente y no abandonar el poder dentro del Seguro.

Haciendo que en las unidades médicas falten medicamentos, materiales para trabajar, nuevas unidades, mantenimiento en las infraestructuras y equipamiento especializado.

Ismael Bautista, presidente del Movimiento de Trabajadores del Seguro Social, Jubilados, Pensionados y de Confianza, aseguró que con la homologación de los servicios médicos, se afecta a los más de 410 mil trabajadores activos y 240 mil jubilados del IMSS, debido a que el contrato colectivo de trabajo se elimina para convertirse en un contrato de condiciones generales de trabajo, esto estipulado por la Cláusula 12 Bis del Estatuto de Trabajadores de Confianza “A” de nuevo ingreso del instituto.

Con la aplicación de la Cláusula, los artículos 184 y 396 de la Ley Federal del Trabajo, que hacen mención de las condiciones laborales de los empleados de confianza durante la firma del contrato colectivo que realiza la empresa, desapareciendo para ser sujetos a los artículos 256 y 286 I de la Ley del Seguro Social, mismos que refieren que el contrato colectivo quedará sujeto según el sistema de profesionalización y desarrollo del personal.

Horas de espera, meses para una cirugía, sin equipo, sin medicina: ONGs desnudan el sector salud

El primer Reporte Ciudadano sobre Calidad y Acceso Efectivo a la Salud expone que en el sector salud no siempre se rinden cuentas, existe falta de medicamentos, incumple en tiempos de espera y le sobran quejas de usuarios. Estas deficiencias evidencian un mala rectoría, además que provocan sufrimiento, otras enfermedades o la muerte de los pacientes, denunciaron organizaciones civiles.

Un paciente del hospital mexiquense sobre cartones. Foto: Facebook Denuncia Ecatepec

Ciudad de México, 9 de noviembre (SinEmbargo).– El sistema de salud en México carece de buen servicio y de acceso efectivo para la ciudadanía, dijeron hoy asociaciones civiles. Hacen falta medicinas, equipo y se requieren de horas de espera en el caso de una consulta y meses para una cirugía; hechos que contrastan los informes oficiales. ¿Cuántas personas mueren por culpa de esas deficiencias? No se sabe. Y tampoco se sabe qué es lo que pasa con el dinero de la cuenta corriente, porque un tercio de las unidades médicas no rinde cuentas en sus indicadores de calidad, de acuerdo con una investigación.

El primer Reporte Ciudadano sobre Calidad y Acceso Efectivo a la Salud expone que la información que ofrece el sector salud sobre sus servicios está incompleta, no es consistente y presenta errores. Ejemplo de ello es que la Secretaría de Salud indica que el tiempo de espera para una consulta es de de 22 minutos en zonas urbanas; sin embargo, en la realidad una persona espera en promedio 1.32 horas.

Ante este panorama, 21 organizaciones ciudadanas hicieron un llamado a la Cámara de Diputados para que en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2016, se incluyan obligaciones de evaluación y rendición de cuentas que garanticen que los recursos se transparenten hasta su destino final, “puesto que el incremento recibido en estos años no se ha reflejado en un incremento equivalente en número de médicos, enfermeras, medicamentos, insumos, camas de hospital y consultorios”.

La observación que hicieron voluntarios en unidades médicas de 17 entidades del país, arrojó que:

• Una tercera parte de las unidades de salud (32.6 por ciento) no han reportado información sobre calidad de los servicios que prestan en los últimos 4 años (2011-2014); entre ellos el Hospital General Xoco, en la Ciudad de México.

• Las Cinco entidades federativas con peor rendición de cuentas en sus indicadores de calidad son: Baja California Sur, Chiapas, Distrito Federal, Michoacán y Coahuila.

• Casi la mitad de las unidades de salud (46.2 por ciento) no reportaron información en el último periodo de 2014.

• Casi dos terceras partes de las unidades de primer nivel urbano (63.4 por ciento) y seis de cada diez de las del área rural (59.5 por ciento) tienen fallas en el surtimiento completo de medicamentos.

• Una tercera parte de los pacientes no recibe los medicamentos que se le recetan. 3.9 millones de personas tuvieron que pagar por consultas, medicamentos o estudios de laboratorio.

• Un 61 por ciento de las unidades de urgencias incumplen con los tiempos de espera previstos en la norma.

• Una de cada diez unidades reporta más de un mes de espera para cirugía (9.6 por ciento).

• El 42.3% por ciento de las personas que se sometieron a intervención quirúrgica en los servicios públicos de salud tuvieron que pagar por algún material o medicamentos para la cirugía.

• Más de la cuarta parte de las unidades de primer nivel (27.8 por ciento) y casi tres cuartas partes de las unidades de urgencias, tienen quejas de los usuarios (73.5 por ciento).

Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador del equipo operativo de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, explicó que la demanda de obligar al sector salud de transparentar los recursos y su calidad en el servicio no es un tema menor, pues la deficiencias afectan directamente a la ciudadanía y provoca sufrimiento y la muerte de los pacientes.

“Lamentablemente no lo sabemos [ cuántas personas mueren por las deficiencias]. Pero hay algo claro: todo retraso en atención salud y toda atención no prestada como se debe médicamente tiene un costo de sufrimiento para las personas, un incremento de riesgo para la enfermedad y otras que se relacionan y, por supuesto, puede llevar a la muerte. Es decir, el surtimiento de medicamentos no sólo es un problema económico: dónde están quedando esos recursos si no lo hay, sino que la falta de medicamentos provoca que haya tratamientos incompletos, que no curan. Y todo retraso en salud aumenta el costo y sufrimiento del siguiente paso”, aseveró Gómez Hermosillo.

La Acción Ciudadana Frente a la Pobreza resaltó que hay más de 20 millones de personas sin acceso a servicios de salud por lo que insistió en que la Cámara de Diputados debe tomar cartas en el asunto y destinar recursos para ampliar la afiliación al Seguro Popular y lograr la cobertura universal en los próximos tres años.

Asimismo hicieron un llamado a que no se recorte el presupuesto para la salud en 2016 y se amplíe la afiliación al Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular) para lograr la cobertura universal, como estaba estipulado en la reforma a la Ley General de Salud, lo cual debió cumplirse en 2010.

Las organizaciones civiles informaron que seguirán adelante con este tipo de ejercicios involucrando más organizaciones y ciudadanos, a fin de establecer un sistema de observación y contraloría ciudadana que impulse a las autoridades responsables de los servicios de salud a mejorar la atención y a aplicar los recursos con mayor efectividad.

TENDENCIA A LA PRIVATIZACIÓN

Los representantes de esta iniciativa agregaron que la propuesta de dar vales de despensa, “es un caminito a la corrupción. Efectivamente, porque no hay transparencia”. Foto: Cuartoscuro

Las 21 organizaciones que impulsan esta iniciativa adelantaron que pedirán a la Secretaría de Función Pública (SFP), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y a más autoridades que se investigue el destino del dinero, pues, advirtieron, “no existe la gobernanza que se requiere para que el país cuente con un sistema de calidad que garantice el acceso efectivo a la salud”.

Hicieron énfasis en que en el presupuesto federal para 2016 se prevé asignar 75 mil 437 millones de pesos en el Sistema de Protección Social en Salud y 82 mil 446 millones de pesos a través del Ramo 33, para atender a población sin seguridad social, por lo que insistieron, es imprescindible garantizar la transparencia y la rendición de cuentas de los gobiernos estatales.

“A pesar de que en los últimos 12 años el presupuesto federal en salud para población sin seguros social pasó de 108 mil millones de pesos en 2004 a 236 mil millones en 2015, esos recursos no se han traducido en mejores servicios y acceso efectivo a la salud, pues no se surten completas las recetas de medicamentos, se generan largas esperas para consultas especializadas, estudios y cirugías, y en ocasiones se niegan los tratamientos”, detalló la Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.

Lucila Servitje Montull, del Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana (IMDOSOC), opinó que la tendencia del Estado es “dividir y vencer” en el sector salud apunta que se quiere privatizarlo.

“Hay una tendencia a privatizar en todos los niveles. Es como un divide y vencerás. Lo vemos en el nivel más básico, donde después de las horas de espera y la falta de medicamentos la cuestión es irse a una farmacia, éstas de consultorio. Es lo que haríamos todos en la cuestión práctica. Pero esa tarea de resolver nuestro día a día, es defender nuestro bien público, defender aquello que es entregado a la Federación para que se reparta para todos. Ahí hay una doble tarea. Tenemos que resolver, como podamos, nuestros problemas inmediatos, pero también tenemos que saber qué pasa con esto que entregamos al Gobierno para que nos lo devuelva en forma de servicio”, refirió Servitje Montull.

Los representantes de esta iniciativa agregaron que la propuesta de dar vales de despensa, “es un caminito a la corrupción. Efectivamente, porque no hay transparencia”.

En el reporte de la a Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, se detalla que los resultados requieren atención urgente y medidas por parte de la Cámara de Diputados para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2016 se incluyan candados que impidan que la situación en el sector persista.

En esa dinámica las organizaciones proponen que se contemple en el Artículo 34 del PEF que:

¶ Las autoridades de los Servicios Estatales de Salud y la Comisión Nacional de Protección Social en Salud presentarán información detallada y accesible en formato de datos abiertos, sobre la aplicación y uso de los recursos recibidos y aportados para la prestación de los servicios estatales de salud desglosada a nivel de cada establecimiento de salud, identificado con la Clave Única de Establecimiento de Salud (CLUES), de tal manera que permita la trazabilidad de los recursos hasta su destino final..

¶ La Secretaría de Salud establecerá un sistema de monitoreo de indicadores de acceso efectivo a la salud de cumplimiento obligatorio por parte de los Servicios Estatales de Salud, que permita conocer datos periódicos sobre surtimiento de medicamentos, tiempos de espera en cirugías y estudios, servicios negados, desglosado por establecimiento de salud identificado por la CLUES.

¶ El Consejo Nacional de Evaluación de la Política del Desarrollo Social (CONEVAL) establecerá los lineamientos a fin de que el monitoreo y la evaluación del Sistema de Protección Social en Salud considere al conjunto de los afiliados y que se incluyan variables que permitan medir el acceso efectivo a la salud, tales como el surtimiento completo de medicamentos, la posposición o negación de estudios, tratamientos o cirugías, los cobros por servicios o la solicitud de aportar material o insumos para recibir un tratamiento o intervención.

¶ El Consejo Nacional de Salud, integrado por las autoridades responsables de las instituciones de seguridad social y por las autoridades de salud de las 32 entidades federativas, deben dar seguimiento a las evaluaciones y al monitoreo de los indicadores para establecer las medidas correctivas necesarias para mejorar la atención y garantizar el acceso efectivo a los servicios de salud.

Papas calientes y amenazas en el Issste

Gustavo Leal F.*

¡U

na más! En agosto de 2014, la paciente Irma Serrano abandonó el Hospital General del Issste en Zacatecas despavorida ante la mala atención que la retuvo cinco largos días en espera de una cirugía. ¿Cuál fue el argumento institucional?: falta de anestesiólogos y de material de quirófano. Irma relató: es terrible lo que hemos pasado los hospitalizados, una situación contraria a los derechos humanos. No hay personal que atienda, no hay indicaciones, no hay seguimiento a la salud.

Mientras, se documentaba otro escandalo en el segundo instituto nacional responsable de la protección de 12.6 millones de derechohabientes. El 24 de octubre de 2013 la Comisión de Valores y Cambios de Estados Unidos notificaba en un boletín que la multinacional en tecnología médica Stryker reconocía haber pagado sobornos a funcionarios del Issste –con Miguel Ángel Yunes– que permitieron ganara ilícitamente 2.1 millones de dólares. Para evitar demandas penales, Stryker pagó al gobierno más de 13 millones de dólares. El asunto quedó zanjado. Allá, no en México ( El Financiero, 27/5/14).

Un reciente informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos ( Contratación pública del Issste, 2013) reveló que las deficiencias en los procesos de compras del Issste-Calderón (Yunes y su sucesor, Jesús Villalobos) fueron una práctica común a lo largo de todo el ciclo. Resalta el elevado número de contratos asignados directamente: 60 por ciento del total en 2010, 50 por ciento en 2011 y 2012, que debieron ser utilizados por excepción y que involucraron la tercera parte del dinero destinado a adquisiciones.

La OCDE reconoció que la corrupción y malos manejos tienen un impacto profundo en la capacidad del Issste para maximizar el uso de recursos disponibles para brindar el volumen de servicios de alta calidad que requieren sus beneficiarios. Los resultados fueron entregados oficialmente al entonces director, Sebastián Lerdo de Tejada, quién asumió la urgencia de recuperar el espíritu de seguridad y misión social que dio origen al instituto, poniendo en orden los procesos del séptimo empleador del país, con 28 mil proveedores y contrataciones públicas por más de 20 por ciento de su presupuesto anual ($161 mil millones en 2013). Días después agregó que, con el incremento presupuestal para 2014, se acabaron los pretextos para no cumplir con la vocación social del instituto.

En octubre 2013, ante senadores, Lerdo había señalado que el Informe Financiero y Actuarial (IFA) –que se publica desde 2008– por ningún motivosustituye la obligación que establece el artículo 46 transitorio de la ley, para revisar la viabilidad futura del instituto, que debió haberse realizado en 2011. Para solventar esta omisión, enfatizó, se presentará a nuestro órgano de gobierno como lo establece la ley y se le hará llegar a esta soberanía.

El IFA 2013 reconocía numerosos desequilibrios financieros y segurosdeficitarios que fueron solventados (2012) con transferencias gubernamentales. ¡La solución de Lerdo consistía en elevar cuotas por peores servicios!

Dado que el seguro de salud ha operado en condiciones deficitarias desde 2008, las cuotas y aportaciones asignadas para su financiamiento son insuficientes para cubrir los gastos que se espera tener en 2014. Y como los ingresos actuales sólo alcanzarán a cubrir los gastos del seguro de salud por seis años, para el mediano plazo se considera la opción del incremento de aportaciones que se elevarían de 11.47 por ciento a 14.02 por ciento del sueldo básico de los trabajadores”. En suma: el fracaso redondo de la reformaCalderón (2007).

Pero pocos días después Lerdo se corrigió. Al confirmar que en el proyectopara crear el sistema universal de salud las instituciones afinan el catálogo de servicios que se ofrecerá a las personas para que los pacientes acudan a atenderse en cualquiera de los hospitales del sistema, independientemente de su derechohabiencia, reculó: de ahí la importancia de contar con un solo diagnóstico del Sistema Nacional de Salud y la decisión, en el Issste, de no proponer un aumento en las cuotas de los trabajadores y las dependencias públicas, como se planteó en el IFA 2013.

Un año después, en el IFA 2014, escaló la amenaza: actualmente el régimen financiero del seguro de salud establece 15.40 por ciento de cotización sobre el sueldo base de los trabajadores, pero para lograr la solvencia a 20 años sería indispensable incrementarla en 3.25 por ciento.

Y como ya había amenazado que el IFA por ningún motivo sustituye la obligación que fija el artículo 46 transitorio de la ley, para revisar la viabilidad futura del instituto, que debió haberse realizado en 2011, se perfila el gran riesgo de que se imponga, con un manotazo administrativo y desde la junta directiva, la reforma que Calderón perdió en 2007 ante la Corte, gracias a las cuatro cascadas de amparos masivos que levantaron los trabajadores al servicio del Estado: ¡más cotizaciones por peores servicios!

Además la universalidad-Peña, quiere reformar el artículo cuarto constitucional para degradar el derecho a la salud al nivel de los paquetes básicos del Seguro Popular. Restringe el catálogo de beneficios. Como reconocía Lerdo, sólo afina el que se ofrecerá a las personas. Pero en la retórica por esauniversalidad, resaltaba, que la mística de servicio será estar a la altura de las circunstancias con el nuevo sistema de acceso efectivo a servicios de salud con calidad, portabilidad de derechos: universalización de la seguridad social.

*Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco

La difamación, el primer paso para la privatización de la Salud en México

Se hace viral. En Ciudad Obregón, Sonora, un médico oftalmólogo extirpa el ojo sano a un niño de 14 meses. En Chihuahua, un médico deja unas pinzas en el vientre de una mujer. En el mismo estado se pierde el riñón que una madre había donado a su hija. Días después, en Saltillo, Coahuila, unos practicantes le “cortan” el pene a un recién nacido, al confundir éste con el cordón umbilical.

De pronto, en cuestión de días, máximo semanas, el gremio médico ha pasado a ser el foco de las críticas. Los locutores de los noticieros, con voz indignada, reclaman la falta de seriedad de los médicos de los hospitales públicos (siempre públicos) y la falta de respuesta de las autoridades. En los periódicos, las notas se suceden una tras otra. En todas, un médico, una pasante, un interno o una especialista atentan contra la integridad física de algún paciente. En las redes sociales, los comentarios eufóricos que reclaman las cabezas de aquellos que son denunciados no cejan. Se les humilla, se les insulta, se les amenaza. El Tribunal de la Santa Inquisición en el que se han convertido las redes sociales, emite su sentencia: las y los médicos (del sector público, siempre y únicamente del sector público) deben desaparecer.

Este proceso podría sorprendernos de no ser porque lo conocemos de cabo a rabo. Lo conocemos porque ya lo hemos vivido, lo hemos recorrido una y otra vez, desde que las “grandes mentes” que dirigen el país asumieron sin chistar el programa privatizador. Desde entonces este es el ABC de las privatizaciones.

Primero. Se ubica el sector que se desea privatizar. En seguida se comienza a aplicar su desmantelamiento financiero. Se recorta el presupuesto, bajo el argumento de que no hay recursos y se reduce, por consiguiente, la calidad del servicio otorgado. Acto seguido se activan todas las herramientas comunicativas al alcance y se inicia una embestida mediática contra los trabajadores. Se les acusa de tener sueldos onerosos; de que el sindicato es el culpable de la quiebra de la empresa o el sector; se afirma que hay muchos empleados; que son deshonestos, irrespetuosos, corruptos, etcétera, etcétera (por epítetos no paran). Los medios de comunicación alineados al gobierno en turno se suman sin chistar a la ofensiva mediática. Periódicos, revistas, programas de radio o de televisión y ahora, las redes sociales, se cierran cual puño y golpean sin cesar a las y los trabajadores. El pueblo se vuelca contra estos últimos y les reclama la falta de “calidad”, “eficiencia” o “atención” en el servicio. Una vez ganada la opinión pública, se privatiza, de manera legal o ilegal, eso es lo de menos, lo importante es que el capital privado encuentre la posibilidad de lucrar con un bien público.

Está formula la hemos visto repetida un sin número de veces. Ya sea con los trabajadores de Hornos de México, con los campesinos de Atenco, con los electricistas de Luz y Fuerza del Centro, con las y los pensionados, con Telmex, con los maestros o con los trabajadores de Pemex.

En el caso del sistema de Salud Pública en México, nos encontramos en el paso número 3. La difamación. Este punto es nodal, estratégico, sine qua non. Sin este los puntos anteriores pierden razón de ser y los siguientes no pueden ser cumplidos. Es la columna vertebral del esquema. El objetivo es hacer que el pueblo trabajador, aquel que con sus impuestos mantiene al sector o a las empresas, en este caso a los hospitales y al sistema de salud entero, y que además es, o debería ser, el principal beneficiario, se vuelva su enemigo más acérrimo. Esto justifica la privatización. “Los ciudadanos lo pidieron” o “era incosteable”, dirán los administradores del gobierno.
Así, las y los trabajadores de la salud en éste país (enfermeros, camilleros, médicos, internos, pasantes, dentistas, psicólogos, trabajadores sociales y personal administrativo) todos se convertirán en focos del escrutinio público más rapas. No importa las notas que se publican no sean corroboradas, o que no provengan de una fuente fidedigna, o que incluso estén basadas en información falsa. Lo importante es demostrar que los que se equivocan lo hacen a propósito, lo hacen porque les gusta ver sufrir a los enfermos y sus familias, lo hacen por placer y con premeditación alevosía y ventaja. Pero además, que no son un caso aislado, sino al contrario, que son lo cotidiano, lo rutinario.

Poco importa que se labore en condiciones precarias, sin material, sin medicamentos, sin el personal suficiente. No importa que los estudiantes hagan guardias de 18 0 36 horas, que sufran de abusos por parte de sus maestros o superiores, que se les denigre y se les insulte. No importa que no duerman y no coman. No importa que se trabaja bajo la extorción o intimidación de los grupos del crimen organizado. No importa que sean asesinados por la delincuencia o por algún “paciente inconforme”. No importa que falten médicos y personal para atender a todos los pacientes. No importa que a pesar de eso sean miles los que atienden y salvan por año. Lo importante es que no sean la noticia del día o la semana.

No importa que el dinero se gaste en pagar el inmueble del nuevo Senado de la República al que se le han destinado más de 754.3 MILLONES DE PESOS. No importa que el gobierno federal y el del estado de México hayan donado MIL 700 MILLONES DE PESOS a instituciones y empresas para “elevar” la calidad educativa sin resultado alguno. No importa que la primera dama gaste, con dinero público, 120 MIL PESOS en dos vestidos. O que un diputado gane 74 MIL PESOS “por dieta mensual” por irse a dormir al congreso.

No importa, mucho menos, que los principal afectados seamos todos los usuarios de la salud pública en México. No importa que cuando la privaticen tengamos que pagar más, por menos servicios y de peor calidad. Lo importante es que eso nunca, nunca, será viral en las redes sociales.

Publicado por: Salud Y Resistencia

Peña-Videgaray ordenaron cerrar tiendas del ISSSTE-IMSS .- ÁLVARO CEPEDA NERI

I. Sin decir: “¡Agua va!”, han apresurado el cierre de las tiendas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a la par de sus funerarias, en una maniobra más de apurar la crisis económica para someter a los empobrecidos mexicanos (¡55 millones!) y con un desempleo brutal (¡40 millones en la informalidad!), a una situación semejante o peor a la que vivieron los griegos, ya que las políticas peñistas arrasarán con no menos de 20 millones de las plazas en vigor, las jubilaciones, pensiones y la cancelación del gasto social, lo que llevará al país al desastre total que ya camina en el estancamiento económico, el alza de los precios (la estanflación que es un largo periodo de recesión, incremento del desempleo y alza de precios a pesar del bajo consumo). Está en marcha una implacable crisis. Y ya entramos a una devastación propia del neoliberalismo económico con la reestructuración del capitalismo mexicano, acosado por la globalización y, ante todo, por nuestra dependencia de la economía estadunidense. Se anuncian revueltas sociales en demanda de empleos, debido a los despidos en el sector público y privado.

II. Cerrar las tiendas, las funerarias y reducir los servicios médicos del ISSSTE e IMSS, junto con el resto de los centros de salud, es parte de la catástrofe que millones de mexicanos ignoran y suponen que esto es una crisis pasajera, no obstante la devaluación del peso que está encareciendo miles de productos de importación, mientras nuestras exportaciones van a la baja. Se trata de correr personal y echarlos a la calle, con indemnizaciones mínimas. La orden administrativa de Peña-Videgaray es para disminuir los gastos del gobierno. Mientras el peñismo sigue teniendo como botín pagar puntual y con altos sueldos, desde secretarios de Estado hasta directores de empresas, a expensas del empobrecimiento nacional. Nos llevan, sin avisarnos, a la orilla del precipicio. Habrá más pobreza, más enfermedades sin atender; y al aumentar los precios se reprimirá más el consumo.

III. El IMSS e ISSSTE ya están cerrando sus tiendas y los empleados han colocado mantas de protesta (en el Distrito Federal, la policía de Mancera los ha reprimido cuando se manifiestan). Ya están desabastecidas. Y los afiliados a esas dos instituciones saben que la amenaza de privatizarlos es una medida que está en marcha, aunque sus directores lo desmientan. La política económica del neoliberalismo, desde el salinismo al peñismo, ha iniciado su destrucción con más desempleo. Y esto es el inicio de la entrada de la crisis general. Algo sospechan los mexicanos que ya se dieron cuenta del aumento de los precios, que niega el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, por su complicidad con Peña-Videgaray; creyendo que no estallarán revueltas por todo el país. Esto se solucionaría si los desgobernadores y el gobierno federal no siguen robando impunemente y listos para desembarcar –como las ratas– de la nave estatal que se hunde. Y si la democracia representativa cumple con sus obligaciones de ejercer un buen gobierno republicano consultando a la democracia directa. De lo contrario seremos la próxima Grecia.

Álvaro Cepeda Neri*

*Periodista

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Preocupa a jubilados del ISSSTE la universalización de la salud

La dirigente local de la Asociación Nacional de Jubilados y Pensionados, Hermelinda Domínguez, advierte que la Reforma en Salud terminará por reducir las ya de por sí raquíticas pensiones.

Por Ronny Aguilar

CAMPECHE, Cam. 9 de agosto del 2015.- Existe preocupación entre los jubilados del ISSTE por la universalización de la salud, como señaló Hermelinda Domínguez, secretaria general de la Delegación Campeche de la Asociación Nacional de Jubilados y Pensionados “Elpidio Domínguez Castro”, quien afirmó que la Reforma en Salud terminará por reducir las ya de por sí raquíticas pensiones que perciben.

La dirigente de los jubilados federales señaló que la universalidad de la salud es un tema que han tocado en constantes ocasiones a nivel nacional en su gremio, pues se esperan grandes afectaciones a los jubilados, a raíz de esta reforma que, se presume, puede entrar a principios del año próximo, pero que ya se deja sentir con el desmantela miento del IMSS y el ISSSTE, en preparación del camino para la modificación constitucional.

La Reforma a la Salud aún no ha sido presentada, y es la que incluirá la universalización de los sistemas de salud, Seguro Popular, IMSS, ISSSTE y el Sector Salud, sin embargo, ya se está preparando el camino. Ante esto, se le preguntó qué es lo que se maneja a nivel nacional y que aquí no ha llegado y Domínguez afirmó que esto se especifica en la propuesta de Fundaciones de Salud (Funsalud), pero que en realidad, es una copia del modelo estadunidense, que solo beneficia a los integrantes de esta fundación.

“Como coalición, lo hemos estado viendo  con nuestros asesores jurídicos, esta universalización que toma la presidencia,  es una propuesta que trabajo de Funsalud,  que cabe decir que esta fundación, presidida por la actual Secretaría de Salud Federal, pero en donde además, están incluidos, por ejemplo, los González y sus Farmacias de Similares, las Farmacias del Ahorro y muchos hospitales privados, pero que además, esta propuesta está copiando el modelo de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), lo cual encamina todo a la privatización de la salud”, explicó.

Manifestó que en este momento, todo se encamina a desprestigiar aún más a los sistemas de salud, para que se mienta a la ciudadanía y sea más fácil la privatización de la salud, por lo que se está dejando de abastecer de medicamentos a los sistemas de atención médica, con la intención de dañar la imagen, es decir, desmantelar la institución para su venta, similar a lo que se hizo con Pemex y que hoy tiene al país en serios problemas financieros.

“Se viene el desmantelamiento en el área de medicina, y la atención médica, que de por sí es deficiente, que normalmente todos nos quejamos, pues bueno, ahora supuestamente se está surtiendo de medicamentos a la clínica, pero en realidad te dicen  que la clínica no tiene la capacidad suficiente para otorgar los medicamentos, hay medicamentos que se van a dejar de dar, como lo son los de la hipertensión o los de la diabetes, la gente que tiene cáncer, la gente que tiene VIH, los que tienen problemas renales, se van a quedar sin atención”, indicó.

“En Campeche, aún no tenemos este caso pero no va a tardar, sé que en el Seguro Social se están dando los casos y que se están dando serio; en el ISSSTE aún no, o por lo menos, no nos han hecho llegar la información, pero hay estados en los que sí, como los es San Luis Potosí, Veracruz y Aguascalientes, pero repito, aquí es cuestión de tiempo y en el IMSS ya inició”, expuso.

La pensión universal dejará en la calle a los jubilados

Partiendo de lo anterior, la lideresa de los jubilados afirmó que con la unificación de los sectores de salud, ellos como jubilados, también tendrán una pensión universal, que no es otra cosa que ponerles una tarifa al mes, la cual reduce sus ingresos y prácticamente los deja sin nada, aún después de tantos años de pagar y laboral.

“Viene la cuestión de la pensión universal, la pretensión es bajar la pensión que hemos buscado durante años y que hemos pagado con nuestras aportaciones para tener una jubilación digna y nos lo van a reducir a un monto muy raquítico de mil 100 pesos mensualmente; si con lo que nos pagan hoy, de diez salarios mínimos, no nos da, y tenemos compañeros con pensiones de dos mil pesos al mes”, agregó.

“Para el caso de los jóvenes, ya no existe la jubilación, para eso se refuerzan las Afores, que han fracasado muchas de ellas, y bueno, mientras más ahorres, vas a tener mayor jubilación, lo cual no es verdad, porque para que puedas tener una jubilación digna, tendrás que trabajar más de 70 años, obviamente ya no te vas a poder jubilar”, puntualizó.

Sindicato, y anuncian movilización por “intento privatizador”

Ciudad de México, 30 de julio (SinEmbargo).- Trabajadores activos, jubilados y pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), así como diversas organizaciones civiles, marcharán este viernes en al menos 18 ciudades del país en contra de “las políticas privatizadoras y neoliberales del gobierno en turno” y en especifico de la iniciativa del Sistema Universal de Salud que promueve el Presidente Enrique Peña Nieto.

En un conferencia de prensa realizada hoy, trabajadores del IMSS sostuvieron que la mega movilización que se prevé para el día de mañana, es ante “la embestida del Gobierno federal para presentar su proyecto de universalizar el Sistema de Salud”.

Además, denunciaron que las autoridades han hecho caso omiso de “las graves irregularidades en las que incurren los funcionarios de la cúpula del IMSS y un puñado de seudo líderes que han secuestrado al sindicato [el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social]“.

Se espera que tanto en la Ciudad de México, como en Monterrey, San Luis Potosí, Chihuahua, Cd. Juárez, La paz, Mazatlán, Veracruz, Orizaba, Xalapa, Tepic, Comarca Lagunera, Cancún, Guadalajara, Matamoros, Zamora, Puebla de los Ángeles, y el Estado de México se replique la manifestación.

Los trabajadores sostuvieron que se han realizado diversas denuncias en contra de la “ilegalidad que priva en las instituciones de salud”, así como las violaciones a sus derechos laborales y sobre la creación ilegal de plazas para ser ocupadas por familiares o amigos cercanos a la empresa o el sindicato, entre otras irregularidades.

“Hay una campaña para desaparecer el sistema médico. Buscan legitimar la privatización de los servicios públicos”, sostuvo Eduardo Pérez, abogado del IMSS.

Denunciaron que en el IMSS “ya está prácticamente todo subrogado”, desde ambulancias hasta el servicio de laboratorios.

Detallaron que lo que quieren explicar a los derechohabientes es lo que va a implicar el paquete mínimo de 285 enfermedades que el Gobierno oferta y anuncia en la Universalización del Sistema de Salud.

“Exhortamos también a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), a la Secretaría de la Función Pública (SFP), a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS), a la Procuraduría General de la República (PGR), y a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) a que realicen las funciones para las cuales fueron creadas y defiendan al trabajador, ya que en los últimos años han hecho caso omiso de las acciones que las y los trabajadores hemos hecho denunciando las graves irregularidades en las que incurren los funcionarios de la cúpula del IMSS y un puñado de seudo líderes que han secuestrado al sindicato”, exigieron los trabajadores.

A la convocatoria se han sumado el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), el Instituto Politécnico Nacional (IPN), trabajadores de la Secretaría de Salud (SSa) y otros “actores sociales que se encuentran informados y se oponen de manera rotunda a la reforma privatizadora de la salud”.

El IMSS y el ISSSTE rumbo a la privatización .- ÁLVARO CEPEDA NERI

El IMSS y el ISSSTE en vías de privatización para hundir las instituciones y arrastrarlas con el resto del sistema de salud pública

3. mayo, 2015 Autor: Álvaro Cepeda Neri * Contrapoder

Lleva el peñismo en su haber 11 contrarreformas privatizadoras. La número 12 será hundir más al sistema de salud, cuya cabeza de sector es, precisamente, la Secretaría de Salud (Ssa), dirigida por la señora de larguísimo nombre: María de las Mercedes Martha Juan López; y cuyo seguro popular es un anzuelo sin carnada… Sin medicinas, sin camas suficientes, con citas diferidas hasta por 3 meses. Tanto en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) como en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), que llevan a pique José Antonio González Anaya y Sebastián Lerdo de Tejada, respectivamente, maniobran los tres para quebrar totalmente la institucionalidad y así ponerlas a la venta o apostar por su desaparición, para continuar favoreciendo a los hospitales privados de los Vázquez Raña y compañeros de viaje del botín, y sólo atender a la clientela que pueda pagar sus altísimos precios.

Y que el resto de los mexicanos: trabajadores, burócratas y necesitados de cualquier servicio médico sean pacientes y afiliados sólo del discurso peñista en pro de la salud. La austeridad impuesta por Peña y su alter ego Luis Videgaray (a quien ya le anda por cortarle la cabeza a Emilio Lozoya de Petróleos Mexicanos) es para ir disminuyendo la inversión al IMSS, al ISSSTE y a la Ssa para asfixiarlas; y como hicieron Carlos Salinas y Ernesto Zedillo con el neoliberalismo económico (Héctor Guillén Romo, La contrarrevolución neoliberal en México; y Mark Blyth,Austeridad, historia de una idea peligrosa), entregar lo que resta del estado de bienestar a la iniciativa privada interna y externa. Se trata de cortar la artrítica mano visible keynesiana del gobierno intervencionista en los mercados, para dejar todo en la mano invisible de Adam Smith para implantar la máxima libertad de mercado.

Ya con sus 11 desmantelamientos a los principios constitucionales, para ir estableciendo un gobierno contrario a la ley suprema de la nación, es que el peñismo quiere rematar llevando a cabo la clausura del muy deteriorado sistema de salud pública, para que prevalezca la medicina privada que atienda únicamente a los ricos (los millonarios y multimillonarios, de Carlos Slim a Germán Larrea, Emilio Azcárraga o Alberto Bailleres, se van a hospitales estadunidenses). Y que la clase media que pueda, no tenga más opción que pagar laboratorios, clínicas y consulta en las cadenas de hospitales privados y consultorios particulares. Y los que no tienen capacidad económica sufran las consecuencias de su empobrecimiento consultando a la herbolaria, se encomienden a San Judas Tadeo o vayan a las limpias, hueseros y demás curanderos. Y uno que otro –con sacrificios– recurra a quienes se anuncian prometiendo milagros que nada curan, pero con sus chantajes les roban el poco dinero que consiguen.

Se trata de llevar a cabo la contrarreforma 12 del peñismo del Pacto por México: privatizar la medicina pública del IMSS-ISSSTE-Ssa y así “destruir lo que aún queda del estado de bienestar [en salud pública] para asegurar el poder de la clase capitalista, sobre todo de su sector financiero” (Héctor Guillén Romo, Las crisis. De la Gran Depresión a la primera gran crisis mundial del siglo XXI de 2008-2009). Ya Petróleos Mexicanos está siendo entregada a la privatización externa, para cuando los inversionistas quieran venir en busca del petróleo de aguas profundas, donde están los grandes yacimientos. Y los últimos… Así que sigue la tripartita medicina pública, ya de por sí agonizando, porque sus servicios son un estratagema que simula atender a los pacientes para resolverles sus problemas de salud.

Están en la mira el inciso cuatro del Artículo 4 y la fracción XVI del Artículo 73, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y como no estallan ninguno de los 14 volcanes activos, encabezados por el Popocatépetl (ver la nota de Emir Olivares Alonso sobre la base de datos de la Universidad Nacional Autónoma de México del cinturón volcánico mexicano, La Jornada, 9 de abril de 2015), ni el volcán social del malestar del pueblo y las capas bajas de la sociedad civil, entonces Peña y sus alfiles Juan López, González Anaya y Lerdo de Tejada, están induciendo la privatización de la Ssa, el IMSS y el ISSSTE, para coronar sus contrarreformas. Echando mano, además, de la militarización ya en las calles en caso de que trabadores, burócratas y afiliados al seguro popular quieran oponerse.

Peña quiere dar ese paso, punto final de su reformismo neoliberal de la globalización capitalista. Derogar silenciosamente la Ley del Seguro Social de 1943 y la ley de 1959 del ISSSTE, cuyas clínicas están rebasadas porque se les dejó de apoyar desde el salinismo. Lo mismo que se ha hecho con las universidades y toda la educación pública. Se les regatean sus pensiones o de plano se las niegan (como están haciendo las administradoras de fondos para el retiro), atrapando a sus afilados en una maraña de papeleo que tiene como lema: “pierda toda esperanza quien entre aquí”, en un infierno administrativo peor que el dantesco.

Ese giro de aniquilar al IMSS-ISSSTE-Ssa es “para reforzar la ortodoxia posdemocrática neoliberal […] de los grupos de poder neoliberales que buscan perseverar en un programa con que llevan fantaseando desde la década de 1970: reducir los salarios al mínimo imprescindible, recortar los servicios sociales de modo que el estado de bienestar pase a atender los intereses de sus nuevos beneficiarios [los empresarios y los ricos] y privatizarlo todo” (varios autores, El síntoma griego).

Álvaro Cepeda Neri*

*Periodista

[Sección: Contrapoder]

Ante el conflicto de las enfermeras, el gobierno tampoco dialoga

Portazo de Mercedes Juan a enfermería

Gustavo Leal F.*

E

l 10 de diciembre de 2014, después de haber pactado con la Secretaría de Salud (Ssa) la instalación de una mesa de discusión y acuerdos (bilateral, directa y resolutiva) que la secretaria Mercedes Juan desdeñó, la Asamblea Intergremial de Enfermeras/os, Trabajadoras/os Sociales y Terapistas hizo público su pliego de demandas, dirigido a ella misma en su calidad de titular del ramo. En él establecen:

El motivo que detonó la movilización es el cambio regresivo operado en el fondo y mecanismo del único programa que promovía la movilidad laboral y disfrute de estímulos para los tres gremios existentes en el sector, que en alguna medida reconocía estudios de licenciatura para estas tres profesiones. Este programa pervirtió su mecanismo, de por sí restrictivo, inequitativo e ineficiente, en la emisión de su convocatoria del 3 de septiembre y, ya con la manifiesta inconformidad de las y los trabajadores, la Ssa pretendió una enmienda, el 2 de diciembre, sin cambiar en absoluto el fondo del asunto.

La reversión del programa detonó un profundo descontento que hizo emerger las nocivas condiciones de trabajo, a pesar de las cuales los profesionales cumplimos con la importante labor del cuidado de la salud y de los enfermos. Este descontento fue provocado por la administración central que usted encabeza, porque nulificó de facto un compromiso presidencial.

Primero. La asamblea demanda la profesionalización universal, efectiva y permanente del ejercicio de la enfermería, trabajo social y terapia física y de rehabilitación en todas las instituciones y unidades de salud públicas y privadas del país. Para lo cual resulta condicionante definir un catálogo de puestos y funciones a partir de los diferentes grados académicos, para cristalizar un profesiograma de aplicabilidad estricta, obligatoria y universal para todas las instituciones donde laboren enfermeras(os), trabajadoras(es) sociales y terapistas físicos y rehabilitadoras es). Asimismo, demandamos la revisión de los planes y programas formativos de recursos humanos, incluyendo la discusión de la Norma Oficial Mexicana NOM-019-SSA3-2013 para la práctica de la enfermería en el Sistema Nacional de Salud, para adecuar los perfiles profesionales en consonancia con el cuadro general de morbimortalidad y de las necesidades de salud del pueblo de México. Como producto final de esta demanda, requerimos la creación de las plazas correspondientes, dando lugar a los puestos de trabajo cuyas categorías deben ser coincidentes con los respectivos grados académicos.

Segundo. La asamblea exige al Estado mexicano acciones concretas para detener en lo inmediato el deterioro de los servicios e instituciones de salud públicas y privadas que amenazan colapsar los subsistemas y sistema nacional en su conjunto, por efecto de las condiciones laborales precarizantes que desvalorizan precisamente el trabajo profesional en enfermería, trabajo social y rehabilitación, incluyendo a otros profesionales de la salud. El Estado, ineludiblemente, tiene que asumir a plenitud la tarea social del cuidado de la salud, garantizando la calidad y eficacia de la atención a todos los mexicanos. Para las y los trabajadores, esta encomienda resulta imposible de ejecutar si dependemos de contratos temporales, salarios a la baja, outsourcing, carencia de medicamentos, de materiales, de equipo, de uniformes, incumplimiento de contratos; en síntesis, de condiciones inestables de trabajo. Por tanto, atender este asunto es una emergencia nacional. El Estado mexicano debe intervenir nulificando los esquemas de trabajo flexible y precarizante, mejorando las condiciones laborales objetivas donde se incluye el fortalecimiento del programa de becas y condiciones para el personal en formación de las tres profesiones.

Tercero. La asamblea demanda garantías suficientes y necesarias por parte de la Federación para que cese en lo inmediato la hostilidad, no haya represalias ni ningún tipo de castigo en contra de los participantes del movimiento, donde sea que éste se manifieste a través de la asamblea. También demandamos todas las facilidades del caso para que la comisión representativa de la asamblea en la mesa de discusión y acuerdos pueda participar sin perjuicio de sus respectivas circunstancias profesionales y laborales, facilitando la atención y trabajos de la mesa de manera permanente, en la pretensión de construir y convenir acuerdos alcanzados en la mesa.

Cuarto. Definición y estructuración de una comisión bilateral que garantice la adopción y ejecución de todos los acuerdos alcanzados en la mesa. En la previsión de una respuesta negativa inicial a nuestras demandas por parte de la Ssa, la asamblea reserva su derecho a reforzar su asamblea y plan de acción, adoptando nuevas demandas que deberán ser discutidas en la mesa. En espera de una respuesta directa y expedita, el movimiento, a través de su comisión de representantes, deja patente la voluntad de convenir arreglos para una solución inmediata y satisfactoria a la inconformidad generada por decisiones que son responsabilidad exclusiva de la secretaria de Salud federal.

Pero la mesa nunca se instaló. Horas antes del portazo de Mercedes Juan, la Ssa emitió un atento comunicado que refrenda su convocatoria (retocada) del 2 de diciembre y donde mantiene vigente el esquema de promoción por profesionalización, el cual será íntegramente respetado, tal y como ha venido operando en años recientes(9/12/14). Justo la demanda de la asamblea respecto de la convocatoria (achicada) del 3 de septiembre. Y luego, la Ssa publicó –por sus fueros– su última palabra de presunta observancia obligatoria: la misma convocatoria (retocada) del 2 de diciembre, cuyos beneficiarios serán una aplastante minoría ( DOF, 11/12/14).

¡Vaya manera incluyente dedialogar! Habrá respuesta nacional.

*Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco