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viernes, 29 de abril de 2016

GIEI: el régimen desnudo .- Pedro Miguel



Los integrantes del Grupo Internacional de Expertos Independientes fueron cuidadosos y prudentes en su lenguaje. En la presentación de su segundo informe sobre la investigación de los crímenes perpetrados el 26 y el 27 de septiembre de 2014 en Iguala –y los que siguen siendo cometidos día a día y hora tras hora desde entonces– omitieron expresiones como siembra, ocultación y destrucción de pruebas, fabricación de culpables, encubrimiento o colusión de funcionarios públicos.

Los expertos dejaron que los hechos hablaran por sí mismos en los dos tramos del episodio delictivo: el primero, que fue la agresión misma, la coordinación entre las fuerzas policiales y militares para perpetrar y/o facilitar los asesinatos y las desapariciones forzadas, la evidencia de que al menos uno de los estudiantes de Ayotzinapa sobrevivió varios días al ataque del 26, la participación de la Policía Federal en la desaparición del autobús Estrella Roja (el “quinto autobús”), el maltrato de los agentes gubernamentales a los sobrevivientes, el desdén ante los heridos y el conocimiento de los hechos casi en tiempo real por parte de las más altas instancias del gobierno; el segundo, la investigación de la PGR, empieza con las torturas a los inculpados para arrancarles confesiones a modo y sigue con una manifiesta siembra de pruebas en los alrededores del río San Juan el 28 de octubre, un día antes de que las diligencias oficiales comenzaran en ese sitio, en donde los peritos de la Procuraduría manipularon evidencias y pasearon a uno de los detenidos; posteriormente obstaculizaron el trabajo de los Especialistas Argentinos en Antropología Forense, impidiéndoles el acceso al río, con el presumible propósito de sembrar en una de las bolsas allí “descubiertas” un fragmento óseo de Alexander Mora Venancio –único de los 43 desaparecidos de quien se ha identificado un resto– procedente sabe Dios de dónde. Es decir, hay elementos adicionales para afirmar que la hoguera de Cocula no fue encendida por los Guerreros unidos sino por los propios empleados de la PGR.

Durante 11 días durante los cuales el régimen de Enrique Peña Nieto se desentendió del caso y lo relegó al ámbito “local” a pesar de que para entonces ya había adquirido un impacto mundial. Pero en ese lapso, y hasta el 9 de febrero de 2015 –es decir, tres meses después de que Murillo Karam incinerara a los estudiantes normalistas en la hoguera de su imaginación– el informe del GIEI reporta que los chips de los celulares de los muchachos siguieron dando esporádicas señales de vida. Fue el caso del teléfono de Jorge Aníbal Cruz Mendoza, quien envió un mensaje de texto a su madre pasada la una de la mañana del 27 de septiembre, hora a la que, según la PGR, ya estaba muerto. Su número volvió a activarse en repetidas ocasiones en diversos puntos de Iguala; uno de sus parientes recibió una llamada en la fecha referida y la familia pidió de inmediato que se localizara el aparato pero no recibió respuesta por parte de las autoridades. En la versión de la PGR, todos los celulares de los normalistas habían sido incinerados en Cocula junto con sus propietarios.

Luego vendrían la suplantación del quinto autobús y de su chofer, la detrucción o el ocultamiento de videos cruciales, la “pérdida” de prendas de los desaparecidos, la fabricación de un tramposo e insustancial tercer peritaje de fuego, justificatorio de la mentira histórica, y muchas otras maniobras para desviar o impedir el trabajo de los expertos extranjeros.

Lo que puede concluirse de los datos duros aportados por el GIEI la mañana del domingo pasado es que la agresión del 26 de septiembre fue un operativo conjunto y coordinado de fuerzas militares, policiales y delictivas en contra de civiles inermes, que los altos niveles del gobierno federal estuvieron al tanto y que desde entonces la PGR ha buscado delimitar la responsabilidad de lo sucedido únicamente a las instancias municipales de Iguala –incluyendo posteriormente a las de Cocula y Huitzuco– para encubrir complicidades estructurales de los tres niveles de gobierno con la complicidad organizada y el narcotráfico.

No hay incapacidad sino deliberado afán de impunidad; no puede concluirse otra cosa de la orden de dar por terminada la misión del GIEI en el país –después de una orquestada campaña de linchamiento mediático en su contra–, a pesar del enorme costo político que esa medida le acarrea al régimen: ahora es claro que el peñato ya no está dispuesto a seguir simulando interés por el esclarecimiento del crimen perpetrado en Iguala.


Pero es demasiado tarde: el trabajo de los expertos internacionales, metódico, riguroso y comprometido, ha desnudado de manera irremediable al gobierno. A la sociedad mexicana le toca hacer lo que falta.

lunes, 5 de octubre de 2015

Juniors, diputados cercanos a gobernadores, caciques y empresarios, en comisiones priístas

El reparto de presidencias, pago de favores; la mayoría han sido cuestionados
Van desde el legislador con mayor edad hasta representantes del Grupo Atlacomulco y cachirules
Foto
Trabajos de la 63 Legislatura, el pasado 24 de septiembreFoto Guillermo Sologuren
Enrique Méndez
 
Periódico La Jornada
Lunes 5 de octubre de 2015, p. 4
La definición de las 56 comisiones ordinarias en la Cámara de Diputados se caracterizó por el reparto de presidencias a personajes vinculados con los gobernadores, cacicazgos estatales, las dirigencias nacionales de los partidos, las cúpulas empresariales y al Grupo Atlacomulco del PRI o bien por ser juniors, más que por su perfil profesional.
La historia de cada uno de los presidentes de comisiones es reveladora. El tricolor no sólo cuenta con el diputado federal de más edad en la 63 Legislatura, Vitálico Cándido Coheto Martínez, de 74 años, sino que lo designó presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas a pesar de que en Oaxaca se le conoce como cacique en la Sierra Norte y que, desde sus primeros cargos en el Instituto Nacional Indigenista en el sexenio de Luis Echeverría, hasta el más reciente como director del Colegio de Bachilleres, con Ulises Ruiz, ha explotado las causas de las comunidades.
En la Comisión de Derechos Humanos, el PRI designó a Armando Luna Canales, quien comoombudsman de Coahuila respaldó la pena de muerte a secuestradores, y que entre ese cargo ocupó dos veces la Secretaría de Gobierno en los gobiernos de los hermanos Humberto y Rubén Moreira Valdés. La esposa de este último, Carolina Viggiano, es ahora presidenta de la Comisión de Vivienda.
Asimismo, entre los herederos de políticos del PRI que son presidentes de comisiones están Alfredo del Mazo Maza, en Infraestructura, hijo del ex gobernador del estado de México Alfredo del Mazo González y primo del presidente Enrique Peña Nieto; en Agua Potable y Saneamiento, José Ignacio Pichardo Lechuga, hijo del ex gobernador mexiquense Ignacio Pichardo Pagaza, y en Deporte, Pablo Gamboa Miner, hijo del coordinador de los senadores del PRI, Emilio Gamboa Patrón.
En la Comisión del Trabajo el PRI eligió a Georgina Zapata Lucero, hija del dirigente vitalicio de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en Chihuahua, Jorge Doroteo Zapata. También, el hijo de Leonel Domínguez Rivero, fundador de la Confederación de Trabajadores y Campesinos, Raúl Domínguez Rex, fue nombrado presidente de la Comisión de Desarrollo.
Este último fue dirigente estatal del PRI mexiquense, al relevo del actual secretario de Hacienda, Luis Videgaray, en el gobierno estatal de Peña Nieto.
Para la Comisión de Agricultura el PRI escogió al líder de la Liga de Comunidades Agrarias en Sinaloa, Germán Escobar Manjarrez; en la de Ganadería, al empresario ganadero en Veracruz, Guillermo Cházaro Montalvo; en Economía, al presidente de la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio, Enrique Dávila Flores, y en Justicia, al ex secretario de Gobierno de Nuevo León con Rodrigo Medina, Álvaro Ibarra Hinojosa.
En Relaciones Exteriores el presidente será Víctor Manuel Giorgiana, uno de los seis diputados que el Instituto Nacional Electoral validó como adicionales para el PRI, pero que contendieron por el PVEM y fueron denominados por el PRD comocachirules. Esto se evidenció cuando en la primera lista el tricolor lo puso como diputado del Verde, pero después corrigió y lo situó en la del Revolucionario Institucional.
Ese partido distribuyó otras presidencias según sus cuotas políticas: Energía, a Georgina Trujillo Zentella, ex colaboradora de Roberto Madrazo; en Gobernación nombró a Mercedes del Carmen Guillén Vicente; en Comunicaciones, a la ex secretaria general del PRI, Ivonne Ortega Pacheco.
Las únicas dos comisiones con presidentes que han tenido una carrera relacionada con esas áreas son la de Presupuesto, con Baltazar Hinojosa, y de Desarrollo Social, con Javier Guerrero, ex subsecretario de Desarrollo Social.
En el PAN, las presidencias se definieron a partir de las corrientes que se disputan el partido. En Hacienda se nombró a Andrea Cruz Blackledge, ex cónsul en Caléxico; en Cultura, al ex asambleísta Santiago Taboada Cortina; en Reglamentos, a Jorge Triana, del grupo calderonista; en Transportes, al empresario transportista de Nuevo León Alfredo Rodríguez Dávila y, como premio de consolación al ex dirigente panista Gustavo Madero, Atención a Grupos Vulnerables.
De las seis comisiones que corresponden al PVEM, la de Radio y Televisión será presidida por Lía Limón, ex subsecretaria de Derechos Humanos de Gobernación. La única del Panal, Ciencia y Tecnología, se asignó al dirigente de la sección 60 del SNTE, Bernardo Quezada Zalas, y la que obtuvo Encuentro Social, Asuntos Migratorios, a Gonzalo Guízar Valladares, personaje cercano al PRI en Veracruz y al gobernador de ese estado, Javier Duarte de Ochoa.

sábado, 10 de enero de 2015

La corrupción como destino


El titular del Ejecutivo, Enrique Peña Nieto. Foto: Yahir Ceballos
El titular del Ejecutivo, Enrique Peña Nieto.
Foto: Yahir Ceballos
MÉXICO, D.F. (Proceso).- Todo indica que la corrupción impune será el signo y sino de la presente administración. El gobierno ha tomado la decisión de condenar al olvido el conflicto de interés y la falta ética involucrados en la compra de las residencias de las Lomas y Malinalco, debido a que no hubo institución que iniciara una investigación sobre los hechos. Podría pensarse que todo quedó en escándalo efímero y deshonra soportable. Sería un error. El daño en legitimidad del presidente y su gobierno no será pasajera, a menos que se enfrente el problema de la corrupción con la voluntad de resolverlo, no de facilitarlo y ocultarlo como parece estar ocurriendo.
La determinación de Enrique Peña Nieto de enviar su felicitación por las fiestas de fin de año sólo a través de Twitter y de la página de Presidencia –no en cadena nacional de televisión rodeado de toda su familia frente a un árbol de Navidad como lo hizo el año pasado– revela un cierto temor al rechazo de sus gobernados. ¿Por qué no aprovechó el momento para mandar un mensaje similar al ofrecido por el rey Felipe VI de España, quien enfrenta una situación igualmente embarazosa por el involucramiento de su hermana y su cuñado en un escándalo de corrupción? A pesar de su disminuida credibilidad, la mayoría de los mexicanos hubiera apreciado escuchar en voz de Peña Nieto frases como las pronunciadas por Felipe VI: “Debemos cortar de raíz y sin contemplaciones la corrupción. La honestidad de los servidores públicos es un pilar básico de nuestra convivencia… Necesitamos una profunda regeneración de nuestra vida colectiva. Y en esa tarea, la lucha contra la corrupción es un objetivo irrenunciable”.
En lugar de eso, el mandatario mexicano expidió una nota anodina en la que se desliga de su responsabilidad sobre la situación del país. En una acusación velada, culpa a quienes, sin mencionarlos, supone están dividiendo a la nación. Ese mismo concepto discursivo fue utilizado por el jefe de la Oficina de la Presidencia y por el secretario de Gobernación. “Las resistencias vienen de quienes no quieren perder sus privilegios”, dijo Aurelio Nuño. Por su parte, Miguel Ángel Osorio Chong señaló que las reacciones de protesta por la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa obedecen a resistencias por las reformas estructurales. La gravedad y ambigüedad de dichas acusaciones enrarecen aún más el clima político y revelan una estrategia de contraataque errática, de cara a los comicios de 2015.
Otro ejemplo de esa táctica es el exceso retórico en que incurrió el jefe de la Oficina de la Presidencia al haber comparado al primer mandatario con José María Morelos y Pavón, en un momento en que Peña Nieto ha mostrado un claro desdén por los sentimientos de la nación en los casos de Tlatlaya, Ayotzinapa y la Casa Blanca. Ofendido, el ingenio mexicano ya empieza a llamar al presidente “el siervo de la mansión”, para contrastarlo con el prócer de la Independencia. El desdén gubernamental ante las demandas de una población sumida en el hartazgo y el terror tiene efectos muy diversos; uno de ellos es la sátira. No es sensato menospreciar la dignidad de una sociedad agraviada.
“La corrupción es una plaga insidiosa que tiene un amplio espectro de consecuencias corrosivas para la sociedad. Socava la democracia y el estado de derecho, da pie a violaciones de los derechos humanos, distorsiona los mercados, menoscaba la calidad de vida y permite el florecimiento de la delincuencia organizada, el terrorismo y otras amenazas a la seguridad humana”. La definición dada por la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción retrata la situación que padecemos en México.
Ante la magnitud del reto, la respuesta del gobierno no ha sido combatir y sancionar la corrupción sino favorecerla y encubrirla. La explicación del secretario de Comunicaciones y Transportes ante la comisión de diputados que revisa el caso de la cancelada licitación del tren México-Querétaro tuvo el propósito de ocultar cualquier irregularidad, atribuyendo su cancelación a las “suspicacias”. En su intento por negar el conflicto de interés, el funcionario llegó al extremo de declarar que hasta el 15 de octubre, cuando se dio el fallo del tren rápido, la secretaría a su cargo no se enteró de que en ese proyecto estaban asociados Hinojosa Cantú y un pariente político de Carlos Salinas de Gortari. ¿Serán tan crédulos los diputados de la comisión revisora del caso para dar por cierta una versión tan retorcida e inverosímil? Veremos si la capacidad del gobierno para cooptar congresistas vuelve a confirmarse.
También está por resolverse si el Sistema Nacional Anticorrupción tendrá la suficiente independencia del Ejecutivo para convertirse en un instrumento eficiente, no en otro elefante blanco. Fortalecer la autonomía y la capacidad fiscalizadora de la Auditoría Superior de Federación es un factor esencial. Pero sabemos que nuevas reformas e instituciones no bastan si no existe la voluntad de cumplir la ley y sancionar a los corruptos, sin condicionamientos políticos. La escandalosa exoneración de Raúl Salinas de Gortari del delito de enriquecimiento ilícito es prueba fehaciente de que la impunidad selectiva sigue imperando en nuestro sistema de justicia. La superación de esa oprobiosa realidad se ve lejana.
A ese desolador panorama se suma la reforma a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas que acaba de ser aprobada, sigilosa y apresuradamente, en el Congreso. De acuerdo con un reportaje publicado en Proceso 1991, la reforma “le dejó las manos libres al gobierno federal para que contrate la mayor parte de obra pública sin pasar por la regulación de la ley correspondiente”. Ello propiciará un aumento de la corrupción en los contratos de infraestructura carretera, ferroviaria, aeroportuaria, hospitalaria, educativa, energética y de telecomunicaciones. El asunto es de extrema gravedad e indica que el gobierno de Peña Nieto y sus aliados en el Congreso conciben a la corrupción como destino.

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