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| El titular del Ejecutivo, Enrique Peña Nieto. Foto: Yahir Ceballos |
MÉXICO, D.F. (Proceso).- Todo indica que la corrupción impune será el signo y sino de la presente administración. El gobierno ha tomado la decisión de condenar al olvido el conflicto de interés y la falta ética involucrados en la compra de las residencias de las Lomas y Malinalco, debido a que no hubo institución que iniciara una investigación sobre los hechos. Podría pensarse que todo quedó en escándalo efímero y deshonra soportable. Sería un error. El daño en legitimidad del presidente y su gobierno no será pasajera, a menos que se enfrente el problema de la corrupción con la voluntad de resolverlo, no de facilitarlo y ocultarlo como parece estar ocurriendo.
La determinación de Enrique Peña Nieto de enviar su felicitación por las fiestas de fin de año sólo a través de Twitter y de la página de Presidencia –no en cadena nacional de televisión rodeado de toda su familia frente a un árbol de Navidad como lo hizo el año pasado– revela un cierto temor al rechazo de sus gobernados. ¿Por qué no aprovechó el momento para mandar un mensaje similar al ofrecido por el rey Felipe VI de España, quien enfrenta una situación igualmente embarazosa por el involucramiento de su hermana y su cuñado en un escándalo de corrupción? A pesar de su disminuida credibilidad, la mayoría de los mexicanos hubiera apreciado escuchar en voz de Peña Nieto frases como las pronunciadas por Felipe VI: “Debemos cortar de raíz y sin contemplaciones la corrupción. La honestidad de los servidores públicos es un pilar básico de nuestra convivencia… Necesitamos una profunda regeneración de nuestra vida colectiva. Y en esa tarea, la lucha contra la corrupción es un objetivo irrenunciable”.
En lugar de eso, el mandatario mexicano expidió una nota anodina en la que se desliga de su responsabilidad sobre la situación del país. En una acusación velada, culpa a quienes, sin mencionarlos, supone están dividiendo a la nación. Ese mismo concepto discursivo fue utilizado por el jefe de la Oficina de la Presidencia y por el secretario de Gobernación. “Las resistencias vienen de quienes no quieren perder sus privilegios”, dijo Aurelio Nuño. Por su parte, Miguel Ángel Osorio Chong señaló que las reacciones de protesta por la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa obedecen a resistencias por las reformas estructurales. La gravedad y ambigüedad de dichas acusaciones enrarecen aún más el clima político y revelan una estrategia de contraataque errática, de cara a los comicios de 2015.
Otro ejemplo de esa táctica es el exceso retórico en que incurrió el jefe de la Oficina de la Presidencia al haber comparado al primer mandatario con José María Morelos y Pavón, en un momento en que Peña Nieto ha mostrado un claro desdén por los sentimientos de la nación en los casos de Tlatlaya, Ayotzinapa y la Casa Blanca. Ofendido, el ingenio mexicano ya empieza a llamar al presidente “el siervo de la mansión”, para contrastarlo con el prócer de la Independencia. El desdén gubernamental ante las demandas de una población sumida en el hartazgo y el terror tiene efectos muy diversos; uno de ellos es la sátira. No es sensato menospreciar la dignidad de una sociedad agraviada.
“La corrupción es una plaga insidiosa que tiene un amplio espectro de consecuencias corrosivas para la sociedad. Socava la democracia y el estado de derecho, da pie a violaciones de los derechos humanos, distorsiona los mercados, menoscaba la calidad de vida y permite el florecimiento de la delincuencia organizada, el terrorismo y otras amenazas a la seguridad humana”. La definición dada por la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción retrata la situación que padecemos en México.
Ante la magnitud del reto, la respuesta del gobierno no ha sido combatir y sancionar la corrupción sino favorecerla y encubrirla. La explicación del secretario de Comunicaciones y Transportes ante la comisión de diputados que revisa el caso de la cancelada licitación del tren México-Querétaro tuvo el propósito de ocultar cualquier irregularidad, atribuyendo su cancelación a las “suspicacias”. En su intento por negar el conflicto de interés, el funcionario llegó al extremo de declarar que hasta el 15 de octubre, cuando se dio el fallo del tren rápido, la secretaría a su cargo no se enteró de que en ese proyecto estaban asociados Hinojosa Cantú y un pariente político de Carlos Salinas de Gortari. ¿Serán tan crédulos los diputados de la comisión revisora del caso para dar por cierta una versión tan retorcida e inverosímil? Veremos si la capacidad del gobierno para cooptar congresistas vuelve a confirmarse.
También está por resolverse si el Sistema Nacional Anticorrupción tendrá la suficiente independencia del Ejecutivo para convertirse en un instrumento eficiente, no en otro elefante blanco. Fortalecer la autonomía y la capacidad fiscalizadora de la Auditoría Superior de Federación es un factor esencial. Pero sabemos que nuevas reformas e instituciones no bastan si no existe la voluntad de cumplir la ley y sancionar a los corruptos, sin condicionamientos políticos. La escandalosa exoneración de Raúl Salinas de Gortari del delito de enriquecimiento ilícito es prueba fehaciente de que la impunidad selectiva sigue imperando en nuestro sistema de justicia. La superación de esa oprobiosa realidad se ve lejana.
A ese desolador panorama se suma la reforma a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas que acaba de ser aprobada, sigilosa y apresuradamente, en el Congreso. De acuerdo con un reportaje publicado en Proceso 1991, la reforma “le dejó las manos libres al gobierno federal para que contrate la mayor parte de obra pública sin pasar por la regulación de la ley correspondiente”. Ello propiciará un aumento de la corrupción en los contratos de infraestructura carretera, ferroviaria, aeroportuaria, hospitalaria, educativa, energética y de telecomunicaciones. El asunto es de extrema gravedad e indica que el gobierno de Peña Nieto y sus aliados en el Congreso conciben a la corrupción como destino.
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