Teniente sabía de vínculos de militares con el narco… y desapareció hace 23 años

Desde entonces, la Sedena se comprometió a atender una recomendación de la CIDH, pero hasta ahora no hay resultados y se sigue sin conocer el paradero de Miguel Orlando Muñoz Guzmán

Por: Rafael Cabrera

Sabía que algunos de sus compañeros del 26 Batallón de Infantería estaban involucrados en actividades del narcotráfico… y el 8 de mayo de 1993, el teniente Miguel Orlando Muñoz Guzmándesapareció.

Veintitrés años después, esta desaparición forzosa no ha sido esclarecida, pese a las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El caso sigue en la obscuridad, a pesar de que en el expediente aparece el nombre de un militar que había tenido “serios desacuerdos” con el hoy desaparecido: el capitán José de Jesús Morales García.

Este domingo 8 de mayo se cumplen 23 años de la desaparición forzada del teniente Muñoz Guzmán, días después de que el actual secretario de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos, dijo en la conmemoración del rompimiento del sitio de Cuautla:

“En el cumplimiento de nuestras misiones… la vida humana y el respeto a su dignidad, son bienes supremos a proteger. Esta es la premisa que día con día, guía el actuar de las y los militares, que se entregan a la patria por el bienestar de sus conciudadanos. Aquellos que se han alejado de este principio, han sido llamados a rendir cuentas ante la justicia”.

Pero en el caso del teniente Muñoz Guzmán, hay quienes no han sido llamados a cuentas. Dice la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos:

“Resulta evidente que las medidas adoptadas hasta el momento no reúnen las características de investigación completa, imparcial y efectiva en la jurisdicción ordinaria como fue recomendado en el informe sobre el fondo”.

La última vez que se vio al militar fue en las instalaciones del 26o Batallón de Infantería, localizado en Ciudad Juárez, Chihuahua. En un inicio, la Secretaría de la Defensa Nacional(Sedena) lo acusó del delito de deserción.

Recomendaciones incumplidas

Desde su desaparición, su madre, María Guadalupe Guzmán, y su hermana, María Guadalupe Muñoz Guzmán, no han dejado de exigir que se resuelva la desaparición forzada del teniente, pues el Estado mexicano ha incumplido con la recomendación de la CIDH.

La familia Muñoz Guzmán presentó el caso ante la Comisión Interamericana en 1999 y un año después el caso fue admitido por dicho organismo.

En el informe 2/06 de la CIDH, publicado en 2006, se recomendó al Estado mexicano “investigar de manera completa, imparcial y efectiva en la jurisdicción ordinaria mexicana para determinar el paradero de Miguel Orlando Muñoz Guzmán; y, de establecerse que hubo desaparición forzada, para sancionar a todos los responsables de los hechos que conforman dicha figura jurídica”, así como a reparar el daño a la familia de la víctima.

Desde entonces, la Sedena se comprometió a atender la recomendación, pero hasta ahora no hay resultados y se sigue sin conocer el paradero de Muñoz Guzmán.

En su momento, la dependencia emitió un comunicado: “Esta Secretaría, no tiene inconveniente en que se acepten las recomendaciones emitidas por la Comisión y que se continúen las investigaciones en la Procuraduría de Justicia del Estado de Chihuahua, por haberse demostrado que su desaparición es ajena a este Instituto Armado”.

De acuerdo con la familia Muñoz Guzmán, en la desaparición forzada del teniente están involucrados elementos del Ejército, incluido un ex jefe de la Brigada Blanca, el general Luis Montiel Lopez.

El motivo de la desaparición, señaló la familia ante la CIDH, habría sido que Muñoz Guzmán tuvo conocimiento de que compañeros y superiores del batallón estaban involucrados en actividades con organizaciones de narcotraficantes.

“El expediente del caso revela que integrantes del mismo batallón se hallaban involucrados en actividades ilícitas y relacionadas con traficantes de drogas de la zona… Mencionan en particular al capitán José de Jesús Morales García como una de las autoridades militares que presuntamente tenía vínculos con personas que se dedicaban al tráfico de drogas en la zona de Nuevo Casas Grandes, y que habría tenido “serios desacuerdos” con Muñoz Guzmán por tal motivo”, señala el informe de la CIDH.

Además, el informe de la Comisión Interamericana considera que si bien la Sedena ha expresado voluntad de resolver el caso, las medidas tomadas son insuficientes: “Resulta evidente que las medidas adoptadas hasta el momento no reúnen las características de investigación completa, imparcial y efectiva en la jurisdicción ordinaria como fue recomendado en el informe sobre el fondo”.

A inicios del pasado mes de abril, las señoras María Guadalupe Guzmán y María Guadalupe Muñoz Guzmán, madre y hermana del teniente, acudieron a la CIDH, en Washington D.C., Estados Unidos, para dar seguimiento al caso.

En México, el caso es seguido por la Comisión Mexicana Para La Defensa Y Promoción de Los Derechos Humanos, A.C.

Aquí se puede consultar el informe emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Peña Nieto exculpa a militares en caso Ayotzinapa

JESUSA CERVANTES

MÉXICO, D.F. (apro).- El presidente Enrique Peña Nieto eximió de toda culpa a elementos de la Marina, Ejército y Policía Federal en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, e insistió que se trató de un hecho cometido por “el crimen organizado en colusión con autoridades locales”.

En respuesta a las preguntas sobre el tema que enviaron diputados federales al Ejecutivo el pasado 6 de noviembre, como parte de su segundo informe, el mexiquense aclaró que las fuerzas federales actuaron 10 días después de los hechos, cuando el gobierno de Guerrero solicitó su ayuda.

“La Procuraduría General de la República (PGR) no pudo atraer la investigación hasta que así lo solicitó el gobierno del estado”, respondió Peña a través de la Secretaría de Gobernación.

En el segundo párrafo del texto sostiene que los hechos “realizados por el crimen organizado en colusión con autoridades locales” han generado indignación entre los mexicanos, y “en respuesta el gobierno ha redoblado sus esfuerzos para garantizar la plena vigencia del estado de derecho”.

Una de las medidas, recuerda, es crear policías estatales únicas, “lo que permitiría pasar de más de mil 800 policías municipales débiles a 32 sólidas corporaciones de seguridad estatal”.

En el documento, Peña Nieto también destaca que envió una iniciativa “para facultar” al Congreso a expedir una “ley contra la infiltración del crimen organizado en las autoridades municipales”. Lo que se busca con ella es actuar “de manera oportuna y temporal” cuando existan indicios sólidos de que existen autoridades locales involucradas con el crimen, apunta.

Luego destaca la inexistencia de una ley sobre la desaparición forzada: “Debido a que no existen protocolos internacionales respecto a la desaparición forzada de personas, dentro de las investigaciones que lleva a cabo la PGR, relacionadas no sólo con el asunto de Iguala, sino con otros asuntos similares en proceso de investigación, se están aplicando los protocolos internacionales en cuanto a la exhumación, registro de cadena de custodia, selección de peritos y atención a las víctimas”.

Con esas declaraciones el Ejecutivo federal pretende convencer a los legisladores de que su gobierno no ha tenido descuidos en cuanto a la falta de protocolos aplicados sobre desaparición forzada, “por lo tanto no se considera que exista omisión alguna”.

A la vez que llegó la respuesta de Peña Nieto a los legisladores, el pleno de la Cámara exhortó a la Comisión de Justicia para que inicie el análisis y discusión de diversas iniciativas que en materia de desaparición forzada se han presentado en la actual legislatura.

Niegan información Tlatlaya

En el segundo caso más grave de violaciones a los derechos humanos ocurrido en 2014, la PGR rechazó informar sobre ese tema a la comisión especial que indaga la ejecución sumaria de al menos ocho personas en Tlatlaya, Estado de México, el pasado 30 de junio.

El director de Vinculación y Coordinación Interinstitucional de la dependencia, Jorge Nader, se negó a proporcionarle información a Margarita Tapa Fonllenm, presidenta de la comisión e integrante del PRD, quien solicitó información sobre los militares que participaron en los hechos.

El funcionario estableció que las investigaciones sobre el caso Tlatlaya “son de carácter no sólo confidencial, sino reservado”.

CNDH: En Tlatlaya, 15 ejecutados por militares (informe)

El ombudsman Raúl Placencia se contradice. Ahora señala que 15 de las 22 personas fueron ejecutadas por elementos militares, el pasado 30 de junio, en el poblado de San Pedro Limón, en Tlatlaya, Estado de México.

A casi 4 meses de los hechos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos dio a conocer su investigación y recomendación por “violaciones” a derechos humanos, en un operativo del Ejército Mexicano, el pasado 30 de junio, en Tlatlaya, Estado de México.
El ombudsman, Raúl Plascencia, aseguró que de las 22 personas muertas, 15 fueron ejecutadas por los militares, en lo que calificó como una de las peores violaciones a los derechos humanos.
Por esos hechos, realizará una recomendación a la Secretaría de la Defensa Nacional, la PGR y el gobierno del Estado de México.
Placencia indicó que, de acuerdo con su investigación, fueron ocho elementos del Ejército Mexicano los directamente involucrados en la matanza.
Además, apuntó que se alteró la escena de los hechos ocurridos en una bodega.

CONTRADICCIONES
A finales de septiembre pasado, Plascencia declaró que “todo hace suponer que se trató de un enfrentamiento”, en referencia a lo ocurrido en Tlatlaya.
“Estamos analizando todas las evidencias existentes para dar a conocer un informe en aproximadamente seis semanas, pero de acuerdo con algunos testimonios se trató de un enfrentamiento”, dijo el 23 de septiembre.
A la postre, en menos de 6 semanas, Plascencia salió a dar un informe sobre el caso y ya no enfatizó en el “enfrentamiento”.
Aquí la recomendación de la CNDH:

RECOMENDACIÓNTLATLAYA.pdf by Aristegui Noticias

Militares “levantan” a ocho ejidatarios inconformes con saqueo de minera

21 DE OCTUBRE DE 2014
DESTACADO

Saltillo, Coah., (apro).- Campesinos del Ejido El Bajío, quienes mantienen un litigio contra la minera estadunidense Penmont, fueron “levantados” por militares el pasado domingo 12, denunció Jesús Thomas González, abogado de los ejidatarios.

En entrevista con Apro, precisó que elementos del Ejército Mexicano destacamentados en el punto de revisión carretero El Sahuaro, ubicado en el kilómetro 106 del tramo Caborca-Puerto Peñasco, se llevaron ese día a ocho campesinos.

En ese destacamento, añadió, los militares sólo se dedican a realizar funciones de seguridad privada para la minera, ya que esa empresa les proporciona alimentos, gasolina y otros “beneficios” por cuidar sus instalaciones.

De acuerdo con el abogado, los jornaleros detenidos son residentes del poblado El Sahuaro de Caborca, Sonora. Cuatro de ellos viven en esa comunidad y cuatro más en el Ejido El Bajío, que desde hace meses mantiene un litigio con Minera Penmont S de RL de CV, socia de la empresa mexicana Minera La Herradura de Grupo Peñoles, que preside Alberto Bailleres González.

Los campesinos fueron detenidos cuando regresaban de sus labores diarias. Después de 24 horas de la ilegal detención, fueron liberados los cuatro que residen en El Sahuaro, mientras que los habitantes del Ejido El bajío, Raúl Ibarra, Jesús Soto y los hermanos Erasmo y Pedro Francisco Santiago –que no leen español y son de origen mixteco– quedaron detenidos.

Posteriormente Raúl Ibarra y Jesús Soto fueron presentados en la agencia Segunda Investigadora del Fuero Común de Caborca, acusados de robo.

“Ya no fueron los militares quienes los presentaron, sino elementos de la policía municipal de Caborca”, mencionó el abogado.

La detención se justificó con una querella presuntamente presentada por su propio ejido, El Bajío, pero inmediatamente se probó que era falsa. Además, los acusadores no presentaron evidencia alguna del supuesto robo.

Raúl Ibarra y Jesús Soto fueron liberados tras aclarar la situación ante el representante social. Sin embargo, los hermanos Santiago fueron puestos a disposición de la Agencia del Ministerio Público Federal de Caborca, Sonora, por los mismos militares que los retuvieron ilegalmente por más de 24 horas, enfatizó el abogado.

“Los militares los acusaron por la portación de una escopeta recortada que les fue sembrada por los elementos del Ejército”, agregó.

Según Jesús Thomas, tanto Erasmo como Pedro Santiago son mixtecos. El segundo, que no domina el castellano, continúa recluido hasta ahora en el penal El Rincón de máxima seguridad de Nayarit.

“Está acusado por la portación de esta arma y en total estado de indefensión pues no sabe leer ni escribir y no cuenta con un traductor que lo asista”, precisó el abogado del Ejido El Bajío.

Hasta este martes, detalló, lleva nueve días detenido y aún no se le toma su declaración.
Su caso se presentó en el Juzgado Cuarto de Distrito en la ciudad de Nogales, y un juez lo mandó al penal de máxima seguridad, que lo aleja de su entorno para dificultar su defensa.

“Le comento que durante las horas que duró esta privación ilegal de libertad los militares intentaron obtener 100 mil pesos por la liberación de cada ejidatario, pues ellos aseguraban que la mina les pagaría esa cantidad por cada campesino encarcelado”, contó Thomas González.

“Esto fue repetido varias veces, hasta que no hubo forma de que estos jornaleros pudieran obtener esas cantidades, siendo un militar de nombre Ruperto Rodríguez Dávalos quien más insistía en esta transacción”, concluyó el abogado.

Los ejidatarios de El Bajó mantienen un litigio contra Minera Penmont S de RL de CV, debido a que se apropió ilegalmente de más de 3 mil hectáreas de su propiedad y de donde extrajo oro durante más de 17 años.

En julio de 2013 los campesinos ganaron una demanda a Pernmont en el Tribunal Unitario Agrario (TUA) número 28, que fue ratificada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

A partir de entonces el TUA ordenó el desalojo de las más de 3 mil hectáreas de tierras que la minera se había apropiado ilegalmente, y prohibió retirar minerales en cualquier estado de los terrenos de los ejidatarios.

Tras el fallo, la empresa, que se dice “socialmente responsable” y que supuestamente trabaja “en estricto respeto a la ley”, se comprometió a “dar cabal y entero cumplimiento a la resolución definitiva que fue pronunciada en el juicio agrario número 188”.

Pero no cumplió con sus promesas y continuó con la incursión ilegal, por lo que abogados de los ejidatarios presentaron una denuncia ante el Ministerio Publico que quedó registrada en el expediente 0987/2014, misma que contiene material fotográfico y diversas grabaciones.

Los ejidatarios también presentaron una demanda para que Permmont restituya las tierras y pague alrededor de 100 millones de dólares por el ilegal saqueo que hizo durante 17 años, litigio que también se llevará a Estados Unidos y Londres.

Militares matan por la espalda a un rendido: ONG

Carlos Figueroa

Corresponsal

Periódico La Jornada
Martes 21 de octubre de 2014, p. 32

Nuevo Laredo, Tamps., 20 de octubre.

Elementos del Ejército Mexicano mataron a un joven y arrestaron a tres amigos de éste, dio a conocer el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo.

El organismo no gubernamental recibió una queja por la muerte de Jesús Alberto Castro Quintero, quien según sus familiares recibió un balazo por la espalda cuando tenía las manos sobre el vehículo en que viajaba, en un acto de rendición.

Indicó que el homicidio fue cometido la madrugada del viernes pasado en la carretera que va de Nuevo Laredo a Ciudad Anáhuac, en el lugar conocido como Los Dos Puentes.

José Alfredo Castro, hermano de Jesús Alberto, dijo a personal del organismo de derechos humanos que los militares impidieron durante 40 minutos que paramédicos atendieran al joven lesionado. Agregó que más de hora y media después permitieron a autoridades de la procuraduría estatal dar fe de la muerte del joven y se negaron a declarar.

Los amigos de Jesús Alberto, Alfredo López Hernández, Yolanda Magdalena Hernández Domínguez y el ya mencionado Miguel, quedaron a disposición de la Procuraduría General de la República, que los mantenía detenidos hasta este lunes. Según el gobierno estatal, los soldados les encontraron una pistola y un arma larga.

PGR procederá contra 3 militares por homicidio en Tlatlaya; investiga a otros

Solicitará órdenes de aprehensión "en las próximas horas", anuncia Murillo Karam.

(Foto: Cuartoscuro)

La  Procuraduría General de la República ejercitará acción penal contra tres militares por presunto homicidio en el caso de Tlatlaya.

Además, continuará las investigaciones en contra de otros más, por diferentes acciones relacionadas con el enfrentamiento en Tlatlaya, Estado México.

En conferencia de prensa, el titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, informó que en junio pasado hubo un enfrentamiento con presuntos delincuentes en una bodega, al término del cual tres militares entraron al lugar y realizaron nuevos disparos sin justificación alguna.

Precisó que, de acuerdo con las investigaciones, el enfrentamiento duró entre ocho y 10 minutos, y hasta el momento existen evidencias para solicitar, en las próximas horas, orden de aprehensión en contra de tres militares.

El procurador indicó que en el enfrentamiento, tres de los uniformados entraron a la bodega, por lo que son presuntos responsables del delito de homicidio y continúan las indagatorias en contra de otros cinco, para deslindar responsabilidades.

Murillo Karam refirió que desde el pasado 30 de junio, cuando ocurrieron los hechos en la comunidad San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya, Estado de México, se iniciaron las indagatorias para conocer la realidad de lo sucedido.El pasado 25 de septiembre, la Secretaría de la Defensa Nacional puso a disposición del Juzgado Sexto Militar a un oficial y siete elementos de tropa que participaron en los hechos, los cuales se encuentran en la prisión adscrita a la Primera Región Militar, en el Campo Militar número 1-A.La Procuraduría General de Justicia Militar indicó que los militares son presuntos responsables de la comisión de delitos en contra de la disciplina militar, así como de presunta desobediencia e infracción de deberes en el caso del oficial, e infracción de deberes en el caso del personal de tropa, esto independientemente de la orden de aprehensión que solicitará la PGR en contra de tres de ellos por presunto homicidio.(Con información de Notimex
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Denuncia HRW “evidente encubrimiento” en matanza de Tlatlaya

LA REDACCIÓN
26 DE SEPTIEMBRE DE 2014
DESTACADO

El director ejecutivo de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco. Foto: Germán Canseco

MÉXICO, D.F. (proceso.com.mx).- En la matanza de 22 personas en Tlatlaya existe una “intención evidente de encubrimiento” consideró José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch.

En entrevista para Noticias MVS primera emisión, dijo: “nos pareció, desde el primer minuto, muy sospechosa la descripción de los hechos”, en referencia a la versión oficial que sostiene que se trató de un enfrentamiento entre militares y presuntos delincuentes.

Vivanco destacó que si no hubiera sido por una testigo de los hechos e investigaciones de medios de comunicación nacionales e internacionales, la muerte de 22 personas en Tlatlaya, Estado de México, no hubiera dado un giro, y no habría ocho militares consignados en este momento por las presuntas ejecuciones extrajudiciales.

El funcionario de Human Rights Watch lamentó que la CNDH no haya intervenido hasta ahora en el caso.

Ahora dijo, la Procuraduría General de la República, señaló, tiene la tarea de esclarecer los hechos e individualizar a los responsables de la muerte de 22 personas.

proceso.com.mx publicó ayer que un teniente y 24 soldados que presuntamente participaron en la masacre de Tlatlaya, ocurrida la madrugada del 30 de junio en la comunidad mexiquense de San Pedro Limón, fueron presentados al Juzgado Sexto Militar, de los cuales ocho fueron ingresados a la prisión del Campo Militar Número 1, acusados de delitos relacionados con la disciplina castrense.

Al respecto, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) emitió un comunicado en el que confirmó la consignación de siete elementos de tropa y un oficial quienes fueron puestos a disposición, sin precisar su graduación, adscripción ni arma.

Los cargos que se les fincaron fueron desobediencia, e infracciones a deberes militares en el caso del teniente.

Los 17 soldados restantes se encuentran a la espera de resolver su situación jurídica.

El Ejército acribilla a cuatro funcionarios de ayuntamiento guerrerense

EZEQUIEL FLORES CONTRERAS
6 DE DICIEMBRE DE 2013
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El lugar del hallazgo de los cuerpos. Foto: Especial

CHILPANCINGO, Gro., (proceso.com.mx).- Cuatro funcionarios del ayuntamiento de Arcelia, entre ellos el director de Tránsito municipal, Mario Uriostegui Pérez, “La Mona”, y el subdirector de la misma corporación, Josué Gavinez Ramírez, murieron durante un presunto enfrentamiento entre soldados y civiles armados en las inmediaciones del poblado de Palos Altos, ubicado en los límites de la región de Tierra Caliente de Guerrero y el sur del estado de México.

El Ejército señala a” La Mona” como el suegro de Jonhy Olascoaga Hurtado, “El Mojarro”, uno de los principales líderes del grupo delictivo “La Familia”, que opera impunemente bajo el manto protector de autoridades civiles y militares en las regiones Norte y Tierra Caliente de la entidad.

En respuesta, al menos un centenar de pobladores de Palos Altos bloqueó con unidades pesadas la carretera que conecta Guerrero con el sur del estado de México, a la altura del punto conocido como El Ushe, donde mantienen retenidos a soldados, policías ministeriales y decenas de automovilistas.

Los bloqueos se extendieron a las entradas y salidas de la cabecera municipal de Arcelia, ubicada sobre la carretera federal Iguala-Ciudad Altamirano.

Los inconformes exigen el esclarecimiento de los hechos y acusan a militares procedentes del 102 batallón de Infantería, con sede en San Miguel Ixtapan, municipio de Tejupilco en el Estado de México, de ejecutar al suegro de El Mojarro y a sus tres acompañantes.

De acuerdo con reportes oficiales, cerca de las 05:30 horas de este viernes un convoy del 102 batallón de Infantería interceptó a cuatro hombres que se desplazaban en una camioneta Nissan blanca tipo pick up, en las inmediaciones de una brecha ubicada a 500 metros de la carretera que conecta el poblado de Palos Altos, municipio de Arcelia, con la vía federal Teloloapan-Ciudad Altamirano.

Sin que hasta el momento se expliquen las causas, los soldados abrieron fuego en contra de la unidad y acribillaron a los tripulantes.

Los hombres abatidos por el Ejército fueron identificados como trabajadores del ayuntamiento de Arcelia, entre ellos el director de Tránsito, Mario Uriostegui de 45 años, quien portaba una escopeta, así como el subdirector de la misma corporación, Josué Gavinez Ramírez, de 29 años, quien conducía la camioneta, y dos trabajadores del área de cultura, Marcelo Martínez Alarcón y Juan Martínez Estrada.

Hasta el momento, el alcalde priista de Arcelia, Taurino Vázquez Vázquez, no ha fijado una postura sobre estos hechos.