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sábado, 11 de mayo de 2019

En el PRD, la visión de los vencidos: no nos den por muertos, dicen

Los perredistas Jesús Ortega y Jesús Zambrano. Fracaso. Foto: Octavio Gómez

El PRD cumple 30 años y después de haber sido segunda fuerza política del país ahora está en el fondo de la tabla y a punto de la quiebra. Muchos dan por sentado que agoniza. Pero los dirigentes de la corriente Nueva Izquierda (Los Chuchos) dicen a Proceso que el partido sigue y seguirá vivo y culpan de la actual crisis perredista… a López Obrador. Jesús Ortega y Jesús Zambrano ofrecen su versión. 
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- En la elección presidencial de 2018 el PRD tocó fondo: obtuvo apenas 2.8% de la votación nacional y quedó en riesgo de perder su registro.
Este domingo 5 el PRD cumple 30 años y mientras sus críticos expiden ya su acta de defunción, la corriente Nueva Izquierda, conocida como Los Chuchos, asegura que aún tienen vida, que no son los responsables de la debacle y apuntan hacia Andrés Manuel López Obrador como el causante de la fractura con la intención de entronizar a Morena como heredero de la izquierda mexicana.
El 5 de mayo de 1989 el PRD fue formado por cinco partidos –Mexicano Socialista, Mexicano de los Trabajadores, Socialista Unificado de México, Patriótico Revolucionario y Socialista de los Trabajadores–, así como por el Movimiento Revolucionario del Pueblo, la Unión de la Izquierda Comunista, algunos exguerrilleros y el grupo de expulsados del PRI, encabezados por Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo e Ifigenia Martínez.
Las elecciones de 2006 y 2012 lo hicieron segunda fuerza nacional, pero en las del año pasado el PRD recibió un fuerte rechazo ciudadano que lo envió hasta el séptimo lugar. El descalabro fue tan grande que en cinco estados no alcanzó ni 10 mil votos, perdió el registro local en 10 entidades y en el Congreso su presencia se redujo a 10 diputados y cinco senadores, logrando apenas mantener su registro como partido con 5% de los votos para legisladores.
Además enfrenta una grave situación económica y, según documentos internos, está en “quiebra técnica”, porque tiene un hoyo financiero de 998 millones 182 mil 133.37 pesos, debido a la reducción de sus prerrogativas tras el descalabro electoral, el peligro de embargo de bienes por evasión de impuestos desde 2015 y una demanda laboral de 193 trabajadores despedidos.
Entrevistados en sus oficinas de la colonia Roma, Jesús Ortega y Jesús Zambrano, cabezas de la corriente perredista conocida como Los Chuchos, al hacer un análisis de la crisis del PRD y de los responsables de la misma, apuntan más hacia López Obrador que a ellos.
“La vida política es incierta, aunque nosotros debemos reconocer la derrota que ahora tenemos y prepararnos para superar la crisis y los efectos de la división que ocasionó la salida de López Obrador del PRD porque, en realidad, de todos los factores el más importante que generó la crisis y el mal resultado fue la división del partido; es decir la salida de Andrés Manuel López Obrador”, sostiene Ortega.
Zambrano manifiesta que ya habían superado la crisis que se dio con René Bejarano en 2004, cuando un video mostró que recibía dinero del empresario Carlos Ahumada presuntamente para preparar la campaña presidencial de 2006. Y también la de Gustavo Ponce, secretario de Finanzas del gobierno capitalino de López Obrador, jugando en Las Vegas cuando se presentó la salida del PRD del tabasqueño.
“Ya habíamos superado esa coyuntura tan difícil –hasta nos daba pena salir a la calle– cuando se da la ruptura en 2012 de López Obrador, inmediatamente después de las elecciones en las que fue candidato presidencial del PRD. Nos fracturó a la mitad”, admite Zambrano.
En el PRD han surgido 18 corrientes internas conocidas como “tribus”; de éstas, Nueva Izquierda tuvo la presidencia del partido de 2008 a 2015, primero con Ortega a la cabeza, luego con Zambrano y finalmente con Carlos Navarrete. Y en 2012 se unió al PAN y al PRI en el Pacto por México –que encabezó el entonces presidente Enrique Peña Nieto–, del que salieron las llamadas reformas estructurales.
A raíz de este hecho, el 10 de septiembre de ese año López Obrador renunció al partido; adujo que no podía reconocer a Peña Nieto como presidente legítimo, que el PRD encabezado por Los Chuchos tenía relaciones con el PRI y que se dedicaría a fortalecer al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
“Andrés Manuel utilizó el Pacto como chivo expiatorio para salirse”, asegura Ortega. 
Zambrano sostiene que López Obrador había renunciado al PRD desde antes de que empezaran las negociaciones del Pacto y da su explicación: “Los Chuchos –como nos dicen a los dirigentes de Nueva Izquierda– se nos ha adjudicado que desde que nosotros llegamos a la dirigencia el partido ha tenido los peores resultados y que empezaron las fugas y las divisiones. Fugas siempre ha habido; en los primeros años se salieron José Woldenberg, Gilberto Rincón Gallardo y Rosario Robles y todo eso fue antes de que nosotros llegáramos a la presidencia del PRD.
“Asumo la parte de responsabilidad que nos corresponde por no haber percibido la dimensión y profundidad de estos problemas que terminaron mellando la vida del PRD y la responsabilidad por no haber tomado medidas para decir que por ahí no se tenían que hacer las cosas. Pero no me siento responsable de la ruptura de Andrés Manuel, de la fractura que le provocó en 2012, porque él es el responsable de esa decisión, no lo discutió con nosotros para ver cómo resolver los problemas. 
“Mucho se nos ha señalado lo del Pacto por México, que ahí empezaron los problemas, y el propio López Obrador dijo que se había retirado del PRD por eso. Es falso, él se retiró del PRD en agosto de 2012. Las primeras pláticas de lo que después fue el Pacto fueron en septiembre y se firmó en diciembre.” 
Autocrítica
En la lista de errores que enumeran Ortega y Zambrano como causas de la crisis que hoy sufre el PRD, citan la transformación de las corrientes como forma de expresión de grupos de interés que sólo buscaban colocarse en puestos de dirección o conseguir candidaturas y también el caudillismo de personajes como Cárdenas y López Obrador.
También las salidas de otros personajes, como Porfirio Muñoz Ledo y Heberto Castillo; el caso Ayotzinapa, en el que estuvieron implicados el alcalde perredista de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa, María de los Ángeles Pineda; los escándalos de corrupción de Rosario Robles; el Pacto por México, y la decisión de apoyar en 2018 al candidato presidencial panista Ricardo Anaya.
Una más, dice Ortega, es que el PRD se centró en lograr la Presidencia de la República y olvidó dar seguimiento a la conducta de gobernadores y presidentes municipales que ganaron elecciones. También que el partido no logró situarse como socialdemócrata, porque sus principios siguieron siendo los del nacionalismo revolucionario del PRI, que se instalaron desde la fundación del partido en 1989.
Se le señala a Zambrano el exceso de protagonismo de los líderes del PRD en sus 30 años de historia y la presencia de las corrientes como forma de liderazgo, también como causas de la crisis.
“Esas cosas ya no deben continuar. Hay que desaparecer a las corrientes como grupos de interés que por representación proporcional tenían candidaturas o cargos directivos, independientemente de méritos propios o de presencia social. Eso ya no debe darse: candidaturas y cargos por cuotas. Junto con eso hay que fortalecer el relevo generacional; debe haber nuevos liderazgos dentro de los cuadros que ya hay en el partido o de fuera.
“Hay que institucionalizar las direcciones colegiadas para que sea más democrática la toma de decisiones y no recaiga en personas. No debe haber la reproducción del caudillismo en el PRD. Ya no debe haber eso que decían: ‘Cuauhtemazo mata estatuto’ u ‘Obradorazo mata estatuto’. Eso ya se acabó. Tenemos muchos liderazgos, tenemos suerte de que votaron 3 millones por nuestros candidatos. No vamos a partir de cero ni estamos muertos ni nos van a ver muertos”, asegura el sonorense.
–¿Fueron errores el Pacto por México y el apoyo a Anaya?
–El Pacto por México sí nos costó, porque no se tuvo la capacidad de explicar bien lo que ahí estaba presente y porque el gobierno de Peña se lo adjudicó como si fuera el resultado de la gran visión de un presidente estadista. 
“Hay que reconocer que tuvimos una falta de capacidad para dejar en claro qué eran el Pacto por México y los mecanismos para hacer valer el papel colegiado de las decisiones y logros que iban a significar los avances que se concretaron en 50% de los acuerdos del mismo.
“La candidatura de Ricardo Anaya también terminó siendo un error político, por las decisiones pendejas del gobierno priista de contribuir a que Andrés Manuel creciera, pretendiendo desbancar a Anaya del segundo lugar con esa campaña de descrédito. 
“Además Anaya no hizo lo que debería hacer para estar cerca del PRD y asumirse como un candidato de coalición. Hay que reconocer que fue un error y debimos haber peleado hacer de otro modo la candidatura e ir con un candidato propio.” 
A Ortega se le insiste para saber cuál fue la responsabilidad de Nueva Izquierda en la crisis que vive el partido; rechaza que se les tome como el chivo expiatorio, pues considera que “esa es la visión más superficial para el análisis histórico, que tiene causales y responsables múltiples”.
Una vez más cuestiona el papel de López Obrador: “¿Quién fue el causante de la división cuando Porfirio Muñoz Ledo se salió del PRD y que nos hizo un daño? ¿Quién fue el causante cuando se salió el ingeniero Cárdenas? ¿Quién fue el causante de la salida de López Obrador?, ¿Nosotros? ¿En realidad fuimos nosotros los causantes? 
“El causante de su salida fue él. Él tomo la decisión. Y si quiere, se pueden encontrar razones; pero la principal fue su decisión y su determinación. Pero yo no eludo ninguna responsabilidad.”
–¿Cuál sería entonces?
–Quizás no fuimos lo suficientemente capaces de formar nuevos cuadros o una gran red de cuadros políticos que pudieran soportar la salida de un liderazgo cuasi único. Quizás no fortalecimos suficientemente las estructuras para que la salida de un cuadro como López Obrador impactara tan fuerte. Quizás no difundimos suficientemente nuestro programa para que la salida de un líder no nos impactara y pareciera que nos dejaba huérfanos de ideas. Yo podría ubicar ahí una parte de nuestra responsabilidad. 
No estamos muertos
Los dos integrantes de Nueva Izquierda confían en que el PRD superará la crisis en la que está ahora sumergido, como lo hicieron en las que sufrieron en 1994 y 2000, cuando perdieron la elección presidencial con Cárdenas como candidato.
Le apuestan a tener buenas noticias en las elecciones de este año en Aguascalientes, Baja California, Durango, Tamaulipas, Quintana Roo y la extraordinaria en Puebla. Pero sobre todo, en las elecciones de 2021 para la renovación de la Cámara de Diputados y en 13 gobiernos estatales.
–¿El PRD no está en extinción, como muchos afirman? –se le pregunta a Ortega.
–Es una expresión vulgar por repetitiva. Cada vez que se quiere golpear a alguien se dice que está liquidado, que está muerto. Algún columnista o algún político va a recurrir a esta común expresión para darnos la extremaunción, como sucede cada vez que tenemos una crisis. Yo no digo que no pueda suceder. Ya ocurrió con los partidos comunistas de la Unión Soviética y de Italia. Si el PRI ahora está en una seria dificultad a pesar de que fue un partido de Estado fuertísimo es porque todos los partidos tenemos momentos difíciles, pero también de ascenso.
“No niego que estamos en el momento más difícil, entre otras razones porque tuvimos una votación muy baja; pero podemos superar esta experiencia y arribar a un nuevo estadio.”
–¿Hay resentimiento hacia Andrés Manuel?
–Más que resentimiento hay diferencias políticas profundas. Hay quienes piensan que las diferencias empezaron cuando se salió del PRD, pero quien conoce a detalle la vida del perredismo sabe de las profundas diferencias que algunos de nosotros tenemos con Andrés. Yo fui secretario general cuando él era presidente del partido y desde entonces ya tenía profundas diferencias. Fui su coordinador de campaña y eran claras las diferencias.
“La gran diferencia con Andrés Manuel era por su autoritarismo, su determinación de imponer su voluntad a toda costa. En realidad por eso se salió del PRD, porque ahí iba a tener siempre a gente que no coincidía con su punto de vista. 
“Pero Andrés Manuel no puede vivir donde la gente puede criticarlo y en el PRD había gente que no estaba de acuerdo con él y por eso daba manotazos en las reuniones de los órganos de dirección del partido y en la campaña, diciendo: ‘Me voy, háganle como quieran’, ‘el movimiento soy yo’, ‘yo soy el partido’.”
Zambrano sostiene que los 3 millones que votaron por los candidatos del PRD les dan vida y se quedarán con las ganas de darlos por muertos aquellos de Morena que les dieron los santos óleos y un acta de defunción. 
Y advierte que van a superar la intención de Andrés Manuel de aniquilar al PRD y hacerlo desaparecer en las elecciones de 2021 para quedarse como el partido de izquierda de México.
“Lo que tenemos que hacer es construir candidaturas hacia sectores de la sociedad civil, incluyendo al sector empresarial. Un objetivo estratégico que debemos tener es evitar en 2021 que Andrés Manuel y su partido logren mayoría en la Cámara de Diputados. Ese es un objetivo estratégico para evitar que continúe este proceso de restauración del autoritarismo que se está dando en el país”, afirma Zambrano.  

martes, 23 de enero de 2018

Datos duros: Los 11 gobiernos en alianza PAN-PRD no salen bien en deuda, violencia y corrupción

Actualmente, la coalición PAN-PRD gobierna cinco estados de la República [Baja California, Durango, Nayarit, Quintana Roo y Veracruz]. Pero en las últimas dos décadas, administró 11 gobiernos estatales. En ese transcurso, nueve de sus gobernadores han sido señalados por corrupción, además que, las promesas de campaña, no han sido respaldadas por los resultados oficiales de sus respectivas administraciones.

De 11 gubernaturas –dos de ellas en Nayarit–, siete aumentaron o no han podido detener el endeudamiento estatal. La violencia, en cambio, no cejó de crecer en dos entidades [Puebla y Yucatán]. Y en la actualidad, las administraciones pan-perredistas de Baja California, Durango, Nayarit, Veracruz y Quintana Roo se han estancado o padecido aún más los exabruptos.

SinEmbargo, como destaca Marcela Bravo Aguja, académica de la UNAM, los malos resultados son independientes de la coalición electoral, aunque existe la posibilidad de que los gobernadores aliancistas sean “débiles” porque no tuvieron fuerza para llegar a gobernar sin otro apoyo que el de su partido. “Y la debilidad puede haber gobiernos no tan eficientes”, dijo.

Ciudad de México, 23 de enero (SinEmbargo).- En los últimos 19 años, los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) han ganado 11 gubernaturas juntos. Los resultados obtenidos en materia de economía, balance de la cuenta pública y combate a la violencia, sin embargo, no son los anunciados por la coalición durante las campañas. Claro que han habido avances en algunas demarcaciones, aunque al menos nueve de los gobernadores aliancistas han sido señalados o investigados por incurrir en ilícitos o por no resolver los problemas que aquejan a su ciudadanía.
En la actualidad, el binomio PAN-PRD gobierna cuatro entidades federativas que cumplen su primer año de gobierno [Durango, Nayarit, Quintana Roo y Veracruz], además de otra que comienza su quinto año de mandato [Baja California]. Pese a que sólo esta última administración tiene datos suficientes para contrastar sus resultados, los logros de las administraciones pasadas -en estados como Chiapas, Oaxaca, Puebla, Sinaloa y Yucatán- hablan más de gobiernos estancados que producentes.
Estos resultados son independientes del partido o de los partidos que abanderan al candidato o funcionario, apuntó la doctora Marcela Bravo Aguja del Centro de Estudios Políticos (CEP) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Para la académica de carrera, en México existen “coaliciones meramente electorales, no verdaderas coaliciones de gobierno. Y en la medida en que no han habido coaliciones de gobierno, no podemos decir que los resultados de los gobiernos son resultado de que los gobernadores hayan llegado en coalición”, explicó.
No obstante, el doctor Francisco Reveles Vázquez, especialista en partidos políticos de la UNAM, mencionó que si por algo “los resultados para los ciudadanos no son buenos en realidad”, es porque “hay dificultades para la negociación política y cada quien hace lo que se le ocurre, ya que efectivamente las alianzas son electorales y no hay un programa de gobierno”. A esto suma “la falta de experiencia” de los políticos que llegan al poder y las contradicciones ideológicas que hacen “que no den los resultados esperados y que no avancen en una línea diferente de la que han seguido hasta ahora”.
Baja California es un ejemplo de los gobiernos que han sido gracias a las coaliciones electorales. La entidad, gobernada desde 2013 por Francisco Vega de Lamadrid, duplicó en tres años su Producto Interno Bruto (PIB) per cápita. En cambio, la deuda pública reconocida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) se disparó, en ese mismo periodo, en un 38 por ciento.
En el caso de la violencia, entre 2013 y 2017, la entidad registró reducción en las tasas de secuestro y extorsión [72 y 49 por ciento, respectivamente] pero con un aumento en la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes, de 132 por ciento, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Asimismo, las violaciones aumentaron en 14 por ciento y los robos decayeron en 12 por ciento.
Sumado a los tibios resultados que las cifras arrojan, en Baja California no es ajena la petición de un juicio político al Gobernador, quien enfrenta una serie de señalamientos por corrupción y críticas por el incremento de la deuda, así como también el desencanto por su plan para privatizar el agua, no obstante que en la entidad hay problemas de suministro.
Desde mayo de 2013, Vega de Lamadrid fue denunciado en materia penal por los delitos de peculado y enriquecimiento ilícito, por la supuesta compra de propiedades en México y Estados Unidos con un valor de 133 millones de pesos.
Los yerros del Gobernador, inclusive, abrazan una crisis de jornaleros migrantes no resuelta: La del 17 de marzo de 2015 en San Quintín, cuando un grupo de trabajadores agrícolas fue dispersado por las autoridades con balas de goma, tras manifestar su descontento con bloqueos carreteros, para denunciar explotación laboral, bajos sueldos, condiciones de vida miserables, horas extras no pagadas y carencia de seguridad social. Hoy es el día en que, los campesinos, acusan que persisten las condiciones de marginalidad.
Sin embargo, Vega de Lamadrid no es el único señalado. Los actuales gobernadores de Nayarit y Veracruz también arrastran trapos sucios. Y el de Durango y Quintana Roo, aunque no son señalados por ejercerla, son criticados por solaparla.
El actual Gobernador de Baja California, Francisco “Kiko” Vega de la Madrid, al proclamar su victoria electoral en julio de 2013. Foto: Francisco Vega, Agencia Cuartoscuro.

LOS RESULTADOS DEL PAN-PRD
Aunque los gobiernos sean de coalición, no incide en los manejos administrativos -porque es meramente electoral en nuestro país-. No obstante, Bravo Aguja señala que pueden existir complicaciones en gobiernos de alianza electoral, porque “tienen que hacer concesiones a las otras fuerzas con las que llegan al poder”.
Más allá, pudiera existir un problema de debilidad de los políticos que llegan al gobierno apoyados por más de un partido. “La coalición misma no debilitó a los gobernadores. Lo que sí podría ser es que se trate de gobernadores débiles, quienes no pudieron llegar sólo con el apoyo de su partido para obtener una mayoría […]. Y en la debilidad puede haber gobiernos no tan eficientes”, dijo la académica de la máxima casa de estudios en México.
Reveles Vázquez comentó en cambio que, lo que sucede con estas coaliciones electorales, es que antes las administraciones “se conformaban con gente de confianza para el Gobernador, y no con representantes de varios liderazgos. Ese es un problema real que no pudieron resolver en estas experiencia aliancistas”, explicó.
Como la mayor parte de los gobiernos estatales, las cifras oficiales indican que las gubernaturas del PAN-PRD, asimismo, tienen problemas para resolver sus respectivas crisis. Es decir, no son la excepción.
Por ejemplo, aunque el crecimiento económico -según el PIB per capita- de las entidades gobernadas por el PAN-PRD haya ido en aumento, en la mayor parte de los casos su deuda pública se disparó. Tal es la situación de las administraciones de Nayarit [su deuda se cuadruplicó entre 1999 y 2005; hoy, en comparación con 2005, la deuda que enfrenta el estado es más de diez veces mayor]; Quintana Roo [0.9 por ciento entre 2016 y 2017]; Sinaloa [49 por ciento entre 2010 y 2016] y Yucatán [entre 2001 y 2007, aumentó seis veces].
Sólo los gobiernos de Pablo Abner Salazar Mendiguchía en Chiapas [2000-2006] y de Rafael Moreno Valle Rosas en Puebla [2011-2017], lograron reducir su deuda en 12 y 11 por ciento, en sus respectivos periodos, cada uno.
No obstante, Moreno Valle ha sido señalado por su sucesor, Antonio Gali Fayad, de dejar un estado con la economía estancada, empleos insuficientes y una deuda pública estatal de al menos 23.9 mil millones de pesos reconocidos.
Según una investigación del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), la deuda contraída por el panista en pasivos -no considerados por la SHCP-, supera los 46 mil millones de pesos manejados de manera opaca: 24 mil millones reportados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y 22 mil millones más, supuestamente destinados a proyectos para la Prestación de Servicios -que no se contemplan en el informe de la deuda 2016 del estado-.
Además, en el último año del Gobierno de Moreno Valle, la ASF realizó 21 auditorías a la Cuenta Pública por diversas irregularidades en los presupuestos de Seguridad Pública, Salud, Aportaciones Múltiples, Fondos Federales, y de los programas para Escuelas de Tiempo Completo y de Obras Públicas. De casi 700 millones que Moreno Valle no aclaró, 126.3 millones de pesos fueron reportados como posible daño patrimonial, mientras que el ejercicio de otros 32.6 millones, que serían destinados al Programas del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados, es también incierto.
En Oaxaca, bajo la administración de Gabino Cué Monteagudo [2010-2016] -sujeto a juicio político desde el año pasado por el presunto desvíos de recursos- la deuda pasó de 4.5 mil millones a 18.1 mil millones de pesos, según datos del Congreso local. E inclusive el crecimiento económico de la entidad, según el semáforo de la organización México Cómo Vamos, fue nimio: 0.7 por ciento hasta el primer trimestre de 2016 -la meta era un crecimiento del 4.5 por ciento-.
Los casos de Durango y Veracruz, aunque no son cuantificables debido a que los gobernadores de ambas entidades llevan un año al poder, presentan una tendencia a la baja en sus respectivas deudas públicas, de acuerdo con cifras comparadas de Hacienda. Mientras que en la entidad de Rosas Aispuro decreció en cuatro por ciento entre 2016 y 2017, en la de Yunes Márquez el decremento fue de 4.5 por ciento para el periodo.
En términos de violencia, de igual forma, los resultados han sido pocos. En Quintana Roo, por ejemplo, la lucha contra el crimen pareciera estancada. Los delitos del fuero común han ido en decremento, pero la tasa de homicidios dolosos aumentó en 33.33 por ciento de 2015 a 2016.
En Durango, Puebla, Veracruz y Yucatán, la violencia recrudeció. En el estado norteño, los delitos del fuero común aumentaron, aunque los homicidios decrecieron en 15.5 por ciento entre 2016 y 2017. En Puebla, sólo los robos y el secuestro fueron a la baja; los demás crímenes aumentaron, el homicidio en 29.4 por ciento. Y allá en Veracruz, la criminalidad no ha cesado, siendo preocupante el alza de un 20 por ciento en la tasa de homicidios, entre 2016 y 2017. Yucatán, por su parte, vivió un incremento delictivo bajo la administración bicolor; los homicidios aumentaron en 60 por ciento entre noviembre de 2001 y de 2007.
Chiapas, Nayarit y Sinaloa, al contrario, pacificaron sus demarcaciones durante las administraciones del PAN-PRD -según las cifras del Secretariado-. En el primer caso, aunque los robos y la extorsión fueron en aumento, los demás ilícitos decayeron, sobre todo los homicidios, cuya tasa se redujo en 74 por ciento entre 2000 y 2006.
En Nayarit, salvo por las violaciones, los delitos del fuero común decrecieron entre 1999 y 2005, aunque la tendencia actual es de estancamiento. Y en el caso de Sinaloa, salvo por las extorsiones que se mantuvieron igual entre 2010 y 2016, y las violaciones que aumentaron, la criminalidad fue a la baja y los homicidios también, estos últimos en 47 por ciento.
Oaxaca, por su parte, fue escenario de recrudecimiento de homicidios [en un 25 por ciento], secuestros [18 por ciento] y violaciones [que se duplicaron durante su sexenio]. En cambio, los robos y la extorsión decayeron en el estado en 19 y 86 por ciento.
LOS GOBERNADORES DEL PAN-PRD
El nayarita Antonio Echevarría García es un personaje controvertido. No tiene experiencia política y es un empresario cuya carrera pública ha sido impulsada por su padre, Antonio Echevarría Domínguez, ex Gobernador de Nayarit por el PAN-PRD [1999 a 2005]. El mandatario en turno, es acusado de tener vínculos amistosos con el ex Fiscal Édgar Veytia Cambero, detenido en Estados Unidos por presuntas ligas con el Cártel Jalisco Nueva Generación, además de señalamientos -de la oposición priista- por supuestamente haber recibido financiamiento del narcotráfico para su campaña en 2016. Nada ha sido comprobado.
En Veracruz, Miguel Ángel Yunes Márquez tiene acusaciones por haber participado como cómplice de una red de pederastia encabezada por el empresario Jean Succar Kuri, quien hoy cumple una condena de 112 años de prisión por ese delito. Incluso, en 2016, organizaciones civiles manifestaron que Yunes obstruyó la justicia para impedir que Kuri fuera procesado.
Asimismo, el panista y dos de sus hijos han sido investigados por la Procuraduría General de la República (PGR) y la Fiscalía General del Estado (FGE), por el delito de enriquecimiento ilícito. Según esto, el Gobernador y su familia poseen una veintena de propiedades en Veracruz, Ciudad de México y en el extranjero, y han construido sociedades mercantiles -que datan del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa- aprovechándose de sus cargos públicos.
Los gobernadores de Quintana Roo, Carlos Manuel Joaquín González, y de Durango, José Rosas Aispuro Torres, son figuras también controvertidas. El primero es medio hermano del actual Secretario de Energía federal, el priista Pedro Joaquín Coldwell, y por ello señalado de ser parte de la “mafia del poder”. De hecho, antes de ser abanderado del PAN-PRD, buscó la candidatura priista, pero no se la dieron por segunda vez -motivo por el que en 2016, abandonó su militancia en el partido tricolor-. Ha sido Diputado federal [2009-2012], alcalde en una ocasión [2005-2008] y subsecretario de Innovación y Desarrollo Turístico del gabinete del Presidente Enrique Peña Nieto, entre 2012 y 2016.
El segundo, Rosas Aispuro, quien también inició su trayectoria política en las filas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en el que militó por 30 años, es criticado por hacer caso omiso de las exigencias ciudadanas. Pese a que ha logrado la detención de algunos funcionarios acusados de corrupción -como el primo del ex Gobernador Rafael Herrera Piedra-, la oposición señala que sus logros son parte de acuerdos políticos. Apuntan, también, que algunos integrantes de su gabinete -como Alberto Ramírez Ramírez, coordinador de Patrimonio Cultural del Instituto de Cultura del Estado de Durango- señalados por irregularidades, son intocables, de modo que la cola que nadie le pisa, se la pisan a su gabinete.
Además, en la batalla por demostrar su inocencia ante los señalamientos de corrupción y malos manejos, los ex gobernadores Pablo Salazar Mendiguchía [Chiapas, 2000-2006], Mario López Valdez [Sinaloa, 2010-2016] y Patricio Antonio José Patrón Laviada [Yucatán, 2001-2007] han fallado.
El otrora mandatario de Chiapas fue detenido en junio de 2011, en el aeropuerto internacional de Cancún, Quintana Roo, y trasladado al penal de El Amate, ubicado en el municipio chiapaneco de Cintalapa, acusado de desviar cuando menos 104 millones de pesos durante su administración, misma que concluyó el 8 de diciembre de 2006.
Aprehendido por los supuestos delitos de peculado, ejercicio indebido del servicio público, abuso de funciones públicas, abuso de autoridad y asociación delictuosa, Salazar aseguró ser víctima de una persecución política emprendida por el gobernador Juan Sabines Guerrero [2006-2012]. Sin embargo, el ex Gobernador también es señalado por reprimir y hostigar a pobladores e indígenas -como en el caso de Pedro RaúlLópez Hernández, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Chiapas, desaforado por Salazar y quien fue golpeado en 2002, a modo de una supuesta advertencia suya-. Algunos medios de comunicación local indican que, durante su mandato, hubo más de 107 indígenas que fueron o asesinados o desaparecidos.
En el caso del sinaloense Mario López Valdez, mejor conocido como “Malova”, no habían pasado dos años de iniciada su administración, cuando ya tenía, junto con algunos miembros de su gabinete, siete denuncias penales en su contra ante la PGR, por ejercer de manera incorrecta 645 millones 733 mil 376 pesos de los fondos federales del sector salud y educación.
Hasta la fecha, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha presentado 93 denuncias ante la Fiscalía General del Estado, mismas que corresponden a los años de ejercicio comprendidos entre 2013 y 2016. Y a partir de agosto del año pasado, la ASF acusó a Malova por simular el reintegro (o disfrazar irregularidades) de 135.6 millones de pesos. La opacidad en el manejo de recursos es tan grave que, a pesar de que Hacienda reconoce una deuda de 7 mil 322.15 millones de pesos al final de su gobierno, las auditorías de la ASF refieren que sería de 13 mil 130 millones de pesos (con pasivos sin fuente de pago).
Por último, aunque el yucateco Patricio Antonio José Patrón Laviada no tiene señalamientos directos en su contra, su hermano, Francisco Antonio José Patrón Laviada, sí. De acuerdo con las versiones públicas de algunos políticos locales del PRI, el hermano del ex Gobernador se habría enriquecido a costa del erario, bajo la influencia de Patricio y con apoyo de algunos panistas. Pese a que no está comprobado, cierto es que el hermano del otrora mandatario tiene prohibido el ingreso a Estados Unidos por sus presuntos vínculos con el crimen organizado.

sábado, 23 de septiembre de 2017

Tachan a AMLO de “oportunista”; 6 días después se unen a su propuest

Tachan a AMLO de “oportunista”; 6 días después se unen a su propuesta

Por: Jorge Gómez Naredo (@jgnaredo)
El 14 de septiembre de 2017, días después del terremoto que azotó los estados de Oaxaca y Chiapas, Andrés Manuel López Obrador informó durante una gira por Jalisco que propondría al Consejo Nacional del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) que, el 20% de sus prerrogativas (alrededor de 41 millones de pesos), fueran donados a los damnificados de dicho sismo de 8.2 grados de magnitud.
Propondré al Consejo Nacional de MORENA destinar el 20% del gasto de campaña de 2018 para los damnificados del Istmo y del sureste del país.
Las reacciones fueron inmediatas e iracundas. Consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y representantes de todos los partidos políticos criticaron la propuesta de López Obrador, al cual llamaron oportunista. Indicaron que la propuesta de AMLO era inviable, que “eso no se podía”. Incluso, el consejero del INE, Benito Nacif, indicó que estaba “prohibido” que los organismos políticos destinaran sus recursos a “otros fines”. Al periódico Reforma declaró:
“Ellos tienen que entregar comprobantes de a qué destinaron el gasto, y si no acreditan el destino a un fin partidista, a una de las finalidades que como partido político tienen, el INE les observa y les sanciona”.
Además, se refirió a AMLO como un oportunista:
“No te puedes poner guapo con el sombrero ajeno, en este caso, con el sombrero de las prerrogativas”

Los verdaderos oportunistas o el cambio radical de parecer

El pasado 19 de septiembre, otro sismo sacudió al país. La afectación fue mucha en entidades como Puebla, México y Morelos, además de en la Ciudad de México.
Ante esta nueva tragedia, Andrés Manuel López Obrador, continuó dándole forma a su propuesta, estableciendo los mecanismos que se debían seguir para que la donación fuera transparente y efectiva: la creación de un fideicomiso que tendría que se administrado por intelectuales “honestos”. Incluso, indicó que, con la nueva contingencia por el nuevo terremoto, la donación podría ser mayor al 20% de las prerrogativas.

Periodistas e intelectuales honestos formarán parte de Fideicomiso que administrará fondos de apoyo a damnificados http://bit.ly/2hjv7Fj 

 Ante la viralización de las peticiones de miles de ciudadanos en redes sociales, los partidos políticos y el mismo INE cambiaron de parecer.
El consejero Marco Antonio Baños dijo que el Instituto “no se oponía” a que los partidos políticos usaran parte de sus recursos para usarlos en tareas de reconstrucción de las zonas afectadas. Escribió el consejero en su cuenta de Twitter:
Los partidos que criticaron la la propuesta de Andrés Manuel y que llamaron “oportunista” a Morena, cambiaron radicalmente de parecer. Tanto PRI, PAN como PRD, arguyeron que eso de donar los recursos, no era tan mala idea.
Enrique Ochoa Reza, dirigente del PRI, indicó:
Por su parte, el panista Ricardo Anaya publicó:
Alejandra Barrales, del PRD, escribió:
Ante las reacciones de los dirigentes del PRI, PAN y PRD, además de los consejeros del INE, Andrés Manuel López Obrador indicó:
“Yo respaldo esta propuesta [de donar recursos]. Lo hicimos nosotros, lo hicimos primero, pero ahora no estamos para eso, aquí lo que importa es dar recursos para atender a quien lo necesita. Antes de que lo decida el INE, ya nosotros hemos tomado la decisión de destinar cuando menos este 20% y puede ser más”,

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