El peñismo y el calderonismo llevaron a los mexicanos a una sangrienta guerra de militares contra narcotraficantes. Provocando el estallido criminal de funcionarios y delincuentes, disputándose, como botín, los dineros del pueblo en las tesorerías de los estados y de la Federación al estilo del ratero de Javier Duarte (y los Moreira, los Borge, los Padrés, los Medina, etcétera, etcétera, etcétera), y convirtiendo el patrimonio de Petróleos Mexicanos (Pemex) en una rebatiña donde están metidos los 32 desgobernadores, el peñismo, empresarios y banqueros (como las Afores que administran los ahorros de los trabajadores y no quieren devolvérselos). Sobrevive la nación a toda clase de despojos, asesinatos y la élite gobernante y económica repartiéndose cínicamente lo que resta de la riqueza de los mexicanos, al precio de una explosiva desigualdad y en un ambiente de violencia delincuencial coludida con la violencia gubernamental.
Y en medio de todo eso están los más de 100 millones de mexicanos diezmados por las armas traídas de las armerías de Trump, porque sumido en la corrupción e impunidad, el peñismo dejó en manos de sus cómplices la suerte del país. Asesinan, sí, a periodistas, pero a la par de miles de mexicanos en una guerra impuesta por delincuentes, funcionarios y seudopolíticos que roban por medio de la corrupción. Somos un país de fosas clandestinas donde sepultan a estudiantes, obreros, mujeres, niños. Es el poder de matar a plena luz del día. Y lo que está en cuestión es el presente donde Peña y sus desgobernadores, sus soldados (ya no cierto aquello de: “un soldado en cada hijo te dio”), y policías, mientras combaten a los delincuentes, de paso siembran el miedo y miles de mexicanos son desplazados de sus tierras y casas; y son privados de la vida en esas refriegas mortales.
Durante el calderonismo y el peñismo, 126 periodistas han sido víctimas de homicidio. Los matones contratados para eliminarlos, llevan la consigna de quitarlos de en medio porque se atrevieron a cumplir con el deber de su trabajo: informar, por sobre todas las cosas, los hechos de la terrible inseguridad que padecen los mexicanos porque sus gobernantes no quieren cumplir con sus obligaciones de otorgar máxima seguridad.
George Orwell (seudónimo de Eric Blair, 1903-1950) dejó como testimonio: “Según escribo estas líneas, seres humanos sumamente civilizados me sobrevuelan intentando matarme” (Ensayos, editorial Debate). En nuestro país, sobrevuelan a los periodistas y los matan. Y con ellos a miles de mexicanos por la sangrienta inseguridad que no para y la desbordada la acción policiaca de los militares (marinos, soldados).
Así que en el umbral del golpismo que puede llegar a ser el golpe de Estado a la Pinochet, era de esperarse que se atrevieran a enseñar el fusil contra el ejercicio de las libertades constitucionales de prensa. Y es que en una conducta arbitrariamente abusiva del general Beltrán Benítez –evidentemente por órdenes del general Cienfuegos–, al reportero acreditado de La Jornada, Jesús Aranda Terrones, le impidieron abordar el autobús que conducía a los demás periodistas al Congreso Internacional sobre Obesidad y Diabetes, organizado por el Centro Militar de Ciencias de la Salud, dependiente de la secretaría de la Defensa, que preside el mismo general Cienfuegos; y quien al parecer ya tiene candidato a la presidencia de la República con su “revolución” educativa –contra los maestros– al lado de Aurelio Nuño. El asunto es que si el PRI pierde la Presidencia, los militares entrarían al quite para impedir la victoria de la oposición.
Por ahora, el asunto es el abuso del general Beltrán Benítez al discriminar al periódico La Jornada, cuyo representante fue impedido de abordar el transporte bajo el pretexto de “que no había sido invitado”. Y es que la secretaría de la Defensa no acepta la información veraz sobre sus actos y menos la crítica, lo cuales son derechos que los militares deben acatar… a menos que amartillar las armas contra quienes ejercen la libertad de prensa, sea el principio de una censura previa que conllevará a la supresión de los Artículos 6 y 7. Ningún funcionario –así sea uniformado y con cinco estrellas– debe interrumpir la observancia de la Constitución, a menos que sea ya una rebelión con miras a establecer un gobierno contrario a los principios que establece el imperio de la ley.
Gravísimo acto de censura aplicó la Secretaría de la Defensa Nacional contra el reportero Jesús Aranda, porque demuestra que en el contexto de las libertades para todos los mexicanos, se necesita invitación a un acto público para el cumplimiento del deber periodístico. Prohibir el paso con fusiles a un reportero, es una arbitrariedad basada en el abuso del poder militar. No ha sido sólo una conducta militaroide. Fue un ataque al derecho a la información, abusando de controles oficiales encaminados a “impedir la transmisión y circulación de ideas y opiniones”.
Los militares han sentado un precedente anticonstitucional que anuncia su poder de facto. El tercer general en este abuso: Marco Antonio Álvarez Reyes, director general de Comunicación Social de la Sedena, también debió actuar por órdenes superiores para atacar las libertades de prensa al coartar la libertad de difusión de la información, a la que tienen derecho todos los mexicanos que recurren a los medios impresos. Cienfuegos, Beltrán Benítez y Álvarez Reyes se dieron facultades anticonstitucionales, enseñando su odio a la libertad de prensa y usando su uniforme y sus armas contra un reportero que cumplía con su trabajo. Ésta es la agresión número 227 a los periodistas por parte de funcionarios militares que merece más que una recomendación de la CNDH a los tres generales, porque pisotearon el orden constitucional vigente.
Álvaro Cepeda Neri
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