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miércoles, 14 de junio de 2017

El militarismo también acota las libertades de prensa

El peñismo y el calderonismo llevaron a los mexicanos a una sangrienta guerra de militares contra narcotraficantes. Provocando el estallido criminal de funcionarios y delincuentes, disputándose, como botín, los dineros del pueblo en las tesorerías de los estados y de la Federación al estilo del ratero de Javier Duarte (y los Moreira, los Borge, los Padrés, los Medina, etcétera, etcétera, etcétera), y convirtiendo el patrimonio de Petróleos Mexicanos (Pemex) en una rebatiña donde están metidos los 32 desgobernadores, el peñismo, empresarios y banqueros (como las Afores que administran los ahorros de los trabajadores y no quieren devolvérselos). Sobrevive la nación a toda clase de despojos, asesinatos y la élite gobernante y económica repartiéndose cínicamente lo que resta de la riqueza de los mexicanos, al precio de una explosiva desigualdad y en un ambiente de violencia delincuencial coludida con la violencia gubernamental.
Y en medio de todo eso están los más de 100 millones de mexicanos diezmados por las armas traídas de las armerías de Trump, porque sumido en la corrupción e impunidad, el peñismo dejó en manos de sus cómplices la suerte del país. Asesinan, sí, a periodistas, pero a la par de miles de mexicanos en una guerra impuesta por delincuentes, funcionarios y seudopolíticos que roban por medio de la corrupción. Somos un país de fosas clandestinas donde sepultan a estudiantes, obreros, mujeres, niños. Es el poder de matar a plena luz del día. Y lo que está en cuestión es el presente donde Peña y sus desgobernadores, sus soldados (ya no cierto aquello de: “un soldado en cada hijo te dio”), y policías, mientras combaten a los delincuentes, de paso siembran el miedo y miles de mexicanos son desplazados de sus tierras y casas; y son privados de la vida en esas refriegas mortales.
Durante el calderonismo y el peñismo, 126 periodistas han sido víctimas de homicidio. Los matones contratados para eliminarlos, llevan la consigna de quitarlos de en medio porque se atrevieron a cumplir con el deber de su trabajo: informar, por sobre todas las cosas, los hechos de la terrible inseguridad que padecen los mexicanos porque sus gobernantes no quieren cumplir con sus obligaciones de otorgar máxima seguridad.
George Orwell (seudónimo de Eric Blair, 1903-1950) dejó como testimonio: “Según escribo estas líneas, seres humanos sumamente civilizados me sobrevuelan intentando matarme” (Ensayos, editorial Debate). En nuestro país, sobrevuelan a los periodistas y los matan. Y con ellos a miles de mexicanos por la sangrienta inseguridad que no para y la desbordada la acción policiaca de los militares (marinos, soldados).
Así que en el umbral del golpismo que puede llegar a ser el golpe de Estado a la Pinochet, era de esperarse que se atrevieran a enseñar el fusil contra el ejercicio de las libertades constitucionales de prensa. Y es que en una conducta arbitrariamente abusiva del general Beltrán Benítez –evidentemente por órdenes del general Cienfuegos–, al reportero acreditado de La Jornada, Jesús Aranda Terrones, le impidieron abordar el autobús que conducía a los demás periodistas al Congreso Internacional sobre Obesidad y Diabetes, organizado por el Centro Militar de Ciencias de la Salud, dependiente de la secretaría de la Defensa, que preside el mismo general Cienfuegos; y quien al parecer ya tiene candidato a la presidencia de la República con su “revolución” educativa –contra los maestros– al lado de Aurelio Nuño. El asunto es que si el PRI pierde la Presidencia, los militares entrarían al quite para impedir la victoria de la oposición.
Por ahora, el asunto es el abuso del general Beltrán Benítez al discriminar al periódico La Jornada, cuyo representante fue impedido de abordar el transporte bajo el pretexto de “que no había sido invitado”. Y es que la secretaría de la Defensa no acepta la información veraz sobre sus actos y menos la crítica, lo cuales son derechos que los militares deben acatar… a menos que amartillar las armas contra quienes ejercen la libertad de prensa, sea el principio de una censura previa que conllevará a la supresión de los Artículos 6 y 7. Ningún funcionario –así sea uniformado y con cinco estrellas– debe interrumpir la observancia de la Constitución, a menos que sea ya una rebelión con miras a establecer un gobierno contrario a los principios que establece el imperio de la ley.
Gravísimo acto de censura aplicó la Secretaría de la Defensa Nacional contra el reportero Jesús Aranda, porque demuestra que en el contexto de las libertades para todos los mexicanos, se necesita invitación a un acto público para el cumplimiento del deber periodístico. Prohibir el paso con fusiles a un reportero, es una arbitrariedad basada en el abuso del poder militar. No ha sido sólo una conducta militaroide. Fue un ataque al derecho a la información, abusando de controles oficiales encaminados a “impedir la transmisión y circulación de ideas y opiniones”.
Los militares han sentado un precedente anticonstitucional que anuncia su poder de facto. El tercer general en este abuso: Marco Antonio Álvarez Reyes, director general de Comunicación Social de la Sedena, también debió actuar por órdenes superiores para atacar las libertades de prensa al coartar la libertad de difusión de la información, a la que tienen derecho todos los mexicanos que recurren a los medios impresos. Cienfuegos, Beltrán Benítez y Álvarez Reyes se dieron facultades anticonstitucionales, enseñando su odio a la libertad de prensa y usando su uniforme y sus armas contra un reportero que cumplía con su trabajo. Ésta es la agresión número 227 a los periodistas por parte de funcionarios militares que merece más que una recomendación de la CNDH a los tres generales, porque pisotearon el orden constitucional vigente.
Álvaro Cepeda Neri

sábado, 28 de enero de 2017

Amenazan a Fernando Ruiz, testigo del allanamiento en Aristegui Noticias

Ruiz identificó a uno de los hombres que allanaron las oficinas de este medio de comunicación y cuyos videos se dieron a conocer luego de que la Procuraduría capitalina filtró la averiguación

Autor del allanamiento a Aristegui Noticias, vinculado con corporaciones policiacas federales (Nota y Video)

Fernando Ruiz Canales, presidente del Consejo para la Ley y los Derechos Humanos (CLDH), reportó tres amenazas y actos intimidatorios tras la entrevista que dio la semana pasada en Aristegui Noticias.
Ruiz Canales identificó a uno de los hombres que allanaron las oficinas de este medio de comunicación y cuyos videos se dieron a conocer luego de que la Procuraduría capitalina filtró la averiguación a la revista TV Notas y el diario Récord.
Ruiz Canales afirmó que uno de los hombres que entró a las oficinas de Aristegui Noticias se identifica como escolta y está vinculado a “La Hermandad Policiaca”.
Ruiz Canales informó a la organización Artículo 19 que han ocurrido tres eventos de amenazas.
El primero ocurrió el 18 de enero, un día después de la entrevista con Carmen Aristegui, cuando una persona se presentó en el domicilio de Fernando Ruiz, quien preguntó al vigilante “si sabía dónde se encontraba el señor Fernando Ruíz de derechos humanos”.
Cuando el vigilante negó información, dicha persona se retiró del lugar.
El segundo evento ocurrió este lunes 23 de enero. En esa fecha Ruiz Canales se reunió con víctimas de la banda de “La flor” y al salir detectó a un hombre que les sacaba fotografías desde un taxi.
Ruiz Canales dijo que el fotógrafo actuó sin discreción alguna, para hacer notar que estaban bajo vigilancia.
La tercera amenaza ocurrió este miércoles 25 de enero, luego de que Fernando Ruiz Canales se presentó en la procuraduría Capitalina para aportar datos sobre el robo a Aristegui Noticias.
El 25 de enero, Ruiz Canales recibió una llamada donde le dijeron:
“Pinche perro, ya sabes quién habla, no te hagas pendejo, ya sabes quién habla”, “que si se sentía muy cabron para acudir a la Procuraduría, que ya estaba pagada su muerte”. Además, le dijeron que “le habían dejado un regalo” y que revisara su buzón.
Al revisar, encontró un sobre, dentro del cual había una bala calibre 9 milímetros y una nota escrita con el siguiente mensaje:

“COMO NO TE CALLAS EL OCICO Y FUISTE CON LA PINCHE VIEJA DE ARISTEGUI LES VAMOS A CALLAR EL OCICO CON UNA DE ESTAS ¿YA VIERON QUE CON TODO Y LA PATRULLA NOS PUDIMOS ACERCAR PINCHES PERROS? YA VIERON QUE NO ERA TAN DIFICIL ENCONTRARLOS PINCHES PERROS SU MUERTE YA ESTA PAGADA PUTOS DEFENSORES DE MIERDA”.

A partir de estos hechos, Fernando Ruiz Canales se integró al Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Ciudad de México. Como parte de sus medidas, cuenta con vigilancia permanente de elementos de la policía capitalina.

lunes, 19 de diciembre de 2016

Bots y trolls desde Twitter: 4 años de amenazas a activistas y periodistas

Aunque la relación entre todos los bots y trolls que amenazan periodistas resulta evidente, no se conoce hasta el momento ninguna investigación de la Procuraduría capitalina o de la PGR que haya identificado a quienes operan esas cuentas

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Son cuentas que Twitter suspende y regresan cambiando unas cuantas letras o agregando caracteres. Se usan para amenazar, montar campañas de desprestigio, burlarse de víctimas y hasta para defender la figura del Presidente Enrique Peña Nieto.
El nombre es lo de menos: @Peluditx, @ElPeterTeibol, @elperritodamaso, @antipatico2015, @ElNoruegoxxx, @DraTerco. Basta con que sirvan para atacar comunicadores, académicos y defensores de derechos humanos.  Saben que sus cuentas serán suspendidas tras una denuncia, pero también que pueden regresar con una ligera modificación a su nombre de usuario.
Tiempo les sobra para dedicarse a sus actividades en línea y recursos financieros no parecen faltarles, por lo que pueden abrir cuentas de Twitter las veces que sean necesarias.
El periodista y activista especializado en medios digitales, Alberto Escorcia Giordano, conoce bien el manejo de esas cuentas que están interconectadas y que manejan centenas de bots o usuarios simulados para poder atacar a sus objetivos. Se usan todo el tiempo para amenazar periodistas y defensores de los derechos humanos.
En diciembre del 2012 recibió su primera amenaza por convocar de manera pacífica a la marcha del llamado 1DMX en rechazo a la ceremonia de toma de protesta del Presidente Enrique Peña Nieto. La última amenaza la recibió el pasado 1 de noviembre.
En cuatro años, el hostigamiento en contra de Alberto Escorcia ha escalado de tono, hasta ser casi insoportable: primero fueron ataques de denegación de servicio a su blog LoQueSigue.tv, siguieron las amenazas en redes sociales contra su familia, luego el allanamiento de su casa en dos ocasiones y el robo de información.
Sin embargo, el hostigamiento no ha parado ahí. El pasado primero de noviembre ofrecieron una supuesta recompensa de 2 mil dólares a quien grabe un video con agresiones físicas en su contra. La cuenta desde la que se ofreció la gratificación por atacar a Escorcia fue @TercoSenior, la cual fue desactivada tras un reporte ante Twitter.
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Esa misma cuenta se había utilizado para amenazar a Escorcia el pasado 25 de octubre, con una ligera variación en el nombre de usuario: @SirTerco
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Una vez que fue desactivada, el autor o autores del hostigamiento contra el periodista y activista en derechos digitales y redes sociales la reabrió con otra variante y desde la cuenta @TercoDJesus publicó un mensaje contra los integrantes del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, encargado de la defensa legal de las familias de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero.
La advertencia fue publicada el pasado 26 de noviembre del 2016, fecha en la que se conmemoró el segundo aniversario del secuestro y desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
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El ciberacoso y las amenazas contra Alberto Escorcia ya fueron denunciadas ante la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCDMX) y ante la Procuraduría General de la República (PGR).
Incluso, el activista cuenta con medidas precautorias del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas desde noviembre del 2015.
Un ejército de seudónimos para amenazar y hostigar en Twitter
A pesar de las múltiples denuncias, la Procuraduría capitalina no ha frenado a los agresores ni tampoco ha podido  identificar a los artífices o autores de las cuentas amenazantes.
Derivado de ello, algunos de los usuarios que llevan hostigando a Alberto Escorcia desde diciembre del 2012, cuando su blog se llamaba Pateando Piedras (hoy se llama LoQueSigue.TV) son las mismas que el pasado 23 de noviembre, cuando se difundió el video que muestra el allanamiento y el robo sufrido en la redacción de Aristegui Noticias, publicaron amenazas en contra de este medio de comunicación.
Incluso, llegaron a ofrecer “en venta” la computadora sustraída del lugar. Su táctica es básicamente la misma: una vez que son reportadas por sus amenazas contra periodistas y defensores de derechos humanos, Twitter las suspende.
En menos de una semana, los bots y trolls que se dedican al ciberacoso regresan a la plataforma con una nueva cuenta, pero con un nombre de usuario muy similar, de forma que son identificadas por otros acosadores con los que interactúan sin un aparente miedo a represalias.
La ausencia de temor obedece a que ninguna autoridad ha podido identificar a los usuarios reales. Uno de los ejemplos más claros es la cuenta de @xxElNoruegoxxx. El pasado 1 de noviembre amenazó a Escorcia en un tuit que incluye la fotografía de un hombre armado que circula por internet.
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El periodista especializado en redes sociales denunció la amenaza y Twitter suspendió la cuenta casi de inmediato. Esa no es la única cuenta que se usó para amenazar de forma indirecta a Alberto Escorcia. También existe el caso de @Peluditx y y de @Peluindito.
El 25 de octubre del 2012, @Peluindito escribió: “Ojalá nadie mande CP (abreviatura en inglés para pornografía infantil) a esta dirección y luego lo acusen con la Policía en España por depravado. Comparte lo que sepas en esta dirección yosoyred@gmail.com”.
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La cuenta fue eliminada luego de que Escorcia denunció el hecho ante la procuraduría capitalina. De acuerdo con la denuncia penal, @peluindito había amenazado antes al periodista Julio Hernández de La Jornada y a la académica del ITESO, Rossana Reguillo.
A pesar de que la relación entre todos los bots y trolls que amenazan periodistas resulta evidente, no se conoce hasta el momento ninguna investigación de la Procuraduría capitalina o de la PGR que haya logrado la identificación de las personas o empresas que operan esas cuentas. Bajo ese velo de impunidad, pueden resucitar una y otra vez.
Más grave aún. El propio Alberto Escorcia advirtió que las ciberamenazas dejaron de ser un problema de acoso contra activistas y periodistas desde el 2015. Durante el Foro para la Gobernanza de Internet 2016 (IGF, por sus siglas en inglés) que se celebró a principios de este mes, presentó el caso de la periodista estadounidense Andrea Nöel.
Tras denunciar un acto de abuso sexual en la colonia Condesa, la periodista de Vice News  tuvo que dejar nuestro país, ya que el ciberacoso en su contra saltó de las redes sociales hacia su vida real, hostigamiento que incluyó mensajes de desconocidos sobre sus actividades cotidianas.
En su exposición denominada “Tecnocensura”, Escorcia dijo que de las amenazas masivas que comenzaron en el año 2015, se llegó a las agresiones físicas en 2015, por lo que pidió la ayuda de la comunidad internacional para que la ciberviolencia contra periodistas y activistas no siga escalando en 2017.

viernes, 18 de marzo de 2016

Rosario Robles censura reportaje de ‘Milenio’ y desencadena renuncias de periodistas


CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Los efectos de la censura en Milenio Diario  operada por Rosario Robles, extitular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y consentida por el director de ese periódico, Carlos Marín, continuaron sin freno.
Ahora renunció el subdirector editorial de ese medio y conductor de la emisión informativa de Milenio TV, Néstor Ojeda, en protesta por la censura contra la reportera Karen Cota, autora de un reportaje crítico contra la Cruzada Nacional contra el Hambre.
En su cuenta de Twitter (@nesojeda), el periodista agradeció las muestras de apoyo y afirmó que “se cierra una puerta, pero se abren mil ventanas. Lo importante es ir adelante en los momentos de definición”.
En otro mensaje de su cuenta en redes sociales se leyó: “Gracias, seguimos convencidos de que hacer buen periodismo es posible, lo demás son anécdotas”.
Las primeras versiones que circularon sobre el hecho hablaron de “despido”, pero luego el propio Ojeda sostuvo que presentó su renuncia en apoyo al trabajo de la reportera Karen Cota.
En su testimonio escrito y circulado en los medios digitales, Cota relató que el lunes 7 de marzo Milenio DataLab publicó una investigación sobre la Cruzada Nacional contra el Hambre, con autorización del propio director Carlos Marín.
Tras una visita que realizó a la redacción la exsecretaria de Desarrollo Social (Sedesol), Rosario Robles, en compañía de funcionarios de la actual Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) que ella encabeza, Marín decidió recular y publicar un “desmentido” al propio reportaje de Karen Cota, en lugar de una réplica de la propia funcionaria federal.
Las dos versiones del reportaje publicado por Milenio.
No sólo eso. Marín ordenó a otra reportera escribir un documento que atribuyeron a la Sedesol, “pero que argumentó la Sedatu y que involucra una encuesta de Inegi. En primera plana le atribuyeron al instituto (Inegi) que ‘La Cruzada sí funciona’, como si el órgano autónomo tuviera dentro de sus mandatos legales evaluar la política pública. Hasta ahora el Inegi no se ha pronunciado al respecto, ni ha desmentido la ‘réplica’”.
El jueves 10 Cota decidió renunciar al periódico. En su mensaje comentó:
“Renuncié al trabajo que amé y en donde decidí dar toda mi alma para contribuir a mejorar la manera de hacer periodismo. Siempre creí que había que ir a los medios y hacer tu mejor esfuerzo, pero hoy firmé la renuncia formal”.
Una semana después Néstor Ojeda, subdirector editorial, renunció también en protesta por el caso de su esposa Karen Cota, quien fuera directora de Milenio DataLab.
Cota describió en una carta pública que el martes 8 Rosario Robles visitó a Carlos Marín junto con funcionarios de la Sedatu. El director de Milenio ordenó a la periodista sentarse frente a los funcionarios y “off the récord” la confrontó con ellos y su equipo.
“Consciente de que teníamos argumentos sólidos, un compañero del equipo y yo defendimos punto por punto la investigación, lo que provocó molestia, enojo y varios manotazos en la mesa por parte de los funcionarios de Sedatu”, narra Cota.
A esa reunión asistieron el subsecretario de la Sedatu, Enrique González Tiburcio; la directora de Difusión, Rocío Bolaños, y un asistente que no se identificó.
Después de la reunión –cita la versión de Cota– Marín le anunció que publicaría un desmentido en primera plana que decidió llamar “réplica”. El director del diario ordenó a una reportera escribir un documento que le fue atribuido a la Sedesol que dirigiera Robles y responsable del programa gubernamental.
Milenio tituló el texto en primera plana “La Cruzada sí funciona”. Posteriormente, Marín dio la orden de desaparecer el material periodístico que dio origen a la controversia, titulado “El (falso) éxito de la Cruzada contra el Hambre” y publicado el lunes 7 de marzo.
Sin embargo, algunos directivos persuadieron al responsable editorial del periódico de publicar nuevamente la información, pero fue difundida con un nuevo título que contravenía el sentido de la investigación encabezada por Karen Cota: “El éxito de la Cruzada contra el Hambre”.
“El jueves siguiente renuncié a un trabajo que amé y en donde decidí dar toda mi alma para contribuir a mejorar la manera de hacer periodismo. Siempre creí que había que ir a los medios y hacer tu mejor esfuerzo, pero hoy firmé la renuncia formal.
“Milenio DataLab se terminó porque quien debió defender nuestro trabajo, no lo hizo. Esperó que aceptáramos trabajar bajo condiciones de censura y nula libertad de expresión. Fue Carlos Marín, quien prefirió creerle a Robles Berlanga que a los reporteros que le estaban dando una revelación periodística importante y necesaria para la reconstrucción de los que ahí trabajan, incluida la suya”, finaliza la denuncia.
Esta no es la primera vez que un trabajador o colaborador de Mileno acusa a Carlos Marín de censura. En enero del año pasado el perredista Pablo Gómez denunció que el director editorial del diario censuró un artículo suyo:
“El día de hoy como todas las semanas desde el primer ejemplar del periódico Milenio debió salir publicado mi artículo. Sin embargo, contrario a lo establecido en el convenio verbal original, el director Carlos Marín decidió censurarlo. El artículo se intitula ¡Intocable! y se refiere a la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral en el caso López Dóriga vs PRD. Es lamentable que al tratar de abordar un acto judicial de censura se produzca otra censura periodística”.
Un caso similar fue el del productor Epigmenio Ibarra, quien también colaboraba como columnista en Milenio y abandonó al periódico por las mismas razones. Su último artículo fue titulado “Ya con esta me despido: más bien me despiden”. En él se lee:
“Es cierto, como dice Carlos Marín en la carta en la que me anuncia su decisión de ya no publicar mis artículos, que existe, de mi parte, ‘falta de compromiso con Milenio’, y es que, desde mi punto de vista, hace mucho que este diario tiene un compromiso con el régimen que no puedo ni debo compartir”.
En 2014 la reportera Yuli García dejó de aparecer en la pantalla de Milenio Televisión. Versiones periodísticas señalaron que también fue despedida por Carlos Marín por las mismas razones que en los casos anteriores. Trabajadores del diario señalan que la censura de Marín es cotidiana y ahora se esmera más en cuidar que el periódico proteja la imagen del gobierno federal.

domingo, 29 de noviembre de 2015

Prohíben a periodista escribir sobre novia del alcalde de Mexicali; a otro lo corren por criticarla

El presidente municipal contrató a su novia, Sonia Carrillo, como su secretaria particular, después la "jubiló" con una alta compensación, y ahora aparecen juntos, en actos públicos, dándose besos.

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El Semanario Zeta, de Tijuana, comparte su texto con los usuarios de este sitio:
Por Adela Navarro Bello y Cristian Torres Cruz
Jaime Delgado tiene un portal noticioso en internet. Periodismo Negro, se llama. También ha sido colaborador y reportero de varios medios impresos de Baja California, entre ellosZETA, La Crónica, El Mexicano; es pues un periodista con experiencia y crítico.
Y desde la capital del estado ha sido testigo de las irregularidades, la corrupción, las transas, la inseguridad y la negociación política. De todo ha dado cuenta en materia periodística.
En este reportear no ha sido ajeno a las actividades que el alcalde Jaime Díaz Ochoa y su pareja Sonia Carrillo, llevaron de lo público a lo privado. Primero porque el presidente municipal contrató a su novia en calidad de secretaria particular, después por jubilarla con un sueldo muy superior a la base que la dama tenía antes de ser pareja del ex senador. Después, por aparecer en actos públicos tomados de la mano, retozando e incluso propinándose besos.
De todo ello y más, escribió Jaime Delgado. Hasta que el día 20 de noviembre del 2015, le fue entregada en su domicilio, una demanda civil por Daños al Patrimonio Moral de Sonia Carrillo. La ahora presidenta del DIF, como todas las esposas del resto de los alcaldes de Baja California, acusó al director de Periodismo Negro de afectar su reputación y como prueba presentó copia de 34 notas informativas publicadas en el portal de internet.
La medida cautelar que le concedió el juez Jorge Duarte Magaña, Tercero de lo Civil, dice:
“…Con fundamentos en los Artículos 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deberá proceder el C. Actuario a apercibir al demandado a fin de quedurante el trámite del juicio se abstenga de realizar o publicar manifestación alguna que pueda afectar la vida personal de la actora que a su vez le pueda ocasionar un daño moral, apercibiéndole que en caso de no hacerlo se harán acreedor a cualesquiera de los medios apremiantes consistentes en multa de hasta 50 veces el salario mínimo vigente en el Estado o hasta arresto”.
Delgado afirmó que la resolución del juez Duarte es censura previa, al dictar medidas cautelares en las que le prohíbe escribir sobre Carrillo, además de que no existe un peritaje del daño moral que supuestamente se presentó. Indicó que a finales de septiembre recibió de la Correduría Pública un documento en donde se le advierte que deje de escribir sobre la ex funcionaria –ya que se jubiló meses atrás– o de lo contrario sería demandado legalmente.
La advertencia se hizo valida el 20 de noviembre cuando la firma representada por el despacho legal de Elías Flores Gallegos, “FG Abogados” abrió el expediente 1015/15 en el juzgado Tercero de lo Civil en contra del periodista pidiendo Reparación del Daño Moral basándose en los artículos 1794 del Código Civil del Estado.
Pero Delgado no es el único afectado por la novia del alcalde de Mexicali.
La mañana del lunes 23 de noviembre de 2015 apareció una plana completa en el periódicoEl Mexicano titulada “Sonia Carrillo tiene otra cara” firmada por María Elena Díaz con seis fotografías de la pareja del alcalde, que como buen reportaje a modo, buscaba reivindicar las críticas que le han realizado a Carrillo.
La entrevista apareció el mismo día que el alcalde Jaime Díaz presentaría su informe, mencionando los ataques de medios de comunicación y redes sociales en donde acusó que la han “satanizado” y que su único pecado fue el de “amar a Jaime”.
Varios reporteros de El Mexicano se indignaron ante la publicación. Uno de ellos, Armando Nieblas, comentó su molestia en su cuenta personal de Facebook. La respuesta del director del diario fue despedirlo ese mismo día, por criticar a Sonia Carrillo.
Para la vacante en El Mexicano fue contratada una funcionaria de la Dirección de Seguridad Pública Municipal que hasta el miércoles –por lo menos– no había renunciado a su trabajo en la dependencia por lo que fue la encargada de cubrir la nota del informe.
ZETA entrevistó a la presidenta del DIF durante el II informe de Jaime Díaz:
— ¿Qué opina con relación a la demanda que interpuso contra un periodista?
“Ése es un tema entre dos seres humanos y es un tema que se tiene que ver entre abogados”.
— ¿Pero usted es figura pública?
“Yo no soy funcionaria, eso no es tema, ése no es tema, o sea, es un tema entre dos seres humanos, que se arregle jurídicamente” y finalizó apresuradamente la entrevista.

sábado, 21 de noviembre de 2015

Allanan domicilio de columnista de La Jornada


Foto
La periodista Gloria Muñoz Ramírez denunció que desconocidos ingresaron a su casa, sin forzar la cerradura, y aunque robaron algunas pertenencias, dejaron objetos de valor. Agregó que también revisaron los cajones de su escritorioFoto Víctor Camacho
De la Redacción
 
Periódico La Jornada
Sábado 21 de noviembre de 2015, p. 35
La tarde de ayer fue allanado el domicilio de la reportera Gloria Muñoz Ramírez, directora de la revista electrónica Desinformémonos, autora de la columna Los de Abajo en La Jornada y coeditora del suplementoOjarasca.
Apenas el jueves pasado, la redacción de Desinformémonos sufrió el robo de información del servidor, de todas las computadoras y los celulares que se encontraban en la oficina, en lo que Muñoz Ramírez considera unataque cibernético dirigido contra la revista, que se dedica a documentar las luchas populares y los movimientos sociales de México y el mundo.
Sobre el allanamiento de su casa, indicó: “Dejé bien cerrada la puerta y cuando llegué a las 20:30 horas la encontré abierta, pero no forzada. La ropa estaba sobre la cama, y aunque hubo robo de algunas pertenencias, dejaron objetos de valor que se encontraban a la vista. Sobre el tapete se distinguían pisadas de botas.
Fue un registro de mi casa, afirma Muñoz Ramírez, quien menciona que no había allí computadoras ni otros dispositivo de almacenamiento. Los cajones del escritorio estaban abiertos y revueltos.
Tanto el domicilio de la periodista como la oficina de Desinformémonosse ubican en la colonia Roma de esta ciudad. En septiembre pasado también fue allanado el domicilio de la reportera Flor Goche, colaboradora deDesinformémonos, hecho que fue denunciado públicamente.

miércoles, 9 de septiembre de 2015

Allanan domicilio de reporteras de Contralínea


El martes 8 de septiembre, el domicilio de las periodistas Elva Mendoza (reportera deContralínea) y Flor Goche (colaboradora deContralínea y reportera de Desinformémonos) fue allanado.
Sujetos desconocidos ingresaron en el transcurso del día sin que se haya determinado aún la hora. No se encontraba nadie en el domicilio. Los desconocidos ingresaron sin forzar las chapas de la puerta.
Del departamento, ubicado en la delegación Cuauhtémoc de la Ciudad de México, fue sustraído equipo de cómputo y documentación periodística. Objetos de valor (como pantallas, multifuncionales y dinero) permanecen intactos.
Junto con todo el equipo de la revista Contralínea, ambas periodistas cuentan con medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En julio de 2014, ingresaron al Mecanismo de Protección de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.
La abogada Karla Michel Salas, presidenta de la Asociación de Abogados Democráticos, dará seguimiento al caso.






miércoles, 26 de agosto de 2015

¿Corromper a la fiscalía que “protege” a los periodistas? “¡No mames, está regalado!”

Reporteros protestan contra el hostigamiento a la prensa. Foto: Benjamin Flores
Recién creada, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) ya presenta al menos un probable caso de colusión entre personal que la integra y sujetos responsables de atacar a medios de comunicación.
Luego de la campaña de difamación y amenazas sufrida el año pasado por personal de SinEmbargo, la Policía Federal (PF) realizó decenas de intervenciones al teléfono celular de Juan Carlos Zaragoza Ríos, un empleado de Televisa, quien operó los ataques bajo las órdenes de Adrián Rubalcava Suárez, Diputado electo por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF).
En las grabaciones de quien es, además, autor de ataques a otros medios como Aristegui Noticias –además de políticos–, se habla de supuestos pagos a una agente del Ministerio Público.
SinEmbargo desconoce si las menciones que hace Zaragoza Ríos en llamadas telefónicas sean reales. En todo caso, eso corresponde a la Fiscalía investigar. Lo cierto es que el expediente está sin integrar y no se ha turnado a un juez para que proceda en contra de todos los involucrados en la red de acoso a periodistas, medios y políticos.
TERCERA PARTE
MÉXICO, D.F. (SinEmbargo).– “¡Regalado!”, dice Juan Carlos Zaragoza Ríos al teléfono. La licenciada aceptó, dice, y fue iniciativa de ella: 6 mil pesos por chispar a acosador de medios, por desviar la investigación. Bastó, sugiere, invitarla a comer.
Cada palabra del operador del Delegado de Cuajimalpa Adrián Rubalcava Suárez quedó grabada por la Unidad Científica de la Policía Federal.
Juan habla con su madre, una mujer que se presume como empleada del Gobierno federal y tiene un puesto de barbacoa en un mercado al norte de la Ciudad de México.
La mujer y su hijo platican de los términos de una reunión que Zaragoza Ríos tuvo momentos atrás con un abogado de su confianza a quien se refiere como “Serch” o Sergio y con quien discutió un supuesto soborno convenido con una agente del Ministerio Público de la federación, una joven funcionaria a quien se la encomendado la tarea de proteger a los periodistas en un país que se vuelve mortífero para los comunicadores.
Juan: Y preocupado [Sergio] me dijo: “¿Qué crees? Que son 6 mil pesos, güey. ¡No mames, es un chingo de dinero!”. Y yo dije entre mí [sic], ¡no mames, está regalado!, ¿no?
Mamá: Sí.
Juan: Pero ya está lo necesario para que le bajemos, a cuatro varos, o que le damos 4 y un tiempo después le damos lo demás.
Cada palabra es un tiro que el empleado de Televisa se da en el pie: lo están grabando. Todo se escucha, todo lo graba la Unidad Científica de la Policía Federal (PF) mediante orden del Juez Primero Federal Penal Especializado en Cateos, Arraigos e Intervención de Comunicaciones con competencia en toda la República y competencia en el Distrito Federal.
“El Lobo de Wallstreet”, como se hace llamar Zaragoza, es un corredor en el floreciente negocio del desprestigio en redes sociales y en ese momento siente a las autotidades cerca. Tan cerca, que han mandado a declarar a un primo suyo a quien involucró en el registro de imágenes del Delegado de Cuajimalpa, Adrián Rubalcava, para luego exigir a medios como Cuna de Grillos y SinEmbargo el retiro de las imágenes del político ataviado como un marine.
No pronuncian el nombre de la licenciada, pero la trama está lo suficientemente bien tejida para saber de quién se trata.
La licenciada es una joven agente de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle), creada hace sólo cinco años por el Gobierno federal para proteger a los periodistas.
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La Feadle ya presenta al menos un probable caso de colusión entre personal que la integra y sujetos responsables de atacar a medios de comunicación.
Luego de la campaña de difamación y amenazas sufrida el año pasado por personal deSinEmbargo, la PF realizó al menos 31 intervenciones al teléfono celular de Juan Carlos Zaragoza Ríos, un funcionario de medio nivel de Televisa, quien operó los ataques bajo las órdenes de Adrián Rubalcava Suárez, Diputado electo por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) y quien se perfila para llevar la agenda de seguridad y justicia de su partido.
La posible colusión de la agente del Ministerio Público de la Federación, Jeanette Emelia Aguirre Ramírez, es para favorecer a Juan Carlos Zaragoza Ríos y lesionar el ejercicio periodístico de Aristegui Noticias, Excélsior, Cuna de Grillos y varios medios más.
Rubalcava Suárez ha sido involucrado en diversos actos de violencia física y acusado ante la misma Procuraduría General de la República –de la que depende la Fiscalía Especial–por su posible vinculación con una banda de secuestradores llamada “Los Claudios”.
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Uno de los hallazgos de la investigación policíaca demuestra que Zaragoza acosó a diversos medios de comunicación al inscribir imágenes de sus clientes, incluidas algunas de Rubalcava, como propiedad intelectual de terceros para luego exigir que los sitios electrónicos retirasen las fotografías.
Otro beneficiario de esta mecánica delictiva es Fidel Herrera Beltrán, ex Gobernador de Veracruz. A su sucesor, Javier Duarte de Ochoa, se le ha señalado como presunto responsable de la comisión de 14 asesinatos de periodistas, ocurrida durante su Gobierno.
Para el caso de los ataques a SinEmbargo, Cuna de Grillos y un periodista de Grupo Imagen, entre otros muchos, Zaragoza instruyó a una persona de su confianza de nombre Alejandro Ávalos Calderón para que, a su vez, empleara a un conocido y registrara ante el Instituto Nacional de Derechos de Autor (Indautor) fotografías en que Adrián Rubalcava aparece con lo que parece ser un fusil de asalto y disfrazado de marineestadunidense.
Ávalos comisionó a un sujeto de nombre Héctor Dither Villa, quien, tras la denuncia presentada por este diario digital, fue localizado y llamado a comparecer por la Feadle.
Zaragoza pretendió manipular a Dither sobre los términos de su declaración, pero fracasó.
El 10 de abril de 2015, Dither detalló cómo Alejandro Ávalos le propuso inscribir las imágenes de Ruvalcaba en el Indautor, en la colonia Roma Norte del DF, a donde lo llevó el mismo Ávalos en febrero de 2014.
“Alejandro Ávalos pidió un formato que después me dijo que llenara, por lo cual yo lo llené con mi puño y letra, firmando al reverso, y anexándole mi credencial de elector con fotografía […]”, declaró.
Alejandro Ávalos o “Álex” es primo de Zaragoza y empleado en el local de comida propiedad de la madre de Juan Carlos Zaragoza, un puesto situado en el mercado Río Blanco, Delegación Gustavo A. Madero.
El tema del parentesco llevó a la madre de Ávalos a pedir la intervención en el asunto a la madre de Zaragoza; éste buscó consejo de un abogado de su confianza sólo identificado hasta el momento como “Serch” o Sergio.
Juan Carlos y “Serch” sostuvieron llamadas telefónicas interceptadas por la PF en las que el operador de redes sociales ofreció detalles puntuales de que el acoso a SinEmbargo ocurrió como parte de un trabajo contratado por Adrián Rubalcava Suárez, entonces delegado en funciones de Cuajimalpa, como parte del contexto en que su primo podría enfrentar un proceso penal.
“Serch” propuso a Zaragoza la disyuntiva de ofrecer una defensa formal o pretender, desde el inicio, un soborno al agente del Ministerio Público Federal encargado del caso.
Juan Carlos Zaragoza Ríos se pronunció por esta última opción.
También existen diálogos entre Juan Carlos y su madre, Lina Ríos Alcíbar, a quien explicó los términos en que se logró el posible cohecho al interior de la FEADLE.
En una llamada se refiere que “Serch” se habría reunido el 15 de abril con la agente del ministerio público encargada del caso, Jeanette Emelia Aguirre Ramírez, única mujer encargada directamente de la averiguación previa 142/FEADLE/2014 a cuyo contenido tuvo acceso este medio por ser parte agraviada.
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El mismo día, 15 de abril, a las 8.15 de la noche, Zaragoza y “Serch” mantuvieron una conversación telefónica.
“Serch”: Mira, ya platicamos con estas chavas.
Juan [Carlos Zaragoza Ríos]: [Se omite un comentario de carácter sexual y ofensivo expresado por Zaragoza].
“Serch”: Está chava, es chavilla, es joven.
Juan: Ah, qué bueno. Está bien.
“Serch”: Son dos abogados de hecho con los que fuimos, este son dos licenciados.
Juan: Ajá.
“Serch”: El asunto no está tan leve, ¿eh?
Juan: Ajá.
“Serch”: No está tan leve, porque se persigue la conducta delictiva
Juan: Ajá.
“Serch”: Entonces.
Juan: Que es la que supuestamente mete el de SinEmbargo, ¿no?
“Serch”: Exactamente sí, las amenazas y la libertad de expresión, ¿no?
Juan: Ajá.
“Serch”: La violación, como es un derecho humano, o sea, se persigue, están de moda los derechos humanos.
Juan: Sí.
“Serch”: Entonces, este, no sé si tengas tú chance de que platiquemos, no sé cuándo tengas chance si hoy o mañana.
Juan: Sí.
 “Serch”: Porque tenemos que tomar alguna determinación en este sentido.
Juan: Ajá.
“Serch”: Este… Pero sí me gustaría platicarlo contigo personal.
Juan: Sí, mira, yo creo que hoy se me va a dificultar un poquito, porque ando hasta acá, hasta Cuajimalpa.
“Serch”: Ya.
Juan: Entonces, en lo que llego a bajar, yo creo que llegaría allá como a las 11.
“Serch”: Ya.
Juan: ¿O no? ¿O es muy tarde para ti?
“Serch”: Pues no sé… Voy a andar trabajando aquí en la casa.
Juan: Ah, O.K., bueno, te aviso de todos modos.
“Serch”: Sí, ya nos ponemos de acuerdo, si no ya mañana, porque te digo que hay que tomar una determinación en ese sentido… Quedé de hablarle mañana a la abogada.
Juan: Ajá.
“Serch”: Pero no hay bronca. Le marco el viernes.
Juan: Oye, ¿y cuándo supuestamente tiene que ir Alex? ¿O ya no va a ir?
“Serch”: Sí, sí, pero la situación es de cómo en qué sentido vamos a ir, porque dice que su consigna está encargada, está encargada esa indagatoria, la tienen encargada, entonces, pues imagínate, el grado de dificultad, porque está encargada.
Juan: Pero encargada… ¿En qué? ¿En qué? ¿A qué se refiere con encargada?
“Serch”: Está manoseada, alguien está metiendo mano ahí.
Juan: O.K.
“Serch”: ¿Sí me entiendes? Alguien está manipulando esa averiguación previa, ahí es alguien, alguien que pesa.
Juan: Ajá.
“Serch”: Más o menos por eso quería platicar contigo… Así por teléfono, luego… porque ya sabes.
Juan: Sí, entonces termino de acá y ya si quieres te aviso.
“Serch”: Órale, va, sí, sí ya platicamos aquí afuera y ya nos ponemos de acuerdo qué vamos a hacer.
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Tras reunirse con “Serch”, Juan Carlos Zaragoza Ríos buscó a su madre, Lina Ríos Alcíbar, para explicarle los términos del encuentro con el abogado. La llamada inició a las 22:59.
Juan: Oye, ya hablé con Sergio.
Mamá: ¿Y qué dice?
Juan: Ya habló con la [agente del] Ministerio Público.
Mamá: Ajá.
Juan: No está tan grave el tema de Alex, no, porque pus Alex como que no tiene nada que ver en ese tema, pero el que lo está poniendo como responsable es el amigo
[Este dato es correcto; se destaca que Zaragoza lo conocía antes de que los abogados de sus primos tuvieran acceso legal al expediente].
Mamá: Ajá.
Juan: Entonces la [agente del] Ministerio Publico sí nos va a echar la mano como en que vaya a declarar y que no le haga las preguntas como fuertes de lo que haya de la declaración.
Mamá: Ajá.
Juan: Poco a poco, trate de chispar a Alejandro.
Mamá: Ajá.
Juan [citando a Sergio]: […] Tendríamos que ver también qué declaró el otro morro para que yo vea que declaró, armemos la declaración tu primo y así pues la vieja nos puede ayudar.
Mamá: Ajá.
Juan: Le dije: Bueno, pues eso sí, pues tú me vas diciendo; me dice: “De entrada, le tenemos que dar una lana a la vieja para que nos ayude, entonces no es mucho, son 4 mil pesos”, ¿no?
Mamá: Está bien.
Juan: Está bien, está bien, ¿pero esos 4 mil ya es para que me lo chispen? Me dice: “No”, porque como apenas está iniciando la investigación a lo mejor lo mandan a llamar dos veces más, pero de entrada la primera [declaración] que cuenta es la de ahorita porque sería la más fuerte ¿no?, pero la vieja nos va a ayudar y ya después conforme vaya viendo, ella va a decir [que] no, pues este güey no tiene nada qué ver. Dije, ¡ah, órale va! Entonces pues sí me aviento esta bronca.
[…]
Mamá: ¿Pero sí va a sacar la declaración de él? Del otro chavo.
Juan: Él la va a sacar. Mañana va hablar también [y] le va a decir a la [agente del] Ministerio Público que sí, que sí le damos los cuatro varos para que nos ayude. Porque hoy la invitó a comer.
Mamá: Ajá.
Juan: Entonces fueron a comer hoy y ya le dijo: “Oye, pues sí le puedo echar la mano, pero les voy a cobrar 4 mil”. Le dije [a Sergio] ah, pues sí güey, o sea sí, no hay bronca, pero pues que sí sea. Me dijo: “No güey, es que como es una investigación apenas… O sea, de entrada nos está pidiendo cuatro varos para [que] en la declaración de tu primo tratar de zafarlo, a lo mejor le vuelven a llamar en otras dos ocasiones, pero es ella ahí donde va a tratar de chisparlo, pues este güey no tiene nada qué ver, o sea, en la declaración pues él no estuvo presente, no registró nada”, ¿sí me explico?
Mamá: Sí.
Juan: Pero realmente pus la chava sí nos va a echar la mano.
Mamá: Ajá.
Juan: Y es que la licenciada es Ministerio Público también.
Mamá: ¡Ah, órale, pues qué bueno! ¿No?
Juan: Sí, pues está bien, yo pues cuando me dijo [pensé] no pues van a ser unos 30 varos ¿No?
Mamá: No.
Juan: Y preocupado [Sergio] me dijo: “¿Qué crees? Que son 6 mil pesos, güey. ¡No mames, es un chingo de dinero!”. Y yo dije entre mí (sic), ¡no mames, está regalado!, ¿no?
Mamá: Sí.
Juan: Pero ya está lo necesario para que le bajemos a cuatro varos o que le damos 4 y un tiempo después le damos lo demás.
Mamá: Ajá.
Juan: Entonces, pues eso, mamá.
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Alejandro Ávalos Calderón, de 19 años de edad, declaró el 21 de abril de 2015. Dijo vivir en la colonia Mártires de Río Blanco, en la delegación Gustavo A. Madero, al norte del Distrito Federal.
En el mercado de esta colonia, la madre de Zaragoza tiene un local de comida llamado Barbacoa Ruffo “El Güero”.
“Es el caso que al señor Héctor Dither Villa Chávez lo conocí hace aproximadamente cinco o seis años ya que estudiábamos en la secundaria República de Guatemala (…) yo estudiaba con su hermana.
“No lo considero mi amigo y lo veo cada semana porque jugamos futbol en la cancha ubicada en las calles Oriente 95 y Norte 56, Col. Emiliano Zapata, en la delegación Gustavo A. Madero. Somos del mismo equipo, el ‘Real Madrid’”.
Luego lo interrogó Jeanette Emelia Aguirre Ramírez, agente del Ministerio Público:
Que diga el compareciente si conoce al señor Alejandro Páez Varela (director de contenidos de SinEmbargo y destinatario de los ataques).
No, no lo conozco.
Que diga el compareciente si conoce a Adrián Ruvalcaba Suárez.
No, no lo conozco.
Que diga el compareciente si conoce a Jorge Zepeda Patterson (director general de SinEmbargo y destinatario de los ataques).
No, no lo conozco.
Que diga el compareciente si conoce a Linaloe Rodríguez Flores (reportera de investigación de SinEmbargoy destinataria de los ataques).
No, no la conozco.
Que diga el compareciente si conoce a alguna persona que trabaje para el portal de noticias SinEmbargo.
No, no la conozco.
Y así por el estilo.
La funcionaria leyó la declaración de Alejandro Ávalos y pidió la opinión de Ávalos. El primo de Zaragoza Ríos respondió:
“No son ciertos los hechos narrados por Héctor Dither Villa Chávez, ya que como lo manifesté en mi declaración […] el trato que mantenemos no es muy cercano, por lo que desconozco la razón por la cual él haya dicho todo esto, porque como ya lo referí no tengo mucho trato con dicha persona ni tampoco he tenido algún problema con él”.
Debajo de fotografías de Ruvalcaba en que se le observa empuñando un rifle y rostro agresivo, y otra en que aparece descansando el arma sobre su hombro, Ávalos escribió de su puño y letra:
“No reconozco este documento ya que nunca lo había visto”.
Lo mismo afirmó para una imagen en que el Delegado con licencia posa debajo de un avión caza de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y para otra en que levanta el pulgar derecho flanqueado por luchadores enmascarados.
Y eso fue todo lo que hizo la agente del Ministerio Público en la actuación.
En contraparte, citó para una misma hora una docena de colaboradores del sitio de noticias a quienes pidió de manera remarcada información sobre la vida personal y sentimental de las víctimas.
–¿A dónde cree que se llegue? –se le preguntó a la funcionaria pública durante una consulta hecha al expediente.
–Acaso… ¿difamación? Pero ese delito ya no existe en el Código Penal Federal –respondió Jeanette Emelia Aguirre Ramírez.
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En la carátula del expediente se anexó el oficio de reserva de su contenido informativo hasta por 12 años a partir del 30 de octubre de 2014. Se motivó la secrecía en que su violación “pone en riesgo la vida, la seguridad o la salud de los agraviados”.
Se estipuló que la “posible consecuencia o daño en caso de su publicación [sería] la pérdida de la secrecía en las investigaciones, imposibilidad en la integración, así como fuga de los inculpados”.
Se estableció, expresamente, que los únicos responsables del acceso al documento serían el Fiscal especial, el director de averiguaciones previas, el agente del ministerio público de la federación y su oficial ministerial.
Al calce, firma Laura Borbolla Moreno, entonces Fiscal Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión hasta el pasado 31 de julio de 2015, cuando fue relevada por Ricardo Nájera, ex vocero de la Procuraduría General de la República y de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.
Entre 2010, año en que se creó la FEADLE, y 2015, la Fiscalía ha recibido un presupuesto total mayor a los 110 millones de pesos.
En su calidad de Fiscal, de acuerdo con el Portal de Transparencia de la PGR, Nájera percibe un sueldo mensual neto de 123 mil 641 pesos más diversas prestaciones.
En México, de acuerdo con datos del Observatorio Laboral, los profesionales de la comunicación y el periodismo perciben, en promedio 9 mil 218 pesos mensuales y una cantidad importante no recibe siquiera el beneficio del Seguro Social.
A la Feadle corresponde parte de las investigaciones iniciadas por el asesinato, según sus propias cifras, de 103 periodistas entre enero de 2000 y junio de 2015, así como la desaparición de otros 25 en el mismo periodo.
Del 5 de julio de 2010 al 30 de junio de 2015, la FEADLE ha iniciado 718 averiguaciones previas por diversos delitos sufridos por comunicadores mexicanos. Además de homicidios, secuestros, lesiones, extorción.
Hasta la fecha, Jeanette Emelia Aguirre Ramírez es responsable de una mesa completa de investigación.
Luego de que la PF entregó a esta agente del Ministerio Público los audios y las transcripciones de las escuchas, Juan Carlos Zaragoza Ríos modificó el contenido de sus redes sociales y prácticamente eliminó su cuenta de Twitter [@james_boss], en la que antes realizaba una intensa actividad.
Juan cerró su perfil de Facebook www.facebook.com/jamesbossonly en que solía publicar hasta el momento en que abría una lata de refrescos y fotografías imitando al actor Leonardo Di Caprio.
En la misma red social redujo la accesibilidad a la cuenta de su madre www.facebook.com/lina.riosalcibar y del negocio de comida familiar https://www.facebook.com/BarbacoaRufo.
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Tras conocer la existencia de escuchas que posiblemente involucran a Jeanette Emelia Aguirre Ramírez, personal de SinEmbargo  solicitó a la Fiscal Borbolla una explicación de los hechos.
La Fiscal ya tenía conocimiento de las escuchas y, en consecuencia, que la agente del Ministerio Público ya tenía acceso y comprensión de que se le relacionaba en probables hechos de corrupción en perjuicio de la libertad de expresión.
Borbolla retiró de este caso en particular a Aguirre Ramírez, pero esta funcionaria mantiene su cargo como titular de la Mesa 01 de Averiguaciones Previas de la FEADLE.
En conversación con el nuevo agente del Ministerio Público responsable del caso, Édgar Nieves Osornio, se le comentó que la probable filtración de información de su compañera a los probables responsables implicaba, además, la posible alerta a Rubalcava, quien fue denunciado por un ex colaborador suyo de estar relacionado con una banda de secuestradores.
En el contexto del asesinato del fotorreportero veracruzano Rubén Espinosa —quien denunció las amenazas de las que era sujeto— y cuatro mujeres en la colonia Narvarte el pasado 31 de julio, Nieves Osornio amplió la vista que ya ha dado al órgano de control interno del posible cohecho cometido por su compañera Jeanette Emelia Aguirre Ramírez.
Así, la FEADLE, de la que organizaciones como Reporteros Sin Fronteras, Artículo 19 y el Comité para la Protección de los Periodistas acusan pobres resultados, ahora se investiga a sí misma.

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