Esta semana se dio una noticia que, por cierto, usted no vio en la tele ni en los medios tradicionales.
Andrés Lajous y Paris Martínez publicaron, enAnimal Político y Nexos, un extraordinario reportaje sobre los ingresos que han tenido una fundación y una empresa. En mi opinión, se trata de un caso de fraude a la ley. Y ¿sabe? no es uno menor, es uno gravísimo. Probablemente el más grave que haya sido develado periodísticamente en nuestro país en los últimos años.
Pero antes de seguir quiero pedirle que guarde muy bien en su memoria lo siguiente: a)1,700 millones de pesos de dinero público; b) apenas en un lapso de 6 años; y c) los nombres de la fundación Proacceso Eco y la empresa Enova. También los de Moís Cherem, Raúl Maldonado, Jorge Camil Starr y Aleph Molinari (socios de la empresa y director de la fundación).
¿Lo registró? Bien. Pues ahora le contaré, siguiendo el extraordinario trabajo periodístico, mi perspectiva.
¿Qué dice la teoría?
Por fraude a la ley suele entenderse (de manera unánime, dicen algunos) cuando una persona realiza un acto -siguiendo formalmente una norma- con pleno conocimiento de que su conducta le otorga beneficios que son prohibidos. Se trata de evitar la aplicación de la ley, usando como cobertura otra ley. Es identificable porque las conductas no son las regulares o normales, porque tienen una fuerte apariencia de ilegalidad y porque producen daños (por ejemplo al presupuesto público) que alguna ley trata de evitar.
El fraude a la ley no es cosa de niños, requiere de conocimientos sofisticados, un plan de ejecución y recursos para cometerlo. Habrá quien lo haga a pequeña escala u ocasionalmente sin tener este perfil, pero para hacerlo por miles de millones de pesos, a lo largo de 6 años y abusando del dinero público se requieren contactos del más alto nivel, asesoría y tener la sangre muy fría.
¿Qué hicieron la fundación Proacceso y la empresa Enova?
Un buen día de 2008, cuando Enrique Peña Nieto era gobernador del Estado de México, un grupo de jóvenes debutó en el mundo de los negocios (y presumiendo en revistas y otros medios) su capacidad para captar dinero público. Los chicos transformaron rápidamente su ensayo en una fórmula: usar una fundación, para hacer millonaria a una empresa. Según documentaron Lajous y Martínez tan sólo en 2009, “por instrucciones del entonces gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, el Comecyt donó a Fundación Pro Acceso 56 millones de pesos de su presupuesto.”
Una vez que los muchachos probaron ingresaron al mundo de los negocios élite, las carretonadas de dinero comenzaron a fluir sin ningún pudor. Los montos que han recibido son máximos históricos un año sí y otro también, siempre usando los canales presupuestarios del Estado de México y, directamente con recursos propios del Gobierno Federal, desde que Peña Nieto es Presidente. En 6 años, las cifras de lo que han vendido en servicios o recibido en donativos están fuera de toda razón. Con mucho rigor, Lajous y Martínez probaron que entre la empresa y la fundación han ingresado más de 1,700 millones de pesos, 867.9 millones del gobierno mexiquense y 880.7 millones del gobierno federal.
¿Por qué hablo de fraude a la ley?
Permítame empezar por lo básico, además de este, no hay otro caso conocido de una institución pública que promueva la ciencia y la tecnología (ni de ninguna otra) que done un tercio del total de su presupuesto a una fundación privada. Es por demás extraño que la fundación (privada) que recibe el dinero (público) tenga apenas un año de existencia. Todavía más raro es que la fundación (privada, insisto) gaste prácticamente todos los recursos que recibe de donativos públicos en contratar solo a una empresa. Agregue que los chicos de la fundación y los dueños de la empresa son amigos (de forma pública y notoria). En buen castellano, es una forma de triangular recursos públicos, saltándose las reglas de licitación y contratación, además de las evaluaciones y la fiscalización.
Pero no es sólo eso lo que llama poderosamente la atención. Los montos son realmente fuera de realidad. Sin precedentes y, dado lo estratosféricos, sin explicaciones razonables dentro de lo convencional. Para que tenga usted puntos de referencia, el dinero que la Fundación Proacceso Eco recibió en 2009 de un solo donativo (56 millones) habría servido, en ese mismo año, para dar apoyo a 11,000 familias con Procampo. Los 200 millones que la misma fundación recibió en 2013 de Conaculta, habrían (en ese mismo año) servido para construir 18 escuelas públicas completamente equipadas.
Comparar los ingresos de la fundación Proacceso con los del resto de fundaciones o instituciones del sector, solo permite pensar que no son normales. Que algo está mal. Los donativos de la SEP (vía la Oficialía Mayor) en 2010 y 2011 sumaron 101 millones de pesos y se dieron a 54 fundaciones –muchas de ellas tan grandes como la Bancomer. Pues bien, ese monto es 10 millones de pesos menor a lo que recibió Proacceso sólo en 2011.
Aquí otro dato. De acuerdo a la información de donatarias autorizadas que hace pública la Secretaría de Hacienda, en 2013 Proacceso fue la sexta fundación con más donativos en efectivo con 326 millones de pesos. La cifra por sí sola da escalofríos: son sólo apenas 6 millones menos que lo que recibió la Fundación Inbursa de Carlos Slim, el segundo hombre más rico del mundo. Adivinó, además, el número de donantes, las trayectorias y el tamaño de las fundaciones no son bajo ninguna circunstancia comparables.
Es increíble que se embolsen los recursos públicos con tal ligereza. Este fraude a la ley debería ser un escándalo mayúsculo. Pero no me crea a mí, al fin y al cabo, yo sólo publico mi opinión. Vaya y lea el extraordinario reportaje de Lajous y Martínez y construya usted su propia opinión.
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