“Ni un peso a Televisa. Pero en serio”, artículo de Miguel Pulido

Socarrón, Loret de Mola provocó en una entrevista al virtual gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, popularmente conocido como El Bronco. Le preguntó: “¿Quién va a gobernar detrás de El Bronco? ¿Va a gobernar el grupo de empresarios regios de mucha lana que lo apoyaron o el Grupo Reforma, El Norte, el periódico que estuvo también muy cerca de usted? ¿Quién va a gobernar Nuevo León?”

La contundencia de la respuesta ha causado furor en redes sociales: “Te lo digo clarito no va a ser Televisa ni Multimedios ni ningún medio. No vamos a pagarle ningún peso a la televisión ni a ningún medio para gastar el dinero de los nuevoleoneses en publicidad enalteciendo la soberbia y la egolatría del gobernante en turno.”

Lo dicho por Rodríguez Calderón merece ser seguido con toda atención. Aquí algunas razones por qué:

1. Subraya un déficit de nuestra democracia 

En México, la política de masas dejó de hacerse en la plaza pública y empezó a practicarse en las pantallas de televisión. Para colmo, tenemos altas concentraciones en la propiedad de medios. En cifras redondas Televisa y Televisión Azteca ocupan (hasta hoy) 60% de todas las frecuencias en uso para televisión y 95% de las concesiones para televisión comercial.

Esta combinación hace suspirar a más de uno con la idea de que siendo la televisión una incubadora de presidentes, basta pactar con los dueños de la pantalla.

2. No es el primer político que promete enfrentar este problema

Entre el 14 y el 21 de agosto de 2012, el entonces presidente electo Enrique Peña Nieto y los coordinadores de los grupos parlamentarios del PRI, Emilio Gamboa y Manlio Fabio Beltrones, sostuvieron que en septiembre del mismo año (2012) estarían presentadas tres iniciativas: reforma en transparencia, órgano anticorrupción y un organismo autónomo para regular la relación comercial entre medios y gobiernos. El entonces coordinador del equipo de transición, Luis Videgaray, también empeñó su palabra y dijo que era “un compromiso de Enrique Peña Nieto iniciar su gobierno el 1 de diciembre con esas tres reformas aprobadas.”

Entonces estaban muy gallos, pero a la fecha (2 años y 10 meses después) ni el Presidente de la República ni sus bancadas en el Congreso de la Unión han abordado el tema.

3. Publicidad oficial se ha convertido en sinónimo de fraude a la ley

No es fácil seguir la pista al dinero público que entra a los medios de comunicación. De hecho, existen buenas razones para dudar de la veracidad de lo que reporta la contabilidad pública. Por ejemplo, en los expedientes el Instituto Nacional Electoral reposan facturas con precios disímiles para servicios idénticos (como los ridículos precios de los spots del Partido Verde). Alfredo Figueroa, ex consejero del extinto IFE, me comentó alguna vez que en el gasto ilegal y la contratación indebida de publicidad gubernamental el IFE, en su momento, encontró responsabilidad en prácticamente todos los niveles y perfiles de servidores públicos.

Se trata de una forma de despilfarro y corrupción que funciona gracias a una contabilidad tan ilegal como fantasiosa.

4. El gasto gubernamental en medios está fuera de control

En teoría, cada año los poderes legislativos aprueban los montos máximos que gastarán los gobiernos. Pero en publicidad oficial  no necesariamente es así. En 2012, por ejemplo, 25 entidades federativas gastaron más de lo aprobado en sus presupuestos (ver: www.publicidadoficial.com.mx). A propósito de Nuevo León, el priísta Rodrigo Medina, rebasó en 2013 por 487% el gasto que le había autorizado su congreso. Ese año pasó de poco más de 200 millones de pesos aprobados a más de mil 63 millones de pesos gastados.

Es decir, si se trata de salir en televisión de poco importan las leyes presupuestarias. Los sobreejercicios no sólo son constantes, siempre quedan impunes.

4. El gasto es ofensivo. Hay otras prioridades 

Justine Dupuy y Ana Cristina Ruelas han señalado ya que en su primer año de gobierno Enrique Peña Nieto ejerció 4,195 millones de pesos en publicidad oficial.  Esto es casi 10% más que los recursos recaudados en el mismo año (2013) a través del impuesto sobre los depósitos en efectivo, que ascendieron a 3,890.4 mdp. ¿Impuestos para salir en la tele? En 2015, el gasto en publicidad oficial (tan solo del gobierno federal) será de más de 5,000 millones de pesos. Dinero que alcanzaría para dar leche a diario a 30 millones de niños mexicanos durante un año. También es equivalente al presupuesto del Programa de Apoyo Alimentario, con lo que podrían comer durante un año casi 1 millón de familias.

Es obvio que los gobiernos necesitan comunicar mensajes a la sociedad y que el derecho a la información implica conocer aspectos como campañas de vacunación, por mencionar uno de muchos. Pero, después de tantos años de abusos, no darle un peso más a Televisa, a Televisión Azteca y a otros consorcios mediáticos no sólo suena bien, es algo para tomarse en serio.

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Una respuesta a los comentarios a “Morir en la sierra. Negligencia médica y violencia obstétrica.”

El artículo citado generó fuertes reacciones. Aclaro que no es mi intención entrar en un debate con quienes lo comentaron ni refutar lo dicho por las y los lectores. De lo que escribo y de mí cada quien puede –obviamente- opinar lo que quiera. Sin embargo, la reiterada coincidencia de ciertos comentarios merece unas palabras de mi parte.

Transcribo (sin edición y respetando los errores de redacción y ortografía) las partes pertinentes de un comentario que encuentro representativo de varios más :

“He leído con detenimiento su redacción y punto de vista, el cual visto de manera objetiva presenta un punto de vista personal y desinformado.
Existe un Comité Nacional contra la Muerte Materna que en efecto, se dedica exprofeso a aclarar cada una de las muertes directas de las pacientes en estado
grávido o puerperio (embarazadas y en cuarentena), si una autoridad determinó que NO EXISTE MALA PRAXIS médica. No se les concede el derecho A NADIE (y menos a un periodista-abogado) de que por su “opinión” se les impute a que la paciente en cuestión (motivo de su publicación) haya sido causada por Negligencia, Mala praxis, etc.”

En tiempos de saturación cognitiva, aunque las cosas estén dichas, las y los lectores pueden no detectarlas. En todo caso, conviene abundar. Trabajé con fuentes documentales emitidas por autoridad competente: peritos médicos legistas, Magistrado del Tribunal Unitario, MP de la Mesa Oficial Médica. Fueron 4 médicos los que señalaron la mala praxis, no yo. Y coinciden en señalar que “existen una serie de irregularidades cometidas por la anestesióloga”, que “la atención médica no fue apegada a la Lex Artis Médica por la inobservancia de los lineamientos establecidos en la NOM 170-SSA1-1998 para la práctica de anestesiología” y que “las lesiones tienen relación causa-efecto con la mala atención que brindó el médico anestesiólogo.” Lo mismo dice el acuerdo judicial que obliga a la reparación.

Desconozco en dónde y cómo funcione el Comité Nacional contra la Muerte Materna. Conozco el trabajo del Comité Promotor para una Maternidad Segura que, me consta, participó en las medidas de reparación que cito en mi artículo. Aclaro que no es mi intención criminalizar la práctica médica, por ello no utilicé los detalles de la acusación penal o del auto de formal prisión que existió. Tampoco mencioné, por ejemplo, el nombre de la doctora. Dije, eso sí, que no se investiga. Describí, también, la discriminación estructural. Se trata de que se tomen medidas para evitar que esto vuelva a suceder. De eso y de hacer justicia. Es inaceptable la negativa del IMSS a cumplir lo que en derecho les corresponde a Irene y a su familia.