“Ni un peso a Televisa. Pero en serio”, artículo de Miguel Pulido

Socarrón, Loret de Mola provocó en una entrevista al virtual gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, popularmente conocido como El Bronco. Le preguntó: “¿Quién va a gobernar detrás de El Bronco? ¿Va a gobernar el grupo de empresarios regios de mucha lana que lo apoyaron o el Grupo Reforma, El Norte, el periódico que estuvo también muy cerca de usted? ¿Quién va a gobernar Nuevo León?”

La contundencia de la respuesta ha causado furor en redes sociales: “Te lo digo clarito no va a ser Televisa ni Multimedios ni ningún medio. No vamos a pagarle ningún peso a la televisión ni a ningún medio para gastar el dinero de los nuevoleoneses en publicidad enalteciendo la soberbia y la egolatría del gobernante en turno.”

Lo dicho por Rodríguez Calderón merece ser seguido con toda atención. Aquí algunas razones por qué:

1. Subraya un déficit de nuestra democracia 

En México, la política de masas dejó de hacerse en la plaza pública y empezó a practicarse en las pantallas de televisión. Para colmo, tenemos altas concentraciones en la propiedad de medios. En cifras redondas Televisa y Televisión Azteca ocupan (hasta hoy) 60% de todas las frecuencias en uso para televisión y 95% de las concesiones para televisión comercial.

Esta combinación hace suspirar a más de uno con la idea de que siendo la televisión una incubadora de presidentes, basta pactar con los dueños de la pantalla.

2. No es el primer político que promete enfrentar este problema

Entre el 14 y el 21 de agosto de 2012, el entonces presidente electo Enrique Peña Nieto y los coordinadores de los grupos parlamentarios del PRI, Emilio Gamboa y Manlio Fabio Beltrones, sostuvieron que en septiembre del mismo año (2012) estarían presentadas tres iniciativas: reforma en transparencia, órgano anticorrupción y un organismo autónomo para regular la relación comercial entre medios y gobiernos. El entonces coordinador del equipo de transición, Luis Videgaray, también empeñó su palabra y dijo que era “un compromiso de Enrique Peña Nieto iniciar su gobierno el 1 de diciembre con esas tres reformas aprobadas.”

Entonces estaban muy gallos, pero a la fecha (2 años y 10 meses después) ni el Presidente de la República ni sus bancadas en el Congreso de la Unión han abordado el tema.

3. Publicidad oficial se ha convertido en sinónimo de fraude a la ley

No es fácil seguir la pista al dinero público que entra a los medios de comunicación. De hecho, existen buenas razones para dudar de la veracidad de lo que reporta la contabilidad pública. Por ejemplo, en los expedientes el Instituto Nacional Electoral reposan facturas con precios disímiles para servicios idénticos (como los ridículos precios de los spots del Partido Verde). Alfredo Figueroa, ex consejero del extinto IFE, me comentó alguna vez que en el gasto ilegal y la contratación indebida de publicidad gubernamental el IFE, en su momento, encontró responsabilidad en prácticamente todos los niveles y perfiles de servidores públicos.

Se trata de una forma de despilfarro y corrupción que funciona gracias a una contabilidad tan ilegal como fantasiosa.

4. El gasto gubernamental en medios está fuera de control

En teoría, cada año los poderes legislativos aprueban los montos máximos que gastarán los gobiernos. Pero en publicidad oficial  no necesariamente es así. En 2012, por ejemplo, 25 entidades federativas gastaron más de lo aprobado en sus presupuestos (ver: www.publicidadoficial.com.mx). A propósito de Nuevo León, el priísta Rodrigo Medina, rebasó en 2013 por 487% el gasto que le había autorizado su congreso. Ese año pasó de poco más de 200 millones de pesos aprobados a más de mil 63 millones de pesos gastados.

Es decir, si se trata de salir en televisión de poco importan las leyes presupuestarias. Los sobreejercicios no sólo son constantes, siempre quedan impunes.

4. El gasto es ofensivo. Hay otras prioridades 

Justine Dupuy y Ana Cristina Ruelas han señalado ya que en su primer año de gobierno Enrique Peña Nieto ejerció 4,195 millones de pesos en publicidad oficial.  Esto es casi 10% más que los recursos recaudados en el mismo año (2013) a través del impuesto sobre los depósitos en efectivo, que ascendieron a 3,890.4 mdp. ¿Impuestos para salir en la tele? En 2015, el gasto en publicidad oficial (tan solo del gobierno federal) será de más de 5,000 millones de pesos. Dinero que alcanzaría para dar leche a diario a 30 millones de niños mexicanos durante un año. También es equivalente al presupuesto del Programa de Apoyo Alimentario, con lo que podrían comer durante un año casi 1 millón de familias.

Es obvio que los gobiernos necesitan comunicar mensajes a la sociedad y que el derecho a la información implica conocer aspectos como campañas de vacunación, por mencionar uno de muchos. Pero, después de tantos años de abusos, no darle un peso más a Televisa, a Televisión Azteca y a otros consorcios mediáticos no sólo suena bien, es algo para tomarse en serio.

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Una respuesta a los comentarios a “Morir en la sierra. Negligencia médica y violencia obstétrica.”

El artículo citado generó fuertes reacciones. Aclaro que no es mi intención entrar en un debate con quienes lo comentaron ni refutar lo dicho por las y los lectores. De lo que escribo y de mí cada quien puede –obviamente- opinar lo que quiera. Sin embargo, la reiterada coincidencia de ciertos comentarios merece unas palabras de mi parte.

Transcribo (sin edición y respetando los errores de redacción y ortografía) las partes pertinentes de un comentario que encuentro representativo de varios más :

“He leído con detenimiento su redacción y punto de vista, el cual visto de manera objetiva presenta un punto de vista personal y desinformado.
Existe un Comité Nacional contra la Muerte Materna que en efecto, se dedica exprofeso a aclarar cada una de las muertes directas de las pacientes en estado
grávido o puerperio (embarazadas y en cuarentena), si una autoridad determinó que NO EXISTE MALA PRAXIS médica. No se les concede el derecho A NADIE (y menos a un periodista-abogado) de que por su “opinión” se les impute a que la paciente en cuestión (motivo de su publicación) haya sido causada por Negligencia, Mala praxis, etc.”

En tiempos de saturación cognitiva, aunque las cosas estén dichas, las y los lectores pueden no detectarlas. En todo caso, conviene abundar. Trabajé con fuentes documentales emitidas por autoridad competente: peritos médicos legistas, Magistrado del Tribunal Unitario, MP de la Mesa Oficial Médica. Fueron 4 médicos los que señalaron la mala praxis, no yo. Y coinciden en señalar que “existen una serie de irregularidades cometidas por la anestesióloga”, que “la atención médica no fue apegada a la Lex Artis Médica por la inobservancia de los lineamientos establecidos en la NOM 170-SSA1-1998 para la práctica de anestesiología” y que “las lesiones tienen relación causa-efecto con la mala atención que brindó el médico anestesiólogo.” Lo mismo dice el acuerdo judicial que obliga a la reparación.

Desconozco en dónde y cómo funcione el Comité Nacional contra la Muerte Materna. Conozco el trabajo del Comité Promotor para una Maternidad Segura que, me consta, participó en las medidas de reparación que cito en mi artículo. Aclaro que no es mi intención criminalizar la práctica médica, por ello no utilicé los detalles de la acusación penal o del auto de formal prisión que existió. Tampoco mencioné, por ejemplo, el nombre de la doctora. Dije, eso sí, que no se investiga. Describí, también, la discriminación estructural. Se trata de que se tomen medidas para evitar que esto vuelva a suceder. De eso y de hacer justicia. Es inaceptable la negativa del IMSS a cumplir lo que en derecho les corresponde a Irene y a su familia.

Causados por fracking o no, se multiplican los sismos en NL; el poder desdeña quejas

Pobladores y especialista afirman que las perforaciones de Pemex activaron el fenómeno

Experto: desde 2004 se han horadado 7 mil pozos en la Cuenca de Burgos en busca de gas shale

Elementos de Protección Civil del estado de Nuevo León muestran equipos para atender una posible tragedia, el pasado viernes en MontemorelosFoto Sanjuana Martínez

Sanjuana Martínez

Especial para La Jornada

Periódico La Jornada
Domingo 23 de marzo de 2014, p. 7

Linares, NL.

Durante los 10 años recientes, el sismólogo Juan Carlos Montalvo Arrieta había llevado una vida apacible, serena y sin sobresaltos, centrada particularmente en la investigación y en el recuento de movimientos telúricos insignificantes y naturales.

Jamás imaginó que el estado que eligió para vivir, después de graduarse en Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), se convertiría en una zona sísmica activa.

Pero desde octubre, en esta región citrícola, donde el perfume de azahar que emanan los miles de naranjos en flor, anuncia la primavera; la quietud se convirtió en desasosiego y nerviosismo, en estremecimiento. Y de los 13 sismos imperceptibles registrados en 25 años, se pasó a más de 110 en cinco meses, nueve de ellos muy significativos, particularmente el reciente del pasado martes, que alcanzó una intensidad de 4.2 grados en la escala de Richter.

Antecedente de 173 años

Desde el Observatorio Sismológico de la Facultad de Ciencias de la Tierra de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), ubicado en la carretera a Cerro Prieto, en la Ex Hacienda Guadalupe, a unos 150 kilómetros de Monterrey, Montalvo Arrieta camina por la habitación donde tiene los dos censores que miden la velocidad del movimiento del sol y la aceleración del movimiento del suelo, advierte que con base en estudios de un sismo ocurrido en 1841, podemos prever:

“Ese sismo nos estaría diciendo cuál es la magnitud del terremoto que viene. Podemos esperar uno de 5 a 6.5 grados y lo estamos monitoreando por una simple y sencilla razón: no estamos preparados para un terremoto de esa magnitud.”

El apercibimiento del sismólogo no ha sido escuchado por las autoridades de Nuevo León ni por las federales. De hecho, el pasado viernes, lo dijo durante la primera reunión del Comité de Contingencias Geológicas para Sismos, celebrada en Montemorelos, con el coordinador general de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, Luis Felipe Puente Espinosa, y el director general del Centro Nacional de Prevención de Desastres, Carlos Valdés González. Ambos minimizaron, frente a una veintena de asistentes y siete alcaldes de la región citrícola y sus directores de Protección Civil, los recientes terremotos y sus consecuencias. Incluso el segundo, dijo que de suceder ese sismo sería benéfico para sus habitantes.

Un sismo grande no se puede dar en Nuevo León; además, estos movimientos telúricos ayudarían, porque dan una movida a los árboles de naranjas, caen solas y les resultaría mejor, comentó Valdés González en plan chistoso, aunque sin conseguir ninguna sonrisa.

A la reunión no fueron convocados representantes de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a pesar de las recientes revelaciones sobre la perforación de pozos que Pemex está realizando para extraer gas shale, utilizando el método de fractura hidráulica o fracking, con la inyección de 15 mil litros de agua, arena y 85 elementos químicos contaminantes para romper o fracturar piedras o lutitas a 4 mil 500 metros de profundidad, lo cual, estaría provocando las decenas de sismos ocurridos los meses recientes.

Temblores naturales

Durante dos horas de reunión nadie pronunció la palabra fracking ni se refirió a la perforación de pozos. Los funcionarios estatales y federales insistían en decir que los sismos son naturales, porque la tierra está viva, hasta que le tocó hablar a Sergio Gómez Castillo, alcalde de Los Ramones, una de las zonas más afectadas con cientos de casas cuarteadas, algunas completamente destruidas.

Con los sismos empezamos a temblar; tanto que ya saqué el escritorio para la plaza. Está Pemex haciendo perforaciones, coincide con un pozo muy cerca donde empezaron los temblores. Es Pemex. Pedimos al gobierno que nos apoyara con un estudio para deslindar responsabilidades, pero nada. Esta reunión para prevenir está muy bien, pero ¿cómo vamos a ayudar a la gente con sus propiedades dañadas? ¿Qué solución vamos a dar a los vecinos? Estamos temblando todos.

Exploración no es extracción

Silencio en la sala, Puente Espinosa, movía la cabeza en señal de desaprobación; señaló que es normal que las casas de adobe se cuarteen y descartó que el fracking sea la razón de los sismos: La extracción de gas no significa absolutamente nada porque no existe la extracción, se está explorando la posibilidad, y aunque se extrajera, el trabajo siempre se hace mediante estudios profundos que permiten que esto (los sismos) no sucedan aunque se explore, pero en este caso particular no es motivo... esto no está afectando de ninguna manera el subsuelo.

El objetivo de la reunión era restar importancia a lo que está sucediendo y Valdés González lo dejó claro: “El tema de fracturamiento es común, pero no hay que dejar que nos cambien el idioma. No es fracking, es fracturamiento. Las consecuencias son realmente muy locales. La extracción, los volúmenes de las zonas donde se está extrayendo difícilmente pueden generar o tener que ver con esta actividad sísmica”.

Algunos salieron de la reunión desconcertados. El alcalde de Los Ramones fue directo: Éstos vinieron a tapar, no a solucionar, expresó mientras Protección Civil mostraba sus equipos para atender una posible tragedia. El campesino Alfredo Segovia, de 65 años, vecino de Montemorelos, donde ocurrió el reciente sacudimiento fuerte, aseguró:Es por los pozos. Están abriendo muchos. Aquí nunca se habían sentido estos temblores. Algo está pasando abajo de la tierra. Pero estos señores le van a dar hasta que truene todo.

Evidencia documental

De regreso a Linares, el doctor Montalvo Arrieta se muestra nervioso. En el sismo ocurrido en 1841 –actual referente para las lecturas del nuevo fenómeno sísmico– murieron seis personas: Ahorita la localización epicentral, a partir de la reconstrucción de los datos, cae en el límite estatal entre Nuevo León y Coahuila, a 30 kilómetros al sur de la ciudad de Saltillo. Cerca de la que consideramos área epicentral: un techo se colapsó y seis personas perdieron la vida. El sismo se sintió en Coahuila, en varios municipios de Nuevo León y hasta Ciudad Victoria, Tamaulipas, y también en el norte de San Luis Potosí y cerca de Matehuala. Es el sismo histórico donde hay una evidencia documental de daños y pérdidas humanas.

Cuenta que durante los primeros meses del nuevo fenómeno sísmico dio aviso oportuno de lo que estaba sucediendo, pero no le hicieron caso, y peor aún, algunas veces pensaron que era broma: Nadie nos creía. Eso ha sido un golpe muy duro, de hecho, ni las autoridades nos creían; decían que solamente estamos alarmando. Y ya no soy yo el que lo dice. Las evidencias están, allí están los temblores.

Los daños materiales han sorprendido a todos y se muestra inquieto: Tenemos una responsabilidad muy fuerte. No estamos preparados como otras ciudades. Aquí las construcciones no están preparadas. Hay que empezar a evaluar los efectos e ir un paso más adelante. Noventa por ciento de las encuestas nos dicen que la gente no sabe qué hacer en caso de sismo.

Las localizaciones epicentralesofrecen información, pero re­conoce que en este momento no puede afirmar lo que está provocando la actividad sísmica ni culpar al fracking de Pemex, con cuyos representantes ha hablado pero niegan responsabilidad alguna: Efectivamente el proceso de romper va a generar algo, pero nosotros no tenemos evidencias y no podemos decir nada. Tampoco nos corresponde pedir que paren las perforaciones.

En cambio, su compañero de la UANL, Juan Manuel Rodríguez Martínez, responsable de geo­hidrología y geofísica del Ins­tituto de Ingeniería Civil, opina lo contrario y vincula directamente la actividad humana a los enjambres sísmicos, provocados por el fracking,método utilizado por Pemex para extraer gas shale en la Cuenca de Burgos, donde –dice– se han perforado desde 2004 a la fecha, unos 7 mil pozos.

Categórico, afirma que, con base en un estudio reciente, las causas que dan lugar a la sismicidad están asociadas a estructuras paleotectónicas, como acciones humanas que modifican los esfuerzos en las rocas y las presiones en los fluidos cercanos a la superficie:

“Estas acciones incluyen: extracción de agua, gas, petróleo (o su inyección para almacenamiento o para recuperación secundaria de hidrocarburos), efluentes o líquidos residuales; explotación minera o de canteras, disolución de domos salinos, fracturamiento hidráulico (fracking) y aplicación de sobrecargas en la superficie mediante grandes cuerpos de agua (reservorios). Este modelo se caracteriza por una concentración de altas tasas de deformación producto de fallas de crecimiento y basculamiento de la cuenca, las que generan sismos de baja intensidad como los reportados recientemente en el estado”

Lanzan bombas molotov contra centro comercial de NL; dañan tienda Soriana

Desde el viernes, otros dos atentados; el gobernador asegura que hay avance en pesquisas

 

Operativo tras el ataque en Guadalupe, Nuevo LeónFoto Cuartoscuro.com

María Alejandra Arroyo

Corresponsal

Periódico La Jornada
Martes 31 de julio de 2012, p. 8

Monterrey NL, 30 de julio. Tres sujetos no identificados arrojaron bombas molotov contra un centro comercial de la colonia Hacienda San Miguel, en el municipio de Guadalupe –conurbado a esta capital–, lo que dejó daños materiales a una tienda de la cadena de supermercados Soriana.

A bordo de una camioneta, los desconocidos llegaron al centro comercial antes de las 7 horas y lanzaron el artefacto explosivo. En ese momento los empleados se disponían a abrir la tienda.

Los daños ocurrieron en el acceso principal del centro comercial, la zona de servicio al cliente y tres cajas registradoras de la tienda Soriana.

Luego de los recientes ataques armados –al centro de apuestas Revolución (el viernes pasado), a instalaciones del diario El Norte y este lunes al centro comercial Soriana–, el gobernador Rodrigo Medina aseguró que estos atentados no provocarán el amedrentamiento de las autoridades.

Medina consideró que los nuevoleoneses no deben temer a esos atentados.
No podemos con esto provocar una especie de amedrentamiento o de amenaza contra la libertad de expresión, de libre prensa en este caso, dijo al referirse al ataque contra El Norte, perpetrado el domingo.
Aseguró que las autoridades encargadas de procuración y administración de justicia llevan a cabo una amplia investigación en los tres casos, con el fin de lograr la captura de los atacantes, y aseguró que existe un gran avance en las indagatorias, aunque no ofreció detalles.
Añadió que no ha tenido comunicación con la Federación para saber de qué manera se resolverá el caso del casino Revolución, clausurado por carecer de permisos de la Secretaría de Gobernación luego de que el viernes pasado un grupo armado arrojó una granada que no explotó y disparó rifles de asalto contra la fachada del establecimiento.

Las razones de los jóvenes neoloneses

Ley antiaborto, fracaso del PAN en NL

Luciano Campos

MONTERREY, N.L., 31 de diciembre (apro).- Durante la última década, el Partido Acción Nacional (PAN) y la Iglesia católica han pretendido infructuosamente imponer en esta entidad leyes que prohíban y penalicen el aborto.

En ese lapso, el PAN ha presentado cuatro iniciativas en el Congreso del estado, pero ninguna ha prosperado hasta ahora. Tres fueron vetadas por el entonces gobernador Natividad González Parás.

Aun cuando lleva diez años intentando infructuosamente prohibir el aborto en el estado y pese a que en 18 entidades del país se han aprobado leyes que antiaborto, en la actual Legislatura el PAN ha guardado silencio. Por el momento, el tema, no está en la agenda legislativa.

La oleada antiaborto que está cubriendo al país se ha gestado con el apoyo del PRI, otrora opositor a cualquier intento de penalizar el aborto. En Nuevo León, aun cuando el PAN tiene sólo 17 diputados, con el apoyo del Revolucionario Institucional lograría la mayoría calificada que requiere una reforma a la Constitución del estado. Juntos cuentan con 37 curules.

Sin embargo, los embates de la Iglesia católica y del panismo ultraconservador han resultado infructuosos aquí y se mantiene vigente en la legislación local la opción de la mujer a interrumpir el embarazo en caso de violación o cuando la vida de la madre se encuentre en peligro.

En 1999, cuando el PAN quiso modificar la ley para proteger al ser humano desde el momento de la concepción y asegurar que un niño naciera bajo cualquier circunstancia, el entonces diputado panista Gerardo Garza Sada, quien impulsaba la reforma, defendió su punto así: “La mujer violada ya está violada. El hecho de que aborte o no aborte no le quita lo violada, pobrecita, pero también pobrecita la otra persona que viene en camino.”

Diez años después, en junio de 2009, fue promovida y aprobada una ley para endurecer las penas contra el aborto: “Nuevo León se encamina a una despenalización del aborto y para detener esa orientación se hace necesario sancionar con mayor gravedad a las personas que incurran en la comisión de ese delito”, decía la argumentación.

Sin embargo, la reforma panista topó con pared: El entonces gobernador Natividad González Parás vetó la enmienda. Señaló que los panistas habían establecido “un paralelismo ficticio de Nuevo León con el Distrito Federal”, que ya despenalizó esta práctica.

Actualmente, está dividida la opinión entre los grupos parlamentarios representados en la legislatura nuevoleonesa. El PRI y el PRD se pronuncian a favor de la libre elección de las mujeres para decidir qué hacer con su cuerpo. El PAN sigue apegado a su principio doctrinario de derecho a la vida, y a impedir que la mujer aborte, aun después de un ultraje.

Los intentos del PAN por eliminar el aborto de la legislación local iniciaron en 1999, durante el gobierno del panista Fernando Canales Clariond. El 10 de mayo de ese año la asociación civil Unidos por el Amor a la Vida, encabezada por el empresario Bruno Ferrari (actual director de la organización ProMexico) y respaldada por personas relacionadas con la Iglesia católica y grupos conservadores, promovió una iniciativa para reformar el artículo 3 de la Constitución Política de Nuevo León.

El artículo 3 en su tercer párrafo señala: Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley establecerá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y determinará la participación del estado y los municipios en la materia.

La iniciativa pretendía modificar la redacción: Toda persona tiene derecho a la protección y la salud desde el momento de la concepción hasta la muerte. La ley establecerá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud (…)

A partir de la enmienda constitucional, se podría modificar el Código Penal del estado.

A favor de la propuesta se pronunciaron, entre otros, los diputados panistas Judith Díaz, Fanny Arellanes, Gerardo Garza Sada, Cristian Castaño, Luis David Ortiz y Francisco Cantú Torres, ligados, todos, con agrupaciones conservadoras y religiosas. Fue secundada, también, por el Partido Social Demócrata. Votaron en contra el PRI, el PRD y el PT.

El 30 de junio de ese año, la mayoría panista aprobó en una primera vuelta la enmienda constitucional. Sin embargo, ya no se votó en segunda ronda y el tema se desvaneció en la polémica. Diez años después, aún se encuentra en clasificada como asunto pendiente.

En el 2005, el PAN retomó el tema. El 7 de noviembre de ese año, su grupo legislativo presentó ante el Congreso local una iniciativa para crear la Ley para la Protección al Derecho a la Vida en el estado de Nuevo León.

La iniciativa, integrada por 25 artículos y 4 transitorios, tenía como objetivo, argumentaron los panistas de entonces, fomentar “el apoyo y protección de la existencia plena y digna de la persona humana, desde la concepción hasta la muerte natural, dentro del ámbito territorial del estado”.

También proponía la creación del Instituto para la Protección del Derecho a la Vida en el estado que se encargaría de “garantizar y coordinar acciones pendientes al respeto al derecho a la vida, así como el Consejo Ciudadano del Instituto, que será un órgano consultivo, asesor y promotor de las acciones que se emprenden por parte del Instituto”. El proyecto panista se quedó en comisiones.

El 7 de diciembre del 2007 la fracción panista de la pasada legislatura presentó otra propuesta antiaborto contenida en la Ley de la Familia del estado de Nuevo León que establecía, básicamente, derechos de la familia y educación a los hijos. En sus puntos más polémicos establecía a la familia como la unión del hombre y la mujer, y buscaba impedir que las mujeres violadas abortaran.

La propuesta fue aprobada el sábado 22 de diciembre a las 4 de la madrugada; doce horas después, el entonces gobernador priista Natividad González Parás la vetó.

En su argumentación, el mandatario expuso:

“En la iniciativa de la Ley de la Familia no advierto consensos ni al interior del Congreso ni al exterior. Por esa razón haré valer las atribuciones constitucionales para presentar observaciones y regresar la iniciativa al Congreso, con el propósito de que se haga una amplia consulta a la población.

"Si se hace esta consulta amplia y se logran estos consensos mayoritarios, mayores a los actuales, es decir, de mayoría calificada, como Ejecutivo estatal no tendré sino que promulgar esa ley."

El 29 de junio del 2009, el diputado federal panista Enrique Barrios presentó una propuesta para modificar el Código Penal estatal y endurecer las penas contra quienes practiquen un aborto. La mayoría panista de la pasada legislatura aprobó la propuesta y la envió al jefe del Ejecutivo para su aprobación y publicación. González Parás volvió a ejercer su derecho de veto.

Argumentó que los diputados, al analizar las reformas, establecieron “un paralelismo ficticio de Nuevo León con el Distrito Federal”, donde se despenalizó ya esta práctica.
Reprochó que los panistas pidieran modificar el Código penal “sin aportar datos duros, en términos cuantitativos o cualitativos”.

Opinión dividida

Aun cuando el PRI ha apoyado la aprobación de leyes antiaborto en 18 estados, en Nuevo León, sus diputados se muestran reacios a seguir la misma línea.

El coordinador del grupo legislativo del PRI en el Congreso del estado, Héctor Gutiérrez de la Garza, afirma que los priistas de Nuevo León respetan el derecho de la mujer a decidir.

“Respetamos el derecho a elegir de las mujeres y respetamos otras formas de opinión, porque éstos son temas que dividen a la sociedad”, dice.
Sobre los intentos del PAN por prohibir el aborto, Gutiérrez de la Garza, asegura que han fracasado por el simple hecho de que no cuenta con la mayoría calificada que se requiere para aprobar este tipo de reformas.

Tradicionalmente estas iniciativas impulsadas por el PAN pasan también por la Iglesia católica, que puede meter presión a los legisladores de manera directa o a través de sus grupos afines, afirma el diputado.

“La iniciativa de reforma constitucional del 99 es de la asociación Unidos por el Amor a la Vida, en la que de manera directa aparece el mismo Bruno Ferrari y tiene una relación directa con la Iglesia. Respetamos esa postura pero no la compartimos y no fustigamos a la Iglesia católica ni mucho menos”, afirma.

Aclara que en la actual legislatura la Iglesia no ha ejercido presión a los diputados, pero en el pasado, dice, “ha habido asonadas” para imponer leyes antiaborto que han fracasado.

Indica que el tema a debate es la libre elección de la mujer, que no debe ser confundido con una postura pro aborto.

El tema del derecho a la vida no está en la agenda legislativa y las propuestas hasta ahora “duermen el sueño de los justos”, reconoce.

El diputado local panista, Alfonso Robledo Leal, se apega a los principios panistas del derecho a la vida. Sin embargo, apoya ciertos causales de aborto:

“Soy de pensar que el aborto debe ser permitido si está en riesgo la madre o si el embarazo la pone en riesgo fatal y sólo si no han trascurrido las primeras semanas de la gestación. Cuando hablamos de abortar estamos hablando de decidir sobre la vida de una persona individual, que no tiene ninguna culpa de cualquier causa que lo haya concebido y nadie tiene el derecho de decidir si se le persona o no la vida.”

Su propuesta es que las mujeres tengan al bebé y lo entreguen en adopción.

En el extremo, la única diputada del PRD en el Congreso del estado, María de los Ángeles Herrera, afirma que en lugar de que proliferen los niños desamparados, es preferible que las mujeres “reflexionen” si desean traerlos al mundo.

“Estamos a favor del derecho a decidir, que cada mujer decida qué hace con su cuerpo. Yo le hago un llamado a todos los que están votando a favor de esa ley: qué hacen por los niños que andan en la calle sin que alguien vea por ellos. Los exhorto a que se viera eso, quién ve por los niños que no tienen qué comer, que andan descalzos en el frío”.

José Ángel Alvarado, del partido Nueva Alianza, también se pronuncia a favor de que sea la mujer embarazada la que tome una determinación sobre su futuro y el del producto. Propone que el estado regule la práctica de interrupción del embarazo, para que la interesada no recurra a clínicas clandestinas que son peligrosas.

También debe legislarse sobre qué casos en específicos puede tomarse esta determinación, dice.