Luciano Campos
MONTERREY, N.L., 31 de diciembre (apro).- Durante la última década, el Partido Acción Nacional (PAN) y la Iglesia católica han pretendido infructuosamente imponer en esta entidad leyes que prohíban y penalicen el aborto.
En ese lapso, el PAN ha presentado cuatro iniciativas en el Congreso del estado, pero ninguna ha prosperado hasta ahora. Tres fueron vetadas por el entonces gobernador Natividad González Parás.
Aun cuando lleva diez años intentando infructuosamente prohibir el aborto en el estado y pese a que en 18 entidades del país se han aprobado leyes que antiaborto, en la actual Legislatura el PAN ha guardado silencio. Por el momento, el tema, no está en la agenda legislativa.
La oleada antiaborto que está cubriendo al país se ha gestado con el apoyo del PRI, otrora opositor a cualquier intento de penalizar el aborto. En Nuevo León, aun cuando el PAN tiene sólo 17 diputados, con el apoyo del Revolucionario Institucional lograría la mayoría calificada que requiere una reforma a la Constitución del estado. Juntos cuentan con 37 curules.
Sin embargo, los embates de la Iglesia católica y del panismo ultraconservador han resultado infructuosos aquí y se mantiene vigente en la legislación local la opción de la mujer a interrumpir el embarazo en caso de violación o cuando la vida de la madre se encuentre en peligro.
En 1999, cuando el PAN quiso modificar la ley para proteger al ser humano desde el momento de la concepción y asegurar que un niño naciera bajo cualquier circunstancia, el entonces diputado panista Gerardo Garza Sada, quien impulsaba la reforma, defendió su punto así: “La mujer violada ya está violada. El hecho de que aborte o no aborte no le quita lo violada, pobrecita, pero también pobrecita la otra persona que viene en camino.”
Diez años después, en junio de 2009, fue promovida y aprobada una ley para endurecer las penas contra el aborto: “Nuevo León se encamina a una despenalización del aborto y para detener esa orientación se hace necesario sancionar con mayor gravedad a las personas que incurran en la comisión de ese delito”, decía la argumentación.
Sin embargo, la reforma panista topó con pared: El entonces gobernador Natividad González Parás vetó la enmienda. Señaló que los panistas habían establecido “un paralelismo ficticio de Nuevo León con el Distrito Federal”, que ya despenalizó esta práctica.
Actualmente, está dividida la opinión entre los grupos parlamentarios representados en la legislatura nuevoleonesa. El PRI y el PRD se pronuncian a favor de la libre elección de las mujeres para decidir qué hacer con su cuerpo. El PAN sigue apegado a su principio doctrinario de derecho a la vida, y a impedir que la mujer aborte, aun después de un ultraje.
Los intentos del PAN por eliminar el aborto de la legislación local iniciaron en 1999, durante el gobierno del panista Fernando Canales Clariond. El 10 de mayo de ese año la asociación civil Unidos por el Amor a la Vida, encabezada por el empresario Bruno Ferrari (actual director de la organización ProMexico) y respaldada por personas relacionadas con la Iglesia católica y grupos conservadores, promovió una iniciativa para reformar el artículo 3 de la Constitución Política de Nuevo León.
El artículo 3 en su tercer párrafo señala: Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley establecerá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y determinará la participación del estado y los municipios en la materia.
La iniciativa pretendía modificar la redacción: Toda persona tiene derecho a la protección y la salud desde el momento de la concepción hasta la muerte. La ley establecerá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud (…)
A partir de la enmienda constitucional, se podría modificar el Código Penal del estado.
A favor de la propuesta se pronunciaron, entre otros, los diputados panistas Judith Díaz, Fanny Arellanes, Gerardo Garza Sada, Cristian Castaño, Luis David Ortiz y Francisco Cantú Torres, ligados, todos, con agrupaciones conservadoras y religiosas. Fue secundada, también, por el Partido Social Demócrata. Votaron en contra el PRI, el PRD y el PT.
El 30 de junio de ese año, la mayoría panista aprobó en una primera vuelta la enmienda constitucional. Sin embargo, ya no se votó en segunda ronda y el tema se desvaneció en la polémica. Diez años después, aún se encuentra en clasificada como asunto pendiente.
En el 2005, el PAN retomó el tema. El 7 de noviembre de ese año, su grupo legislativo presentó ante el Congreso local una iniciativa para crear la Ley para la Protección al Derecho a la Vida en el estado de Nuevo León.
La iniciativa, integrada por 25 artículos y 4 transitorios, tenía como objetivo, argumentaron los panistas de entonces, fomentar “el apoyo y protección de la existencia plena y digna de la persona humana, desde la concepción hasta la muerte natural, dentro del ámbito territorial del estado”.
También proponía la creación del Instituto para la Protección del Derecho a la Vida en el estado que se encargaría de “garantizar y coordinar acciones pendientes al respeto al derecho a la vida, así como el Consejo Ciudadano del Instituto, que será un órgano consultivo, asesor y promotor de las acciones que se emprenden por parte del Instituto”. El proyecto panista se quedó en comisiones.
El 7 de diciembre del 2007 la fracción panista de la pasada legislatura presentó otra propuesta antiaborto contenida en la Ley de la Familia del estado de Nuevo León que establecía, básicamente, derechos de la familia y educación a los hijos. En sus puntos más polémicos establecía a la familia como la unión del hombre y la mujer, y buscaba impedir que las mujeres violadas abortaran.
La propuesta fue aprobada el sábado 22 de diciembre a las 4 de la madrugada; doce horas después, el entonces gobernador priista Natividad González Parás la vetó.
En su argumentación, el mandatario expuso:
“En la iniciativa de la Ley de la Familia no advierto consensos ni al interior del Congreso ni al exterior. Por esa razón haré valer las atribuciones constitucionales para presentar observaciones y regresar la iniciativa al Congreso, con el propósito de que se haga una amplia consulta a la población.
"Si se hace esta consulta amplia y se logran estos consensos mayoritarios, mayores a los actuales, es decir, de mayoría calificada, como Ejecutivo estatal no tendré sino que promulgar esa ley."
El 29 de junio del 2009, el diputado federal panista Enrique Barrios presentó una propuesta para modificar el Código Penal estatal y endurecer las penas contra quienes practiquen un aborto. La mayoría panista de la pasada legislatura aprobó la propuesta y la envió al jefe del Ejecutivo para su aprobación y publicación. González Parás volvió a ejercer su derecho de veto.
Argumentó que los diputados, al analizar las reformas, establecieron “un paralelismo ficticio de Nuevo León con el Distrito Federal”, donde se despenalizó ya esta práctica.
Reprochó que los panistas pidieran modificar el Código penal “sin aportar datos duros, en términos cuantitativos o cualitativos”.
Opinión dividida
Aun cuando el PRI ha apoyado la aprobación de leyes antiaborto en 18 estados, en Nuevo León, sus diputados se muestran reacios a seguir la misma línea.
El coordinador del grupo legislativo del PRI en el Congreso del estado, Héctor Gutiérrez de la Garza, afirma que los priistas de Nuevo León respetan el derecho de la mujer a decidir.
“Respetamos el derecho a elegir de las mujeres y respetamos otras formas de opinión, porque éstos son temas que dividen a la sociedad”, dice.
Sobre los intentos del PAN por prohibir el aborto, Gutiérrez de la Garza, asegura que han fracasado por el simple hecho de que no cuenta con la mayoría calificada que se requiere para aprobar este tipo de reformas.
Tradicionalmente estas iniciativas impulsadas por el PAN pasan también por la Iglesia católica, que puede meter presión a los legisladores de manera directa o a través de sus grupos afines, afirma el diputado.
“La iniciativa de reforma constitucional del 99 es de la asociación Unidos por el Amor a la Vida, en la que de manera directa aparece el mismo Bruno Ferrari y tiene una relación directa con la Iglesia. Respetamos esa postura pero no la compartimos y no fustigamos a la Iglesia católica ni mucho menos”, afirma.
Aclara que en la actual legislatura la Iglesia no ha ejercido presión a los diputados, pero en el pasado, dice, “ha habido asonadas” para imponer leyes antiaborto que han fracasado.
Indica que el tema a debate es la libre elección de la mujer, que no debe ser confundido con una postura pro aborto.
El tema del derecho a la vida no está en la agenda legislativa y las propuestas hasta ahora “duermen el sueño de los justos”, reconoce.
El diputado local panista, Alfonso Robledo Leal, se apega a los principios panistas del derecho a la vida. Sin embargo, apoya ciertos causales de aborto:
“Soy de pensar que el aborto debe ser permitido si está en riesgo la madre o si el embarazo la pone en riesgo fatal y sólo si no han trascurrido las primeras semanas de la gestación. Cuando hablamos de abortar estamos hablando de decidir sobre la vida de una persona individual, que no tiene ninguna culpa de cualquier causa que lo haya concebido y nadie tiene el derecho de decidir si se le persona o no la vida.”
Su propuesta es que las mujeres tengan al bebé y lo entreguen en adopción.
En el extremo, la única diputada del PRD en el Congreso del estado, María de los Ángeles Herrera, afirma que en lugar de que proliferen los niños desamparados, es preferible que las mujeres “reflexionen” si desean traerlos al mundo.
“Estamos a favor del derecho a decidir, que cada mujer decida qué hace con su cuerpo. Yo le hago un llamado a todos los que están votando a favor de esa ley: qué hacen por los niños que andan en la calle sin que alguien vea por ellos. Los exhorto a que se viera eso, quién ve por los niños que no tienen qué comer, que andan descalzos en el frío”.
José Ángel Alvarado, del partido Nueva Alianza, también se pronuncia a favor de que sea la mujer embarazada la que tome una determinación sobre su futuro y el del producto. Propone que el estado regule la práctica de interrupción del embarazo, para que la interesada no recurra a clínicas clandestinas que son peligrosas.
También debe legislarse sobre qué casos en específicos puede tomarse esta determinación, dice.
