La familia Miguel, que lidió durante dos sexenios con acusaciones de fraudes y juicios en su contra, está de vuelta en los negocios con entidades públicas. Por ejemplo, controlan una inmobiliaria a la que fue rentada la casa de transición del presidente mexicano Enrique Peña Nieto en el otoño de 2012.
De acuerdo con un reportaje de Gerardo Reyes y Peniley Ramírez, publicado por Univisión,a tres años de que iniciara el gobierno de Peña, Compañía Inversora Corporativa (CIC), unholding que agrupa varias de las empresas manejadas por los hijos y sobrinos de Alfredo Miguel, ha ganado adjudicaciones por 770 millones de dólares con el gobierno federal y el Estado de México.
Registros públicos apuntan que la mayor parte de los beneficios se han concentrado en tres empresas que rentan helicópteros y aviones a la petrolera estatal, Petróleos Mexicanos (Pemex), manejadas por un sobrino de Miguel, Alejandro García Bejos.
Heliservicio, Heliservicio Campeche y Mantenimiento Express Marítimo han obtenido 482 millones de dólares en contratos durante este gobierno, todos con Pemex.
Otros 4 millones 589 mil dólares fueron a otra filial de CIC, Servicio Técnico Aéreo de México, que en estos años ha recibido encomiendas de tal nivel de seguridad nacional como el mantenimiento de los helicópteros de la Policía Federal, la Procuraduría General de la República y la Comisión Nacional del Agua.
El resto ha sido otorgado a una constructora controlada por el hijo de Miguel, José Miguel Bejos, compañero de golf del presidente Peña.
La constructora Grupo Promotor de Desarrollo e Infraestructura (Prodi) fue creada en agosto de 2011, cuatro meses antes de que Peña obtuviera la candidatura presidencial por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Entre 2012 y 2015 han obtenido 283 millones de dólares en obras para el gobierno federal y el Estado de México, varias de ellas en sociedad con el conglomerado portugués Mota-Engil y otras con Controladora de Empresas Prestadoras de Servicios Públicos, la compañía por la que su padre, Alfredo Miguel, enfrenta una acusación de fraude en Idaho, por lo que fue citado a declarar en febrero pasado.
En septiembre de 2012, Peña había dejado la gubernatura del Estado de México y ya había ganado las elecciones presidenciales. Uno de los primeros contratos de su administración, ya en pleno uso de recursos federales como presidente electo, fue la renta del inmueble que usó durante los tres meses de la transición de gobierno.
El equipo de Peña colocó en el portal mexicano de transparencia una copia del contrato de arrendamiento por 20,825 dólares a pagar en tres meses con Inmobiliaria Virreyes 1130, S.A. de C.V.. Documentos del Registro Público de Comercio de la capital mexicana obtenidos por Univision Investiga revelan que esta inmobiliaria es controlada por la familia que maneja el conglomerado CIC.
Uno de los apoderados legales de la compañía, con poderes de dominio, que le otorgan calidad de dueño, es el sobrino de Alfredo Miguel, Francisco Javier García Bejos, actual secretario del trabajo del Estado de México, cargo al que fue nombrado un año después de la victoria de Peña.
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