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miércoles, 15 de mayo de 2019

Fin a la condonación de impuestos a grupos privilegiados: AMLO

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Ciudad de México. A partir de esta administración quedarán canceladas las condonaciones de impuestos, que al menos durante los pasados tres sexenios habían beneficiado a un grupo de empresarios privilegiados, anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador.
El mandatario anticipó que firmará un decreto mediante el cual renunciará a esa facultad, y en septiembre próximo, junto con el paquete presupuestal, enviará una iniciativa para la eliminación definitiva de esas condonaciones.
Durante su conferencia de prensa, López Obrador también criticó los nuevos cuestionamientos de la calificadora Moody’s, en esta ocasión relacionados con la inviabilidad de cumplir los plazos y el costo de la refinería de Dos Bocas anunciados por el gobierno. Va a salir la refinería en 8 mil millones de dólares y hasta podemos ahorrar. Son desafíos, son retos, a ver quién tiene la razón. A mí me importa tomar estos desafíos.
En este contexto, también rechazó cualquier vínculo del acuerdo de Petróleos Mexicanos (Pemex) para la renegociación de su deuda con la incorporación reciente del ex secretario de Hacienda José Antonio Meade al consejo de HSBC, una de las instituciones que participaron en la operación. Nada que ver, porque se trató de una larga negociación que se prolongó cuatro meses y fue a través de un trato institucional.
Lo que dice la ley
Al abundar en torno a las condonaciones, el Presidente descalificó este esquema, cuyo uso se intensificó a partir del sexenio de Vicente Fox. De acuerdo con el artículo 39 del Código Fiscal de la Federación, el Presidente tiene la facultad de condonar o eximir, total o parcialmente, el pago de contribuciones y sus accesorios, autorizar su pago a plazos, diferidos o en parcialidades. Si todas las personas pagan impuestos, añadió, es injusto el uso de esta figura para un grupo de empresarios privilegiados.
López Obrador indicó que en los próximos días se dará a conocer el monto total de las condonaciones que fueron aprobadas en cada uno de los tres sexenios anteriores, recordando que en su momento el entonces recién creado Instituto Federal de Acceso a la Información Pública reservó estos datos en el sexenio de Fox. Reprochó que apenas se había mencionado esta posibilidad, varios de los empresarios beneficiados se ampararon ante el Poder Judicial para que no se diera a conocer el monto.
Nueva instancia
En este contexto, también hizo el anuncio de la inminente creación de lo que por ahora denominó instituto para devolver al pueblo lo robado. Es una instancia que se encargará de canalizar los recursos decomisados al crimen organizado o de bienes incautados que hayan sido obtenidos por la corrupción: automóviles, ranchos, residencias y dinero en efectivo; todo, se le va a devolver a la gente.
Comentó que en algunos casos va a canalizarse directamente a sociedades de padres de familia para escuelas, para mantenimiento, para la construcción de unidades deportivas, ambulancias, caminos, entre otros aspectos.
El mandatario puntualizó que había muchos decomisos que no se sabía adónde iban a parar, lo cual va a cambiar, y como ejemplo está su anuncio de que en breve se subastarán carros de lujo incautados a evasores fiscales.
López Obrador completó su anuncio con un desairado ejercicio de votación a mano alzada: “ustedes están a favor o en contra de que ya no se condone los impuestos a los machuchones? A ver, que levanten la mano los que están en contra de esta medida”. Muy pocos respondieron a este ejercicio hasta ahora reservado a efectuarse en las plazas públicas.
Durante la conferencia, a propósito del libro de José Agustín Ortiz Pinchetti (AMLO, con los pies en la tierra), en el que se afirma que el Presidente dista de escuchar a sus colaboradores, respondió: no sé si haya otro servidor público que escuche a tanta gente. Y no me entra por un oído y me sale por otro; escucho e internalizo.

viernes, 12 de junio de 2015

Empresario mexicano demandado por fraude en EU, gana millones con el gobierno

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La familia Miguel, que lidió durante dos sexenios con acusaciones de fraudes y juicios en su contra, está de vuelta en los negocios con entidades públicas. Por ejemplo, controlan una inmobiliaria a la que fue rentada la casa de transición del presidente mexicano Enrique Peña Nieto en el otoño de 2012.
De acuerdo con un reportaje de Gerardo Reyes y Peniley Ramírez, publicado por Univisión,a tres años de que iniciara el gobierno de Peña, Compañía Inversora Corporativa (CIC), unholding que agrupa varias de las empresas manejadas por los hijos y sobrinos de Alfredo Miguel, ha ganado adjudicaciones por 770 millones de dólares con el gobierno federal y el Estado de México.
Registros públicos apuntan que la mayor parte de los beneficios se han concentrado en tres empresas que rentan helicópteros y aviones a la petrolera estatal, Petróleos Mexicanos (Pemex), manejadas por un sobrino de Miguel, Alejandro García Bejos.
Heliservicio, Heliservicio Campeche y Mantenimiento Express Marítimo han obtenido 482 millones de dólares en contratos durante este gobierno, todos con Pemex.
Otros 4 millones 589 mil dólares fueron a otra filial de CIC, Servicio Técnico Aéreo de México, que en estos años ha recibido encomiendas de tal nivel de seguridad nacional como el mantenimiento de los helicópteros de la Policía Federal, la Procuraduría General de la República y la Comisión Nacional del Agua.
El resto ha sido otorgado a una constructora controlada por el hijo de Miguel, José Miguel Bejos, compañero de golf del presidente Peña.
La constructora Grupo Promotor de Desarrollo e Infraestructura (Prodi) fue creada en agosto de 2011, cuatro meses antes de que Peña obtuviera la candidatura presidencial por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Entre 2012 y 2015 han obtenido 283 millones de dólares en obras para el gobierno federal y el Estado de México, varias de ellas en sociedad con el conglomerado portugués Mota-Engil y otras con Controladora de Empresas Prestadoras de Servicios Públicos, la compañía por la que su padre, Alfredo Miguel, enfrenta una acusación de fraude en Idaho, por lo que fue citado a declarar en febrero pasado.
En septiembre de 2012, Peña había dejado la gubernatura del Estado de México y ya había ganado las elecciones presidenciales. Uno de los primeros contratos de su administración, ya en pleno uso de recursos federales como presidente electo, fue la renta del inmueble que usó durante los tres meses de la transición de gobierno.
El equipo de Peña colocó en el portal mexicano de transparencia una copia del contrato de arrendamiento por 20,825 dólares a pagar en tres meses con Inmobiliaria Virreyes 1130, S.A. de C.V.. Documentos del Registro Público de Comercio de la capital mexicana obtenidos por Univision Investiga revelan que esta inmobiliaria es controlada por la familia que maneja el conglomerado CIC.
Uno de los apoderados legales de la compañía, con poderes de dominio, que le otorgan calidad de dueño, es el sobrino de Alfredo Miguel, Francisco Javier García Bejos, actual secretario del trabajo del Estado de México, cargo al que fue nombrado un año después de la victoria de Peña.
Ve los reportajes íntegros en Univisión:

sábado, 31 de enero de 2015

Contratos por $24,792 millones a filiales de Grupo Higa, para el acueducto de Monterrey

El proyecto, que busca llevar agua de la cuenca del río Pánuco a la zona metropolitana de Monterrey, ha sido cuestionado por organismos ciudadanos por caro, innecesario y opaco.
Contratos por $24,792 millones a filiales de Grupo Higa, para el acueducto de Monterrey
Juan Armando Hinojosa Cantú, dueño de Grupo Higa y Rodrigo Medina de la Cruz, gobernador de Nuevo León. (Foto: Gobierno de Tamaulipas / Cuartoscuro)


Grupo Higa, cuestionado por ser uno de los contratistas favoritos de la administración de Enrique Peña, tendrá a su cargo la mayor parte de Monterrey VI, el proyecto más costoso en la historia de Nuevo León.
Aunque inicialmente se detectó que el consorcio de Armando Hinojosa tendría una participación de 37.5 por ciento a través de una empresa, una revisión de Grupo Reforma encontró que son dos las firmas ligadas a Higa involucradas en el acueducto y acaparan el 52.75 por ciento de los contratos.
A Concretos y Obra Civil del Pacífico, con participación de 37.5 por ciento, se suma Desarrollos y Construcciones Rogar, con 15.25 por ciento.
Ambas recibirán 24 mil 792 millones de pesos de dinero federal y estatal para realizar la obra, que aún no arranca.
La primera empresa pertenece directamente a Higa, mientras que la segunda está a nombre del regiomontano Jesús Rogelio García Arzabala.
Según documentos a los que Grupo Reforma tuvo acceso, García también es apoderado y representante legal de Concretos y Obra Civil del Pacífico.
El proyecto, que busca llevar agua de la cuenca del río Pánuco a la zona metropolitana de Monterrey, ha sido cuestionado por organismos ciudadanos por caro, innecesario y opaco
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