Confirman que panista Germán de la Garza es investigado por el desfalco a Sedesol; en Benito Juárez dejó un ‘cochinero’
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A través de las secretarías de Gobernación y de la Función Pública, el gobierno federal investiga en efecto a Germán de la Garza Estrada por su presunta responsabilidad en el desfalco contra la secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) por 50 millones de pesos, cuando el ex delegado en Benito Juárez –cuya gestión fue un auténtico ‘cochinero’’ ampliamente documentado por Libre en el Sur— era oficial mayor de esa dependencia.
Así lo confirma destacadamente el diario La Razón en la portada de su edición impresa de este martes. Indica que después de los sismos de finales de 2011 y principios de 2012 en Ometepec, Guerrero, no se entregaron apoyos a la gente damnificada por alrededor de 50 millones de pesos y que, además, De la Garza autorizó contratos a empresas constructoras que incumplieron en la reestructuración de viviendas en esa comunidad.
El ex oficial mayor fue delegado en Benito Juárez entre 2006 y 2009 y actualmente es integrante del Gabinete para la Reforma Política del DF del Comité Regional del PAN en el DF, designado por el presidente albiazul capitalino, Mauricio Tabe Echartea, que pertenece al grupo político del actual delegado en Benito Juárez, Jorge Romero Herrera.
Libre en el Sur investigó amplia y detalladamente su gobierno en la DBJ, en el que proliferaron obras irregulares y apertura de giros negros, que hasta ahora no paran. Dejó huella. Con su gestión surgió también la nutrida participación vecinal contra las violaciones al uso de suelo, particularmente ante el consentimiento gubernamental a la construcción de un edificio de viviendas en el Parque Hundido y la absurda pretensión de perforar un pozo de extracción de agua en el histórico Parque de San Lorenzo, en la colonia Tlacoquemécatl Del Valle.
A las informaciones de este medio, siempre documentadas, él respondió con intentos de censuras, represalias y bloqueos a la labor informativa, lo que fue denunciado ante la Comisión de Derechos Humanos del DF. La relación de hechos es elocuente. Y crispa:
“En la herencia que deja a su sucesor, el también panista Mario Alberto Palacios, están los estragos causados por la proliferación de construcciones en Benito Juárez, la inseguridad, escasez de servicios, saturación de vialidades, propagación de franeleros y vendedores ambulantes, utilización de casas habitación como oficinas y un déficit de 40 mil cajones de estacionamiento, como lo dictaminó el informe de la Comisión de Investigación para Valorar el Impacto del Otorgamiento de Licencias y Manifestaciones de Construcción, creada el 28 de febrero de 2007 por diputados de la Asamblea Legislativa del DF. El cochinero está documentado”, publicó Libre en el Sur en su edición impresa de noviembre del 2009.
“Pero deja también un cúmulo de problemas sin atender y de denuncias contra su administración, presentadas por vecinos, medios de comunicación y legisladores, incluidos algunos de su propio partido. Ante la Contraloría General del Distrito Federal hay decenas de demandas emanadas del estudio realizado por una Comisión Especial de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF). Aunque la propia autoridad delegacional los ha solapado para que no se conocieran sus nombres, pudo constatarse que tan solo en los dos primeros años del gobierno de Germán de la Garza 54 funcionarios de la DBJ fueron sancionados por diversas causas. (…)
“La Oficina de Información Pública de la DBJ respondió a la solicitud 0115000030808 de Libre en el Sur que “los servidores públicos involucrados en quejas y denuncias que fueron sancionados del 1 de octubre del año 2006 al 6 de octubre del año 2008, son 54”, incrementándose así los 13 que fueron reportados desde septiembre por este mismo medio. Aquellas primeras sanciones habían implicado amonestaciones, suspensiones, inhabilitaciones y multas por hasta 177 mil pesos. Entre los nuevos castigados –de los que no se han revelado sus nombres— hay 19 casos de deshonestidad, además de otros por abuso de autoridad, negligencia, extorsión y faltas a la normatividad.
“Se comprobó asimismo que entre los investigados por la Contraloría estuvieron dos de los seis directores generales de la administración: Bernardo Lartigue Contreras, director general de Desarrollo Social y Participación Ciudadana (investigación CIBJU/D/0082/2008) y Rigoberto Carmona Roano, director general de Obras y Desarrollo Urbano, a quien “se determinó promover el afincamiento de responsabilidades administrativas” por cuatro diferentes casos (expedientes DAC/SQYD/D/106/2008, DAC/SQYD/D/107/2008, DQD/SQYD/D/377/2008 y DQD/SQYD/D/397/2008). El director Jurídico, Miguel Ángel Medellín Padilla, ha sido también sancionado, pero en dos diferentes ocasiones, por sendas faltas (folio CG/0IPCG/0115000059109/2009).
“Con relación a irregularidades en construcciones y afectación del medio ambiente, entre el 1 de octubre de 2006 y el 26 de agosto de 2009, se han presentado en Benito Juárez 125 denuncias ante la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT). Y particularmente referidas al caso de la construcción de un edificio en Millet 72, dentro del Parque Hundido, hay cuatro denuncias y una recomendación de la PAOT a la DBJ. (Folios PAOT-2008-1351-SOT-655, PAOT-2009-148-SOT-69, PAOT-2009-387-SOT-184, PAOT-2009-520-SOT-244, PAOT-2009-835-SOT-402 y recomendación 02/2009).
Por otra parte, una auditoria ciudadana llevada a cabo por el Frente Vecinal Benito Juárez detectó, entre otras irregularidades graves, que en 2007 y 2008 la DBJ permitió 257 nuevos edificios sin manifestación de construcción. La DBJ ha sido absolutamente omisa en los casos de tres casas catalogadas por el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) que fueron demolidas ilegalmente en la colonia Insurgentes Extremadura: en Cerrada de Empresa 5, en Millet 22 y la ya célebre de Millet 72.
“Ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) hay al menos dos denuncias en trámite, una por la tala de más de 10 mil árboles en la demarcación y presuntas violaciones al derecho a tener un medio ambiente sano (CDHDF/III/122/BJ/09/D 3650) y otra directamente contra la administración de Germán de la Garza por atentados a las libertades de prensa y expresión y uso de recursos públicos para controlar a medios de comunicación (expediente CDHDF/122/07/BJ/D6685-III.). Otras tres demandas están en proceso ante la Procuraduría General de Justicia del DF (FSCAPO/ZO/T3/108/09-04, FSCAPO/ZO/T3/105/09-04 y FSCAPO/ZO/T3/244/09-04), por el caso de Millet 72.
“De la Garza deja otro legado, éste literalmente negro: una serie de establecimientos mercantiles irregulares conocidos como giros negros. Son lugares “sólo para caballeros”, donde se ofrece como atractivo table dance y en los que según la Procuraduría capitalina a menudo se ejerce la prostitución y el lenocinio y se dan casos de tráfico de drogas y venta de alcohol a menores de edad. Fadlala Akabani, el anterior jefe delegacional en Benito Juárez, clausuró durante su gestión una decena de este tipo de establecimientos que había en la demarcación. Su sucesor abrió nuevamente las puertas a estos men’s club, de los cuales hay ahora más de 30, varios de ellos en plena avenida Insurgentes (Sutra, Red 69, Sara’O, Exxeso, entre otros).
“Benito Juárez ha sido víctima en los últimos tres años de un verdadero ecocidio. Cuando hasta el 20 de agosto pasado la Delegación había permitido, según sus cifras, la tala de 8,609 árboles, trasplantó únicamente 80 árboles (JD/OIP/2454/09). Y tan sólo trató de plagas y enfermedades a 164 (JD/OIP/2453/09), lo que equivale apenas al 1.4 por ciento de los árboles talados. Con la suma de otros 1,054 árboles que de acuerdo a la Secretaría del Medio Ambiente del DF fueron talados por obras del Metro, Metrobús y puentes vehiculares (SMA/DGRA/DEIA/5499/07 y SMA/DGRA/DEIA/4599/08), la devastación alcanzó durante la gestión de Germán de la Garza a 9,613 árboles, entre ellos 701 ejemplares de especies consideradas “monumentos urbanísticos” por la Ley de Salvaguarda del Patrimonio Urbanístico y Arquitectónico del DF, tales como fresnos, cedros y sauces (JD/OIP/2497/09).
“Al tomar posesión como jefe delegacional, el 1 de octubre de 2006, De la Garza ofreció a los juarenses con voz forzada: “¡Ni un ambulante más en Benito Juárez!”. Repitió la frase otras muchas veces y fue el encabezado del primer número de la gaceta delegacional La BJ, de efímera existencia, en junio de 2007. Hoy, la propia DBJ reconoce la presencia de dos mil 587 puestos callejeros “registrados” (JD/OIP/2443/09), pero la cifra real podría fácilmente quintuplicar ese número, según estimaciones de organizaciones vecinales. No hace falta contarlos: en avenidas como Universidad, Eje Central, Tlalpan, División del Norte, Félix Cuevas, San Francisco, Parroquia, Zapata, Municipio Libre, Cuauhtémoc; en las estaciones del Metro, afuera de los mercados, en todas las bocacalles que dan a Insurgentes Sur, en los alrededores de bancos, escuelas y hasta hospitales pululan los ambulantes, intocables. Cada día más y más y más”.
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