El Ejecutivo federal responde a las 42 preguntas, sobre diferentes temas, formuladas por la Cámara de Diputados el pasado 6 de noviembre, con motivo del Segundo Informe de Gobierno.
“¿Por qué el gobierno tardó más de nueve días en intervenir en la investigación de los hechos, de quién dependió esa decisión; ¿por qué a pesar de que desde el inicio de las investigaciones y los primeros indicios, para tipificar el delito de desaparición forzada, las investigaciones de la Procuraduría General de la República se centraron en el delito de secuestro?; ¿cuáles eran las funciones que desempeñaba la 27 Zona Militar en el municipio de Iguala?”, fueron algunas de las preguntas que diputados del PAN y PRD hicieron al presidente Enrique Peña Nieto, en relación con el Segundo Informe de Gobierno.
El titular del Ejecutivo respondió, en un documento que se dio a conocer el martes:
“En cuanto a las investigaciones por el caso de los jóvenes normalistas de Ayotzinapa, respetando el Pacto Federal, la Procuraduría General de la República no pudo atraer la investigación hasta que así lo solicitó el gobierno del estado“, indicó.
“Actualmente, debido a que no existen protocolos internacionales respecto a la desaparición forzada de personas, dentro de las investigaciones que lleva a cabo la Procuraduría General de la República, relacionadas no sólo con el asunto de Iguala sino con otros asuntos similares en proceso de investigación, se están aplicando los protocolos internacionales en lo que respecta a la exhumación, registro de cadena de custodia, selección de peritos y atención a las víctimas. Por lo tanto no se considera que exista omisión alguna.
“Actualmente, debido a que no existen protocolos internacionales respecto a la desaparición forzada de personas, dentro de las investigaciones que lleva a cabo la Procuraduría General de la República, relacionadas no sólo con el asunto de Iguala sino con otros asuntos similares en proceso de investigación, se están aplicando los protocolos internacionales en lo que respecta a la exhumación, registro de cadena de custodia, selección de peritos y atención a las víctimas. Por lo tanto no se considera que exista omisión alguna.
“Por lo que hace al inicio de las investigaciones y primeros indicios, resulta importante destacar que en la indagatoria relativa al evento ocurrido el día 26 de septiembre de 2014 en el que desaparecieron 43 normalistas de Ayotzinapa, se arribó a la conclusión de que se trataba de un caso de desaparición forzada, esto porque se advertía la probable participación de elementos de seguridad pública municipal durante la detención de los normalistas. Ante este único y primer alarmante dato, diversos medios de comunicación y líderes de opinión pública difundieron y generalizaron que el evento se trataba de desaparición forzada, sin que hasta ese momento existiera ningún medio de prueba suficientemente sólido que justificara dicha afirmación.
“En la integración de la indagatoria de la averiguación previa, el agente del Ministerio Público de la Federación realizó el juicio de reproche por el delito de Desaparición Forzada cometido en agravio de los 43 estudiantes normalistas ante la autoridad jurisdiccional, quien consideró que los hechos investigados no encuadraban en la hipótesis que establece el tipo penal de Desaparición Forzada, sin embargo, fue el mismo órgano jurisdiccional quien estimó que se reunían los elementos del tipo penal de secuestro con distintas agravantes, por lo que respecta al estudiante normalista ya identificado…
“No obstante, la Procuraduría General de la República, no ha cesado en su intención de acreditar el ilícito de Desaparición Forzada y muestra de ello, es la obtención de una orden de aprehensión por este delito librada en contra de 5 policías municipales”, apuntó.
“…Es al Juez de Distrito al que corresponde establecer, determinar y fijar la tipificación de los hechos que le consigna el Ministerio Público. Se insiste en que no se considera una omisión en virtud de que la autoridad judicial determinó que los hechos por los que ejerció acción penal el Ministerio Público de la Federación fueron constitutivos del delito de Secuestro y no de Desaparición Forzada, destacando que al no compartir el criterio jurisprudencial se interpuso recurso de apelación contra la negativa de orden de aprehensión por el delito de Desaparición Forzada”, abundó.
Además, sostuvo que la 27 Zona Militar “no tiene responsabilidad” en Iguala, pues es la 35 Zona Militar, de Chilpancingo, la que está a cargo de ese municipio.
Aquí todas las respuestas del Ejecutivo, sobre diferentes asuntos:
“No obstante, la Procuraduría General de la República, no ha cesado en su intención de acreditar el ilícito de Desaparición Forzada y muestra de ello, es la obtención de una orden de aprehensión por este delito librada en contra de 5 policías municipales”, apuntó.
“…Es al Juez de Distrito al que corresponde establecer, determinar y fijar la tipificación de los hechos que le consigna el Ministerio Público. Se insiste en que no se considera una omisión en virtud de que la autoridad judicial determinó que los hechos por los que ejerció acción penal el Ministerio Público de la Federación fueron constitutivos del delito de Secuestro y no de Desaparición Forzada, destacando que al no compartir el criterio jurisprudencial se interpuso recurso de apelación contra la negativa de orden de aprehensión por el delito de Desaparición Forzada”, abundó.
Además, sostuvo que la 27 Zona Militar “no tiene responsabilidad” en Iguala, pues es la 35 Zona Militar, de Chilpancingo, la que está a cargo de ese municipio.
Aquí todas las respuestas del Ejecutivo, sobre diferentes asuntos:
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