La causa penal 100/2014, sobre el ataque y secuestro de los estudiantes de Ayotzinapa, revela la debilidad y falta de pruebas en la investigación de la Procuraduría General de la República: El juzgado que analiza el caso liberó a siete policías de Cocula e Iguala, rechazó otorgar órdenes de aprehensión contra cuatro presuntos culpables y siguen prófugos 19 coacusados. Jurídicamente la situación es clara: hasta el momento no hay culpables confirmados ni se puede asegurar dónde están los jóvenes desaparecidos.
A más de 40 días del asesinato de seis personas y la desaparición forzada de 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, el gobierno de Enrique Peña Nieto no tiene una investigación sólida, no ha confirmado el destino de los estudiantes desaparecidos, no tiene pruebas contundentes contra los presuntos responsables y no ha logrado capturar a todos los sospechosos.
El viernes 7 el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, presentó un nuevo informe sobre el caso. Pese a admitir que no tiene pruebas periciales concluyentes, dio a entender que los estudiantes habían sido asesinados y calcinados; dijo tener “plenamente identificados y acreditados a los policías de Cocula e Iguala” que participaron en los hechos y afirmó haber arrestado, en total, a 52 presuntos responsables, incluyendo 22 policías de Iguala que aún están siendo procesados bajo el fuero común.
El gobierno federal pretende mostrar a la opinión pública un caso resuelto con solidez. Pero en el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales (JPPP) –radicado en Tamaulipas, donde se lleva la causa penal por secuestro y actos de delincuencia organizada contra los estudiantes–, la PGR tiene problemas para sostener el caso, único instrumento legal para hacer justicia a los normalistas asesinados o desaparecidos.
Documentos de las actuaciones en la causa penal 100/2014 –abierta en el contexto de la averiguación previa AP/PGR/SEIDO/UEIDMS/439/2014 sobre los ataques contra los jóvenes ocurridos el 26 y el 27 de septiembre pasados en Iguala– a cuales que tuvo acceso este semanario revelan una investigación endeble. Después de 33 días de haber asumido toda la responsabilidad en la indagatoria, la PGR no tiene las pruebas suficientes para mantener el auto de formal prisión contra todos los detenidos ni para obtener órdenes de aprehensión contra quienes considera culpables.
De acuerdo con los documentos judiciales, el 25 de octubre pasado el JPPP ordenó la libertad de siete policías de Cocula e Iguala porque la PGR no presentó pruebas suficientes en su contra. A tres de los agentes el juez les quitó el delito de secuestro y a los otros cuatro, los de delincuencia organizada y secuestro.
Asimismo, de los 46 presuntos responsables señalados por la PGR en la averiguación AP/PGR/SEIDO/UEIDMS/439/2014, el gobierno de Peña Nieto no ha podido detener a 19. Es decir, casi la mitad de los acusados de haber participado en el secuestro y matanza siguen libres.
El 24 de octubre el JPPP le negó a la PGR las “órdenes de aprehensión, comparecencia o presentación” contra cuatro de los 19 presuntos responsables libres.
La causa penal 100/2014 es hasta ahora el único sustento jurídico para mantener detenido al exalcalde de Iguala José Luis Abarca y arraigada a su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa. También en ella se fundamenta la detención de 24 agentes municipales de Cocula e Iguala y de Raúl Núñez Salgado, a quien la PGR señala como “operador financiero” del grupo criminal Guerreros Unidos, y la persecución de los 19 coacusados mencionados, cuyos nombres no se hacen públicos porque aún están prófugos.
Policías liberados
Según las constancias judiciales a las que la reportera tuvo acceso, la averiguación previa AP/PGR/SEIDO/UEIDMS/439/2014, bajo la responsabilidad de Rodrigo Archundia, quien fuera titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, fue consignada el 18 de octubre pasado ante el JPPP por el agente del Ministerio Público federal adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro. Eso dio origen a la causa penal 100/2014.
El 14 de octubre pasado, Tomás Zerón de Lucio, director de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, anunció la detención de 24 policías: 14 de Cocula “por su participación en el traslado de los normalistas secuestrados”, y 10 de Iguala, además de los 22 aprehendidos el 27 de septiembre por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero, quienes hasta ahora sólo están siendo procesados por el fuero común.
La única línea de investigación que a la fecha tiene la PGR sobre el ataque y la desaparición de los normalistas está encaminada a que presuntamente Abarca, su esposa, policías municipales y miembros de la delincuencia organizada fueron los responsables.
En la conferencia de prensa del viernes 7, Murillo Karam afirmó tener “plenamente identificados y acreditados” a los policías de Cocula e Iguala que participaron en el ataque contra los estudiantes –y que por lo tanto habrían cometido delitos de secuestro y delincuencia organizada–, pero ante el juez, la PGR no ha podido probar todas sus acusaciones.
Tras su captura, los 24 policías fueron recluidos en el Centro Federal de Readaptación Social número 4 Noroeste en Tepic, Nayarit, penal de máxima seguridad. Se trata de César Yáñez Castros, Roberto Pedrote Nava, Jesús Parra Arroyo, José Antonio Flores Train, Julio César Mateos Rosales, Juan de la Puente Medina, Nelson Román Rodríguez, Alberto Aceves Serrano, Wilber Barrios Ureña, Óscar Veleros Segura, Arturo Reyes Barrera, Joaquín Lagunas Franco e Ignacio Aceves Rosales.
También Jorge Luis Manjarrez Miranda, Édgar Vieyra Pereyda, Alejandro Mota Román, Santiago Socorro Mazón Cedillo, Héctor Aguilar Ávalos, Verónica Bahena Cruz, Alejandro Lara García, Édgar Magdaleno Navarro Cruz, Leodan Fuentes Pineda, y Enrique y Óscar Pérez Carreto.
El 22 de octubre pasado, a las 9 de la mañana, estaba programada su declaración, pero decidieron reservarse ese derecho. El juzgado debía resolver si ratificaba el auto de formal prisión contra los 24 agentes detenidos por la PGR o no. A siete de los policías no les ratificó el auto de formal prisión, es decir, a casi la tercera parte de los detenidos.
Respecto de los policías Santiago Socorro Mazón Cedillo (Iguala), Alejandro Lara García (Cocula) y Édgar Magdaleno Navarro Cruz (Iguala), acusados de delincuencia organizada y secuestro, el juzgado resolvió ordenar su libertad en lo que respecta al delito de secuestro, porque la PGR no presentó pruebas convincentes; y les mantuvo el auto de formal prisión por el de delincuencia organizada.
Y respecto de los policías César Yáñez Castro (Cocula), José Antonio Flores Train (Iguala), Jorge Luis Manjarrez (Cocula) y Enrique Pérez Carreto (Iguala), también acusados de delincuencia organizada y del secuestro de los normalistas, el juzgado negó a la PGR el auto de formal prisión y ordenó su libertad “por falta de elementos para procesar” y “desvanecimiento de datos”, señala la resolución.
El 31 de octubre y el miércoles 5 el juzgado admitió la apelación de la PGR y ahora analiza si procede o no.
Abogados expertos en derecho penal consultados por Proceso explicaron que esto sucede cuando la autoridad no tiene pruebas ni siquiera para lograr que se dicte un auto de formal prisión. Se pone en libertad a los acusados y el Ministerio Público tiene la posibilidad de perfeccionar la averiguación previa. “La práctica señala que quien sale por falta de elementos es muy poco probable que el Ministerio Público intente algo posterior en su contra”, señala uno de los juristas consultados.
Acorde con el expediente, la gran mayoría de los policías detenidos, incluso los que trabajaban en la policía municipal de Cocula, vivían en Iguala, con un nivel educativo de secundaria y preparatoria, y de todos ellos sólo dos alcanzaron un grado superior: Alejandro Mota Román, comandante de la policía de Iguala, e Ignacio Aceves Rosales, comandante en Cocula.
En los últimos seis años, la PGR ha sido exhibida por la fabricación de casos e incluso de testimonios. Ocurrió en la llamada Operación Limpieza (2008), el expediente abierto contra funcionarios públicos de la PGR que supuestamente recibían sobornos del crimen organizado; el caso contra funcionarios públicos de Michoacán por sus supuestos vínculos con el narcotráfico –hecho conocido como el Michoacanazo (2009)– o el de Los Generales (2012), abierto contra cinco militares, entre ellos el exsubsecretario de la Defensa Nacional Tomás Ángeles Dauahare.
Los que la están librando
El expediente judicial sobre Iguala también muestra que, a más de un mes del ataque a los estudiantes, el gobierno de Peña Nieto no ha podido detener a 19 acusados.
En esa causa, la PGR imputa a 46 personas ser los autores de los delitos cometidos contra los estudiantes de Ayotzinapa. De esos acusados, la Procuraduría solo ha detenido a 27, incluyendo a Abarca y su esposa.
El 19 de octubre la PGR solicitó al JPPP 20 órdenes de aprehensión, incluyendo la de Abarca: 10 por secuestro y delincuencia organizada, siete sólo por delincuencia organizada y tres por secuestro, delincuencia organizada y homicidio calificado.
El 24 de octubre el juzgado resolvió negar cuatro órdenes “de aprehensión, comparecencia o presentación”. Explicó que el Ministerio Público no presentó elementos de prueba suficientes para convencer al juez. De las órdenes negadas, tres eran de los casos únicamente relacionados con delincuencia organizada y una por los delitos de secuestro y delincuencia organizada. Según la actualización del expediente consultada en el Consejo de la Judicatura Federal, la PGR no apeló la negativa.
El martes 4 la PGR anunció la detención de Abarca y su esposa; él fue trasladado directamente al penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, merced a la orden girada por el JPPP respecto de la causa 100/2014. Ese mismo juzgado negó a la PGR la orden de detención solicitada el miércoles 5 contra María de los Ángeles Pineda Villa, por lo ella que está en arraigo.
Murillo Karam informó el viernes 7 que a la esposa de Abarca se le fincará el delito de uso de recursos de procedencia ilícita. Hasta el miércoles 5 la PGR no había logrado acreditarle los de secuestro y homicidio.
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