Un pormenorizado análisis en torno a la cadena de incompetencias, irregularidades, omisiones y absurdos en todos los niveles de gobierno en México en casos de violaciones graves a los derechos humanos cometidas por fuerzas del Estado fue expuesto por el representante del Alto Comisionado de la ONU en la materia, Javier Hernández, en la reunión que sostuvo con diputados mexicanos que investigan la muerte de 22 personas a manos del Ejército en Tlatlaya en junio último. Su diagnóstico es demoledor: el caso, dice a Proceso, es sólo una muestra de “una gran masa de violaciones a las garantías individuales vinculadas a acciones del Estado”.
En México abundan las violaciones graves a los derechos humanos: padece desapariciones forzadas, soldados que fusilan a delincuentes, delincuentes que matan a policías, policías que se corrompen junto a funcionarios y funcionarios que ordenan ejecutar a civiles.
Los casos se acumulan porque existe impunidad, y el caso Tlatlaya es sólo la punta del iceberg. Debajo hay una gran masa de violaciones a las garantías individuales vinculadas a acciones del Estado.
Así lo advirtió Javier Hernández Valencia, representante en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, durante un encuentro privado con el grupo de legisladores federales que investiga la muerte de 22 civiles a manos del Ejército el pasado 30 de junio, en Tlatlaya, Estado de México.
La atención que despertó esa matanza en organismos defensores de los derechos humanos nacionales e internacionales, sostiene Hernández en entrevista con Proceso, “permite aspirar a que, en la resolución o desentrañamiento del caso, se puedan desempaquetar problemas estructurales. (…) Los dos rieles paralelos de esos problemas estructurales en México son el de la procuración de justicia y el de la impunidad”.
En el encuentro con los diputados les aseguró: “Si no se corrigen las fallas o si se da una tendencia a su ‘encapsulamiento’, nuevos casos surgirán”.
Después, en entrevista, abundó: “Si no revisamos los sistemas de inteligencia, si no revisamos el conjunto de cosas (que ocurren) en entidades, en instituciones altamente jerarquizadas y altamente sistémicas (como el Ejército), estamos sólo atendiendo una parte del problema”.
El representante no quiso hablar de lo dicho en la junta privada. Sin embargo, este semanario obtuvo “las notas” que serán parte del informe final del grupo de trabajo legislativo.
La punta del iceberg
El pasado 5 de octubre, Hernández se reunió con el Grupo Plural de Trabajo para el caso Tlatlaya en la Cámara de Diputados. Ahí expresó que aquella matanza cuenta con elementos “abundantes” que no permiten soslayarla.
De acuerdo con las notas del grupo legislativo, el representante de la ONU asentó: “Tlatlaya es un epifenómeno, es la punta del iceberg: debajo hay una gran masa de violaciones a los derechos humanos vinculadas a acciones del Estado. Esto ha sido visible desde hace mucho tiempo para las organizaciones defensoras de los derechos y hoy es un detonante ante la opinión pública”.
Les recordó que la anterior alta comisionada, Navenethem Pillay, indicó al gobierno mexicano que el Ejército puede desempeñar acciones de seguridad pública de manera extraordinaria siempre y cuando vaya limitando sus acciones poco a poco, con controles civiles y respeto a los derechos humanos. Hernández también les dijo que el relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Christof Heyns, advirtió que “el enfoque militar puede exponer a la población civil a atropellos”.
El representante del Alto Comisionado les enumeró a los diputados federales Elena Tapia Fonllem (PRD), Loretta Ortiz Ahlf (PT), Ricardo Pacheco Rodríguez (PRI) y Ernesto Núñez (PVEM) –los otros tres integrantes del grupo no acudieron a la cita– algunas recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) respecto del asesinato de una menor en 2009, cuando iba en motocicleta en Buenavista Tomatlán, Michoacán; de la muerte de dos estudiantes del Tecnológico de Monterrey en 2010, y las relativas a hechos de tortura sucedidos en Tabasco, Nuevo León y Guerrero en 2011, “todos los casos con participación de las fuerzas armadas”.
“Y Tlatlaya es paradigmático, no hay otro caso con tan alto número de víctimas. Hay un rosario de hechos documentados, Tlatlaya llega después de recomendaciones emitidas por la CNDH, y esas acciones o no resultan o no tienen efectos. (…) Ese caso muestra los pies cortos de una reforma (la del fuero militar). La cuestión es cómo evitar que algo suceda y no se olvide, o que se cumplan las recomendaciones o que tengan un efecto de corrección.”
Les recordó a los diputados que hacer respetar los derechos humanos es tarea de todo el Estado, incluido el Poder Legislativo. Les dijo que la Secretaría de la Defensa Nacional “ha trazado una línea respecto del comportamiento criminal de sus elementos, lo cual es correcto, pero es incompleto si estos hechos se repiten y no se produce cambio institucional”.
En la entrevista explica uno de los problemas en el manejo del caso Tlatlaya: “De un lado están los ocho soldados ‘criminales’; del otro, el del Estado, están las instituciones que se desolidarizan de ese comportamiento criminal, se deslindan, se separan, los denuncian. Es decir ‘fueron ellos’, pero no se atreven a revisar los sistemas de la institución”.
Si se atiende sólo al individuo, continúa, “y no examinamos los aparatos de inteligencia, de intendencia, las comunicaciones, el conjunto de cosas en entidades e instituciones tan altamente jerarquizadas y sistémicas, esto puede ocurrir otra vez… No sabemos aún si tenemos que ir también a modelos de control en el uso de la fuerza para no asumir como normal, correcto, aceptable, un paisaje en el que vidas humanas se pierden así, sin explicación, sin investigación”.
Detalla que en materia militar “nadie sale de una instalación sin un proceso, sin una autorización, sin un objetivo. Si la misión en Tlatlaya era de patrullaje, entonces hubo un encuentro fortuito; si la misión era otra –y con esto no digo que la misión fuera matarlos, porque si fuera así no envías a menos elementos de los que enfrentarías–, si había una orden de que las patrullas no salían si no era en cinco vehículos mínimo y con 20 soldados mínimo, y sale una camioneta con ocho elementos, no se trata sólo del que salió, sino del que lo dejó salir, y no porque lo dejó salir para ir a matar, sino porque lo dejó salir: él sabía que salían con menos integrantes”.
Hernández, quien ha participado en acciones de paz en otros países y sabe cómo se mueven los ejércitos, explica que si van a un territorio hostil los soldados se van reportando a su base, porque en caso de problemas ya hay un refuerzo listo para auxiliarlos.
Estas bitácoras de lo ocurrido en Tlatlaya se deben analizar, dice, y no quedarse sólo con las recomendaciones de la CNDH, que “es sólo el piso, no el techo de la investigación”.
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, explica su representante, no se involucra en la indagatoria porque sepa más que el gobierno. “Nosotros no somos más sabios que nadie. Lo único que hacemos aquí es, para el bien de México y sus instituciones, hacer notar cuando suceden cosas tan graves”.
A los diputados, según las notas de la reunión, el representante de la ONU les comentó que “nadie se va con un camión a un lugar que nadie le ha mandado sin tener comunicación, sin tener coordinación, sin saber lo que va a encontrar. Hacerlo es enviarlo al vacío, a la oscuridad. La profesión militar no es improvisación, como en el mundo civil, donde es útil la adaptabilidad”.
Les detalló que el 3 de julio su equipo de trabajo se trasladó a la bodega donde ocurrieron los hechos, ubicada en San Pedro Limón, Tlatlaya, y que lo encontrado “no corresponde a un intenso tiroteo: hay sangre en puntos clave, lo que llevó a construir hipótesis alternas. Fue necesario inquirir en elementos ausentes en la versión oficial”.
El 21 de octubre, la CNDH determinó que hubo tortura, 15 ejecuciones extrajudiciales y encubrimiento de parte del Ejército.
Historia de impunidad
Tlatlaya, sostiene Hernández, es la oportunidad de investigar cuáles fueron las fallas de una institución como el Ejército y proponer sistemas de prevención y control “para terminar la tarea” de lo que debe corregirse.
Considera que hablar de esa matanza sólo tiene sentido si se hace en un contexto más amplio, que incluya casos como Ayotzinapa, la muerte de dos jóvenes regiomontanos a causa del Ejército, la desaparición de 11 cazadores en Zacatecas a manos de policías locales coludidos con el crimen organizado, o el de doña Guadalupe Fernández, “que me envió un mail, desesperada, diciendo: ‘¿Y mi desaparecido? ¿Por qué no se busca con la intensidad con la que se busca a los 43 muchachos de Ayotzinapa?’. Los casos se acumulan sin que resolvamos el nudo de impunidad”.
En México, “los dos rieles paralelos de esos problemas estructurales son la procuración de justicia y el de la impunidad. Y en esos rieles caminan varios vagones: la policía municipal que lo hizo, el Ministerio Público que no actuó debidamente, la procuraduría local que no le prestó atención al caso… y para Tlatlaya podemos ver varios de esos vagones”.
Trae a colación una columna del periodista Miguel Ángel Granados Chapa publicada el 9 de octubre de 2008 en el diario Reforma, en la que narró cómo el 18 de agosto de aquel año –día de mercado– y en el mismo San Pedro Limón, Tlatlaya, un comando disparó AR-15 y AK-47 contra la multitud, matando a 23 personas e hiriendo a otras decenas.
El mismo artículo recuerda que elementos del Ejército llegaron, levantaron los cadáveres, recogieron los casquillos, limpiaron la escena, despojaron de sus celulares a los testigos y les dijeron que era preferible que no se supiera lo ahí ocurrido.
Asegura desconocer si el tema se investigó o no. Pero sí acepta que los casos de violaciones graves a derechos humanos se acumulan. “La impunidad actúa como un aliciente para que aquellos que no reciben castigo puedan volver a repetir sus actos criminales. Por eso decimos que los sistemas de justicia no sólo deben castigar sino ser eficientes, dar un mensaje que desaliente al que quiera infringir la ley, porque el largo brazo de la ley sí lo va a alcanzar. Pero si el brazo es cortito y nunca alcanza a nadie, se juega con el handicap a favor, porque ‘entonces no me va a pasar nada si robo, si mato, si secuestro; no me va a pasar nada si estoy envuelto en una desaparición forzada’”.
Hernández explica que las violaciones graves a los derechos humanos no sólo tienen que ver con su cantidad, sino ante todo con su naturaleza: “Cuando ocurren ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas es mucho más sensible que cuando estamos ante discriminaciones. En México hay desapariciones forzadas, hay ejecuciones extrajudiciales, hay asesinatos cometidos por funcionarios, por personas que no son funcionarios, por policías que matan ciudadanos. El crimen organizado es una realidad dolorosa”.
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