Oficiales deben arrestar, no salir y matar criminales: relator de la ONU sobre Tlatlaya

Christof Heyns también mostró su preocupación por la falta de avances significativos en las investigaciones del caso.

Las órdenes a oficiales encargados de hacer cumplir la ley nunca pueden consistir en salir y matar criminales; deben consistir en arrestar y, sólo si se prueba necesario, el uso de la fuerza debe ser el mínimo, dijo el relator especial de Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, Christof Heyns, acerca de la nueva información sobre el caso Tlatlaya difundida el jueves 2.

Según se informó en un comunicado, Heyns instó a las autoridades mexicanas a tomar en consideración las nuevas evidencias dadas a conocer en relación con la muerte de 22 personas, incluida una niña de 15 años, hace un año durante una operación militar contra presuntos delincuentes en Tlatlaya, Estado de México.

Además de considerar la nueva evidencia, consistente en una orden militar que llamaba a abatir delincuentes durante la noche, el relator mostró preocupación por la falta de avances significativos en las investigaciones.

A continuación el comunicado íntegro:

MEXICO / GINEBRA (3 de julio de 2015) – El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Christof Heyns, instó hoy a las autoridades mexicanas a tomar en consideración las nuevas evidencias dadas a conocer recientemente en relación con la muerte de 22 personas, incluida una niña de 15 años, hace un año durante una operación militar contra presuntos delincuentes en Tlatlaya.

Según las autoridades mexicanas, todas las muertes sucedieron como consecuencia del tiroteo que se produjo durante el enfrentamiento, pero informaciones periodísticas y el testimonio de una de las tres sobrevivientes señalaron que la mayoría de las víctimas fueron ejecutadas después de finalizado el enfrentamiento.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos estableció que al menos 12 de las muertes fueron ejecuciones extrajudiciales. Sin embargo, la Procuraduría General de la República ha procesado a siete militares por la muerte de ocho civiles, y afirma que el resto murieron durante la operación. Además, no ha habido ninguna investigación sobre la cadena de mando implicado en el caso Tlatlaya.

La nueva información dada a conocer consiste en documentos militares que revelan las órdenes de operaciones dadas al oficial a cargo de la operación, incluyendo la directiva de que “las tropas deberán operar en la noche en forma masiva y en el día reducir la actividad a fin de abatir delincuentes”. Según el experto, las órdenes a oficiales encargados de hacer cumplir la ley nunca pueden consistir en salir y matar criminales; deben consistir en arrestar, y sólo si se prueba necesario, el uso de la fuerza debe ser el mínimo necesario.

“Las autoridades civiles tienen la obligación de investigar, juzgar y sancionar a las personas responsables de las presuntas ejecuciones extrajudiciales, así como por emitir órdenes que pudieran conducir a violaciones del derecho a la vida”, señaló. “La perspectiva de derechos humanos debe ser incluida en todas las órdenes de operaciones, con instrucciones precisas sobre la protección del derecho a la vida y el uso legítimo de la fuerza”.

El Relator Especial también expresó su preocupación por la falta de avances significativos en las investigaciones. “A un año de los hechos, los avances en la investigación para establecer lo sucedido en Tlatlaya resultan insuficientes, negándose el acceso inmediato a la justicia de las víctimas y sus familias”, declaró el experto en derechos humanos. “Aquellos funcionarios que con sus acciones u omisiones posibilitaron el ocultamiento de graves violaciones a los derechos humanos también deben ser investigados”.

“Las autoridades mexicanas también tienen la responsabilidad de garantizar la protección de las testigos y las familias de todas las víctimas de Tlatlaya”, señaló el señor Heyns. “Esta responsabilidad incluye también la seguridad de los defensores y defensoras de derechos humanos relacionados con el caso.”

En el informe que emitió en 2014* tras una misión a México, el experto en derechos humanos señaló los riesgos que para el derecho a la vida supone utilizar el “paradigma militar” en tareas de seguridad y recordó la obligación del Estado de asegurar que las acciones de sus fuerzas de seguridad, incluyendo aquellas realizadas por las Fuerzas Armadas, respeten los estándares internacionales.

En otro informe* al Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre La protección del derecho a la vida en las operaciones de mantenimiento del orden, el Relator Especial analizó el uso de la fuerza como último recurso, en estricto cumplimiento con las normas internacionales de proporcionalidad y necesidad, así como la atención oportuna a las personas heridas debido al uso de la fuerza.

El experto independiente instó a las autoridades mexicanas a realizar esta investigación totalmente en el ámbito civil, para garantizar su independencia e imparcialidad, y por lo tanto su efectividad.

“México puede mostrar su compromiso con los derechos humanos, no sólo resolviendo el caso Tlatlaya y asegurando el fin de la impunidad, y la reparación integral a las víctimas, sino también cumpliendo todas las recomendaciones contenidas en mi informe de misión, presentado ante el Consejo de Derechos Humanos en 2014. Para ello, ofrezco al Gobierno mexicano mi completa colaboración y apoyo” concluyó el Sr. Heyns.

(*) Puede consultar los informes y observaciones sobre México en www.hchr.org.mx en el menú “Informes”.

México: Informe de misión (A/HRC/26/36/Add.1) y ‘La protección del derecho a la vida en las operaciones de mantenimiento del orden’ (A/HRC/26/36)

22 muertos en Tlatlaya tenían 107 heridas de bala

Uno de los 22 recibió 16 impactos de arma de fuego por parte del Ejército Mexicano, el pasado 30 de junio.

Los peritos de la Procuraduría del Estado de México tuvieron elementos para dudar de la versión del Ejército sobre el homicidio de 22 civiles en el municipio de Tlatlaya. Sin embargo, sus peritajes respaldaron la hipótesis de un enfrentamiento equitativo entre soldados y presuntos delincuentes, y no de ejecuciones extrajudiciales, como concluyó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Las 22 víctimas de Tlatlaya registraron en total 107 heridas de bala.
Nueve personas presentaron lesiones al realizar “maniobras instintivas de defensa”, esto significa que intentaron cubrirse de las agresiones del ejército.
Además, 11 de las víctimas tenían lesiones provocadas por tener contacto con superficies duras y ásperas. En sólo uno de los casos se especificó que las lesiones pudieron registrarse cuando la víctima cayó al suelo.
Los peritos llegaron a la bodega seis horas después de la balacera. Durante todo ese tiempo los soldados estuvieron en la escena del crimen sin supervisión; aún así, la Procuraduría no investigó una posible alteración de la escena del crimen.
Los peritajes fueron realizados por la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) después de la matanza del 30 de junio en el municipio mexiquense de Tlatlaya.
El equipo de Noticias MVS tuvo acceso a parte de estos documentos tras una solicitud de información realizada a la CNDH, organismo que elaboró una recomendación sobre el caso.
Durante los primeros días, autoridades federales y locales mantuvieron la versión de que las muertes derivaron de un enfrentamiento equitativo entre soldados y presuntos criminales, aunque revelaciones periodísticas debilitaron su discurso y actualmente siete elementos son procesados por estos hechos.
Un día después de los hechos, el gobernador Eruviel Ávila defendió la actuación del Ejército: “El Ejército Mexicano, allá en Tlatlaya, tuvo una valiente presencia y acción al poder rescatar a tres personas que estaban secuestradas, lamentablemente un militar salió herido, pero el Ejército en su legítima defensa actuó y abatió a los delincuentes”.
Poder de fuego
En los 22 cadáveres se contaron 107 heridas de bala.
Los peritajes indican que nueve víctimas tenían trece heridas de arma de fuego que les fueron realizadas mientras realizaban “maniobras instintivas de defensa”, esto significa que intentaron cubrirse de las agresiones del ejército.
En su recomendación, la CNDH señaló que cuando se presentan maniobras instintivas de defensa y de protección “muy probablemente” la víctima fue privada ilegalmente de su vida.
Además, se señala el caso otras seis víctimas que probablemente intentaron defenderse de una ejecución extrajudicial, porque tenían heridas de arma de fuego en los brazos.
Según los documentos que fueron mostrados a MVS, la víctima más afectada durante la agresión recibió 16 impactos de arma de fuego por parte del Ejército Mexicano.
Por la descripción de los elementos se puede concluir que la hija de “Julia” (la mujer que fue entrevistada por la Revista Esquire, quien reveló la ejecución extrajudicial) recibió diez balazos.
Resguardo del lugar
La Procuraduría mexiquense concluyó que el lugar de los hechos sí fue preservado en su estado original antes de la revisión científica, sólo por el hecho de que estaba resguardado por militares.
Los hechos sucedieron alrededor de las 6:00 de la mañana.
El Ministerio Público de Tejupilco fue llamado a las 11:00 de la mañana y los peritos llegaron hasta las 12:30 horas, es decir, más de seis horas después.
Los peritos estatales fueron recibidos por un coronel del Ejército, quien informó que en ése lugar se había registrado una balacera entre miembros del Ejército y un grupo delictivo.
Con esos elementos la Procuraduría mexiquense concluyó en su informe que:
“El lugar sí fue preservado en su estadío original previo a nuestra intervención criminalística, lo que se corrobora ya que a nuestro arribo al lugar se encontraba resguardado por elementos del Ejército Mexicano”.
Enfrentamiento
La principal y última conclusión del Ministerio Público es que las muertes derivaron de un enfrentamiento equitativo entre soldados y presuntos delincuentes.
Para sostener esta hipótesis se argumenta que la camioneta Chevrolet del Ejército recibió 20 impactos de bala.
En el resumen del peritaje se establece que la posición de los cadáveres corresponde a la original en que se encontraban al momento de caer.
Sin embargo, con el mismo peritaje, expertos de la CNDH concluyeron que se registraron 12 ejecuciones extrajudiciales y tres cadáveres fueron movidos luego del tiroteo, por lo que no se puede determinar la forma exacta del fallecimiento.
Posteriormente, en un comunicado del 2 de noviembre de 2014, la Judicatura Federal informó que tres militares eran procesados por el homicidio de ocho personas.
En total, son siete los soldados investigados por los delitos de abuso de autoridad, homicidio calificado, alteración ilícita del lugar y vestigios del hecho delictivo y ejercicio indebido del servicio público.
El 21 de octubre, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió una recomendación por los hechos ocurridos en Tlatlaya.
Según esta investigación, dos de las tres sobrevivientes al ataque fueron torturadas. Incluso se les amenazó con ser violadas para que reconocieran ser parte de una banda de secuestradores y, con ello, quitaran toda responsabilidad al Ejército.
Con la declaración forzada, las mujeres fueron recluidas en un penal de alta seguridad y consiguieron su libertad el 15 de diciembre, luego de que la PGR presentó conclusiones no acusatorias.
A 200 días de los homicidios se desconocen los nombres de los 20 funcionarios de la Procuraduría del Estado de México que son investigados por ejercer tortura y tampoco se ha dado a conocer la cadena de mando completa del Ejército que participó en la ejecución extrajudicial de civiles, la madrugada del 30 de junio de 2014. (Sebastián Barragán, Rafael Cabrera e Irving Huerta/ Noticias MVS, primera emisión)

Crímenes como el de Tlatlaya son frecuentes en el país

JESUSA CERVANTES
2014-11-09 00:24:16 · COMENTARIOS DESACTIVADOS
VIOLENCIA SOCIAL

Un pormenorizado análisis en torno a la cadena de incompetencias, irregularidades, omisiones y absurdos en todos los niveles de gobierno en México en casos de violaciones graves a los derechos humanos cometidas por fuerzas del Estado fue expuesto por el representante del Alto Comisionado de la ONU en la materia, Javier Hernández, en la reunión que sostuvo con diputados mexicanos que investigan la muerte de 22 personas a manos del Ejército en Tlatlaya en junio último. Su diagnóstico es demoledor: el caso, dice a Proceso, es sólo una muestra de “una gran masa de violaciones a las garantías individuales vinculadas a acciones del Estado”.

En México abundan las violaciones graves a los derechos humanos: padece desapariciones forzadas, soldados que fusilan a delincuentes, delincuentes que matan a policías, policías que se corrompen junto a funcionarios y funcionarios que ordenan ejecutar a civiles.

Los casos se acumulan porque existe impunidad, y el caso Tlatlaya es sólo la punta del iceberg. Debajo hay una gran masa de violaciones a las garantías individuales vinculadas a acciones del Estado.

Así lo advirtió Javier Hernández Valencia, representante en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, durante un encuentro privado con el grupo de legisladores federales que investiga la muerte de 22 civiles a manos del Ejército el pasado 30 de junio, en Tlatlaya, Estado de México.

La atención que despertó esa matanza en organismos defensores de los derechos humanos nacionales e internacionales, sostiene Hernández en entrevista con Proceso, “permite aspirar a que, en la resolución o desentrañamiento del caso, se puedan desempaquetar problemas estructurales. (…) Los dos rieles paralelos de esos problemas estructurales en México son el de la procuración de justicia y el de la impunidad”.

En el encuentro con los diputados les aseguró: “Si no se corrigen las fallas o si se da una tendencia a su ‘encapsulamiento’, nuevos casos surgirán”.

Después, en entrevista, abundó: “Si no revisamos los sistemas de inteligencia, si no revisamos el conjunto de cosas (que ocurren) en entidades, en instituciones altamente jerarquizadas y altamente sistémicas (como el Ejército), estamos sólo atendiendo una parte del problema”.

El representante no quiso hablar de lo dicho en la junta privada. Sin embargo, este semanario obtuvo “las notas” que serán parte del informe final del grupo de trabajo legislativo.

La punta del iceberg

El pasado 5 de octubre, Hernández se reunió con el Grupo Plural de Trabajo para el caso Tlatlaya en la Cámara de Diputados. Ahí expresó que aquella matanza cuenta con elementos “abundantes” que no permiten soslayarla.

De acuerdo con las notas del grupo legislativo, el representante de la ONU asentó: “Tlatlaya es un epifenómeno, es la punta del iceberg: debajo hay una gran masa de violaciones a los derechos humanos vinculadas a acciones del Estado. Esto ha sido visible desde hace mucho tiempo para las organizaciones defensoras de los derechos y hoy es un detonante ante la opinión pública”.

Les recordó que la anterior alta comisionada, Navenethem Pillay, indicó al gobierno mexicano que el Ejército puede desempeñar acciones de seguridad pública de manera extraordinaria siempre y cuando vaya limitando sus acciones poco a poco, con controles civiles y respeto a los derechos humanos. Hernández también les dijo que el relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Christof Heyns, advirtió que “el enfoque militar puede exponer a la población civil a atropellos”.

El representante del Alto Comisionado les enumeró a los diputados federales Elena Tapia Fonllem (PRD), Loretta Ortiz Ahlf (PT), Ricardo Pacheco Rodríguez (PRI) y Ernesto Núñez (PVEM) –los otros tres integrantes del grupo no acudieron a la cita– algunas recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) respecto del asesinato de una menor en 2009, cuando iba en motocicleta en Buenavista Tomatlán, Michoacán; de la muerte de dos estudiantes del Tecnológico de Monterrey en 2010, y las relativas a hechos de tortura sucedidos en Tabasco, Nuevo León y Guerrero en 2011, “todos los casos con participación de las fuerzas armadas”.

“Y Tlatlaya es paradigmático, no hay otro caso con tan alto número de víctimas. Hay un rosario de hechos documentados, Tlatlaya llega después de recomendaciones emitidas por la CNDH, y esas acciones o no resultan o no tienen efectos. (…) Ese caso muestra los pies cortos de una reforma (la del fuero militar). La cuestión es cómo evitar que algo suceda y no se olvide, o que se cumplan las recomendaciones o que tengan un efecto de corrección.”

Les recordó a los diputados que hacer respetar los derechos humanos es tarea de todo el Estado, incluido el Poder Legislativo. Les dijo que la Secretaría de la Defensa Nacional “ha trazado una línea respecto del comportamiento criminal de sus elementos, lo cual es correcto, pero es incompleto si estos hechos se repiten y no se produce cambio institucional”.

En la entrevista explica uno de los problemas en el manejo del caso Tlatlaya: “De un lado están los ocho soldados ‘criminales’; del otro, el del Estado, están las instituciones que se desolidarizan de ese comportamiento criminal, se deslindan, se separan, los denuncian. Es decir ‘fueron ellos’, pero no se atreven a revisar los sistemas de la institución”.

Si se atiende sólo al individuo, continúa, “y no examinamos los aparatos de inteligencia, de intendencia, las comunicaciones, el conjunto de cosas en entidades e instituciones tan altamente jerarquizadas y sistémicas, esto puede ocurrir otra vez… No sabemos aún si tenemos que ir también a modelos de control en el uso de la fuerza para no asumir como normal, correcto, aceptable, un paisaje en el que vidas humanas se pierden así, sin explicación, sin investigación”.

Detalla que en materia militar “nadie sale de una instalación sin un proceso, sin una autorización, sin un objetivo. Si la misión en Tlatlaya era de patrullaje, entonces hubo un encuentro fortuito; si la misión era otra –y con esto no digo que la misión fuera matarlos, porque si fuera así no envías a menos elementos de los que enfrentarías–, si había una orden de que las patrullas no salían si no era en cinco vehículos mínimo y con 20 soldados mínimo, y sale una camioneta con ocho elementos, no se trata sólo del que salió, sino del que lo dejó salir, y no porque lo dejó salir para ir a matar, sino porque lo dejó salir: él sabía que salían con menos integrantes”.

Hernández, quien ha participado en acciones de paz en otros países y sabe cómo se mueven los ejércitos, explica que si van a un territorio hostil los soldados se van reportando a su base, porque en caso de problemas ya hay un refuerzo listo para auxiliarlos.

Estas bitácoras de lo ocurrido en Tlatlaya se deben analizar, dice, y no quedarse sólo con las recomendaciones de la CNDH, que “es sólo el piso, no el techo de la investigación”.

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, explica su representante, no se involucra en la indagatoria porque sepa más que el gobierno. “Nosotros no somos más sabios que nadie. Lo único que hacemos aquí es, para el bien de México y sus instituciones, hacer notar cuando suceden cosas tan graves”.

A los diputados, según las notas de la reunión, el representante de la ONU les comentó que “nadie se va con un camión a un lugar que nadie le ha mandado sin tener comunicación, sin tener coordinación, sin saber lo que va a encontrar. Hacerlo es enviarlo al vacío, a la oscuridad. La profesión militar no es improvisación, como en el mundo civil, donde es útil la adaptabilidad”.

Les detalló que el 3 de julio su equipo de trabajo se trasladó a la bodega donde ocurrieron los hechos, ubicada en San Pedro Limón, Tlatlaya, y que lo encontrado “no corresponde a un intenso tiroteo: hay sangre en puntos clave, lo que llevó a construir hipótesis alternas. Fue necesario inquirir en elementos ausentes en la versión oficial”.

El 21 de octubre, la CNDH determinó que hubo tortura, 15 ejecuciones extrajudiciales y encubrimiento de parte del Ejército.

Historia de impunidad

Tlatlaya, sostiene Hernández, es la oportunidad de investigar cuáles fueron las fallas de una institución como el Ejército y proponer sistemas de prevención y control “para terminar la tarea” de lo que debe corregirse.

Considera que hablar de esa matanza sólo tiene sentido si se hace en un contexto más amplio, que incluya casos como Ayotzinapa, la muerte de dos jóvenes regiomontanos a causa del Ejército, la desaparición de 11 cazadores en Zacatecas a manos de policías locales coludidos con el crimen organizado, o el de doña Guadalupe Fernández, “que me envió un mail, desesperada, diciendo: ‘¿Y mi desaparecido? ¿Por qué no se busca con la intensidad con la que se busca a los 43 muchachos de Ayotzinapa?’. Los casos se acumulan sin que resolvamos el nudo de impunidad”.

En México, “los dos rieles paralelos de esos problemas estructurales son la procuración de justicia y el de la impunidad. Y en esos rieles caminan varios vagones: la policía municipal que lo hizo, el Ministerio Público que no actuó debidamente, la procuraduría local que no le prestó atención al caso… y para Tlatlaya podemos ver varios de esos vagones”.

Trae a colación una columna del periodista Miguel Ángel Granados Chapa publicada el 9 de octubre de 2008 en el diario Reforma, en la que narró cómo el 18 de agosto de aquel año –día de mercado– y en el mismo San Pedro Limón, Tlatlaya, un comando disparó AR-15 y AK-47 contra la multitud, matando a 23 personas e hiriendo a otras decenas.

El mismo artículo recuerda que elementos del Ejército llegaron, levantaron los cadáveres, recogieron los casquillos, limpiaron la escena, despojaron de sus celulares a los testigos y les dijeron que era preferible que no se supiera lo ahí ocurrido.

Asegura desconocer si el tema se investigó o no. Pero sí acepta que los casos de violaciones graves a derechos humanos se acumulan. “La impunidad actúa como un aliciente para que aquellos que no reciben castigo puedan volver a repetir sus actos criminales. Por eso decimos que los sistemas de justicia no sólo deben castigar sino ser eficientes, dar un mensaje que desaliente al que quiera infringir la ley, porque el largo brazo de la ley sí lo va a alcanzar. Pero si el brazo es cortito y nunca alcanza a nadie, se juega con el handicap a favor, porque ‘entonces no me va a pasar nada si robo, si mato, si secuestro; no me va a pasar nada si estoy envuelto en una desaparición forzada’”.

Hernández explica que las violaciones graves a los derechos humanos no sólo tienen que ver con su cantidad, sino ante todo con su naturaleza: “Cuando ocurren ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas es mucho más sensible que cuando estamos ante discriminaciones. En México hay desapariciones forzadas, hay ejecuciones extrajudiciales, hay asesinatos cometidos por funcionarios, por personas que no son funcionarios, por policías que matan ciudadanos. El crimen organizado es una realidad dolorosa”.

Octubre de 2008: la otra matanza de Tlatlaya

En octubre de 2008, Miguel Ángel Granados Chapa escribió sobre otra “matanza silenciada” ese año en Tlatlaya, Edomex, en la que murieron 23 personas entre niños y adultos, y hubo decenas de heridos. Horas después “apareció el Ejército y limpió la escena”, escribió. Aquí dos textos que recuerdan estos hechos.

La matanza de 22 personas el pasado 30 de junio enSan Pedro Limón, no es la primera vez que el poblado enclavado en Tlatlaya, Estado de México, acapara los reflectores de la opinión pública.
En octubre de 2008, Miguel Ángel Granados Chapaescribió sobre otra “matanza silenciada”, en la que murieron 23 personas entre niños y adultos, y hubo decenas de heridos; en aquella ocasión, el Ejército retiró los cadáveres, recogió los casquillos y limpió la escena, según escribió el periodista.
Se reproducen dos textos, publicados en el diario Reforma, que recuerdan los hechos:
Tlatlaya: silencio o denuncia
COLABORADOR INVITADO / Javier Hernández Valencia
(27-09-2014).- En el torrente de noticias que a nivel nacional e internacional han convertido el nombre de Tlatlaya en el epicentro de serios debates y urgentes decisiones, resulta obligatorio proponer al país una pausa para releer un artículo publicado en estas mismas páginas por don Miguel Ángel Granados Chapa el 9 de octubre de 2008 titulado “Matanza silenciada”. El autor hacía la crónica de los sucesos del 18 de agosto de ese año en San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya, Estado de México, a los que había “tenido acceso (…) por fuentes cuya identidad no revelo, pero que merecen mi confianza. Por ese motivo doy por ciertos los hechos”.
Tuve el privilegio de alternar personalmente con don Miguel Ángel desde muy temprano en el ejercicio de mis funciones en México, sus méritos reconocidos me llevan hoy a compartir, precisamente ahora y en este mismo medio en el que forjó escuela de credibilidad, el escalofriante relato de entonces, dejando abierta a la reflexión y acción del presente lo que desde el pasado aún parece que se dejó pendiente.
Su crónica del aciago día hace seis años refiere la muerte de “por lo menos 23 personas, niños y adultos, y decenas más (que) resultaron heridas” a manos de un grupo agresor que al parecer atacó a la población indiscriminadamente, para continuar luego diciendo, “rato después (…) llegaron al lugar otros vehículos, esta vez ocupados por miembros del Ejército. Éstos retiraron los cadáveres, recogieron los casquillos y limpiaron la escena. Despojaron de sus teléfonos celulares a los espantados vecinos y visitantes y se las arreglaron para hacerles saber que era preferible que no se supiera nada de lo ocurrido”. Granados Chapa hace sombrías reflexiones y rompe el silencio convocando a las autoridades federales a una acción diligente y decidida.
El esfuerzo de concentrar el escrutinio institucional y periodístico sobre lo sucedido en Tlatlaya el 30 de junio pasado, debería también obligarnos a echar luces definitivas sobre lo sucedido en años anteriores: lo actuado o lo omitido en ese entonces pauta de alguna forma el trágico signo del presente al no hacer parte de nuestra memoria colectiva.
Espero que este artículo estimule a otros a enriquecer la conversación y actualizarnos sobre lo que sucedió hace tanto tiempo. Guardo también expectativas en que el diálogo e incluso la polémica abiertos ayuden a esclarecer lo que ahora nos ocupa de Tlatlaya, dejando establecidos mecanismos y atribuciones que fortalezcan la prontitud, oportunidad y debida diligencia de las acciones de las autoridades en todo México.
Pero confieso que mi esperanza está puesta en que las mexicanas y los mexicanos, cuyas voces han venido siendo acalladas “por la profundidad de la intimidación”, como dijo Granados Chapa, encuentren aquí y ahora una oportunidad para seguir haciendo conocer lo que sucedió en el pasado y pueda seguir sucediendo. El equipo que dirijo, bajo el pedido de confidencialidad de las fuentes que para nosotros se constituye en un mandato, ha recibido graves testimonios de los hechos en Tlatlaya, así como de otros hechos en el eje que vincula dicha localidad con Arcelia y Ciudad Altamirano, áreas desde las cuales es difícil propiciar y mantener la atención de los medios nacionales. Nuestro acompañamiento a quienes dan el combate cotidiano contra la impunidad se nutre de nuestra admiración por quienes como Granados Chapa ayer y otros hoy en el gremio periodístico y la sociedad civil optan por ejercer con valor su deber y derecho a denunciar.
El autor es representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
PLAZA PÚBLICA / Matanza silenciada
Miguel Ángel Granados Chapa
(09-octubre-2008).-
Al mediodía del lunes 18 de agosto pasado, el tianguis que se sitúa al lado del templo parroquial en San Pedro Limón, un poblado en el municipio de Tlatlaya, distrito de Sultepec, estado de México, fue interrumpido de manera brutal. Llegados a bordo de tres vehículos, una veintena de individuos con el rostro cubierto y con vestimenta de tipo militar disparó sus armas, AR-15 y AK-47 contra la pequeña multitud que trajinaba en el lugar. Murieron por lo menos 23 personas, niños y adultos, y decenas más resultaron heridas. No pareció que buscaran a alguien en particular, contra el que dirigieran su ataque. Su blanco era gente común y corriente, desconocida de los agresores. Se cree que no todos se marcharon al concluir su estúpida y sangrienta acción, sino que algunos de ellos se quedaron en la zona para tener control sobre lo que allí ocurriría.
Con ser excesivo, no fue eso lo peor. Rato después de la inesperada embestida, que dejó pasmados a los sobrevivientes, quienes no acertaban a decidir qué hacer, llegaron al lugar otros vehículos, esta vez ocupados por miembros del Ejército. Éstos retiraron los cadáveres, recogieron los casquillos y limpiaron la escena. Despojaron de sus teléfonos celulares a los espantados vecinos y visitantes y se las arreglaron para hacerles saber que era preferible que no se supiera nada de lo ocurrido. Quizá disuadieron también al personal de la agencia del Ministerio Público, incluidos agentes ministeriales, que supieron de los hechos pero no cumplieron sus funciones, pues no se inició averiguación previa alguna.
He tenido acceso a esta información por fuentes cuya identidad no revelo pero que merecen mi confianza. Por ese motivo doy por ciertos los hechos cuya gravedad resulta evidente de su sola exposición. Se trata del primer ataque a la población civil, como el que un mes más tarde acontecería en Morelia, la noche del Grito. Si cabe compararlas, la matanza de San Pedro Limón es aún más estremecedora no sólo porque es mucho mayor el número de víctimas (tres veces más que las habidas en la capital michoacana) sino por las acciones y omisiones de las autoridades, encaminadas a ocultar lo sucedido en vez de investigar los hechos y perseguir a los responsables.
En otros espacios periodísticos (las columnas de Ciro Gómez Leyva en Milenio y Jorge Fernández Menéndez en Excélsior) aparecieron ayer informaciones sobre otra grave expresión de violencia. Se trata de la desaparición de siete comerciantes en joyería de oro. Procedentes de Pajacuarán, Michoacán, iban camino a Oaxaca y se detuvieron en Atoyac de Álvarez, Guerrero. En un burdel de esta última ciudad se les vio por última vez. Puesto que llevaban consigo unos 400 mil pesos, se presume que fueron asaltados, pero el vehículo en que viajaban apareció quemado en un paraje remoto y sin indicio alguno sobre su paradero. La desaparición ocurrió el 29 de agosto y desde entonces nada se sabe de ellos, a pesar de que sus familiares han recorrido oficinas de tres estados en busca de información sobre los suyos.
Todo lo más que llegaron a saber los parientes de los desaparecidos es que probablemente fueron víctimas de Los Pelones, “la temible banda local parte narco, parte guerrilla, parte secuestradores parte alborotadores”, según la define Gómez Leyva. Esa misma banda -u otra homónima, o extensión de la primera- actúa en otro extremo de Guerrero, en los límites con el estado de México. En la madrugada del 6 de septiembre Los Pelones se enfrentaron con Los Zetas en Arcelia. Los Pelones de este caso merodean en Tlatlaya, por lo que quizá la matanza del 18 de agosto se debe a esta pandilla. La actuación de los militares, en obvio beneficio de la banda homicida, revelaría un contubernio entre delincuentes y mandos militares, encargados de proveerles impunidad.
Tengan o no vinculación estos sucesos, son una nueva evidencia de que la delincuencia organizada está derrotando al Estado mexicano en su función de garantizar la seguridad de los ciudadanos. En la zona de Sultepec es verdad sabida que los agentes ministeriales se cuidan de realizar tareas de investigación o captura de presuntos delincuentes sin antes recabar una suerte de autorización de Los Zetas, sin la cual no es posible que hagan sus labores. Ése es un escalón superior en el trato de la banda criminal con los policías, con quienes mantienen una fluida relación después de haber roto una práctica común no sólo en esa comarca sino en muchos lugares del país. Los Zetas sentaron las bases de su trato con los jefes policiacos rehusando pagar “ayudas” a los agentes ministeriales, cuotas de protección cuya cobertura permite el narcomenudeo y la comisión de otros delitos menores. Alterada así la relación de poder, ahora son los agentes policiacos los que dependen del poder criminal.
El silencio que hasta este momento, en que lo rompemos, ha rodeado a la gran matanza de San Pedro Limón ha sido posible por la profundidad de la intimidación lograda por el atentado mismo y por la presencia militar complicitaria. Se comprende que los pobladores se sientan inermes, presos en la tijera de esos dos factores, y accedan a no hablar de lo ocurrido, temerosos de que la crueldad que mató sin causa a 23 personas agregue a su cuenta nuevas víctimas. La Procuraduría General de la República, la Secretaría de la Defensa, el gobierno mexiquense poseen, en cambio, capacidades al menos formales para indagar lo sucedido. Al menos es su deber intentarlo.