Los fracasos que la PGR no menciona

ANABEL HERNÁNDEZ
2014-11-09 00:24:18 

La causa penal 100/2014, sobre el ataque y secuestro de los estudiantes de Ayotzinapa, revela la debilidad y falta de pruebas en la investigación de la Procuraduría General de la República: El juzgado que analiza el caso liberó a siete policías de Cocula e Iguala, rechazó otorgar órdenes de aprehensión contra cuatro presuntos culpables y siguen prófugos 19 coacusados. Jurídicamente la situación es clara: hasta el momento no hay culpables confirmados ni se puede asegurar dónde están los jóvenes desaparecidos.

A más de 40 días del asesinato de seis personas y la desaparición forzada de 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, el gobierno de Enrique Peña Nieto no tiene una investigación sólida, no ha confirmado el destino de los estudiantes desaparecidos, no tiene pruebas contundentes contra los presuntos responsables y no ha logrado capturar a todos los sospechosos.

El viernes 7 el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, presentó un nuevo informe sobre el caso. Pese a admitir que no tiene pruebas periciales concluyentes, dio a entender que los estudiantes habían sido asesinados y calcinados; dijo tener “plenamente identificados y acreditados a los policías de Cocula e Iguala” que participaron en los hechos y afirmó haber arrestado, en total, a 52 presuntos responsables, incluyendo 22 policías de Iguala que aún están siendo procesados bajo el fuero común.

El gobierno federal pretende mostrar a la opinión pública un caso resuelto con solidez. Pero en el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales (JPPP) –radicado en Tamaulipas, donde se lleva la causa penal por secuestro y actos de delincuencia organizada contra los estudiantes–, la PGR tiene problemas para sostener el caso, único instrumento legal para hacer justicia a los normalistas asesinados o desaparecidos.

Documentos de las actuaciones en la causa penal 100/2014 –abierta en el contexto de la averiguación previa AP/PGR/SEIDO/UEIDMS/439/2014 sobre los ataques contra los jóvenes ocurridos el 26 y el 27 de septiembre pasados en Iguala– a cuales que tuvo acceso este semanario revelan una investigación endeble. Después de 33 días de haber asumido toda la responsabilidad en la indagatoria, la PGR no tiene las pruebas suficientes para mantener el auto de formal prisión contra todos los detenidos ni para obtener órdenes de aprehensión contra quienes considera culpables.

De acuerdo con los documentos judiciales, el 25 de octubre pasado el JPPP ordenó la libertad de siete policías de Cocula e Iguala porque la PGR no presentó pruebas suficientes en su contra. A tres de los agentes el juez les quitó el delito de secuestro y a los otros cuatro, los de delincuencia organizada y secuestro.

Asimismo, de los 46 presuntos responsables señalados por la PGR en la averiguación AP/PGR/SEIDO/UEIDMS/439/2014, el gobierno de Peña Nieto no ha podido detener a 19. Es decir, casi la mitad de los acusados de haber participado en el secuestro y matanza siguen libres.

El 24 de octubre el JPPP le negó a la PGR las “órdenes de aprehensión, comparecencia o presentación” contra cuatro de los 19 presuntos responsables libres.

La causa penal 100/2014 es hasta ahora el único sustento jurídico para mantener detenido al exalcalde de Iguala José Luis Abarca y arraigada a su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa. También en ella se fundamenta la detención de 24 agentes municipales de Cocula e Iguala y de Raúl Núñez Salgado, a quien la PGR señala como “operador financiero” del grupo criminal Guerreros Unidos, y la persecución de los 19 coacusados mencionados, cuyos nombres no se hacen públicos porque aún están prófugos.

Policías liberados

Según las constancias judiciales a las que la reportera tuvo acceso, la averiguación previa AP/PGR/SEIDO/UEIDMS/439/2014, bajo la responsabilidad de Rodrigo Archundia, quien fuera titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, fue consignada el 18 de octubre pasado ante el JPPP por el agente del Ministerio Público federal adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro. Eso dio origen a la causa penal 100/2014.

El 14 de octubre pasado, Tomás Zerón de Lucio, director de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, anunció la detención de 24 policías: 14 de Cocula “por su participación en el traslado de los normalistas secuestrados”, y 10 de Iguala, además de los 22 aprehendidos el 27 de septiembre por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero, quienes hasta ahora sólo están siendo procesados por el fuero común.

La única línea de investigación que a la fecha tiene la PGR sobre el ataque y la desaparición de los normalistas está encaminada a que presuntamente Abarca, su esposa, policías municipales y miembros de la delincuencia organizada fueron los responsables.

En la conferencia de prensa del viernes 7, Murillo Karam afirmó tener “plenamente identificados y acreditados” a los policías de Cocula e Iguala que participaron en el ataque contra los estudiantes –y que por lo tanto habrían cometido delitos de secuestro y delincuencia organizada–, pero ante el juez, la PGR no ha podido probar todas sus acusaciones.

Tras su captura, los 24 policías fueron recluidos en el Centro Federal de Readaptación Social número 4 Noroeste en Tepic, Nayarit, penal de máxima seguridad. Se trata de César Yáñez Castros, Roberto Pedrote Nava, Jesús Parra Arroyo, José Antonio Flores Train, Julio César Mateos Rosales, Juan de la Puente Medina, Nelson Román Rodríguez, Alberto Aceves Serrano, Wilber Barrios Ureña, Óscar Veleros Segura, Arturo Reyes Barrera, Joaquín Lagunas Franco e Ignacio Aceves Rosales.

También Jorge Luis Manjarrez Miranda, Édgar Vieyra Pereyda, Alejandro Mota Román, Santiago Socorro Mazón Cedillo, Héctor Aguilar Ávalos, Verónica Bahena Cruz, Alejandro Lara García, Édgar Magdaleno Navarro Cruz, Leodan Fuentes Pineda, y Enrique y Óscar Pérez Carreto.

El 22 de octubre pasado, a las 9 de la mañana, estaba programada su declaración, pero decidieron reservarse ese derecho. El juzgado debía resolver si ratificaba el auto de formal prisión contra los 24 agentes detenidos por la PGR o no. A siete de los policías no les ratificó el auto de formal prisión, es decir, a casi la tercera parte de los detenidos.

Respecto de los policías Santiago Socorro Mazón Cedillo (Iguala), Alejandro Lara García (Cocula) y Édgar Magdaleno Navarro Cruz (Iguala), acusados de delincuencia organizada y secuestro, el juzgado resolvió ordenar su libertad en lo que respecta al delito de secuestro, porque la PGR no presentó pruebas convincentes; y les mantuvo el auto de formal prisión por el de delincuencia organizada.

Y respecto de los policías César Yáñez Castro (Cocula), José Antonio Flores Train (Iguala), Jorge Luis Manjarrez (Cocula) y Enrique Pérez Carreto (Iguala), también acusados de delincuencia organizada y del secuestro de los normalistas, el juzgado negó a la PGR el auto de formal prisión y ordenó su libertad “por falta de elementos para procesar” y “desvanecimiento de datos”, señala la resolución.

El 31 de octubre y el miércoles 5 el juzgado admitió la apelación de la PGR y ahora analiza si procede o no.

Abogados expertos en derecho penal consultados por Proceso explicaron que esto sucede cuando la autoridad no tiene pruebas ni siquiera para lograr que se dicte un auto de formal prisión. Se pone en libertad a los acusados y el Ministerio Público tiene la posibilidad de perfeccionar la averiguación previa. “La práctica señala que quien sale por falta de elementos es muy poco probable que el Ministerio Público intente algo posterior en su contra”, señala uno de los juristas consultados.

Acorde con el expediente, la gran mayoría de los policías detenidos, incluso los que trabajaban en la policía municipal de Cocula, vivían en Iguala, con un nivel educativo de secundaria y preparatoria, y de todos ellos sólo dos alcanzaron un grado superior: Alejandro Mota Román, comandante de la policía de Iguala, e Ignacio Aceves Rosales, comandante en Cocula.

En los últimos seis años, la PGR ha sido exhibida por la fabricación de casos e incluso de testimonios. Ocurrió en la llamada Operación Limpieza (2008), el expediente abierto contra funcionarios públicos de la PGR que supuestamente recibían sobornos del crimen organizado; el caso contra funcionarios públicos de Michoacán por sus supuestos vínculos con el narcotráfico –hecho conocido como el Michoacanazo (2009)– o el de Los Generales (2012), abierto contra cinco militares, entre ellos el exsubsecretario de la Defensa Nacional Tomás Ángeles Dauahare.

Los que la están librando

El expediente judicial sobre Iguala también muestra que, a más de un mes del ataque a los estudiantes, el gobierno de Peña Nieto no ha podido detener a 19 acusados.

En esa causa, la PGR imputa a 46 personas ser los autores de los delitos cometidos contra los estudiantes de Ayotzinapa. De esos acusados, la Procuraduría solo ha detenido a 27, incluyendo a Abarca y su esposa.

El 19 de octubre la PGR solicitó al JPPP 20 órdenes de aprehensión, incluyendo la de Abarca: 10 por secuestro y delincuencia organizada, siete sólo por delincuencia organizada y tres por secuestro, delincuencia organizada y homicidio calificado.

El 24 de octubre el juzgado resolvió negar cuatro órdenes “de aprehensión, comparecencia o presentación”. Explicó que el Ministerio Público no presentó elementos de prueba suficientes para convencer al juez. De las órdenes negadas, tres eran de los casos únicamente relacionados con delincuencia organizada y una por los delitos de secuestro y delincuencia organizada. Según la actualización del expediente consultada en el Consejo de la Judicatura Federal, la PGR no apeló la negativa.

El martes 4 la PGR anunció la detención de Abarca y su esposa; él fue trasladado directamente al penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, merced a la orden girada por el JPPP respecto de la causa 100/2014. Ese mismo juzgado negó a la PGR la orden de detención solicitada el miércoles 5 contra María de los Ángeles Pineda Villa, por lo ella que está en arraigo.

Murillo Karam informó el viernes 7 que a la esposa de Abarca se le fincará el delito de uso de recursos de procedencia ilícita. Hasta el miércoles 5 la PGR no había logrado acreditarle los de secuestro y homicidio.

Fosas de Cocula: el fallido show de la PGR

MARCELA TURATI
29 DE OCTUBRE DE 2014 
REPORTAJE ESPECIAL

Peritos en busca de los normalistas desaparecidos en Cocula, Guerrero. Foto: Germán Canseco

COCULA, Gro., (proceso.com.mx).- Fue el jueves pasado cuando unos militares le salieron al paso al camión recolector de la basura de este municipio y advirtieron al chofer y a su chalán que no se aparecieran de nuevo en el tiradero “El Papayo”.

“Dijeron ‘procuren no venir aquí porque tarde o temprano puede haber un tiroteo’… y no vaya a ser la de malas, mejor ya no subimos”, recuerda el chofer Rosí Millán Peñaloza, un migrante retornado con siete años de experiencia como recolector de basura. Sobre el sillón de su casa tiene el periódico vespertino que le compró su mamá el lunes –cuatro días después de la advertencia de los soldados— en el que se informaba de un operativo de búsqueda de restos humanos en el tiradero, antes de que conocidos comenzaron a preguntarle si había encontrado él los cadáveres.

Reconoce la zona mostrada por televisión: Es el punto donde un viejito de La Monera suele quemar plásticos. Pero, aún incrédulo, sentado en la hamaca que cruza la sala de su casa, dice: “Sinceramente nunca hemos topado nada”.

Y, por lo que parece, nadie más los ha visto. Ni siquiera los fotógrafos y camarógrafos invitados el lunes por el Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, para que se asomaran al trabajo de búsqueda de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

Para que constataran cómo “toda la Fuerzas del Estado Mexicano” buscan a los 43 que tienen en jaque al gobierno mexicano.

“No hay gran cosa”, dijo con cara de incredulidad un camarógrafo defeño al salir de la visita guiada convocada por Murillo a la víspera, en la conferencia donde anunció la detención de cuatro nuevas personas (suman 56) que apuntaban que los normalistas desaparecidos en Iguala el 26 de septiembre pasado, fueron subidos en patrullas de policías municipales de Cocula, cuya cabecera está a 20 kilómetros de distancia, quienes los entregaron a sicarios de Guerreros Unidos. Una evidencia más de la narcopolítica imperante en estos lugares por donde circula la goma de opio que baja de la sierra.

La misma sensación del no-se-ve-mucho expresaron los fotógrafos que en la plaza central de Cocula enviaban sus imágenes antes de subirse a las camionetas dispuestas por la PGR para la expedición.

En las imágenes filmadas por las cámaras autorizadas se observa un cráter de 50 metros en el que se ven mechones de tierra quemada, en el sitio donde el recolector Rosí y sus compañeros tiraban la basura orgánica, porque este basurero por su acceso rugoso era poco usado. Entre la basura se ve una docena de peritos forenses con tapabocas y enfundados en trajes blancos que plantan banderines rojos en un área acordonada con la cinta amarilla con la que se marca el área del crimen. Después se les verá enterrando varillas y pasando un aparato para detectar tierra removida o fetidez en el subsuelo.

Los perros olfateadores, esos que están entrenados desde cachorros para detectar el olor a muerto, hacen su tarea sin muchos resultados. Tampoco se aprecian excavaciones.

La zona es bloqueada por marinos, soldados, policías federales, agentes de la interpol y judiciales de la procuraduría: toda la Fuerza del Estado. En el paraje de Cocula pareciera que el gobierno mexicano conspirara contra sí mismo –ahora frente a la prensa nacional e internacional— en esta búsqueda que se prolonga desde el 27 de septiembre y que parece un tanteo a ciegas.

“Apenas se va a empezar a hacer la búsqueda, en el lugar que ustedes vieron apenas están buscando indicios, pero no han sacado nada”, confía un funcionario al salir de la zona a un grupo de reporteros.

En corto, a manera de chisme, unos policías confiaron que “allá adentro” no han encontrado mucho: si acaso algunos huesos que no forman más de cuatro esqueletos, que quizás sean viejos.

Hay quienes especulan que los restos fueron sacados una noche antes de que llegara la prensa, que eran pocos, que estaban a la intemperie.

Los servicios médicos forenses de Iguala, entre ellos el de Chilpancingo, tampoco fueron advertidos de que recibieran alguno de estos restos.

Pero en la búsqueda de Aytozinapa todo puede pasar, toda información es engañosa.

“Últimamente no íbamos a tirar ahí porque el camino está bien feo, pero hay mucha gente que sube, gente que le prende al basurero aunque no se le debe prender. La última vez que fui, el miércoles de la semana pasada, nos dijeron que no subiéramos pa’rriba ahorita, nos preguntaron que si no hemos topado personas sospechosas. (Los soldados) andan todo alrededor, ya tienen días que ya llegaron ahí”, dice el señor Rosí en su casa, después de checar de salida en su turno.

Su chalán rectificará después: dirá que el jueves fue el día que los militares les cerraron el paso.

“Un día dijeron que no iba a haber paso hasta que se esclareciera esto. Yo digo que ya sabían, Yo iba a ir a vaciar y me dijeron que no”, dijo el chofer. Menciona que el hoyo que sale en la televisión como el lugar de hallazgo de unas fosas (aunque no se ven excavaciones) es un antiguo basurero en desuso que sólo a veces se utiliza para tirar basura orgánica.

Tour guiado a las fosas

El lunes Murillo Karam anunció la captura de “cuatro piezas clave del grupo criminal Guerreros Unidos, quienes revelaron haber recibido a un amplio grupo de personas y saber del destino de ellos”.

“Para que ustedes tengan una información suficiente y no interrumpamos el curso de la averiguación, voy a invitar a un grupo de ustedes el día de mañana para que pueda acceder al paraje en que se plantea sucedieron hechos relacionados con la desaparición, para que pueda ser de manera ordenada sin afectar la escena, todavía está siendo analizada por peritos y el día de mañana seguramente también, pero ordenadamente un grupo que represente a los medios lo vamos a invitar para que nos acompañe y que puedan ver el lugar”, dijo.

El viaje para la prensa se acotó a camarógrafos y fotógrafos, a quienes no hicieran preguntas.

“Lo que puedo asegurarles, es que toda la fuerza del Estado Mexicano está trabajando en este momento para corroborar la versión de los que están declarando”, anunció.

El martes por la tarde, cuando las imágenes de la visita al tiradero ya estaba en las noticias, Murillo Karam en la ciudad de México trató de matizar los hallazgos, pidió esperar para dar por cierto que los restos hallados (no aclaró cuántos o en qué estado) pudieran pertenecer a los jóvenes buscados, y basarse en hechos, no en fantasías. “(Aún) no podemos hacer nada al respecto mientras no tengamos una evidencia clara y plena de lo que sucedió ahí; en ese sentido es en el que están trabajando los peritos y en el momento en que tengamos resultados se los informaremos inmediatamente”, dijo.

Lo expresó con la cautela que no tuvo al momento de descalificar los vínculos de los restos hallados en las primeras (a veces dijo que cinco otras que seis) fosas donde fueron buscados los normalistas desaparecidos, aun antes de que el Equipo Argentino de Antropología Forense, coadyuvante en la investigación a petición de los familiares, tuviera los resultados procesados.

En El Papayo mientras tanto, horas después de que la prensa fue retirada, los peritos guardaron los perros olfateadores que no parecieron entusiasmarse con ninguno de los olores del relleno sanitario.

Un grupo de fotógrafos que intentaba abrirse camino por brechas hasta el basurero bloqueado se topó a Tomás Zerón, el director de la Agencia de Investigación Criminal y encargado de la búsqueda en la “Miscelánea Vicky” acompañado de su equipo. “Estaba tenso, gritando, manoteando, hablando por teléfono, extendía un mapa, daba instrucciones”, dijo un camarógrafo.

En las imágenes tomadas cerca del tiradero se verá después a un representante de las Fuerzas del Estado Mexicano, un hombre fornido y bien armado escoltando a un joven, un veinteañero de camiseta verde, seguramente uno de los ‘halcones’ capturados que presumió Karam en la conferencia, para que señale el destino de los estudiantes buscados.

Le coloca sobre la cabeza un saco de vestir negro cuando detecta que hay fotógrafos escondidos entre la maleza, en los alrededores, que los observan. Es uno de los ‘halconcitos’ en los que la PGR basa su inteligencia.

El joven señala la vera del río San Juan donde ya esperan buzos. Un grupo de soldados despliega un mapa, se intercambian órdenes, comienza movilización para encontrar restos. ¿Restos de qué? El laboratorio dictaminará.

Mientras tanto, en Cocula, un puñado de familias igualtecas protestan porque los policías federales en distintos operativos para obtener información sobre los normalistas se llevaron a la SEIDO a sus familiares sin orden de captura. Se quejan de que los torturaron, los acusaron de delitos que no cometieron, se los llevaron al penal de alta seguridad de Nayarit antes de que les pusieran abogados.

Se presentan otras familias. “Rompieron los candados de la casa, golpearon a mi papá y a mi hermano, les preguntaron donde estaban las armas, se asomaron a un vado y les preguntaron cuántos muertos habían tirado ahí”, se queja Guadalupe, hija del señor Galdino Beltrán.

La señora Irma Arrollo Moreno, madre el agricultor Gustavo Arrollo Moreno, detenido el martes 21, llevado a la SEIDO y transportado de inmediato al penal, dice: “Me dejaron ver a mi hijo 15 minutos. Me dijo que lo habían golpeado, torturado, le pusieron bolsas en la cabeza con agua, le golpeaban, tenía todo raspado de este lado –señala la pantorrilla— como que lo arrastraban. Le decían que era culpable, que era de los Guerreros Unidos, lo acusan de cosas que no son cierto”.

Su queja ante derechos humanos lleva los folios 112503 y 112581.

“Tenían ya muchos días de que estaban entrando, mucho, mucho, mucho, haciendo barrido en las huizacheras, en los sembradías hasta que se hicieron de unos culpables”, dijo la mujer enojada.