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| El municipio mexiquense de Tlatlaya, en el Edomex. Foto: Google Maps |
MÉXICO, D.F. (apro).- Una vez que el gobierno estadunidense de Barack Obama instara al presidente Enrique Peña Nieto a realizar una investigación civil para esclarecer el fusilamiento de una veintena de presuntos secuestradores a manos de militares, la Sedena y la PGR se dijeron dispuestas a atender el llamado para indagar el hecho.
En comunicados aparte, emitidos casi de forma simultánea, ambas dependencias aseguraron conducirse “con pleno respeto a los derechos de las personas”, así como alcanzar “una indagatoria completa y profunda para llegar a la verdad” de lo ocurrido el lunes 30 de junio en la comunidad de Pedro Limón, en el municipio mexiquense de Tlatlaya.
No obstante, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) reiteró que la muerte de 22 jóvenes se registró luego de que personal militar repelió una agresión armada.
“El Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos refrendamos nuestro compromiso de cumplir con las misiones asignadas con estricto apego a la ley y a las directivas giradas para que en todo momento se preserve la vida y la seguridad de las personas, respetando invariablemente los derechos humanos”, acotó la Sedena.
Por su parte, la Procuraduría General de la República (PGR) informó que se mantiene abierta una averiguación previa por la muerte de los 22 civiles.
“La seriedad con que esta administración toma en cuenta la aplicación de las reglas elementales en el procedimiento de búsqueda de la justicia, obliga a una investigación completa y profunda para llegar a la verdad”, detalló la dependencia que encabeza Jesús Murillo Karam.
“Nuestra responsabilidad es precisar con claridad si las conductas del caso se apegaron a derecho y con respeto absoluto a los derechos humanos”, asumió la PGR.
Hace unos días, la agencia AP y la revista Esquire tumbaron la versión oficial de un enfrentamiento al presentar evidencias contundentes sobre una probable ejecución extrajudicial.
“Hemos visto los reportes recientes y le estamos dando seguimiento a este caso”, advirtió este viernes Jeff Ratkhe, vocero del Departamento de Estado estadunidense.
El gobierno de Obama está legal y técnicamente obligado a que se realice una investigación del caso de Tlatlaya, debido a su papel de proveedor de equipo militar, financiamiento económico, de tecnología, asesoramiento de inteligencia y logística para las fuerzas de seguridad de México bajo la llamada Iniciativa Mérida.
Pide PRD intervención de CNDH
El presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano, también urgió a esclarecer el presunto fusilamiento de una veintena de supuestos secuestradores por parte del Ejército en el Estado de México.
Según la investigación de Esquire, del testimonio de una fuente se desprende que los militares fusilaron a los supuestos plagiarios a pesar de que éstos ya se habían rendido.
Zambrano Grijalva consideró que “esto debiera esclarecerse por los órganos correspondientes. Sería una mancha a la actuación del Ejército mexicano, al que se le ha depositado confianza para acometer estas tareas de las que debiera salir”.
Sin embargo, consideró que para el debido esclarecimiento de los hechos es necesaria la intervención de la Procuraduría General de Justicia Militar, de la PGR y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Si se confirmara la versión del fusilamiento, advirtió Zambrano, “querría estarse diciendo que estamos en el riesgo de regresar a la ley de la selva, a los tiempos de la guerra sucia cuando se ejecutaba, en aquel entonces, a guerrilleros o líderes políticos opositores”.
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